A fines de 2006, durante el primer año de mandato de la Presidenta Bachelet, se conocieron diversas irregularidades en algunos servicios públicos -subvenciones escolares, Programas de Generación de Empleo (PGE), Chiledeportes, SII, etc.-. Estos casos confirmaron la necesidad de profundas reformas institucionales en nuestro sistema democrático.
Ante la complejidad de los casos y reconociendo la urgencia de mejorar el sistema político, el 12 de diciembre de 2006 la mandataria ingresó al Congreso un emblemático proyecto de reforma constitucional sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política. Su objetivo era que incluyera al gobierno, al conjunto del Estado, a todos los sectores políticos y a toda la sociedad. “Porque Chile se lo merece, porque nuestros ciudadanos así lo esperan”, señaló la Presidenta en su mensaje presidencial N° 522-354.
Con el tiempo, los objetivos se afinaron, diferenciándose y expresándose en distintas normas. De partida, la ley de transparencia y acceso a la información pública - surgida de una moción parlamentaria presentada por los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri en enero de 2005 -, recién entró en vigencia en abril pasado, marcando un importante hito en la gestión estatal.
No menos importante, la agenda de modernización del Estado está hoy suspendida. Fuertemente reimpulsada por el ministro Pérez Yoma y con la colaboración de diversas entidades, coincidió con el comienzo del “segundo tiempo” del período presidencial. Medidas como la modernización de la Contraloría General de la República, la creación de una Agencia Nacional de Calidad de las Políticas Públicas, el establecimiento de una institucionalidad para alianzas público-privadas, entre otras, todavía siguen en el ámbito de los discursos sin concretarse en normas jurídicas.
Probablemente estas dos reformas incomodarán a muchas personas que han logrado hacer parecer ciertos privilegios como verdaderos derechos adquiridos. Como ya costumbre en nuestro país, grupos de presión organizados se esforzarán en impedir o retardar -explícita o tácitamente-cualquier proyecto que afecte de alguna manera sus prerrogativas.
El 55% de los chilenos considera que la corrupción está instalada en el país, según el Barómetro Global de la Corrupción 2009, realizado por Ipsos y Chile Transparente, siendo las instituciones más afectadas los partidos políticos, el Congreso y el Poder Judicial. De acuerdo a la Encuesta de Corrupción 2009 realizada por Libertad y Desarrollo, el 64% de los encuestados cree que la corrupción es mayor que hace un año. El 74,3% de las personas pobres de Santiago considera que hay un alto nivel de corrupción en Chile, según el Estudio sobre Percepción de Probidad y Corrupción 2008, de la Universidad Católica Silva Henríquez.
En plena campaña presidencial y parlamentaria, y con niveles cercanos al 70% de aprobación presidencial, no le resultaría difícil a nuestra mandataria conseguir el acuerdo político para aprobar una agenda de mejoramiento de la eficiencia estatal. Por otro lado, también ayudaría utilizar el mecanismo de insistencia o, al menos, reponer la suma urgencia al proyecto de reforma constitucional sobre calidad de la política, de manera de poder concretar su promulgación durante este gobierno. Ahora es el momento para avanzar en una agenda de largo plazo que permita consolidar a Chile como un país competitivo, con instituciones sólidas y legitimadas, que sean capaces de sustentar el crecimiento anhelado.
Artículo publicado en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/hay_que_entrar_a_picar
2 comentarios:
Se hace indispensable legislar al respecto. Pareciera que hay un rechazo a cualquier intento de profesionalización. Ojalá que Bachelet se ponga firme.
Una vez más, son puros discursos que no convencen a nadie. Faltan hechos concretos, cosas tangibles. Las campañas comunicacionales del Gobierno son una máquina de convencer. ¡Queremos hechos concretos!
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