domingo, 16 de octubre de 2011

Indignados: la chacota de los honorables diputados




En más de 951 ciudades del mundo se escuchará hoy el grito de los indignados. Ciudadanos comunes y corrientes se unen para protestar contra la captura de la política por parte de una elite autopoiética. La utilizan para mantener privilegios en perjuicio de los intereses de una gran mayoría que dejaron de representar hace mucho tiempo. Prueba de ello es la chacota de los honorables diputados en su labor parlamentaria, la que tiene un trato preferencial totalmente diferente al de la mayoría de los chilenos. Al no tener ningún control, al estar lejos del escrutinio de la opinión pública, al no existir fiscalización alguna, la impunidad que se produce debilita aún más a nuestra desprestigiada clase política.


De que los diputados están en otra, no cabe duda. Parece que priorizan otras actividades por sobre su función esencial: participar en la elaboración de nuestras leyes. Un ejemplo de ello es lo ocurrido el pasado jueves 11, en que hubo dos sesiones legislativas -una ordinaria (93ª) y una especial (94ª)- en que correspondía votar varios proyectos legislativos. Uno de ellos era el Proyecto de Acuerdo N° 436, en que la Cámara solicita al Ejecutivo fortalecer y modernizar Gendarmería de Chile.


A pesar de la gravedad de la crisis carcelaria en nuestro país -revelada crudamente después del incendio de la cárcel de San Miguel-, en esa sesión legislativa sólo 55 diputados votaron este proyecto. ¿Dónde estaban los 65 restantes? ¿Se convirtió en opcional la responsabilidad legislativa de nuestros congresistas? ¿O es que definitivamente a nuestros representantes ya no asumen como propia el trabajo de elaborar nuestras leyes? Pareciera que privilegian otras actividades más rentables políticamente, desligándose de su principal responsabilidad…


La iniciativa en cuestión solicita al Gobierno presentar a la brevedad un proyecto de ley que fortalezca y modernice Gendarmería de Chile, profesionalizando sus componentes e introduciendo las mejoras necesarias tanto en las condiciones laborales como las compensaciones económicas de su personal. Sin embargo, al no haber cámaras de televisión, ni manifestantes en las graderías ni tampoco cuantiosos intereses económicos involucrados, muchos honorables al parecer prefirieron no desgastarse en votar. ¿Su rechazo fue al voto electrónico o a la espera el hemiciclo hasta que éste se produjera? ¿Qué tan frecuente es todavía la práctica denunciada hace un par de años por el programa Informe Especial: marcar la asistencia al inicio de la sesión para lograr los quórums necesarios, pero luego retirarse del hemiciclo? ¿Qué motivó a que hubiera tan poca participación en la votación de un proyecto elaborado por ellos mismos para recomendar acciones al Ejecutivo en materia carcelaria? A todos los chilenos nos gustaría una explicación...

Ese proyecto se votó en la Sala, con menos del 50% de los sufragios que debiera haber tenido. ¿A qué se debe este incumplimiento laboral? Cualquier chileno que se ausente de sus labores o se niegue a su trabajo se vería en serios problemas. ¿Por qué esta impunidad flagrante? ¿Quién fiscaliza la labor parlamentaria?

De acuerdo al detalle de votación , quiénes NO votaron estando presentes en la sala según la lista de asistencia , fueron los siguientes diputados:


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sábado, 8 de octubre de 2011

Lobby de CNC, Adimark, Jobs, Exonerados políticos




No quedó títere con cabeza. Hablamos del proyecto de ley que la Cámara Nacional de Comercio le envió al ministro Jorquera (ley saqueo), de los resultados de la última Adimark, algunas sentencias de los tribunales sobre Derecho del Consumidor, del fraude en los exonerados políticos...

Son tantos temas, que una hora se hace corta...

Si quieres ver este capítulo de Tribunal Abierto, transmitido el 6 de octubre de 2011, denunciando el lobby de la Cámara Nacional de Comercio...

El lobby de la CNC que terminó por sepultar la mesa de diálogo



Para un gobierno que se caracteriza por su continúa política de anuncios, la proclamación del proyecto de ley que modifica el Código Penal causó una gran conmoción en la opinión pública, en las redes sociales y en toda la clase política. Pero además fue un potente éxocet dirigido con gran precisión a la mesa de diálogo entre Gobierno y estudiantes, que tanto ha costado instituir.

El proyecto postula modificar el artículo 269 del Código Penal, tipificando nuevas figuras delictuales, como el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos. Además, castiga la falta de respeto a policías, regula sanciones por bombas incendiarias, facilita la obtención de medios de prueba y establece como agravante el actuar "encapuchado".

Independiente de la legitimidad -o ilegitimidad- de las propuestas, la medida no pudo ser más inoportuna. Sintiéndolo como una afrenta personal, los dirigentes estudiantiles condicionaron de inmediato su participación a la mesa de diálogo, entregándoseles en bandeja un pretexto más para negarse a dialogar. ¿En qué estaba pensando el ministro Hinzpeter al presentar este proyecto de ley? ¿Lo consultó con el ministro Bulnes o actuó de manera inconsulta? ¿En qué pie quedó el titular de Educación para seguir negociando con los estudiantes? Al firmar el proyecto de ley de seguridad pública, ¿pudo prever el Presidente Piñera las consecuencias que iba a tener en Educación?

El día 21 de septiembre, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Eugenio Jorquiera, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Región Metropolitana, Juan Manuel Pozo y el Gerente de Asuntos Corporativos, Claudio Hohmann, exponían sus puntos de vista, manifestando su inquietud ante los daños ocasionados y haciendo un balance de las pérdidas sufridas en los últimos 30 días.

Pero lo que ignora la opinión pública, es que la Cámara Nacional de Comercio (CNC) además le envió un proyecto de ley al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que pretendía modificar el Código Penal, para sancionar efectivamente los actos de violencia, destrozos a la propiedad pública y privada y ataques a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Aprobado por la unanimidad del Consejo de la CNC y redactado por el abogado y también consejero, Miguel Otero, la iniciativa proponía:

-Tipificar claramente los delitos cometidos contra las Fuerzas de Orden y Seguridad –Carabineros y la PDI– y endurecer las sanciones.

-Tipificar como delito los destrozos o daños materiales a bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad y castigar a quienes, con motivo de alteraciones del orden público, ataquen, destruyan o saqueen propiedad fiscal, municipal o particular o se tomen dichas instalaciones impidiendo su normal funcionamiento.

-Eliminar la posibilidad de penar a los infractores sólo a través de multas y establecer la cárcel efectiva como castigo.

-Sancionar efectivamente a quienes injurien u ofendan de hecho o de palabra a un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad en el ejercicio de sus funciones.

En relación al concepto de armas, el proyecto de la CNC busca ampliar su definición y que sean calificadas como tal las bombas molotov, ballestas, arcos, hondas y elementos similares, todas ellas herramientas regularmente utilizadas en actos vandálicos con ocasión de marchas y manifestaciones.

Todas estas medidas fueron incorporadas en el proyecto de ley del ministro Hinzpeter, el que prontamente fue enviado al Congreso. Sólo una semana después -el 27 de septiembre-, la iniciativa legal ya estaba ingresada a la Cámara de Diputados, a la que se le agregaron algunos conceptos teóricos de seguridad pública, pero manteniendo los mismos objetivos:

-Modificación del tipo penal de desórdenes públicos.

-Agravación de las penas por delitos de desórdenes públicos cuando se actúa encapuchado o con otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del hechor.

-Fortalecimiento de la protección de la autoridad, incluyendo a las Fuerzas de Orden y Seguridad cuando actúan en el ejercicio de su labor de resguardo del orden público.

-Facilitación de la obtención de los medios de prueba.

Ante esta agresión gratuita e innecesaria, los estudiantes secundarios y de la Confech decidieron retirarse de la mesa de diálogo, tensionando aún más un conflicto que se arrastra por más de cinco meses. La incapacidad de generar acuerdos quedó de partida reflejada en la intransigencia de ambas partes, basadas en motivaciones ideológicas más que pragmáticas, convirtiendo esta discusión en un gallito de fuerza ante la opinión pública. Por eso, la presentación del proyecto Hinzpeter no sólo sorprendió a la opinión pública, sino al mismísimo ministro Bulnes. Pero, además, logró desvirtuar de una plumada la manida declaración de que éste NO es el gobierno de los empresarios. Otro autogol más para la cuenta del Gobierno.

Mayores antecedentes en programa Tribunal Abierto de Canal Stream


Columna publicada en La Tercera Online

sábado, 1 de octubre de 2011

Los relatos paralelos del ministro Longueira



Definitivamente, el ministro Longueira se las trae. No sólo se ha apropiado de temas que tradicionalmente pertenecían a otras carteras -causando ciertas molestias en sus titulares-, sino que también ha logrado convertir en sexy a un ministerio técnico. Con el mismo presupuesto, infraestructura, dotación y atribuciones, no cabe duda que ya no es la misma institución que dirigía Juan Andrés Fontaine.

Con una gran experiencia en construirrelatos”, el ministro Longueira ha sabido darle un nuevo tono al siempre aburrido Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En un ámbito mayormente técnico -y de desastres comunicacionales-, el reciente relato ha logrado incorporar rostros de chilenos comunes y corrientes; desarrollar guiones esperanzadores, pero desafiantes; escoger escenografías que permitan evidenciar la amplitud de gestión; y hacer brillar las fortalezas, tapando al mismo tiempo los puntos obscuros que quitan realce…

No cabe duda que hoy el rol protagónico ha sido asignado al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), convirtiéndose en el brazo armado del ministerio para visibilizarse ante la ciudadanía. Con un relato de justicia divina, el servicio ha ampliado sus alcances reales, dejando de lado su tradicional función reactiva: ahora, sin necesidad de esperar la acumulación de denuncias, el Sernac -representado por su Director Nacional, Juan Antonio Peribonio- comienza a poner orden en esta selva del mercado chilensis. De pronto, salió a la calle a revisar contratos del retail, banca, telecomunicaciones y cajas de compensaciones, obligando a readecuarlos con la única herramienta que posee, pero que maneja a la perfección: la comunicación.

Con sólo un rol de mediador, la gran amenaza del servicio es la publicidad negativa. Necesariamente requiere recurrir a la justicia para aplicar sanciones compensatorias, para imponer cambios a clausulas abusivas o para obtener compensaciones económicas para miles de usuarios. Si, en cambio, pretende cambiar la normativa vigente, está obligado a recurrir al ministerio para que inicie los trámites legislativos o bien a organismos reguladores para que instruyan circulares. Estas escasas facultades logran que prácticamente el consumidor esté en la más absoluta indefensión en casos de denuncia individual de clausulas abusivas en contratos de adhesión, salvo que cuente con el patrocinio del Sernac. ¿En qué momento empezarán a quedarle chicas las facultades de este servicio al ministro Longueira…?

Pero no sólo de pan vive el hombre…Otros servicios, como el Servicio Nacional de Turismo, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la Fiscalía Nacional Económica (FNE) o el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) han sido mucho más discretos en resultados mediáticos. Si antiguamente el Presidente Piñera intentó ponerles metas de visibilidad a sus ministros -ya definitivamente no cumplidas por los ministros Benítez, Ribera, Álvarez, Pérez, Galilea, Moreno, Parot, de Solminihac, Schmidt, Errázuriz y Larroulet- es muy probable que los directores de los servicios dependientes del ministerio de Economía las tengan hoy día.

Por otra parte, la recurrente promesa del futuro Sernac Financiero podría constituirse en otro hito del relato del ministro Longueira. Presentado en agosto 2010 (boletín 7094-03), el proyecto se encuentra en el segundo trámite constitucional, con suma urgencia a partir del 14 de septiembre. La buena nueva no sólo tendrá cobertura en los medios, sino que también sintonizará con el fuerte sentimiento de desprotección que sienten hoy los chilenos frente al abuso. ¿Construyendo la imagen de un padre protector y eficiente para competir con una madre sobreprotectora?

Pero el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción también desarrolla actividades menos glamorosas. Un ejemplo de ellas ha sido la reciente Mesa de Trabajo Pesquero, creada con motivo del próximo vencimiento de la Ley de Límite Máximo de Captura por Armador. El controvertido acuerdo a que llegó el referido grupo de trabajo -compuesto por representantes del Sector Pesquero Artesanal, Industrial, del Sector Laboral, representante del Sector de las Medianas y Pequeñas Plantas de Proceso, miembros del Consejo Nacional de Pesca y representantes de gobierno - produjo una gran polémica con respecto a las cuotas de pesca, avivada por la agresión del Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, al representante de Pymepes, Alfredo Irarrázaval.

Aparte del fuerte intercambio de acusaciones mutuas de los involucrados, despierta suspicacias un comunicado de prensa del ministerio tan impreciso. Pletórico en bonitas intenciones (reconocer, mantener, respetar, etc…), omite por completo las cuotas de pesca acordadas. Mucho más explícito fue el artículo de La Tercera, titulado “Pesqueras industriales se quedarán con 90% de la cuota del jurel”, en que grafica el grosero reparto de las cuotas pesqueras entre los mismos de siempre, por un período de 20 años y sin licitación. Con el acuerdo cerrado, el gobierno se comprometió dentro de dos meses a enviar un proyecto de ley al Congreso, que legalice esta repartija.

¿Dos discursos paralelos o un doble discurso? ¿Qué influencias actuaron para lograr descartar definitivamente las licitaciones propuestas por el ministro Fontaine? No lo sabemos, pero sí intuimos que a esa gran masa de consumidores -siempre indefensa ante tantos abusos de la concentración económica- le encantaría conocer los argumentos del secretario de Estado para perpetuar las actuales cuotas de pesca de cinco familias chilenas. Pero como bien lo entiende el ministro Longueira, un buen comunicador es siempre esclavo de sus palabras, pero dueño de sus silencios…

Columna publicada en La Tercera Online