No cabe duda que la Presidenta Bachelet quiere demostrar a toda costa independencia de los partidos políticos que apoyaron su candidatura. Es sabido que éstos son mal evaluados por la ciudadanía. Estamos ante “una ciudadanía que exige mayor transparencia, mayor estándar alto, sobre todo a nosotros como gobierno que hemos llegado”, tal como declaró Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior, al momento de anunciar la remoción de cuatro gobernadores. La cercanía del Gobierno a los partidos políticos puede cobrarle altos costos, ya que una sociedad empoderada y mucho más exigente ha hecho cambiar las mecánicas del mundo político.
La mandataria ya conoce de problemas con las tiendas políticas de su coalición (durante su primer mandato se masificaron los descolgados de la Concertación). Hoy más que nunca quiere mantener su independencia para gobernar. Atrás quedaron las imposiciones a las que tuvo que acceder en los inicios de su primer gobierno respecto al nombramiento de ministros, ya que hoy cuenta con un insuperable respaldo de la ciudadanía.
Hasta el momento, su luna de miel no ha sólo ha sido con la opinión pública, sino también con los conglomerados. Con la Nueva Mayoría, mientras no termine completamente el período de nombramientos, los partidos todavía deberán acatar sus decisiones. “El que se mueve, no sale en la foto”, advirtió clara y enfáticamente la mandataria. Y mientras se sigan enviando al Congreso proyectos de ley tan emblemáticos como el voto en el exterior, el bono Marzo o el AVP, resultan inviables los intentos de negociar por el voto parlamentario. Las escasas declaraciones de independencia de los díscolos de alma sólo vendrán no antes de dos meses. El empoderamiento legislativo comenzará recién terminado el proceso de instalación. Por otra parte, la Alianza, mucho más pendiente de los próximos pasos del ex Presidente Piñera que de oponerse al Gobierno,
ya conoce el alto costo que tiene el criticar a la Presidenta Bachelet.
La designación que hizo la mandataria de los ministros fue una certera combinación de hombres y mujeres, nuevos nombres y rostros políticos consolidados, de Santiago y de regiones, militantes e independientes. Mantuvo un equilibrio respecto a la representación de los partidos políticos de la Nueva Mayoría, pero desplazó a las dirigencias tradicionales de los partidos. Sin embargo, al incluir a su círculo de confianza en el gabinete –privilegiando a quienes han construido relaciones personales con ella-, no fue fácil completar los cupos de subsecretarios, gobernadores e intendentes. Delegó los nombramientos de los subsecretarios en el ministro Peñailillo, y ante las críticas a éste -especialmente del fuego amigo- después de varias renuncias, comisionó al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, el nombramiento de intendentes y gobernadores, las que también fueron reprochadas después de otras varias renuncias.
Las primerascríticas ya se han producido, especialmente las provenientes del fuego amigo. El diputado (PS) Fidel Espinoza comenzó el ataque, destacando la “actitud dictatorial” del subsecretario del Interior. El senador (ind) Alejandro Guillier también aprovechó de recordar al Gobierno la necesidad de escuchar a los representantes electos y a los partidos políticos. El senador (PPD) Felipe Harboe calificó de “un triste espectáculo” la renuncia de los gobernadores. A su vez, el presidente socialista Osvaldo Andrade –más benévolo-, señaló que “hay que compartir responsabilidades” respecto a los nombramientos. Al parecer, el único que no habría asumido en público las responsabilidades del Gobierno fue su vocero, Álvaro Elizalde, quién declaró: “No nos hacemos ninguna crítica”.
Pero no sólo los nombramientos y las 10 posteriores renuncias han sido fuente de tensión entre Gobierno y partidos políticos. Los jefes parlamentarios exigieron al ministro del Interior participar en la primera reunión con la Presidenta y el comité político, rechazando una reunión con la ministra Secretaria General de Gobierno, Ximena Rincón. Al mismo tiempo, la reanudación de los aportes mensuales en dinero solicitados a las autoridades por las tiendas de la Nueva Mayoría tampoco ayuda a consolidar la noción de independencia entre Gobierno y partidos políticos.
Precisamente, la designación de las nuevas autoridades se ha convertido en un punto sensible para la opinión pública. Hoy más que nunca son cuestionados las preferencias injustificadas, parentescos y compadrazgos, cuoteos arbitrarios e invención de plataformas políticas. Es por eso que el Gobierno, consistente con su esfuerzo de desmarcarse en esta materia de los partidos políticos, se encuentra preparando un instructivopresidencial para los cargos de la Alta Dirección Pública o para las remuneraciones de los asesores. Con esto no solamente legitimará los nombramientos ante la cada vez más exigente ciudadanía, sino también ordenará las presiones de los partidos al compartir los costos de cada postulación.
Según la última encuesta Adirmark (febrero 2014), la Alianza tendría un exiguo 22% de aprobación versus un 64% de desaprobación, la Concertación un 25% a favor en contra de 56%, y la recién creada Nueva Mayoría lidera con un tercio de aprobación en contrapartida al 46% de rechazo. En el último informe de Chile Transparente (junio 2013), aparece que sólo el 9% de los chilenos confía en los partidos políticos, posicionándolos como la institución peor evaluada del país. Es por esto que la mandataria, al igual que la mujer del César, no sólo deberá esmerarse en ser independiente de los partidos políticos, sino también en demostrarlo.
Columna publicada en La Tercera online
