Participación en CNN INVITA como ciudadano invitado

El asesor del Ministerio de Educación, Luis Felipe San Martín, junto al vice presidente de la FEUC, Pedro Pablo Glatz y el invitado ciudadano, abogado de la Universidad de Chile, Andrés Jirón, debaten sobre el conflicto político que se mantiene en torno a la educación.

"Tengo sentimientos encontrados, ya que el movimiento estudiantil ha logrado instalar un tema que se instala hace 50 años, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de la estafa que se produce en términos políticos. Habiendo una ley que regula el lucro nunca se fiscalizó. Hoy día frente a esto es un buen momento para sentarse a negociar. No podemos seguir con los mensajes a través de este tema", señaló el invitado ciudadano, Andrés Jirón.

Según el vice presidente de la FEUC, "el Gobierno se ha cerrado a discutir a discutir los temas estructurales del modelo", aseguró Glatz, "si es que queremos avalar un espacio de discusión, en este caso el Congreso, tiene que existir el compromiso del gobierno de legitimar lo que salga de ese espacio, ese compromiso hoy no existe y por esto el diálogo se encuentra congelado".

En cuanto al compromiso anunciado por el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, sobre sentarse a conversar, San Martín señaló que "el mismo ministro Bulnes es quien ha invitado a todos los actores a dialogar".

"Aquí no estamos intentando mejorar un modelo, lo estamos cambiando de un modelo municipal y donde queremos poner el foco en la calidad de lo que pasa en la sala de clase", señaló el asesor del Ministerio de Educación, asegurando que el Gobierno también a cedido en muchos puntos que han sido planteados en estos meses.

Programa CNN invita

Los verdaderos culpables de los senadores designados

Mucho se ha debatido sobre los nombramientos de los senadores designados por este gobierno: que el congreso ha perdido legitimidad, que se trata de una estafa electoral, que demuestra la captura del Poder Legislativo por parte de los partidos políticos, o que sencillamente se trata de un abuso de la mecánica iniciada por la designación en la administración Bachelet del ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe (PPD), en reemplazo de la ex vocera de gobierno y ex diputada, Carolina Tohá (PPD).

Sin embargo, nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 51, inciso 3°, establece: “Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido”. Con la misma claridad, en el siguiente inciso especifica con crudeza: “Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados”.

¿Quiénes fueron los precursores de esta cuestionada norma? ¿Quiénes promovieron la abierta discriminación entre partidos políticos e independientes? ¿Y quienes votaron a favor de esta norma en la reforma constitucional del 2005? ¿Quiénes avalaron esta captura de la política, además de una importante pérdida de representatividad ciudadana?

En el año 2000, dos grupos de senadores presentaron sendas mociones que coincidían en proponer modificar el sistema de llenado de vacantes de cargos de diputados y senadores. Al haber sido ingresadas ambas mociones con sólo dos días de diferencia, los respectivos proyectos fueron refundidos. ¿Quiénes fueron sus ilustres autores?

Los responsables de la primera moción (Boletín 2526-07) fueron el ex senador Andrés Chadwick Piñera (UDI, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2011 y hoy Secretario General de Gobierno); el senador Hernán Larraín Fernández (UDI, S: 1994-2002; 2002-2010 y 2010-2018) y los ex senadores Sergio Romero Pizarro (RN, S: 1990-1994; 1994-2002, 2002-2010 y actual embajador de Chile en España) y Sergio Diez Urzúa (RN, D: 1958-1962; 1962-1966; 1967-1973; S: 1973-1973; 1990-1994 y 1994-2002).

A su vez, los responsables de las disposiciones contenidas en la segunda moción (Boletín 2534-07) fueron los ex senadores Sergio Bitar Chacra (PPD, S: 1994-2002 y ex ministro de Estado de los presidentes Allende, Lagos y Bachelet); Juan Hamilton Depassier (PDC, S: 1990-1994; 1994-2002 y ex ministro de Estado de los presidentes Frei Montalva y Aylwin); Enrique Silva Cimma (PRSD, S: 1998-2006, ex Contralor General de la República y ex ministro de Estado del gobierno de Aylwin) y José Antonio Viera Gallo Quesney (PS, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2004; ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Michelle Bachelet, actual miembro del Tribunal Constitucional y casado con María Teresa Chadwick Piñera).

Desde entonces, las vacantes son llenadas por el partido al que pertenece el parlamentario saliente. Los autores de ambas mociones representaron a la perfección los intereses de la Concertación y de la Alianza. Es más, incluso lograron establecer que parlamentarios elegidos como independientes no fueran reemplazados.

Como consta en las actas de la Sesión 9a. de la legislatura 350a. del Senado, de fecha 11 de noviembre de 2003, este nuevo artículo 51 se aprobó con 34 votos a favor y 3 en contra, consagrando el tan criticado sistema de reemplazos de las vacancias parlamentarias.

A favor votaron senadores Marco Aburto (senador designado), Jorge Arancibia (UDI), Edgardo Boeninger (DC, senador designado), Carlos Bombal (UDI), Carlos Cantero (IND, ex RN, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2014); Marco Antonio Cariola (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; S: 2002-2010; 2010-2018); Andrés Chadwick (UDI, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2011 y hoy ministro Secretario General de Gobierno); Sergio Fernández (UDI, senador designado: 1990-1998; S: 1998-2006); Fernando Flores (hoy Chile Primero, ex PPD y ex Unidad Popular, S: 2002-2010,ex ministro de Estado de Allende, actual presidente del Consejo Nacional de innovación para la Competitividad); Eduardo Frei (PDC, S: 1990-1994; 2006-2014; senador designado: 2000-2006 y ex Presidente de Chile); José García (RN, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; S: 2002-2010; 2010-2018); Jaime Gazmuri (PS); Antonio Horvath (RN, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; S: 2006-2014); Hernán Larraín (UDI, S: 1994-2002; 2002-2010 y 2010-2018); Jorge Lavandero (PDC); Rafael Moreno (PDC); Roberto Muñoz Barra (PPD); Jaime Naranjo (PS), Jovino Novoa (UDI, S: 1998-2006; 2006-2014); Ricardo Núñez (PS); Carlos Ominami (PRO); Augusto Parra (PRSD); Jorge Pizarro (PDC, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-20014 y actual impulsor de la arremetida contra la senadora Von Baer); Baldo Prokurica (RN, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; S: 2002-2010; 2010-2018); Sergio Romero (RN); José Ruiz (PDC); Mariano Ruiz-Esquide (PDC, S: 1990-1998; 1998-2006; 2006-2014); Hosaín Sabag (PDC, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2014); Enrique Silva Cimma (PRSD); Gabriel Valdés (PDC); Ramón Vega (senador designado); Adolfo Zaldívar (PRI, ex PDC y actual embajador de Chile en Argentina) y Andrés Zaldívar (PDC,S: 1990-1998; 1998-2006; 2010-2018).

A causa de ellos, hoy vemos a Carlos Larraín (RN) en la vacante que dejó el ministro de Defensa, Andrés Allamand (RN); a Gonzalo Uriarte (UDI), en el puesto de la actual ministra del Trabajo, Evelyn Matthei ; Ena Von Baer (UDI), en reemplazo de Pablo Longueira, actual ministro de Economía; y al ex diputado Alejandro García Huidobro, quién ocupó la vacante que dejó el ex senador Andrés Chadwick (UDI), actual ministro Secretario General de Gobierno.

En cambio, como curiosidad, votaron en contra los senadores Fernando Cordero (senador designado), Jorge Martínez (senador designado) y Mario Ríos (RN).

Columna publicada en La Tercera Online

Cada pueblo tiene el gobierno que se merece

No cabe duda de que la actual clase política abusa de la consuetudinaria mala memoria del pueblo chileno. Son muchos los escándalos de situaciones irregulares -o bien abiertamente delictivas- en que se han visto involucrados políticos o autoridades en estos últimos años. Incluso más, parte del potente rechazo ciudadano se forma en base a esta impunidad existente para una casta privilegiada.

El juramento de Julio Dittborn como subsecretario de Hacienda confirma los acomodaticios límites que se impone la clase política. ¿Auto regulación? ¡Ninguna! Más bien un “trata de desaparecer por un tiempo” y aquí no ha pasado nada. Total, a la gente se le olvida luego… ¿Cuántas irregularidades -de políticos, autoridades de Gobierno, parlamentarios, empresarios, dirigentes sindicales o cualquier persona que abuse de su poder- han sido constatadas por la opinión pública, a pesar de no haber sido sancionadas por el Poder Judicial? Es que a pesar de la falta de control ciudadano sobre los Tribunales de Justicia, la obligación de ceñirse a la normativa vigente permite la impunidad de muchas irregularidades. Ante una ineficacia judicial generaliza, la ciudadanía debiera exigir criterios éticos más altos.

El ex parlamentario UDI era diputado por el distrito 23 (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea) desde 1997, habiendo sido reelegido varias veces, -único distrito en que la Alianza designa a sus dos diputados-. En 2009, el actual segundo de la cartera de Hacienda fue denunciado por el programa “Informe Especial” de TVN por arrendar casas particulares de empleados de su comando como oficinas distritales, con las asignaciones parlamentarias que entrega el Congreso. Por supuesto que ninguna de esas residencias tenía identificación como comando, ni realizaban actividades legislativas o de atención ciudadana, sino que eran habitadas por las mismas familias de dos trabajadores del ex diputado.

Ante esto, la Fiscalía Regional de Valparaíso comenzó una investigación por fraude al fisco, consistente en el desvío de fondos fiscales a fines particulares. A pesar de que el parlamentario prefirió guardar silencio, recibió el apoyo explícito del entonces jefe de bancada UDI, hoy actual subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, quién sostuvo que ese tipo de situaciones no le hacían daño a nadie…Al final, el ex diputado fue absuelto por falta de pruebas, recibiendo sólo una amonestación de la Comisión de Ética de la Cámara.

Los estándares éticos que la ciudadanía exige hoy a la clase política son mucho más elevados que hace unos años atrás. En tiempos no muy lejanos, bastaba una sentencia absolutoria -siempre posible con un buen equipo de abogados-, un sobreseimiento temporal o un acuerdo con la fiscalía para echarle tierra a cualquier irregularidad. Pero el que no se compruebe el delito no obsta para que esa persona pierda autoridad ante la opinión pública, o peor todavía, contamine al resto de la clase política.

Por eso sorprende la decisión del Gobierno de nombrar a un ex diputado, el cual fue visto por miles de chilenos a través de los medios cometiendo irregularidades. ¿Y es a esa persona que nombran como segundo en el ministerio de Hacienda? ¿Habrá nuevas irregularidades que no alcancen a constituir delito?

Además de confirmar la innegable falta de personas que eleven el prestigio de la actividad política, se consolida el cuestionable precedente -ya existente en este Gobierno- de la impunidad ética. “Si no es delito, no importa. Lo importante es no dejar que te establezcan una inhabilidad legal…”, institucionalizando el “hay que saber hacerla”.

En consecuencia, debiera proponerse un monumento a la mala memoria del chileno. Una obra -ojalá con algún valor artístico, histórico y social- que nos recuerde permanentemente nuestra pésima recordación de las irregularidades del mundo político. Y cómo permitimos que personas no idóneas continúen en cargos de poder.

Está claro que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y nuestra pasividad -¿provocada o espontánea?-, nuestra opción por no participar -4 millones de no inscritos en los registros electorales-, nuestra preferencia por postergar los problemas del mundo político, nos asegura que los grupos de poder mantengan sus privilegios. Hoy, al igual que la Concertación en 1987, tenemos que escoger el mejor camino para seguir: ¿nos vamos por fuera o utilizamos la institucionalidad a nuestro favor?

Por eso sorprende ver que un gran porcentaje de participantes en las últimas manifestaciones no esté inscrito en los registros electorales. Tampoco es normal que los ciudadanos aceptemos la imposición de los candidatos designados por las cúpulas partidistas. Por tanto, las ya tan anunciadas reformas políticas pueden ser el único medio para evitar una profunda crisis nacional.

Mientras tanto, un museo de la (mala) Memoria nos permitiría recordar todas las irregularidades de nuestra clase política observadas durante en estos últimos años, la gran mayoría aún impunes. Además veríamos las procesiones diarias a hacer ofrendas florales de políticos como el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn (UDI); el presidente del Senado, Guido Girardi (PPD); la diputada Claudia Nogueira (UDI); el alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI); Luis Ajenjo (DC), ex presidente de EFE; el alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera (PPD)o el diputado Rodrigo Gonzalez (PPD), entre tantos otros…

Columna publicada en La Tercera Online