La actual directora de Junji, Ximena Ossandón, simplemente olvidó presentarse al proceso de selección convocado por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), quedando fuera de los candidatos seleccionados y movilizando de inmediato a partidarios y detractores. Por eso, la reciente declaración del ministro de Educación, Joaquín Lavín, sobre su probable continuidad en el cargo sorprendió a la opinión pública.
En consecuencia, sólo si el proceso se declarara desierto, Ossandón podría postular a un nuevo concurso, aquietando de esa forma las agitadas aguas en RN: “No digo que sea la UDI, pero hay algo que huele a queso”, declaró el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Pero al mismo tiempo, su permanencia significaría consumar el asesinato a sangre fría de la escasa credibilidad que le queda al SADP, supuestamente creado para profesionalizar los altos cargos del Estado. Difícil decisión, por sus excesivos costos en ambos sentidos.
Cabe recordar que este organismo fue fruto de un acuerdo entre los entonces Presidente Lagos y presidente de la UDI, senador Pablo Longueira, después de los escándalos de corrupción que afectaron al Gobierno por el pago de sobresueldos. Fue un buen primer intento de modernizar y transparentar el Ejecutivo, el que hasta ese momento -¿y ahora no?- se consideraba un botín de guerra.
Sin embargo, durante el gobierno de los Presidentes Lagos y Bachelet se usó y abusó del frecuente recurso de declarar desiertos los concursos –duramente criticado por la entonces oposición-: el Gobierno de turno rechazaba sin expresar razón alguna a todos los candidatos seleccionados por el SADP, y nombraba en forma “provisoria” a funcionarios interinos.
Varios proyectos de ley trataron de modernizar la institución del SADP, sin resultado alguno. De hecho, en mayo de 2006 los entonces consejeros del organismo, María Luisa Brahm (Instituto Libertad); Rossana Costa, (Instituto Libertad y Desarrollo); Mario Waissbluth (Universidad de Chile) y el abogado Rafael Blanco advirtieron sobre los entrampamientos del sistema. Por eso, no hay que deducir mucho para entender a quienes se refiere Waissbluth en su comentario publicado en twitter a principios de esta semana…
Hoy, el sistema que pretendía designar a altos funcionarios públicos por meritocracia ha perdido toda credibilidad. Con la llegada del nuevo Gobierno, el despido de la mitad de los cargos de primera jerarquía y de miles de funcionarios públicos ha hecho aumentar el escepticismo ante los procesos del organismo.
Por otra parte, el diputado Gustavo Hasbún defiende a brazo partido a Ximena Ossandón, también a través de twitter. Aduce que sería una señal de intolerancia evaluar a la funcionaria por sus declaraciones y no por su gestión. Aún sin concordar con el parlamentario, ni siquiera es necesario justificarse en sus dichos o en su imprudente búsqueda de visibilidad. El hecho objetivo es que la Directora del Junji no postuló al cargo de acuerdo al procedimiento establecido. ¿Se mantiene o se cambia el procedimiento establecido? ¿Ninguno de los 194 postulantes califica? ¿O es que simplemente no tienen padrinos políticos…?
Por eso, la declaración del ministro Lavín remeció el ambiente político. Desde ya, porque implica un traspaso explícito de responsabilidad del Presidente a la cartera de Educación, colocándolo en una difícil situación. Cualquiera sea la decisión final, será Joaquín Lavín quién asumirá los costos políticos -ante la ciudadanía o ante la colectividad RN, ya que obviamente una de ellas no quedará conforme-.
En segundo lugar, debido a que la decisión de declarar desierto el concurso confirmaría en forma definitiva a la ciudadanía que existe una categoría de chilenos etiqueta negra, que están por sobre las normas, accountability y procedimientos proclamados y exigidos. Para ellos, hecha la regla, hecha la trampa… siempre habrá algún resquicio legal de salvataje en "los límites de la ley y de la ética"… ¿El gobierno de los mejores? ¿Según quién?
No cabe duda que menos afortunado –o menos apadrinado-fue el ex director del Servicio de Registro Civil e Identificación, Christian Behm. El funcionario había sido seleccionado por el propio SADP y fue removido por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, después de un sumario efectuado en la Contraloría por aceptar una boleta de garantía 20 días después de vencido el plazo. Por lo mismo, todavía no me queda claro: ¿los plazos se cumplen o no se cumplen?
Si a esto se suma una ahora desmentida postulación fallida de Ossandón a directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), objetada por la Contraloría por no cumplir con el requisito de cinco años de experiencia en cargos directivos, la decisión será una potente señal para la opinión pública. De ella la ciudadanía sacará sus conclusiones, definiendo en forma irreversible si efectivamente es el gobierno de los mejores, o bien lisa y llanamente la administración pública continúa siendo el botín de guerra del gobierno de turno.
Columna publicada en La Tercera Online
