Voto político

El cumplimiento de la promesa electoral de inscripción automática y voto voluntario parece peligrar. A pesar del reciente ingreso del proyecto de ley al Senado, algunos personeros de la Concertación ya comienzan a anunciar un cambio de opinión al respecto, apoyando la inscripción automática pero manteniendo el voto obligatorio. De ser así, el único efecto concreto de este proyecto sería el de ampliar el número de votantes cautivos obligados por ley a votar.

Mientras los partidos políticos se desgastan en inútiles intentos por alinear a sus dirigentes, el chileno común y corriente observa con impotencia la postergación de sus intereses ciudadanos. Esto conlleva a un exiguo apoyo a cada conglomerado, a una escasa participación ciudadana en política y a una constatación de la omisión de sus prioridades en las agendas partidiarias.
Las reformas anunciadas en la agenda política del Gobierno –incluido el financiamiento de partidos- pueden ser un gran aporte para el reforzamiento del régimen democrático constitucional en nuestro país. Pero mientras no se amplíen las bases partidarias ni se implementen sistemas participativos de nombramientos, el voto debiera ser voluntario.
La agenda política debe comenzar por sincerar la actual representatividad de la ciudadanía por parte de los partidos políticos.

Carta publicada en La Tercera el 25 de Marzo, en Diario Financiero el 26 de Marzo y en La Nación el 27 de Marzo de 2008.

Impunidad a todo evento

Sorpresa e indignación causó en la ciudadanía la decisión de la ministra Provoste de no destituir al Seremi Traverso. La suspensión por dos meses resulta irrisoria ante la investigación de la Contraloría por un “desorden administrativo” de $ 262 mil millones. Este castigo contrasta con las grandilocuentes declaraciones iniciales de la ministra, quién, antes de salir de vacaciones, afirmaba enfáticamente que perseguiría a los culpables. ¿Culpables de qué? ¿Responsabilidades políticas, administrativas, civiles o sólo penales?

Se consolida así un precedente de impunidad, al desatender recomendaciones del organismo contralor y contradecir recientes declaraciones de la Presidenta de que “con el dinero de los chilenos no se juega.”

Al no estar terminada la investigación de la Contraloría, resulta prematuro definir si hubo culpa o dolo en la gestión del Seremi. Sin embargo, en materias civiles el artículo 44 Nº 1 del Código Civil establece que la culpa grave se asimila al dolo. Esto, y el permitir este escándalo sin haber podido todavía demostrar a la opinión pública la correcta administración de las subvenciones, bastaría para determinar la responsabilidad política de Traverso.

Con la sanción impuesta en este caso, el chileno común y corriente comprueba que funcionarios públicos –especialmente los ligados a partidos políticos- acceden a altos cargos de la administración estatal, negociando dentro de sus condiciones laborales una cláusula de impunidad a todo evento.



Carta publicada en La Tercera el 1° de Marzo y en Diario Financiero el 3 de Marzo de 2008.