El anuncio de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal CONFUSAM, de sumarse a la movilización de Gendarmería sorprendió a la opinión pública. El solidario apoyo consistía en la suspensión de actividades el 29 de julio a partir de las 14.00 horas “para presionar a las autoridades a resolver dicho conflicto”, aún a costa de paralizar la salud municipal por causa de un conflicto externo. Afortunadamente el acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones representativas del personal de Gendarmería motivó a que la CONFUSAM depusiera el paro.

Difícil resulta pedirles a los trabajadores de la salud que se concentren en sus funciones, si la semana anterior el ministro Álvaro Erazo salía a difundir en terreno la Ley de Protección al Empleo y Fomento a la Capacitación. En la región de Atacama, el titular de Salud destacó el compromiso del Gobierno en el tema del empleo y la importancia de un diálogo fluido en materias laborales. “Esta batería de incentivos son iniciativas que en particular nos interesa conversar en terreno, con los empresarios y trabajadores y responder inquietudes que nos planteen”, señaló.

El reciente caso de las cesáreas realizadas en el Hospital Félix Bulnes reaviva el debate sobre la calidad de nuestra salud estatal, confirmando que no existe espacio alguno para asumir temas ajenos que desvíen la atención de su función principal: entregar salud a la población chilena. Un informe de la Contraloría sobre el desorden en la farmacia del establecimiento hospitalario demuestra que el problema es mucho más permanente que estos últimos casos.

Son demasiados los episodios aislados que contradicen los buenos indicadores de salud en lo general que tenemos como país. La opinión pública ha conocido numerosas denuncias: insuficiente atención primaria, fallido sistema de autogestión de los hospitales, escasez de personal idóneo para las tareas operativas y administrativas, permanente falta de camas, interminables listas de espera y uso de materiales inadecuados. Una imagen deficiente en la atención y gestión de los hospitales se ha consolidado en la ciudadanía, desvirtuando -de alguna manera- el mensaje de protección social instalado por el Gobierno.

Ante esto, la ciudadanía ha asumido esta mala atención, incorporándola dentro de su rutina diaria. Pero cada cierto tiempo, surgen casos de alta visibilidad que concentran la atención de los medios, y por lo tanto, de las autoridades. Los casos no informados de Sida en Iquique, el cambio de guaguas en el Hospital de Talca o la referida muerte de dos mujeres a causa de una severa hemorragia y la histerectomía de urgencia de otras cuatro, han sido situaciones de gran cobertura mediática que calaron en forma profunda en la opinión pública.

Pareciera que la impunidad comienza a acabarse. La investigación penal de la Fiscalía y la presentación de las correspondientes querellas criminales reflejan un cambio de conducta de la población, en que el usuario comienza a exigir responsabilidades. La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para determinar las responsabilidades políticas y administrativas del Hospital Félix Bulnes. Incluso los mismos funcionarios congregados en la Federación de Trabajadores de la Salud FENATS anunciaron que se harán parte de las acciones judiciales, buscando demostrar que no se intenta proteger a nadie.

La tan postergada creación del ombudsman, institución que garantiza los derechos de las personas frente a la Administración del Estado, impide consolidarlos en la realidad desde una perspectiva amplia que incluya los derechos económicos, sociales y culturales. El proyecto de reforma constitucional que crea esta figura-ingresado a la Cámara de Diputados en diciembre de 2008-, se encuentra en el segundo trámite constitucional. Precisamente se presenta esta entidad como un eficaz mecanismo que defienda a los usuarios de los errores de los servicios de utilidad pública.

Mientras tanto, estos casos ameritan una profunda investigación, de manera de poder determinar las causas de las tragedias y tomar medidas para asegurar de que no se volverán a repetir. La ciudadanía espera que estas reacciones no queden sólo en anuncios, sino también se transformen en acciones concretas. El fortalecimiento de la salud pública ya es ineludible.

Columna publica en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/salud_estatal_perdida_del_foco

El acomodaticio límite de la intervención electoral

Sorprendentes resultaron las declaraciones del vicepresidente de la DC, Andrés Palma, en que criticó la ventaja de Marco Enríquez Ominami, al ser Karen Doggenweiler rostro de TVN y con una alta exposición mediática en el programa Pelotón. La acusación fue confirmada y luego refutada por cercanos al candidato, optándose en definitiva por desescalar el conflicto.

El posterior respaldo del directorio de Televisión Nacional -entre los que se encuentran Francisco Frei, hermano del candidato, y Marcia Scantlebury, miembro del comité estratégico de su comando- a la conductora vino a poner término a la polémica.

Sin embargo, existe un debate pendiente, mucho más importante, acerca de la necesidad de regular la intervención electoral. Esta discusión surge en períodos eleccionarios, y ahora que coinciden las elecciones presidenciales y parlamentarias, nunca existe mucho tiempo -ni mucho interés-para discutirlo. Y cuando comienza el nuevo período presidencial y parlamentario, nadie piensa todavía en las siguientes elecciones, hasta que cuando aparece nuevamente, ya es demasiado tarde para legislar.

A comienzos de julio, la reforma constitucional sobre calidad de la política y modernización del Estado fue aprobada en forma unánime por la comisión de Constitución del Senado. Sin embargo, a los pocos días dicha reforma fue rechazada en la Cámara de Diputados por un estrecho cómputo de 49 votos contra 47, quedando pendiente para ser resuelta en un futuro por una comisión mixta. En ella, se pretende al menos restringir la participación de ministros, alcaldes, funcionarios públicos y otras autoridades en actividades de campaña durante su jornada de trabajo.

Ya es sistemático que cada cuatro años comienzan las acusaciones cruzadas sobre la transparencia de las campañas. ¿Legítima promoción o abuso de recursos fiscales? Pregunta difícil de responder en lo particular y difícil de definir en lo general, debido especialmente a la inexistencia de una institucionalidad efectiva que regule el tema. Naturalmente las propias siempre corresponden a acciones justificadas, y las del adversario a iniquidades escandalosas. No obstante, estas imputaciones sólo logran desacreditar aún más el mundo de la política.

Hace poco, el ministro Andrés Velasco criticó la falta de novedad en las propuestas económicas de Sebastián Piñera y destacó la trayectoria del equipo económico del candidato Eduardo Frei, siendo inmediatamente catalogado de comentarista político por la oposición. Por otra parte y como es propio de su cargo, el ministro de Economía también defendió el Acuerdo Nacional de Empleo, Capacitación y Protección Laboral como parte del plan gubernamental para enfrentar la cesantía producida por la crisis económica.

Pero mucho más ajeno al problema del empleo es el ministro Álvaro Erazo, quién salió a difundir en terreno la Ley de Protección al Empleo y Fomento a la Capacitación, a pesar de tener otros temas importantes en la agenda pública. En la región de Atacama, el ministro de Salud destacó el compromiso del Gobierno en materia de empleo y la importancia de un diálogo fluido en materias laborales. “Esta batería de incentivos son iniciativas que en particular nos interesa conversar en terreno, con los empresarios y trabajadores y responder inquietudes que nos planteen”, señaló.

Las declaraciones del senador Frei sobre el eventual apoyo del Gobierno de Estados Unidos con recursos fiscales a sus candidatos, el amplio contingente que ha acompañado a la Presidenta en sus últimas giras nacionales, la acusación de la posible ventaja política de Karen Doggenweiler, las críticas a “la subida por el chorro” de Sebastián Piñera con el Transantiago, demuestran la necesidad de legislar sobre la intervención electoral, en el que los límites hoy son absolutamente acomodaticios.

Es necesario avanzar en un consenso sobre la fijación de demarcaciones de uso de recursos fiscales y la definición de las prácticas que constituyen intervención electoral. Sin desconocer la existencia legítima de una preferencia política, el punto debiera centrarse principalmente en el uso incorrecto de recursos fiscales.

El desalentador rechazo de la Cámara de Diputados a la referida reforma constitucional, demostró claramente que no es considerada una prioridad nacional y su regulación se seguirá postergando indefinidamente. Cuando no hay interés ni el Gobierno ni en parte importante del Congreso, son innumerables las razones que justifican una demora legislativa. Ante eso, sólo queda proponer que las reformas sean aprobadas y comiencen a tener efectos en las siguientes elecciones. Por lo menos, sinceraría el debate.

Columna publicada en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/el_acomodaticio_l%C3%ADmite_de_la

Paridad de género: deuda pendiente

Cuando Michelle Bachelet asumió como presidenta, la proclamación inicial de ciertos criterios de su futuro mandato sorprendió a toda la población. Entre ellos, el anuncio de paridad de género en el Gabinete Ministerial permitía augurar un potente estímulo a la incorporación laboral de la mujer. La primera mandataria chilena era la persona idónea para detectar, comprender y superar las barreras existentes, imponiéndose sobre tendencias ideológicas estériles.

Sin embargo, hoy en Chile el 60% de las mujeres no trabaja remuneradamente, constituyendo una de las tasas de participación laboral más bajas de América Latina. Un ranking del World Economic Forum (2008), ubica a Chile en el número 109 entre 131 países respecto a la participación laboral de la mujer. Es tan preocupante que la propia OCDE recomendó monitorear su índice de crecimiento.

Según el estudio Barómetro Mujer y Trabajo, realizado por ComunidadMujer, Datavoz y la OIT, cerca del 70% de las mujeres inactivas quiere insertarse en la vida laboral. Aclaran que no trabajan, “porque no pueden hacerlo”. Este porcentaje llega cerca del 74% para las mujeres con hijos menores de 14 años o con personas a su cargo y supera el 80%, en el caso de las mujeres de menores recursos.

La principal razón que impide a las mujeres salir a trabajar está relacionada con la maternidad. El 63% sostiene que no está dispuesta a dejar el cuidado de sus hijos a otra persona o institución, y el 60% señala no tener quién se los cuide. La investigación revela que del total de mujeres con hijos que requieren cuidados, el 62% señala que “los hijos están mejor con su madre que con cualquier otra persona”. El 52% declara que preferiría contar con un familiar cercano para esta función en caso que salieran a trabajar. Y sólo el 26% de las mujeres con hijos dice haberlos llevado alguna vez a salas cunas o jardines infantiles del Estado.

Por último, el informe concluye que para ingresar al mercado laboral, las mujeres piden mejores remuneraciones, trabajos flexibles, personas o instituciones que asuman el cuidado de los hijos y el apoyo de la pareja.

Este estudio demuestra que se han ignorado dos conclusiones inequívocas: la gran valoración que tienen las chilenas de la maternidad y la desconfianza que muestran frente al cuidado infantil institucionalizado. A cambio, se les ha entregado una igualación de género formal, que no necesariamente libera a la mujer de sus responsabilidades familiares.

Por otra parte, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres también desincentiva el ingreso de la mujer al mercado laboral. La reciente ley promulgada por la mandataria, busca provocar un cambio cultural en nuestra sociedad que erradique las prácticas discriminatorias.

Pero, siendo la participación laboral femenina un elemento relevante para el desarrollo país y de muchas familias, se ha optado por obviar ese 60% que quiere trabajar, pero no puede, privilegiando al 40% que trabaja remuneradamente. No todos los problemas sociales se resuelven con la dictación de una ley. Expertos laborales advierten que la igualdad salarial podría afectar la contratación de mujeres, dada la dificultad para asimilar cargos y remuneraciones, además de una amenazante judicialización.

Las políticas públicas de promoción del trabajo femenino todavía no incorporan en su totalidad el diagnóstico antes señalado, que recoge la búsqueda de muchas mujeres por un empleo, pero con ciertas garantías de equilibrio familiar. Además del apoyo de sus parejas, el 60% de las mujeres que no trabajan remuneradamente anhela jornadas laborales más flexibles, opciones de cuidado infantil, oportunidades de emprendimiento, fomento de tele trabajo y un postnatal más largo.

La flexibilidad laboral resulta invaluable para cualquier madre, como lo pudo comprobar la Presidenta Bachelet en junio de 2007, cuando su hija Francisca fue internada por una trombosis en la Clínica Alemana. La mandataria la acompañó abnegadamente en el establecimiento hospitalario, trasladando incluso parte de su oficina para poder trabajar. Después de ese episodio, se pensó que este período presidencial sería la gran oportunidad para instaurar contratos flexibles que incentivaran la participación femenina en el mercado laboral.

La crisis económica ha impulsado la reinserción de la mujer en el mercado laboral. El incremento del desempleo de los jefes de hogar -el 70% correspondiente a hombres- y la contracción de sectores económicos que emplean mano de obra masculina, incita a las mujeres a salir a buscar trabajo, porque muchas familias requieren la contratación de la jefa de hogar o la complementariedad de un segundo sueldo.

Pero, según los resultados del referido estudio de Comunidad Mujer, Datavoz y OIT, pareciera conveniente otorgar mayor flexibilidad de horario y remuneraciones a los contratos de trabajo. Así, mujeres y hombres podrían negociar condiciones que permitieran adecuar su trabajo al rol de madre/padre. En la práctica, hoy, es absolutamente al revés: el cuidado de los hijos se tiene que adecuar al trabajo.

Primarias: ¿Anuncios para la galería?

Sorprenden las diferencias que existen en los tiempos legislativos de cada proyecto de ley. Algunos son rápidamente tramitados, aún cuando generan grandes polémicas y controversias. Otros, en cambio, a pesar de haber sido anunciados con bombos y platillos, esperan pacientemente en el Congreso desde hace años. Son los proyectos placebo, de gran efecto comunicacional con las audiencias pero de poca efectividad real, que sólo logran ahondar la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema político.

Hace pocos meses atrás, todo Chile se vio conmovido por el lamentable fallecimiento de Felipe Cruzat, el niño de 11 años que necesitaba con urgencia un corazón. Muchas fueron las expresiones de dolor de la ciudadanía e incontables las muestras de apoyo a su familia. Innumerables también fueron las declaraciones de personeros de Gobierno y del Congreso, reiterando su compromiso con la rápida tramitación de una ley de donaciones de órganos.

Hoy en día, existen 6 proyectos de ley sobre donación de órganos en tramitación en el Congreso. Ingresados desde junio de 2003 hasta octubre de 2008, todos se encuentran en primer trámite constitucional. Ante esta demora, el padre de Felipe, Gonzalo Cruzat, optó por encabezar la campaña - “Donantes de todo Corazón”- con el objeto de reposicionar el tema en el país.

La ciudadanía empieza a mirar con cierto escepticismo los anuncios de importantes proyectos legislativos, que después de una profusa difusión y una vez que se apagan las cámaras y flashs, suelen quedar entrampados en el complejo proceso legislativo. Las urgencias que va asignando y retirando el Gobierno, más decisiones colegiadas de ambas cámaras, impiden a la opinión pública identificar con exactitud a los responsables de atrasos y celeridades parlamentarias.

En el ámbito de la política, dos recientes anuncios entregaron cierta esperanza sobre la renovación de nuestras instituciones: el envío al Congreso de un nueva iniciativa legal sobre primarias y la solicitud formal de otorgar urgencia al proyecto que establece un límite de reelecciones parlamentarias.

Sin embargo, no sólo de anuncios vive el hombre. Muchos proyectos iniciados con gran publicidad, encuentran una larga tramitación. Así ocurrió con la agenda de modernización del Estado, anunciada en abril de 2008 por el ministro Edmundo Pérez Yoma. Poco después de descubrirse irregularidades en el Ministerio de Educación, EFE, MOP y Registro Civil, el anuncio de medidas que mejoraran la eficiencia del Estado fue aplaudido por en forma unánime por toda la opinión pública. No obstante, entre las medidas propuestas destacaron la creación de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas y la profundización del Sistema de Alta Dirección Pública, proyectos que todavía no se implementan.

Otro placebo ha sido el proyecto de ley que regula el lobby, varias veces ingresado al Congreso. En 2003 y tras el caso MOP-GATE, el Presidente Lagos y los principales partidos firmaron -también con una importante campaña comunicacional- un pacto de modernización del Estado, que contemplaba 49 iniciativas. Dentro de ellas, la Agenda de Transparencia, en su N° 26, anunciaba un proyecto de ley sobre regulación del lobby.

A pesar de las permanentes declaraciones sobre la necesidad de regularlo, el lobby pareciera ser un tema complejo para legislar. Desde el año 2003, se han presentado cinco proyectos de ley al Congreso. El último de ellos, ingresado por mensaje presidencial en noviembre de 2008, acaba de terminar su primer trámite constitucional.

Columna de opinión publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/primarias_anuncios_para_la_galer%C3%ADa

Esta semana, según lo anunciado por el ministro Pérez Yoma, el Gobierno enviará al Congreso -sin urgencia, pues quiere tener “una discusión tranquila”- un proyecto que establece primarias para los cargos de Presidente, legisladores y alcaldes. Esta iniciativa fue analizada en conjunto con los thinks tanks de la Alianza y de la Concertación, por lo que supuestamente debiera ser aprobada por ambos conglomerados y estar implementada para las próximas elecciones.

Sin embargo, desde su inicio se ha criticado que las reglas de las primarias queden sujetas a la decisión de los partidos y no sean establecidas por ley. Esta controversia, más el eventual empoderamiento de las bases partidarias, puede hacer que la discusión legislativa se extienda en el tiempo, quedando sólo en el anuncio como tantos otros proyectos de ley. Una vez que se han apagado las cámaras, el interés disminuye, como lo pudo comprobar el señor Cruzat.

Certificación ISO 9001 en servicios públicos

Las exigencias de acreditación de los procesos también llegan a los organismos estatales. Por esta razón, 15 instituciones estatales serán certificadas este año a través de la calificación ISO 9001, que evaluará los procesos relacionados con la provisión de bienes y servicios, considerando la perspectiva territorial y de género.

Entre los organismos incluidos en la certificación, estarán la Dirección de Presupuestos, la Subsecretaría de Transportes, Fonasa, el Servicio Nacional del Consumidor, la Secretaría General de la Presidencia y la Comisión Nacional de Energía.

El examen incluye los sistemas del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Éste es un instrumento de apoyo a la Gestión de los Servicios Públicos, cuya meta es mejorar la actividad global de éstos. Se basa en el desarrollo de áreas estratégicas comunes a la gestión pública, para ciertos estándares externos y predefinidos. Comprende las etapas de desarrollo o estados de avance para cada una de ellas, a través de los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los programas de mejoramiento de los servicios. El cumplimiento de cada una de estas fases permite incluso que los funcionarios accedan a un incentivo económico.

Existen otros mecanismos de incentivo institucional, basados en objetivos específicos de gestión e indicadores de desempeño, cuyo cumplimiento también está asociado a un incentivo monetario para los funcionarios. Del mismo modo, se realiza a través de los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los compromisos de los servicios.

Una de las áreas estratégicas es el Sistema GT, que se propone como objetivo incorporar en los productos, bienes y servicios de las instituciones la perspectiva territorial. Por lo tanto, lo que se espera es que los servicios públicos operen territorialmente y que promuevan e incorporen las necesidades regionales y sus soluciones en la entrega de sus productos.

Otra, es el Sistema de Equidad de Género, que suma la perspectiva de género al proceso modernizador de la gestión en curso. Busca la incorporación de este enfoque en los programas de ministerios y servicios públicos y en las prácticas de los planificadores del Estado.

Pero no solo las empresas se encuentran certificadas, sino que también se incluyen otros organismos, como las municipalidades. Por ejemplo, desde diciembre de 2007, la Municipalidad de Ñuñoa tiene un Sistema de Gestión de Calidad de sus procesos administrativos, lo que le ha permitido obtener la certificación ISO 9001. Los procesos certificados son: Otorgamiento de permisos de edificación y recepción final perteneciente a la Dirección de Obras Municipales (DOM); Atención a la comunidad en materias de seguridad ciudadana perteneciente a la Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección (DSC); Otorgamiento de patentes municipales pertenecientes a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF); Otorgamiento de licencias de conducir perteneciente a la Dirección de Tránsito y Transporte Público (DTT).

La Municipalidad de Providencia también está certificada en varias normas internacionales -ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS-, que la colocan en la vanguardia respecto a la satisfacción del usuario, optimización de los procesos mediante indicadores de efectividad, cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales y control sobre los peligros a que se pueden ver expuestos los funcionarios en sus lugares de trabajo. En el proceso de Auditoría Externa, se recertificaron los alcances de Calidad de sus 21 procesos; en Ambiente, se recertificaron los alcances que se aplican en los recintos municipales y de servicios comunales; por último, en Seguridad y Salud Ocupacional, se certificaron todos los procesos desarrollados en la sede municipal.

El mayor grado de exigencia de parte de los clientes con las empresas se ha trasladado a los usuarios, los que comienzan a requerir de las entidades estatales los mismos niveles de calidad. La certificación de acuerdo a estándares nacionales o internacionales, al menos, acreditan que existen sistemas de gestión, y en caso de falla, la detección del error resulta mucho más fácil, mejorando el servicio entregado a la comunidad.

Artículo publicado en http://www.gestcom.cl/tendencias/160-certificacion-iso-9001-en-servicios-publicos.html

El manido discurso de la descentralización

Durante años, hemos escuchado innumerables discursos de personeros de gobierno, ministros, senadores, diputados, intendentes, organizaciones regionales, académicas y ciudadanía en general, acerca de la apremiante necesidad de una auténtica regionalización y una efectiva descentralización. Sin embargo, a pesar del clamor unánime y del discurso manido, éstas todavía no se concretan en nuestra legislación.

La complejidad del proceso legislativo, la intervención de dos cámaras colegiadas, la eventual intervención presidencial o de organismos como el Tribunal Constitucional, el establecimiento de distintos quórums, la priorización legislativa a través de las urgencias otorgadas por el poder ejecutivo y las aprobaciones en general y en particular, impiden a la opinión pública el conocimiento de la trazabilidad de los proyectos de leyes. Después de publicitados anuncios, las iniciativas legales ingresan a la cámara de origen, perdiéndose luego en una verdadera caja negra.

Para la sociedad resulta difícil, por tanto, ejercer un control ciudadano efectivo sobre la calidad de la gestión parlamentaria, obligándola a enfocarse en aspectos formales más visibles y llamativos, como quedó demostrado con el programa Informe Especial.

En el año 2003, el entonces Presidente Lagos ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional. Entre las propuestas, se encontraba el cambio del número de regiones, un estatuto especial para algunos territorios insulares, la consagración constitucional de la potestad reglamentaria del intendente, el reconocimiento de la calidad de órgano ejecutivo del gobierno local, la elección del Consejo Regional, la transferencia de competencias a los gobiernos territoriales, los convenios de programación de inversión pública, el refuerzo de las tareas de gobierno interior y la consagración de espacios de discusión y participación en el nivel provincial.

En abril de 2007, después de casi cuatro años, esta iniciativa todavía se encontraba pendiente en el primer trámite constitucional. Ante eso, la Presidenta Bachelet formuló una indicación sustitutiva que redujo el proyecto inicial, centrándolo en el sufragio universal de los consejeros regionales, transferencia de competencias a los gobiernos regionales y otras enmiendas formales y de concordancia. Finalmente, en enero de 2008 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, quedando listo para la revisión del Senado.

Hace poco, la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado (cámara revisora) aprobó con indicaciones el proyecto de reforma constitucional, enviándolo a la Cámara de Diputados (cámara de origen) para que se pronuncie sobre las adiciones o enmiendas.

Por otro lado, el proyecto de ley que introduce modificaciones en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (19.175) fue ingresado al Senado en mayo 2008 y se encuentra todavía en el primer trámite constitucional.

Esta iniciativa incluye varias medidas dirigidas a profundizar el proceso de descentralización del país y a la vez perfeccionar la institucionalidad y gestión de los Gobiernos Regionales. Establece el reconocimiento expreso de la facultad de los gobiernos regionales para desarrollar sus competencias, funciones y atribuciones; la diferenciación entre funciones propias y funciones transferibles hacia los Gobiernos Regionales; modificaciones en materia de planificación, entre otras.

Lenta ha sido la discusión de los proyectos en el Congreso, a pesar del aparente consenso que pareciera existir. Entendiendo que se trata de una reforma de gran trascendencia para nuestro país, es recomendable un profundo estudio de las reformas. Pero igual sorprende que después de casi seis años, la reforma constitucional no se haya concretado aún, ni que transcurrido más de un año, la modificación de la ley orgánica constitucional todavía siga en el primer trámite constitucional, ambos actualmente con urgencia simple. Esto contrasta con los tiempos de tramitación de otros proyectos de ley o de reforma constitucional, que son rápidamente promulgados. Pareciera que las reformas que implican un traspaso de facultades de poder a una nueva institucionalidad, en este caso regional, siempre requieren más tiempo de tramitación.

Con casi 30 años de funcionamiento, los gobiernos regionales no han podido asumir un rol protagónico en las decisiones que afectan a su propio desarrollo. Después de casi seis años de ingresado el proyecto de reforma constitucional, cabe preguntarse si existe una real disposición a incorporar gobiernos regionales reales dentro de la administración interior del Estado.

Sistemáticamente las promesas regionales han sido incorporadas por los candidatos en sus campañas electorales y parlamentarias. Ocurrió en el 2001, 2005 y ahora en el 2009, sería conveniente que, al menos, las iniciativas ya presentadas fueran aprobadas durante este período legislativo.

Acceso a fondos por ingreso a OCDE

El ingreso de Chile a la OCDE, no sólo podría hacernos formar parte del club de países desarrollados, sino también acceder a fondos privados, que se enfocan exclusivamente en invertir en países miembros de la organización, de bajo riesgo, con marcos regulatorios transparentes y alta seguridad jurídica.

Existen algunos proyectos en el Congreso que retardan el ingreso de nuestro país a la OCDE: información tributaria y secreto bancario, gobiernos corporativos de Codelco y de empresas privadas, responsabilidad de personas jurídicas en caso de cohecho y convenios para evitar la doble tributación.

Una vez superada la crisis económica, los fondos internacionales saldrán a buscar oportunidades de inversión en los países emergentes. Dentro de la variada oferta de proyectos, por supuesto que se privilegiarán los que concentren una alta rentabilidad y un bajo riesgo. El ministro de Hacienda afirmó que “hay millones en fondos de inversión que por ley sólo se pueden invertir en países que tienen el sello OCDE”.

El sello de la OCDE disminuye automáticamente el riesgo de los inversores, entregando una mayor certeza respecto a la transparencia de los marcos regulatorios de los países en que se invierte. Dentro de los países en desarrollo que integran la organización, están México, Polonia, Hungría, la República Checa, y próximamente Chile. El ingreso constituye un sello de garantía, permitiéndole a sus países miembros convertirse en actores importantes del debate global.

Pero la membresía en la OCDE también producirá nuevos desafíos. El principal será tener que compararse en forma permanente con los demás países de la organización. ¿De qué manera se podrá acreditar la calidad de los procesos? ¿Cómo se podrán mostrar las ventajas competitivas de nuestros productos o servicios? ¿Cómo se demostrará que una empresa chilena se puede integrar a una cadena productiva global? De ahí que la certificación de normas nacionales e internacionales cobrará cada vez mayor importancia.

Para la implementación de la ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, HACCP, BPA o cualquier otra norma, se requiere de importantes intervenciones en las culturas de las empresas. No basta con la explicación o enseñanza de las normas, sino que se necesitan cambios conductuales en los equipos colaboradores. Se requiere desarrollar hábitos que queden insertos en las culturas organizacionales. ¿Estamos preparados para eso?

Andrés Jirón Santandreu

Gerente General

Artículo publicado en http://www.gestcom.cl/blogs/viewpost/159.html

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Vota y calla

La inexistencia de primarias dentro de los partidos políticos ha empoderado sus directivas en desmedro de la ciudadanía. A pesar de que la política debiera estar al servicio de la sociedad, los mecanismos electorales han colocado la sociedad al servicio de ésta, transformando a los electores en meros validadores de las designaciones parlamentarias.

A su vez, los aspirantes a candidaturas parlamentarias se enfocan en negociar con las mesas directivas, en vez de tratar de conquistar el voto ciudadano, confirmándonos que la política se encuentra capturada por las dirigencias de los partidos.

A través de sondeos de opinión - no publicados y con metodología desconocida-, los dos grandes conglomerados designan a sus candidatos parlamentarios, creyendo interpretar las preferencias del electorado. Una vez nominados, el sistema binominal y voto obligatorio se encargan eficazmente de que éstos resulten electos.

Pero algunas encuestas han sido cuestionadas al interior de los partidos, tal como ocurrió en abril con el anuncio de las postulaciones de Rodrigo Alvárez (UDI) y Nicolás Monckeberg (RN) como candidatos al mismo cargo de diputado en Providencia-Ñuñoa.

Las pugnas internas son resueltas por las dirigencias, sin siquiera involucrar los electores o las bases partidarias. En estos días, varios conflictos surgieron, reflejando la incipiente disconformidad respecto a los mecanismos internos de designación de candidatos.

Uno de ellos es el reciente anuncio de Luis Plaza, alcalde de Cerro Navia, de renunciar a RN, motivado por la nueva designación de Nicolás Monckeberg (actual diputado distrito 42, Región del Bío Bío), esta vez como candidato a diputado por el distrito 18 (Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado). Estudios del Instituto Libertad y Desarrollo favorecerían a Monckeberg por sobre Mario Desbordes, jefe de gabinete de Plaza. “He decidido dar un paso al lado, porque no estoy de acuerdo con que se nos impongan candidatos”, señaló el edil.

Pero por primera vez, cerca de 100 militantes RN de esa comuna manifestaron su oposición a esta inconsulta decisión, con huevos y batucada en la sede del partido. Son las primeras señales de los electores, que comienzan a abandonar su actitud pasiva y a hacer escuchar su opinión. Será el propio Sebastián Piñera quién tendrá que dirimir este conflicto.

Mayor fortuna - o mejor muñequeo político- tuvo el alcalde Manuel José Ossandón en la designación de Leopoldo Pérez como candidato parlamentario en el distrito 29. Puentealtino y secretario de Planificación de dicha municipalidad, Pérez fue designado para mantener el cupo que deja el diputado Maximiano Errázuriz (ex RN). Se ignora si cuenta con el respaldo de las otras comunas distritales: La Pintana, Pirque y San José de Maipo.

Distinto es el caso del actor Vasco Moulián, quién aceptó la oferta UDI de postular como senador, probablemente por Aisén o Atacama. Como hasta el jueves pasado era el Director de Programación de Canal 13, se desconoce si existe algún sondeo de opinión que respalde esa decisión, o al menos, si está relacionado con alguna de las dos regiones.

Marcelo Trivelli presentó su renuncia a la DC, ya que las reglas del juego “se cambian según las conveniencias de unos pocos, postergando a muchos que sólo piden una oportunidad”.

Roberto Muñoz Barra, senador por la Región de la Araucanía, también anunció su decisión de renunciar al PPD. Él, en cambio, está molesto por la exigencia de definir en primarias la candidatura de la circunscripción y tendrá que competir con el diputado Jaime Quintana, también PPD. Con esto, queda claro que algunos parlamentarios han asumido su cargo como un derecho adquirido, y como tal, lo reclaman.

Resulta impresentable que en un sistema supuestamente democrático, exista la institución de los candidatos designados. Su evidente consolidación contradice los innumerables discursos sobre la baja convocatoria política. Es de esperar que la próxima elección contemos con primarias oficiales en los partidos, de acuerdo a la todavía pendiente reforma constitucional ingresada al Congreso por la Presidenta Bachelet en el 2006. De esa forma, se legitimarían las candidaturas, evitando las estériles pugnas internas que sólo enlodan la imagen de la política.

De niño, cuando preguntaba qué había de almuerzo, muchas veces recibía la misma respuesta: “Come y calla”. Ahora, de grande, ha cambiado a: “Vota y calla”.

Hay que entrar a picar

A fines de 2006, durante el primer año de mandato de la Presidenta Bachelet, se conocieron diversas irregularidades en algunos servicios públicos -subvenciones escolares, Programas de Generación de Empleo (PGE), Chiledeportes, SII, etc.-. Estos casos confirmaron la necesidad de profundas reformas institucionales en nuestro sistema democrático.

Ante la complejidad de los casos y reconociendo la urgencia de mejorar el sistema político, el 12 de diciembre de 2006 la mandataria ingresó al Congreso un emblemático proyecto de reforma constitucional sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política. Su objetivo era que incluyera al gobierno, al conjunto del Estado, a todos los sectores políticos y a toda la sociedad. “Porque Chile se lo merece, porque nuestros ciudadanos así lo esperan”, señaló la Presidenta en su mensaje presidencial N° 522-354.

Con el tiempo, los objetivos se afinaron, diferenciándose y expresándose en distintas normas. De partida, la ley de transparencia y acceso a la información pública - surgida de una moción parlamentaria presentada por los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri en enero de 2005 -, recién entró en vigencia en abril pasado, marcando un importante hito en la gestión estatal.

Por otra parte, este miércoles se definió que una Comisión Mixta consensuara la fórmula para destrabar la reforma constitucional sobre calidad de la política. Significa que la Cámara de Diputados (cámara de origen) rechazó las modificaciones del Senado (cámara revisora) al proyecto de ley, incorporadas en el segundo trámite constitucional. La urgencia simple asignada por el Gobierno, la formación de una comisión mixta y las prioridades del actual período (re) eleccionario, anticipan que probablemente no se aprobará esta ley durante el gobierno de la Presidenta Bachelet.

Los diputados aprobaron las declaraciones de patrimonio y fideicomiso ciego de las autoridades, pero rechazaron la incorporación en la Constitución de una norma sobre financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral; la prohibición a los funcionarios públicos de participar en actividades de proselitismo político partidista o de promoción de candidaturas a cargos de elección popular durante su jornada de trabajo; y la prohibición de uso de urgencias y reformas constitucionales en períodos pre eleccionarios.

No menos importante, la agenda de modernización del Estado está hoy suspendida. Fuertemente reimpulsada por el ministro Pérez Yoma y con la colaboración de diversas entidades, coincidió con el comienzo del “segundo tiempo” del período presidencial. Medidas como la modernización de la Contraloría General de la República, la creación de una Agencia Nacional de Calidad de las Políticas Públicas, el establecimiento de una institucionalidad para alianzas público-privadas, entre otras, todavía siguen en el ámbito de los discursos sin concretarse en normas jurídicas.

Probablemente estas dos reformas incomodarán a muchas personas que han logrado hacer parecer ciertos privilegios como verdaderos derechos adquiridos. Como ya costumbre en nuestro país, grupos de presión organizados se esforzarán en impedir o retardar -explícita o tácitamente-cualquier proyecto que afecte de alguna manera sus prerrogativas.

El 55% de los chilenos considera que la corrupción está instalada en el país, según el Barómetro Global de la Corrupción 2009, realizado por Ipsos y Chile Transparente, siendo las instituciones más afectadas los partidos políticos, el Congreso y el Poder Judicial. De acuerdo a la Encuesta de Corrupción 2009 realizada por Libertad y Desarrollo, el 64% de los encuestados cree que la corrupción es mayor que hace un año. El 74,3% de las personas pobres de Santiago considera que hay un alto nivel de corrupción en Chile, según el Estudio sobre Percepción de Probidad y Corrupción 2008, de la Universidad Católica Silva Henríquez.

En plena campaña presidencial y parlamentaria, y con niveles cercanos al 70% de aprobación presidencial, no le resultaría difícil a nuestra mandataria conseguir el acuerdo político para aprobar una agenda de mejoramiento de la eficiencia estatal. Por otro lado, también ayudaría utilizar el mecanismo de insistencia o, al menos, reponer la suma urgencia al proyecto de reforma constitucional sobre calidad de la política, de manera de poder concretar su promulgación durante este gobierno. Ahora es el momento para avanzar en una agenda de largo plazo que permita consolidar a Chile como un país competitivo, con instituciones sólidas y legitimadas, que sean capaces de sustentar el crecimiento anhelado.

“Hay que entrar a picar”, dice el maestro gasfíter a su interlocutor(a), y éste tiembla. Comprende que es necesario, pero piensa en todos los costos -económicos, tiempo y molestias- que tendrá que asumir. Incluso se cruza fugazmente la tentación de postergar la solución, creyendo erradamente que se retrasará el problema. El problema existe. Se requieren intervenciones urgentes. No podemos seguir postergando la modernización de la gestión estatal y la mejoría de la calidad de la política.

Artículo publicado en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/hay_que_entrar_a_picar