El programa Informe Especial (TVN) denunció abusos en el pago de pensiones por parte de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca). Éstas habrían sido otorgadas –específicamente por inutilidad de segunda clase equivalente a invalidez parcial en el sistema común- a ex miembros de las Fuerzas Armadas, quienes no presentarían ninguna “inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones privadas” requisito que exige la normativa legal (artículo 22 DFL 209 de 1953).
Independiente de la ilegalidad de estos beneficios y que se hace necesario revisar a la brevedad, esta acusación pone además en el tapete un tema de aún mayor relevancia: la falta de transparencia y de control en la gestión de estas instituciones.
En momentos en que el tema pensiones reviste una especial sensibilidad para la gran mayoría de la población, la noticia no deja indiferente a nadie. Más aún, si estas inexistentes incapacidades fueron “calificadas” en forma exclusiva por las Comisiones de Salud de cada rama, sin la intervención de organismos externos ni de posteriores reevaluaciones en el tiempo. Y con mayor razón si a esto hay que agregarle que estas pensiones de invalidez fueron otorgadas a cuatro condenados por delitos de lesa humanidad, quienes siempre se han mantenido en situación de plena capacidad física y síquica.
Por lo mismo se requiere reanudar con fuerza el debate sobre el alto gasto fiscal previsional en las Fuerzas Armadas y Carabineros y sobre la necesidad de un sistema único de pensiones para todos los chilenos. Y en momentos en que se debate el futuro del sistema previsional, esto plantea desde ya dos interrogantes: 1) ¿Se justifica la exclusión a las Fuerzas Armadas y de Orden del sistema previsional general?; y 2) En caso de mantenerse este privilegio, ¿cuáles debieran ser los estándares mínimos de debido cuidado en la labor que se ejecuta?
En cuanto al primer punto, es necesario tener presente que la pensión promedio por vejez en el actual sistema es de $192 mil. Esto contrasta fuertemente con los también en promedio $ 2,3 millones que reciben los oficiales en retiro de las FF.AA. a través de Capredena, financiado con los impuestos de todos los chilenos (Ciper, Enero 2017). Hoy solo el 0,7% del gasto fiscal cubre el financiamiento del Pilar Solidario (para 1,3 millones de personas) mientras que el 1,4% de éste se destina exclusivamente a las pensiones de las Fuerzas Armadas (menos de 200 mil personas). Por lo mismo, la Ley de Presupuestos 2016 tuvo que destinar cerca de US$ 2300 millones para el pago de las pensiones de Capredena y Dipreca, lo que significa un enorme gasto público en detrimento de muchas otras prioridades sociales.
Por otra parte, en abril recién pasado y sólo después que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados detectara irregularidades en el otorgamiento de pensiones en Capredena, Dipreca y Gendarmería, y que la Contraloría General de la República iniciara un proceso de revisión de éstas, el Ministerio de Defensa se limitó a realizar una tímida petición a las FF.AA.: que revisara el proceso de calificación a beneficiarios, pero sin producir ningún efecto retroactivo.
Pero éstas no son las únicas irregularidades vistas en el sistema de pensiones fiscales. Se les suman otros numerosos abusos–los de mayor visibilidad han sido los jubilazos de Gendarmería, entre los cuales se encontraba el de Myriam Olate, esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS)-. Recientemente este medio publicó el gran número de ex uniformados jubilados que están recontratados en las FF.AA. Por lo tanto, no cabe duda que el sistema de reparto público en las ramas castrenses está siendo administrado a lo menos negligentemente y sin ningún control estatal.
Por lo mismo, y en relación al segundo punto planteado, resulta inaceptable que las autoridades institucionales hayan permitido la consagración de una cultura de falta de fiscalización. Esto permitió, por una parte, que se formara en Carabineros una extensa red de corrupción, produciéndose el mayor escándalo financiero (fraude superaría los $25 mil millones) en la administración de fondos públicos, con escasas responsabilidades política o administrativa.
Adicionalmente, en el Ejército se detectó un fraude por algo más $5 mil millones, cometido por funcionarios militares con la Ley Reservada del Cobre, siendo removidos seis de ellos pero dejándose a dos coroneles sin sanciones por acogerse a retiro antes de iniciada la investigación interna.
Por supuesto que ahora surgieron nuevas voces parlamentarias pidiendo una ley corta para terminar con las “inaceptables asimetrías entre pensiones de civiles y uniformados”, con lo que la oposición rebatió de inmediato solicitando también la revisión de las pensiones de los falsos exonerados. Reacciones inmediatas en un tema de tanta profundidad no logran mucho más que una simple catarsis ante la opinión pública. Lo sorprendente es que después de seis gobiernos en democracia, ninguno de ellos se haya atrevido a transparentar, modernizar y subordinar la gestión administrativa de las FF.AA. a controles mínimos. Todavía más curioso resulta aún, que habiendo sido previamente ministra de Defensa, la Presidenta Bachelet en ninguno de sus dos gobiernos haya podido modernizar las Fuerzas Armadas y de Orden.
Sin perjuicio de reconocer la contribución histórica que han hecho las FF. AA. y de Orden a la construcción de nuestro país, en términos generales resulta inadmisible la desprolijidad -¿o el abuso?- con que se ha que se ha llevado su gestión contralora interna. Por otra parte, la exigua fiscalización de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas ha colaborado en forma importante en la creación de un marco de impunidad total política y administrativa. Y por lo mismo, la ciudadanía espera que en el próximo gobierno se revierta esta pasividad de las autoridades, tanto de las respectivas ramas como de las autoridades gubernamentales, empezando por ordenar el tema de los abusos en las pensiones pagadas por todos los chilenos.
Publicada en La Tercera Online
