sábado, 27 de junio de 2009

Consumidores bien organizados


La histórica multa equivalente a US$ 1 millón, aplicada por la Superintendencia a CGE y Chilectra con motivo de las erradas lecturas de medidores, demuestran que los consumidores pueden organizarse y defenderse. El consumidor pasivo es cada vez menos frecuente, y por eso, las deficientes actuaciones de funcionarios comienzan a generar graves consecuencias a sus empresas.

A pesar de que ambas firmas sostienen que sus sistemas funcionan correctamente y que mantienen las puertas abiertas para dialogar con sus clientes, se contradice con los resultados de la investigación realizada por la SEC. Se concluye además que en ninguna de las dos empresas operan en forma eficiente los controles internos, a pesar de que Chilectra se encuentra certificada bajo la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Por otra parte, si la los reclamos terminaron en una importante multa de la SEC, también se visualiza un deficiente manejo de crisis.

Fueron más de tres mil reclamos los que recibió en octubre de 2008 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por sorpresivos aumentos en los cobros de la luz. Estas multas se debieron a que CGE no realizó el proceso de medición y toma de lectura en forma correcta, en la comuna de La Pintana durante los meses de febrero de 2008 y febrero de 2009. Chilectra fue sancionada por no realizar las mediciones y facturar erradamente los consumos eléctricos en las comunas de San Joaquín y Cerro Navia.

La SEC aplicó una multa de 800 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a Chilectra -perteneciente al grupo Enersis- y de 400 UTA a CGE Distribución. Recién en abril, Chilectra había sido multada en 700 UTA por deficiencias en su proceso de facturación en las comunas de Renca y Huechuraba. Todavía están en proceso de investigación los reclamos efectuados en las comunas de Macul y Estación Central, respecto al mismo período ya señalado.

Las empresas sostienen que se trata de casos puntuales. Chilectra señala que no se pudieron realizar las mediciones porque los contratistas estaban en una huelga ilegal. La ley establece que cuando no puedes hacer una medición por fuerza mayor, debes hacer un cobro provisorio, correspondiente al promedio de los últimos seis meses.

Lo grave es que los cobros afectaron a personas de escasos recursos. Sin embargo, las denuncias fueron hechas por la comunidad en forma organizada, lo que permitió una investigación mucho más rápida. Esto refleja un importante cambio cultural de los chilenos, ya que se han involucrado en forma activa en los mecanismos que establece la normativa vigente para hacer exigibles sus derechos como consumidores.

Seguramente el tema se judicializará. Por un millón de dólares, es probable que las distribuidoras decidan interponer los recursos que correspondan. A su vez, los consumidores también pueden recurrir a la justicia para pedir compensaciones, ya que la SEC no tiene atribuciones para ordenar su pago. Para esto, la Superintendencia enviará los antecedentes al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), con el fin de que este organismo pueda velar por la adecuada reparación de los usuarios.

Las sanciones son lo suficientemente fuerte como para dar una señal al mercado. Esto obedece a que se busca que las empresas sean más rigurosas en los procesos de medición y facturación, para que a las personas les lleguen cuentas por los consumos reales.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente General
Gestcom
Artículo publicado en http://www.gestcom.cl/.

jueves, 25 de junio de 2009

Las democracias de Bachelet y Obama


El histórico encuentro de Barack Obama y Michelle Bachelet, realizado en el Salón Oval de la Casa Blanca, estuvo cargado de simbolismos. El primer presidente de raza negra de EE.UU recibía a la primera presidenta mujer de Chile. Ambos representan figuras que irrumpieron en el establishment político de sus respectivos países, siguiendo caminos poco habituales. Sin embargo, podemos observar importantes diferencias en la madurez de las instituciones democráticas de ambas naciones.

A nivel mundial, Chile es reconocido por su sólida democracia y por su responsable manejo macroecónomico, lo que refuerza la imagen internacional de nuestro país. El próximo ingreso a la OCDE, tratados de libre comercio, buenas relaciones internacionales, Presidencia Pro Témpore de Unasur, Secretaría General de la OEA, factores que contribuyen a una posición de liderazgo en el continente. Seguramente todo esto influyó en que la presidenta Bachelet fuera el segundo Jefe de Estado en ser recibido por Obama en la Casa Blanca.

En este encuentro presidencial, Barack Obama expresó que Chile es el modelo de alianza que Estados Unidos busca en sus relaciones con otros países. Destacó también la conducción económica de Chile para enfrentar la crisis. “Si se mira como Chile ha manejado la recesión, lo ha hecho muy bien”, agregó.

¡Qué duda cabe! Aplausos para lo macro, lo general, un vistazo a lo lejos. Pero donde todavía nos falta madurar es en lo micro, en las terminaciones, en los detalles. Pareciera que nos cuesta concluir bien las cosas. Cuando nos acercamos a países desarrollados -como ahora con Estados Unidos-, nos percatamos de nuestros importantes progresos, pero también constatamos lo mucho que nos falta avanzar.

Una serie de reformas modernizadoras en áreas microeconómicas, como la flexibilidad laboral, el fortalecimiento de la negociación colectiva, los gobiernos corporativos de las empresas públicas, el Estatuto Pyme, la innovación, las normas de protección al consumidor o la mejoría de la calificación para el trabajo, todavía siguen empantanadas en estériles disputas, sin lograr concretarse a través de acuerdos transversales.

En política pasa lo mismo, con el agravante que tanto Gobierno, Oposición y Parlamento son partes interesadas. De partida, cuesta modificar las actuales estructuras. Proyectos como la reforma de los partidos políticos, el límite a la reelección parlamentaria, la descentralización regional, la regulación del lobby o las restricciones para la “privatización” de un regulador, duermen desde hace años sin concretarse.

Barack Obama probablemente no hubiera sido elegido presidente en Chile. En principio, no hubiera podido participar en primarias. Las encuestas iniciales ni siquiera lo mencionaban. Hubiera tenido que esperar el relevo natural de todos los dirigentes, y recién entonces podría haber participado. ¿Sabrá que en Chile no hay primarias? ¿Qué los candidatos -presidenciales y parlamentarios- son designados entre cuatro paredes por los dirigentes de los partidos?

Hace cinco años, Barack Obama era un perfecto desconocido para la mayor parte de su país. Recién se hizo conocido el 27 de julio de 2004, cuando presentó el discurso introductorio del candidato John Kerry en la Convención Demócrata. En 2005 fue elegido senador por Illinois y en febrero de 2007 anunció que competiría para ser el candidato demócrata a la Casa Blanca. Venció en las primarias de junio 2008 a Hillary Clinton, figura emblemática del Partido Demócrata y luego de ganar a John McCain, en enero de este año asumió como Presidente de EE.UU.

Obama hizo realidad el sueño americano de que cualquier persona -independiente de su origen, raza o condición social-puede llegar a ocupar la primera magistratura de la nación, gracias a su esfuerzo y sus méritos. Su vertiginosa trayectoria política fue aclamada en todo el mundo, porque representaba en sí mismo la igualdad de oportunidades de un sistema democrático.

Esta gira presidencial nos recuerda brutalmente que, a pesar de los intereses comunes que pudieren existir, todavía nos falta mucho para alcanzar una madurez institucional. Ojalá pudiéramos profundizar y perfeccionar nuestros mecanismos democráticos, lograr un sistema electoral competitivo y transparente, y por sobre todo, satisfacer el profundo anhelo de renovación política de la ciudadanía.

domingo, 21 de junio de 2009

La embriaguez del poder


Me enceguecí, me embriagué del afán de servir más y más”, fue la sentida declaración del diputado Errázuriz al renunciar a su tienda política. En su cuarto período legislativo consecutivo (desde1998), el ahora ex RN fue denunciado en un reportaje de La Nación por las graves irregularidades en los contratos de arriendo de sus sedes distritales.

No es el único parlamentario sorprendido trastabillando en el último tiempo, producto de esta “excesiva “vocación de servicio público. Hace pocos días, la Comisión de Ética de la Cámara Baja amonestó al diputado UDI Julio Dittborn (tercer período legislativo consecutivo), por no consultar previamente su peculiar sistema de arrendar casas particulares como sedes parlamentarias, sin instalar la señalética correspondiente.

La investigación que realiza el fiscal de la Quinta Región a la diputada Claudia Nogueira por el pago a asesores que luego le reintegraban los fondos, también demuestra un absoluto relajo en la entrega de los dineros de las asignaciones. Se concluye además la urgencia de una exhaustiva revisión a todos los contratos de asesorías y arriendo de sedes parlamentarias, tanto a diputados de gobierno como de la oposición.

La denuncia de “Informe Especial” evidenció conductas cuestionables en la labor legislativa. El debate producido respecto a una eventual visión sesgada del programa, no justifica en nada las actuaciones conocidas por la opinión pública. La información oficial entregada por la Cámara Baja a la ciudadanía quedó desvirtuada con un par de tomas televisivas, confirmando un trabajo poco prolijo de autocontrol.

La categórica respuesta corporativa, en el sentido de que el trabajo legislativo consiste en dictar leyes y que el programa mostró verdades a medias, desvió la discusión hacia el omitido tema de los conflictos de interés de los parlamentarios. De partida, todo proyecto que signifique un empoderamiento ciudadano, ha sido sistemáticamente postergado: reforma constitucional sobre la transparencia y calidad de la política, reforma del sistema binominal, límites a las reelecciones, agenda de modernización del Estado, regulación del lobby, fideicomiso ciego sin nombre ni apellido, entre otros, proyectos legislativos presentes en innumerables discursos, pero todavía sin concretarse. La excepción que confirma la regla fue la Ley de Acceso a la Información Pública, recientemente aprobada, y que elevó los estándares de transparencia.

El año pasado también fue polémico para el Congreso por el uso (en asesores legislativos adicionales) de los más de $ 1.000 millones liberados con la supresión de senadores designados y vitalicios. Igualmente controvertida fue la decisión de aumentar en $ 100.000 la asignación mensual para combustibles para cada parlamentario, finalmente dejada sin efecto.

La necesidad de mecanismos de rendición de cuentas más eficaces, más transparencia y mayor competencia, crece cada vez más. Con un mercado cautivo -obligado por ley a votar-, el predominio del duopolio político se evidencia en los períodos de (re)elecciones parlamentarias.

El sistema binominal quizás se justificó en una etapa inicial, después del retorno a la democracia. Pero en la medida que ésta se fue consolidando, se transformó en una barrera de entrada, que en forma artificial dificultó la renovación política. Los diputados y senadores en ejercicio asumieron sus cargos como un derecho adquirido, para optar la mayoría de las veces por la reelección durante varios períodos parlamentarios seguidos. Una vez más, los reemplazantes de los diputados Errázuriz y Enríquez-Ominami serán designados por las cúpulas partidistas, eludiendo cualquier participación de las bases partidarias o de los electores.

Incluso el primer senador independiente, Carlos Bianchi, actual Vicepresidente de la Cámara de Diputados, escribió hace un par de meses atrás sobre la colusión política de los dos principales conglomerados, responsabilizando al sistema binominal y la falta de mecanismos democráticos dentro de los partidos.

Por otra parte, los ciudadanos debiéramos premiar o sancionar a los parlamentarios salientes, a través de su reelección o reemplazo. Pero la inexistencia de primarias o de algún otro mecanismo democrático dentro de cada partido y coalición, nos hace imposible ejercer este control ciudadano, salvo a través de un ineficaz voto nulo. Inevitable fue el duro diagnóstico de la percepción ciudadana del Congreso, realizado el año pasado a través del estudio de imagen efectuado por Tironi y Asociados y de la encuesta CERC, en que sólo el 18% de los encuestados señaló tener mucha o bastante confianza en el Congreso.

Hasta ahora, el voto obligatorio disimuló la inexistencia de mecanismos democráticos dentro de los partidos. Pero la inminencia del voto voluntario hará disminuir en estas elecciones el temor a una eventual sanción por no sufragar, instalando por primera vez una nueva dimensión a evaluar: la representatividad de los parlamentarios.

martes, 16 de junio de 2009

Las encuestas y la baja participación

La inminente publicación de los resultados de la encuesta CEP ha causado un gran interés en todos los sectores políticos, empresariales y gubernamentales. Este año será decisiva, al competir tres candidatos con cifras que superen los dos dígitos en las intenciones de votos. Muchas decisiones importantes se han postergado hasta después de su publicación, lo que ratifica la relevancia que tienen las encuestas en la toma de decisiones de los partidos.

Reflejan también la trascendental decisión de los conglomerados de preferir la observación de las audiencias a distancia, con la consiguiente postergación de la construcción de relaciones a largo plazo con la ciudadanía. Se privilegia la captación del voto volátil, variable, e incluso impredecible, más que el desarrollo y posterior consolidación de un voto duro. En un año electoral, esto es totalmente comprensible. ¿Pero qué se hizo al respecto durante los últimos tres años, en el período no eleccionario?

En la última encuesta CEP (Nov Dic 2008), sólo el 16% se identificaba con la Alianza y el 24% con la Concertación. El 50% de los ciudadanos no se identificaba con ninguno de los dos conglomerados políticos. Más actual y de acuerdo a la última encuesta de Evaluación del Gobierno, efectuada recién en mayo por Adimark, tan sólo el 23% de los encuestados aprueba cómo la Concertación y la Alianza están desempeñando su labor, contra el 56% y 51% que respectivamente las desaprueban. Ese es el público cuyo voto hay que captar, en este año en que todavía es obligatorio sufragar, al menos en la teoría.

Además, existen 3,5 millones de posibles votantes no inscritos en los registros electorales, pero las campañas de inscripción no han tenido el efecto esperado. Hasta ahora, sólo se han registrado 40 mil nuevos inscritos. Será muy interesante conocer los resultados de la campaña “Mójate x Chile”, iniciada por el presidenciable RN.

Por otra parte, emblemáticos resultan los nombramientos de Sebastián Bowen y Francisco Irarrázaval en los comandos presidenciales de Frei y Piñera, ya que evidencian la falta de renovación interna dentro de los partidos políticos. A su vez, los grupos Tantauco y Océanos Azules han desarrollado vínculos con sus candidatos presidenciales, pero no con los partidos. Tensiones, e incluso enfrentamientos, se han producido entre equipos programáticos y comandos políticos.

Se ha discutido mucho sobre el mayor o menor efecto que pueden producir las encuestas sobre la opinión pública, pero también resulta importante determinar la influencia que éstas ejercen sobre las elites políticas. Validada y reconocida por diversos actores nacionales, la próxima publicación de resultados de la encuesta CEP es esperada este semestre con una enorme expectación, en atención a las importantes decisiones que se tomarán en base a ella. Llamada “la madre de las encuestas”, es la única que se realiza a nivel nacional y en forma presencial.

Entrega información sobre distintos temas y gracias a su metodología, se convierte en una radiografía de la opinión pública. Este estudio reempodera nuevamente a la ciudadanía, al lograr influenciar las campañas eleccionarias. ¿A quienes premiará y a quienes sancionará?

Todas las encuestas parecen haber cobrado en este último tiempo especial relevancia en el desarrollo de las campañas políticas, supeditando gran parte del accionar político. Numerosos son los estudios de opinión que la ciudadanía ha conocido, sin contar todas las encuestas que los partidos políticos realizan en forma reservada, sin publicar sus resultados.

La gran mayoría de ellas son telefónicas (en redes fijas), no probabilísticas y con una omitida tasa de rechazo. En consecuencia, resulta difícil hablar de muestras representativas del electorado o de un margen de error confiable. En contrapartida, pueden entregar fotografías de la opinión pública en determinados momentos, permitiendo establecer ciertas tendencias políticas.

¿Habrán encargado encuestas los conglomerados para saber por qué los jóvenes no se inscriben en los registros electorales? O aún más, ¿por qué los jóvenes no ingresan a sus partidos políticos? El éxito de los movimientos estudiantiles o la efectividad de las organizaciones sociales desmienten tajantemente que los jóvenes “no están ni ahí”. ¿O será que a los partidos no les interesa integrar más gente en sus organizaciones?

lunes, 15 de junio de 2009

Comprobación de una promesa de marketing


Las empresas suelen construir sus comunicaciones de marketing, en base a sus atributos o elementos diferenciadores. Sin embargo, el cliente -usuario final o empresa de una cadena productiva- muchas veces no logra distinguir los fundamentos de estos mensajes. La certificación permite que un tercero imparcial verifique y declare el cumplimiento de una promesa promocional.

Los mercados competitivos y globales imponen dos importantes desafíos a las empresas: 1) Demostrar al cliente que son mejores que su competencia y 2) Lograr captar las preferencias de clientes que no necesariamente están presentes en el lugar de producción de un bien o de entrega de un servicio.

La competitividad se ha instalado en todas las industrias económicas. Cada empresa u organización intenta resaltar sus fortalezas y ocultar sus debilidades, dirigidas a convencer, tanto a un usuario final (empresas B2C) como a las empresas intermediarias en un proceso productivo (empresas B2B), que son mejores que su competencia.

Para esto, se basan en sus ventajas competitivas, las que pueden provenir de procesos, materias primas, servicios anexos, ubicación geográfica o respaldo de marca. Cada empresa diseña su estrategia de comunicaciones de marketing, la que se transmite a través de publicidad, relaciones públicas o boca a boca, entre otros.

Pero no basta con sólo analizar el alcance comunicacional logrado, sino también es necesario evaluar la credibilidad lograda. ¿Qué hace que un usuario prefiera un producto por sobre otro? ¿Qué hace que una empresa prefiera contactar a un proveedor en vez de otro?: la credibilidad.

Esta credibilidad se logra a través de un mensaje claro, sincero y coherente. Pero a veces eso no es suficiente. Es cómo cuando hablamos de nuestros hijos, en que perdemos objetividad (o credibilidad) ante nuestro interlocutor. Lo mismo puede suceder con un cliente, en que pequeños factores pueden influir en su decisión de compra, optando por un producto por sobre otro. En el caso de empresas en búsqueda de proveedores, algunas señales casi imperceptibles pueden hacer que se decida contactar primero a un proveedor que a otro.

Es el caso de la certificación, una organización externa, especializada e imparcial corrobora que otra organización cumple con las especificaciones de una norma técnica. Puede ser, entre otras, sobre la ISO 9001 (Gestión de Calidad), ISO 14001 (Gestión Ambiental), OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional), HACCP (Seguridad Alimentaria), NCh 2728 (Aseguramiento de la Calidad para OTEC), Normas de Turismo (Mejorar los Servicios Turísticos), BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), o bien la próxima acreditación de los centros hospitalarios.

En definitiva, lo que se busca es darles credibilidad a los clientes a través de un sistema objetivo, de que todo lo que se dice, es real. Por ejemplo, puede ser a ese turista noruego que desde su país hace una reserva en un hotel de Puerto Varas, a un comprador en un supermercado neoyorkino que compra manzanas chilenas o a un gerente de recursos humanos que contrata un proveedor externo para hacerse cargo del casino de la empresa. Resulta imposible que el comprador esté presente durante el proceso de producción y debe confiar en un trabajo bien hecho.

Con la globalización y la fuerte competencia mundial, todas las certificaciones se constituyen en elementos diferenciadores. Se han constituido en necesarias, pero no suficientes. Son un must, cuya ausencia hace perder valor y que debe ser complementadas con otras ventajas competitivas. Pero los clientes, usuarios finales o empresas intermedias en procesos productivos, empiezan a diferenciarlas y a exigirlas cada vez más.


Andrés Jirón Santandreu
Gerente General
Gestcom

viernes, 12 de junio de 2009

...o sino postulo como independiente


Se está produciendo un importante cambio en la política. Después de la campaña de Marco Enríquez-Ominami, los candidatos redireccionan su gestión, enfocándose en las audiencias y no en las cúpulas partidistas. Hasta ahora, las dirigencias de los conglomerados habían administrado firmemente las designaciones de los candidatos, coordinando la oferta política con la demanda electoral. Sin embargo, ante una fuerte competencia por los escasos cupos parlamentarios, empiezan a surgir los primeros anuncios de postulaciones independientes.

¡Qué duda cabe! Empiezan a verse en algunos partidos políticos los primeros efectos colaterales del fenómeno Marco Enríquez-Ominami. Marcelo Trivelli renunció a la mesa DC y evalúa postular por fuera. A su vez, Fulvio Rossi comienza a recolectar firmas para una eventual postulación como independiente al Senado. Las férreas -y eternas- jerarquías de los partidos políticos comienzan a enfrentar inesperados movimientos internos.

Durante años, los políticos han dirigido su mirada a las cúpulas de sus partidos, buscando la visibilidad necesaria para ser designados como candidatos a parlamentarios, alcaldes, concejales o bien a algún cargo público. La combinación del sistema binominal más el voto obligatorio, de alguna manera, ha permitido concentrar la competencia dentro de cada conglomerado político. La verdadera lucha se ha producido primero dentro de los partidos, y luego dentro de la coalición correspondiente. En una industria con altas barreras de ingreso, la actual mecánica les ha permitido operar la oferta de candidatos y, a la vez, beneficiarse de la demanda eleccionaria. La escasa competencia ha permitido que los dirigencias designen a sus candidatos, sin necesitar de la intervención de las bases partidarias o de la ciudadanía.

Sin embargo, el rechazo de la Concertación a la participación de Marco Enríquez-Ominami en sus primarias -con todas las restricciones impuestas-, desencadenó la consolidación de nuevas tendencias que hasta ahora no habían sido recogidas por un movimiento político. Ante la negativa, el díscolo diputado optó por autoexcluirse, iniciando una candidatura presidencial por fuera de su coalición. Su irrupción en la contienda política, con resultados que incluso superan sus expectativas iniciales, ha sido seguida con atención por la opinión pública, los partidos y el Gobierno.

El inesperado candidato presidencial fue el primero en redireccionar su gestión política, optando por enfocar su mirada en las audiencias, y desoyendo totalmente las decisiones de las directivas partidistas. Consciente del gran descontento del electorado, de la desafección de los chilenos con la política y, por ende, de la escasa adhesión a los conglomerados, privilegió un discurso que apela al recambio político y, que manifestado además en un estilo transgresor, le ha permitido diferenciarse en un ambiente que fácilmente confunde discursos similares.

Hombre de comunicaciones, optó por eliminar a los partidos políticos como canales de distribución y dirigirse en forma directa al electorado. La enorme visibilidad obtenida, los buenos resultados en las encuestas y los incipientes apoyos que surgen en la Concertación, hacen pensar que su decisión fue la correcta.

Ante su éxito, candidatos parlamentarios comienzan a imitar esta estrategia y a instalar el tema con anuncios sobre una eventual postulación como independientes. Rodrigo García Pinochet en la Alianza y Carlos Ominami, Nelson Ávila, Marcelo Trivelli y Fulvio Rossi en la Concertación, han intentado presionar a través de estos anuncios, con mayor o menor éxito.

Los cupos parlamentarios se consideran como derechos adquiridos de cada colectividad, constituyéndose cada circunscripción en verdaderos feudos. La primera prioridad siempre la tienen los titulares, y en caso de renuncia, se nombra el reemplazante a nivel cupular. Ante la insuficiencia de cupos, la verdadera competencia parlamentaria se produce entonces dentro de cada conglomerado.

Hasta ahora, la reconocida dificultad de postular fuera de una coalición política desincentivaba las candidaturas paralelas. Sin embargo, ese paradigma está quedando sin efecto después de la campaña de Marco Enríquez-Ominami. Hoy día, la postulación independiente se analiza como una alternativa más. Según la cartilla normativa del Servel, estas candidaturas parlamentarias requieren un patrocinio del 0,5% de los ciudadanos que hubieren sufragado en el distrito electoral o circunscripción senatorial en las últimas elecciones parlamentarias.

En los últimos años, han sido varios los movimientos independentistas surgidos en las tiendas políticas. Algunos terminaron en rupturas, como los de Adolfo Zaldívar (ex DC), el actual senador Alejandro Navarro (ex PS), Jorge Arrate (ex PS), Fernando Flores (ex PPD) o Jorge Schaulsohn (ex PPD) Otras rebeliones, en cambio, fueron contenidas por las cúpulas partidistas, como la de José Antonio Kast en la UDI o la de Alberto Undurraga y Claudio Orrego, en la DC. La legítima duda que surge es hasta cuándo se podrán seguir manejando, sin caer en procesos autodestructivos.

Por eso, cada vez se hace más necesaria la implementación de la tan anunciada modernización de los partidos. Se requieren mecanismos democráticos –primarias, votaciones y otros-, que permitan mejorar la representatividad y legitimidad política. Con ello, no solamente se beneficia la calidad de nuestra política, sino que también se incentiva una mayor participación ciudadana.

lunes, 8 de junio de 2009

Una espiral de manifestaciones


Después del paro nacional de los profesores, en que éstos finalmente lograron el pago del adeudado bono SAE, podría comenzar una espiral de manifestaciones. De hecho, la toma del Instituto Nacional, desarrollada por alumnos que demandan la estatización de la educación municipal, es la primera consecuencia. A pesar de que la Municipalidad de Santiago de inmediato ordenó su desalojo, ¿cómo explicarles a los alumnos que ellos no pueden recurrir a movilizaciones, pero sus profesores sí?

Al día siguiente de haberse depuesto el paro nacional de profesores, la enérgica e inmediata respuesta de la Municipalidad de Santiago a la toma del Instituto Nacional causa perplejidad en la ciudadanía. El desalojo solicitado por el alcalde Pablo Zalaquett sirvió para suavizar el tenor de la protesta, transformándola en una “ocupación cultural” y logrando que los estudiantes abandonaran en forma pacífica el establecimiento. Pero en la práctica, igual significó la suspensión de las clases y la imposibilidad de ingreso de profesores y alumnos al recinto.

En primer lugar, difícil resulta hacer entender a los estudiantes la improcedencia de las medidas de presión para lograr sus objetivos particulares, en especial después del ejemplo de eficacia dado por el Colegio de Profesores. ¿Por qué ellos sí y los alumnos no? ¿Son menos válidas sus peticiones o simplemente tienen menos derechos?

Y en segundo lugar plantea un debate respecto a la representatividad del Centro de Alumnos. ¿Todos los estudiantes querían iniciar un paro para demandar la estatización de la educación municipal? ¿O sólo era un grupo de presión, minoritario pero bien organizado?

Frente a estas dos legítimas interrogantes de los estudiantes, resulta difícil dar una respuesta. En especial, porque se supone que a los alumnos del Instituto Nacional, además de entregarles conocimientos, reciben una fuerte formación cívica.

Los maestros

Ya en marzo, a dos semanas de iniciadas las clases, Jaime Gajardo, presidente nacional del Colegio de Profesores, anunciaba un paro nacional, exigiendo que “la crisis económica no fuera pagada por el Magisterio”. Los motivos se basaban en la gran cantidad de despidos a profesores titulares y a contrata, fusión de cursos y cierre de colegios en todo el país, despidos sin sumario, no pago del bono SAE, reducciones de horarios, concursos mal hechos y cambios de contratos. Agregaba que todos estos antecedentes habían sido entregados a la Ministra de Educación, señalando: “no ha pasado nada, no hemos tenido eco en el Ministerio, que por lo menos cesen los despidos en la educación”.

Luego, en mayo de este año, el Colegio de Profesores convocaba a una movilización para presionar por el pago del bono SAE. Este correspondía a una subvención adicional especial, creada por ley para asegurar una remuneración mínima a todos los docentes y pagar una bonificación proporcional a las horas contratadas. Pero estos bonos de los años 2007 y 2008 no fueron pagados por las Municipalidades, discutiéndose todavía si efectivamente éstas recibieron los dineros de parte del Mineduc.

El 2 de junio, cerca de 20 mil profesores se congregaban en el Parque Forestal, en que Jaime Gajardo destacaba que “porque somos formadores, no podemos dejar que se nos denigre”. Recalcó que el bono SAE era un compromiso explícito del Gobierno, el que no se había cumplido. Se convocó al magisterio nuevamente para el día siguiente en las cercanías de La Moneda. Pero por tratarse de un acto no autorizado, alrededor de 50 docentes fueron detenidos, entre ellos Gajardo, al momento de sacar sus pancartas y comenzar a gritar.

Se ha convertido en una práctica totalmente consolidada que los profesores recurran a actos de fuerza, antes de evaluar otras alternativas menos dañinas para los estudiantes. En base a la rígida inamovilidad que tiene la educación municipal, estas acciones resultan abusos de poder de los profesores hacia sus alumnos, en su gran mayoría niños y jóvenes de escasos recursos, generándoles una gran dificultad para recuperar las clases perdidas.

Operación repetida

No es la primera vez –y probablemente tampoco la última- en que el Colegio de Profesores recurre a medidas de presión.
Durante el año pasado, los profesores efectuaron otras movilizaciones, utilizando el mismo procedimiento. El 16 de junio de 2008, 1.500 personas se juntaron en el Paseo Ahumada con la Alameda e intentaron avanzar hacia el Palacio de La Moneda, para expresar su rechazo a la LGE. Sin embargo, antes de llegar a destino, comenzaron los primeros enfrentamientos con carabineros, quienes trataron de disuadir la manifestación con carros lanza aguas y bombas lacrimógenas.

Luego, el 1° de julio de 2008, los dirigentes gremiales anunciaron la convocatoria a un nuevo paro nacional, para intensificar su rechazo a la LGE, a realizarse el 8 del mismo mes. Este llamado fue apoyado por otros organismos, como Fenpruss, FECh, ANEF y CUT.

El 3 de abril de este año, cerca de 3.000 profesores adhirieron al paro nacional convocado por el organismo gremial en defensa de la educación pública, siendo apoyados también por estudiantes de la FECH, dirigentes de la CUT y de la ANEF.

Reacciones

Existiendo pleno consenso sobre la gran brecha educacional chilena, se empieza a detectar una tendencia al desplazamiento de alumnos de colegios municipales a colegios particulares subvencionados. Además, comienzan las primeras señales de descontento de las familias de los alumnos municipales. Padres y apoderados de Puerto Aysén y de Valparaíso reclamaron por los perjuicios provocados a los hijos.

Por otra parte, resulta inexcusable que las autoridades, estando en conocimiento de lo inflamable del gremio, hayan permitido el desarrollo de este conflicto. La Asociación Chilena de Municipalidades debió haber reaccionado con mayor previsión -a no ser que quisieran instalar la devolución de la educación al Estado- , y el Ministerio de Educación debiera haber realizado una fiscalización más exhaustiva del pago de lo adeudado.

Como ya es recurrente en este tipo de conflictos en Chile, quienes pierden son inocentes víctimas de grupos bien organizados. En este caso, son estudiantes que dejaron de recibir su educación, que no podrán recuperarla con la misma calidad; alumnos de 4° medio, que quedaron en desventaja frente a estudiantes de colegios particulares y privados subvencionados y los padres, quienes tuvieron que asumir la modificación de sus rutinas diarias con el imprevisto cuidado de sus hijos. Mientras la educación pública siga capturada por los profesores, se ven escasas posibilidades de lograr el acuerdo nacional que permita solucionar el problema de la calidad de la educación.

Andrés Jirón Santandreu
Gerente General
Gestcom
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