Los trabajadores independientes, una realidad invisible

Dentro de los recuentos de la conmemoración del Día del Trabajo, resulta evidente analizar las declaraciones del Gobierno y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Pero obviamente existen muchos trabajadores en Chile que no necesariamente están representados por la multigremial: los  independientes, ese inmenso conjunto de individualidades aisladas, sistemáticamente postergadas por no estar organizados ni tener una directiva que los  encarne. Dentro de esta inmensa mayoría laboral se encuentran los trabajadores por cuenta propia, asalariados no sindicalizados, ocupados informales e inactivos potencialmente activos, entre otros. Y es que el debate laboral hasta ahora ha sido monopolizado por  minorías organizadas sindicalmente, con mayor visibilidad y arrogándose una representación de todos los trabajadores, la cual no tienen.

De acuerdo al reciente Boletín de Empleo Nacional del INE (enero-marzo2018), de una fuerza laboral de 9 millones de personas, solo el 54% de ellas, esto es 4.858.080 (asalariados totales menos asalariados informales), trabajan con contrato de trabajo formal, ya sea en grandes, medianas o pequeñas empresas. De ellos, cerca de un millón de personas corresponde a funcionarios del sector público, representados por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF.

Asimismo, el boletín informa de una Tasa de Ocupación Informal de un 29,1%, equivalente a casi 2,5 millones de trabajadores, los que no cuentan con ninguna representación colectiva ante las autoridades. Esta informalidad –muchas veces perseguida- se ha convertido en un problema estructural de nuestra realidad laboral, especialmente respecto a la baja participación de mujeres y a la desocupación de jóvenes. De hecho, durante el año pasado el número de personas que trabajaban en la calle aumentó en casi 50 mil personas.

Adicionalmente, el referido informe establece que existen cerca de 1.782.000 individuos que trabajan por cuenta propia, ya sea formal o informalmente, los que tampoco cuentan con una  representación colectiva. Y hay 751.000 personas adicionales, clasificadas como inactivos potencialmente activos que engrosan las listas de cesantía, y que por lo mismo, dado que quieren salir de ese estado lo antes posible, tampoco están organizados ni son representados por algún organismo.

Este último informe del INE refleja que se revierte la tendencia consolidada durante la última administración: aumento del trabajo por cuenta propia y disminución del empleo asalariado formal. Sin embargo, desconocemos si el mayor aumento del empleo formal es una realidad que viene a instalarse o bien es un efecto efímero del cambio de gobierno. Desde ya, fenómenos tan diversos como la Informalización de las relaciones de trabajo, subcontratación, modernización, automatización, inteligencia artificial, incorporación de la tecnología nos anticipan la inminente llegada de la Cuarta Revolución Industrial, planteando escenarios totalmente diferentes en el nuevo contexto laboral.

Por otra parte, los trabajadores independientes se encuentran en una situación de mucha mayor precariedad laboral, sin previsión social, sin vacaciones pagadas, sin indemnización por años de servicio, ni ningún beneficio laboral colectivo. Al no tener una estructura formal que los ampare, los independientes suelen verse obligados a desempeñar todos los roles en su organización individual, adecuar su jornada laboral de acuerdo a las necesidades del cliente y desarrollar una maquinaria que les permita cubrir la abusiva falta de un pago oportuno de sus empresas clientes.

De hecho, de inmediato surge una pregunta. ¿El trabajador independiente se hace por opción o por obligación? La respuesta quizás tenga mucha relación con el grupo etario al que pertenece al trabajador: si es menor de 50 años de edad, lo más probable es que sea por opción. Pero si es mayor,  seguramente es por obligación.

Es por esto que en un mundo en que se compite fuertemente por mayor presencia y visibilidad, las organizaciones de trabajadores han logrado imponer sus peticiones en la agenda pública. La CUT, a pesar de contar solo con 158 mil trabajadores afiliados -según padrón electoral informado por el Colegio Electoral Nacional (CEN) de la Central después de la serie de irregularidades que llevó a la repetición de la elección de la directiva el año pasado-, no puede pretender imponerse como único interlocutor del Gobierno en materia laboral.  

Columna publicada en La Tercera, sección Opinión, el 4 de mayo de 2018.

Valorando el trabajo pre-legislativo

La inminente creación de una Comisión de Salud —anunciada hace algunos días, en este mismo medio, por el doctor Enrique Paris— podría reactivar los cuestionamientos de la Nueva Mayoría, y de una parte del Frente Amplio, a estas comisiones asesoras presidenciales de carácter pre-legislativo. En un inicio, estas instancias en materia de Infancia y de Seguridad desencadenaron fuertes críticas o, incluso en algunos casos, derechamente ataques. Por ejemplo, se dijo que ellas buscaban reemplazar al Poder Legislativo, cooptar a congresistas opositores, etc. Incluso más, la propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Maya Fernández (PS), envió una carta al Presidente de la República, explicando sus  motivos para no participar en la Comisión de Infancia: “Mi rol institucional, como presidenta de la Cámara de Diputados, es fortalecer y procurar un debate abierto, democrático y transparente en el seno del Congreso”, señaló la autoridad parlamentaria.

Las críticas anteriores parecen exageradas, ya que, por una parte, es indiscutible que las comisiones no pretenden reemplazar la discusión y aprobación de las leyes en ambas Cámaras. Por definición, carecen las comisiones asesoras de facultades legislativas, ya que constitucionalmente no les competen. ¿Cuál sería, entonces, su objetivo? Entregar un material de trabajo desarrollado conjuntamente por especialistas y distintas fuerzas sociales y políticas del país, que podrá servir de insumo al Ejecutivo para elaborar los proyectos de ley, que luego presentará para su discusión en el seno del Congreso.

Hoy más que nunca, en especial después de tanta iniciativa legal desarrollada entre cuatro paredes —como lo fue el proyecto de ley de Nueva Constitución, presentado durante la última semana del gobierno anterior— puede ser valorable la existencia de una labor pre-legislativa seria, que busque combinar realidades sociales, políticas, legislativas, administrativas y económicas, así como distintas visiones ideológicas. Por otra parte, éste es un mecanismo ya instalado y reconocido en nuestra democracia como un importante aporte en cuanto a trabajo pre-legislativo se refiere.

Las críticas parecen exageradas, ya que es indiscutible que las comisiones no pretenden reemplazar la discusión y aprobación de las leyes en ambas Cámaras. Por definición, carecen de facultades legislativas, ya que constitucionalmente no les competen”.

Basta con recordar que la Presidenta Bachelet convocó a 18 comisiones durante sus dos gobiernos, todas ellas con distintos objetivos y composiciones. Algunas, como la Comisión Engel, hicieron grandes contribuciones al desarrollo de las temáticas; otras, en cambio, no resultaron tan productivas. Pero no cabe duda que todas las propuestas legislativas de estas comisiones asesoras fueron discutidas por los parlamentarios en ambas Cámaras, siendo ellos finalmente quienes definieron cuales eran incorporadas en la nueva ley y cuales eran dejadas de lado.

Por otra parte, está claro que los problemas complejos requieren soluciones complejas, más aun en un país con una fuerte tendencia a creer que las segundas pasan simplemente por la dictación de una nueva ley, lo que muchas veces, al final, sólo sirve para acrecentar lo que el jurista italiano Bruno Leoni denomina “inflación legislativa”. En este sentido, resulta muy probable que de estas comisiones surgirán propuestas que no sólo se presentarán para su discusión ante el Congreso, sino que también se traducirán en normas administrativas y/o mecánicas en procesos internos. En el pasado, los resultados de muchas comisiones han quedado guardados en un cajón, por lo que para lograr el objetivo mandatado resulta vital la visión conjunta de especialistas y representantes de la sociedad civil, así como de los propios legisladores.

Está claro que la incorporación a estas comisiones de personeros como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), los diputados Gabriel Boric (IND) y Natalia Castillo (RD) y la del ex senador Patricio Walker (DC) en la Comisión de Infancia, o la de los senadores Felipe Harboe (PPD) y Carolina Goic (DC), del ex ministro Jorge Burgos (DC), de los alcaldes Johnny Carrasco (PS) y Jorge Sharp (MA) en la Comisión de Seguridad, produjo una fuerte desarticulación dentro de la oposición. Las iniciales críticas amainaron rápidamente ante estas incorporaciones, disminuyendo casi totalmente después de la última encuesta Cadem (N°222), en que el 60% de la ciudadanía aprueba la forma en que el Presidente Piñera está conduciendo su gobierno y se siente optimista acerca del futuro del país.

El reciente anuncio del PPD de su disponibilidad a sumarse a estas comisiones, previa negociación de ciertas condiciones básicas, representa un primer cambio de actitud en esta materia de un partido de oposición, dejando en una incómoda situación a sus compañeros de coalición. También significa un duro golpe a los siete grupos de trabajo que senadores PS, PPD, DC y FA crearon como una forma de enfrentar las comisiones conformadas por el gobierno.

Está claro que la incorporación a estas comisiones de personeros PPD, RD, DC, PS, MA e independientes produjo una fuerte desarticulación dentro de la oposición”.

Obviamente, todavía es muy temprano para evaluar los resultados de estos grupos de trabajo. Pero aun, en el peor de los casos, si no se lograra un gran acuerdo en cada uno de los temas, la conformación de estas comisiones podrá permitir, al menos, consensuar diagnósticos, desarrollar y presentar una gama de distintas soluciones y definir métodos de evaluación de éstas, de manera de poder corregirlas oportunamente si fuere necesario. Y no cabe duda que un debate profundo y serio será siempre bien recibido en estas demandas en que el Estado está absolutamente al debe.

Por lo mismo, el 11 de marzo, en su primer discurso público como mandatario, el Presidente Piñera convocó a todos los chilenos, y en especial a los parlamentarios, a construir cinco grandes acuerdos nacionales en los siguientes temas: infancia, seguridad ciudadana, salud, Araucanía y desarrollo económico.

En consecuencia, el anuncio de la creación de un nuevo grupo de trabajo, en este caso la Comisión de Salud, ratifica una nueva forma de entender la política y lo público, una forma distinta de incentivar el diálogo tanto entre las fuerzas políticas mismas, como entre ellas y la sociedad civil, permitiendo así que distintas visiones ideológicas puedan acercar posiciones sobre temas fundamentales para el progreso del país.

Andrés Jirón, Abogado, MBA, Horizontal

Publicada en El Líbero el 22-4-2018