La restauración de la credibilidad presidencial

Damnificada resultó la credibilidad presidencial después del episodio de la venta de acciones de Lan. La promesa de venderlas antes de asumir la Presidencia de la República definitivamente no se cumplió. La tardía venta demostró la voluntad de respetar lo ofrecido, pero dañando de alguna manera la imagen del mandatario. Si bien se hizo lo prometido, el retardo en esta enajenación sólo empañó el cumplimiento, abriendo un flanco político que se hubiera podido evitar.

Los conflictos de intereses parecieran ser el probable talón de Aquiles que tendrá este gobierno. El Presidente, sus ministros y gran parte del Poder Ejecutivo se verán enfrentados a complejas situaciones. Por ejemplo, tanto la subsecretaria de Transportes, Loreto Silva, como el Coordinador de Concesiones del mismo Ministerio, Mauricio Gatica, ya se encuentran inhabilitados en decisiones de su ramo sobre iniciativas privadas. Pero quién no se inhabilitó fue el director de Chiledeportes, Gabriel Ruiz-Tagle en la polémica por el reparto de excedentes del Canal del Fútbol, la que todavía no se sabe cómo será resuelta.

Cabe recordar que este período presidencial partió en forma especial. El terremoto y posterior tsunami cambiaron de un golpe los objetivos iniciales, haciendo surgir nuevas prioridades y retardando el proceso de instalación. La cuantificación de los daños -por un total de US$ 30 mil millones- inicialmente fue desestimada por un estudio publicado por IM Trust, que calculaba un máximo de US$ 8 mil millones. Sólo recién el exhaustivo detalle que entregó el ministro Felipe Larraín al Senado y a la Cámara de Diputados explicó los parámetros utilizados para calcular el monto total de las pérdidas, informando de los daños a la ciudadanía y permitiendo aclararle los cálculos. A su vez, los diputados también pidieron al Gobierno información clara sobre los daños del terremoto, solicitando claridad y transparencia en la estimación de los montos de los daños y en la selección de las fórmulas para financiar el plan de reconstrucción.

En el mismo sentido, la tardanza en el nombramiento de ciertos cargos del Poder Ejecutivo tampoco contribuye a ratificar la inicial imagen de excelencia en la gestión con que partió el nuevo gobierno. En cambio, la rápida capacidad de reacción gubernamental logró superar la descoordinación producida entre La Moneda, el Congreso y la Corte Suprema respecto al proyecto del bono marzo, permitiendo su pago y cumpliendo así una de las promesas de campaña.

Por otra parte, la polémica surgida con motivo de los dineros de la Comisión Bicentenario sólo ha confundido a la opinión pública. Llevada personalmente por los involucrados, tanto Julio Dittborn, su actual Secretario Ejecutivo, como Javier Luis Egaña, ex Secretario Ejecutivo del anterior gobierno, han defendido sus posiciones sin llegar a un resultado concreto. Una acusación, su defensa y una réplica, además de reclamos en otros campos, demuestran fehacientemente que el traspaso del mando no fue tan impecable como se quiso. A estas alturas, la citación a la Cámara de Diputados de los personeros que dirigían dicho organismo se hace necesaria para aclarar este episodio, dejando de lado las bravatas en que ha caído cada conglomerado.

A pesar de que seis de cada diez chilenos creen que a este gobierno le irá bien, el capital político del Presidente Piñera no se puede dilapidar. Terminado el caso de Lan en medio de críticas por la tardanza y por el no pago de impuestos, permanecen abiertos otros flancos. Por de pronto, los casos de Chilevisión y Colo Colo podrían agrandar el daño a la credibilidad del mandatario. Ante conflictos tan previsibles, se hace necesario cuidar su capital reputacional correspondiente a una institución republicana de tan alta significación.

A pesar de que la ciudadanía entiende las dificultades iniciales causadas por los sismos en la instalación del nuevo gobierno, el país quiere a volver a la normalidad. La opinión pública percibe también la polarización política que se ha producido y que no habrá tregua entre Gobierno y oposición. Ambos conglomerados están cumpliendo sus roles, pero se han olvidado en gran medida de las promesas de colaboración post terremoto, entrabando la reconstrucción nacional por privilegiar sus intereses particulares.

Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/restaurando_la_credibilidad_presidencial

Gobierno: demoras en plazos y conflictos de intereses

Las entusiastas declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín respecto a la aprobación unánime del bono marzo en el Congreso, constituyeron un fuerte apoyo a la construcción de credibilidad del nuevo gobierno en su período de instalación. El economista recalcó que este proyecto era un compromiso de campaña que habían tomado muy seriamente. “El gobierno del Presidente Piñera cumple y hemos tenido el apoyo unánime de los parlamentarios", agregó el titular de dicha cartera. Por consiguiente, la iniciativa legal se convertirá en la primera ley del mandatario.

Pero además del cumplimiento de todas las promesas electorales -obviamente modificadas por las prioridades surgidas del terremoto y maremoto-, el actual gobierno se ha esmerado en matar uno de los mayores fantasmas del último período presidencial: la falta de efectividad. Comisiones ciudadanas, paneles de expertos y comités transversales realizaron durante años innumerables diagnósticos, sin que necesariamente sus conclusiones se llevaran a la práctica.

Por esta razón, para el nuevo gobierno resulta fundamental mostrar resultados inmediatos, en especial ante la urgencia de una catástrofe de tal magnitud. En consecuencia, dos días después de asumir el mando, el Presidente Piñera fijó cortos plazos a sus ministros para restablecer la normalidad en las áreas de educación, salud y vialidad.

En Educación, le estableció un plazo de 45 días a Joaquín Lavín, ministro del ramo, para normalizar el inicio del año escolar. Se trata de un área extraordinariamente sensible, ya que a pesar de los múltiples, profundos y certeros diagnósticos realizados(Ocde, Educación 2020,Cruch, etc.), fueron pocas las intervenciones realizadas a la educación pública chilena en los últimos años, y ésta todavía se encuentra al debe.

A su vez, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, deberá normalizar la atención médica en el plazo de dos meses. Para esto, será necesario recurrir a medidas especiales, como implementar hospitales modulares, de campaña, prefabricados o de emergencia, y reactivar las garantías Auge, terminando con la suspensión de beneficios decretada después del terremoto. Consultado sobre esta última medida, el titular del ramo reconoció que la situación de no cumplimiento de garantías por listas de espera Auge existía desde antes del sismo.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, deberá enfocarse en los dos primeros meses sólo en la reparación de las infraestructuras más urgentes para recuperar la conectividad del país. Esto significa reparar caminos, carreteras, puentes, puertos y aeropuertos dañados. La posterior reconstrucción de la infraestructura pública dañada se estima que demorará dos años, con un costo total de 1400 millones de dólares.

Con el objetivo de mostrar resultados concretos y, a la vez, reforzar la credibilidad del nuevo gobierno, el Presidente Piñera estableció estos plazos perentorios, los que debieran ser cumplidos. Sin embargo, ante una situación tan dramática se desconocen por completo las medidas a adoptar en caso de un eventual incumplimiento. Se ignora si es una exigencia real o sólo una medida comunicacional: por tratarse de una catástrofe tan inesperada y un gabinete tan reciente, la destitución temprana de un ministro sólo causaría más daño.

Con la implementación de estas fechas categóricas, desde el comienzo el actual gobierno se propone matar uno de los mayores fantasmas del último mandato presidencial: la falta de efectividad. Es por eso que el hiperactivo mandatario se ha mostrado en diversos frentes, que han ido desde emergencias y salidas a terreno hasta programas de televisión. Sin embargo, el establecimiento de estos plazos perentorios sólo recuerda la demora de su promesa no cumplida de vender Lan y transferir Chilevisión a una fundación. La reciente divulgación de que un fondo extranjero compraría una parte de sus acciones en la línea aérea y el anuncio del posterior remate del saldo no alcanzan a despejar las dudas acerca de la puntualidad en las fechas. ¿Qué tan exigente será el Presidente Piñera con el cumplimiento de los plazos -propios y ajenos-?

Las múltiples y simultáneas actividades del nuevo presidente no han podido disimular una importante debilidad: los conflictos de intereses. Tanto la prensa internacional como la nacional han destacado el mal precedente que el nuevo mandatario sienta para los miembros del gabinete, muchos de los cuales tienen amplios vínculos con el mundo privado, pudiéndose convertir en el talón de Aquiles de este gobierno.

De hecho, antes de cumplirse una semana del nuevo gobierno en el poder surge el primer caso. Involucra al director de Chiledeportes, Gabriel Ruiz Tagle y al actual timonel del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls, en una fuerte polémica por el reparto de excedentes del Canal del Fútbol. El ex presidente de Blanco y Negro, junto al Presidente Piñera, son los principales accionistas de la sociedad y confirmaron desde el principio que continuarían con la propiedad de sus acciones.

Es de esperar que ante estos conflictos de interés tan flagrantes- que han ocurrido y seguirán ocurriendo- , el Presidente Piñera también imponga plazos perentorios a sus ministros para lograr soluciones, y que esta vez, se cumplan.

Columna publicada en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/gobierno_conflictos_de_intereses_y

Nuevo gobierno: tiempos de ordenar y limpiar

Aunque siempre el triunfo de Sebastián Piñera fue interpretado como el término de un ciclo político y el comienzo de una nueva etapa, hasta ahora jamás se pudo visualizar la extensión y profundidad del proceso de reconstrucción. El terremoto, el inmediato tsunami y los posteriores saqueos confirmaron que no todas las instituciones funcionan correctamente en nuestro país. Se desencadena entonces la necesaria etapa de evaluación y redefinición que corresponderá al próximo gobierno. Ahora, el anuncio de un “gobierno de unidad” cobra mayor sentido que nunca, barriendo con todas las objeciones iniciales.

En este largo y doloroso proceso, será fundamental que el nuevo gobierno revise cuidadosamente el desempeño de cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas, involucradas en esta emergencia. De partida, la aparente superioridad que creíamos tener en el manejo de catástrofes -después de todos los elogios internacionales recibidos por la ayuda chilena en Haití- quedó absolutamente desvirtuada. Tal como dijo Tomás Mosciatti en CNN Chile, “fuimos mucho más rápidos para ir a Haití que para ir a Concepción”.

Después del sismo, los chilenos tuvimos que comenzar a ordenar el caos producido en nuestros hogares y lugares de trabajo. Al igual que esta gran mayoría, el próximo gobierno deberá ordenar y reconstruir el país. El 11 de marzo las necesidades básicas debieran estar ya cubiertas y el nuevo mandatario enfrentará un escenario de shock, dolor y desolación, que será necesario superar para levantar de nuevo el país.

La inexistencia de avisos oportunos, la ausencia de información fidedigna y la falta de conectividad, además de la descoordinación en las entregas, hicieron perder credibilidad a las autoridades. La capacidad de reacción gubernamental fue ampliamente superada por la de los medios, quienes cumplieron impecablemente su función entregando la información necesaria y desmintiendo cualquier justificación de no efectividad. Este terremoto demostró una pobre capacidad de gestión gubernamental cuando el Gobierno no cuenta con la planificación de sus asesores comunicacionales.

Emblemática resulta la polémica surgida entre la Armada y la Onemi acerca de la oportunidad y claridad del aviso del maremoto, ya que más adelante se necesitará definir las responsabilidades de todas las instituciones involucradas. A su vez, el conjunto de declaraciones emitidas por la Ministra de Vivienda, alcaldes de Ñuñoa, Concepción y Santiago, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y ejecutivos de empresas constructoras refleja el poco control real que existe sobre algunas actividades en el ámbito privado. Aún más, los anuncios de entrega de ayuda fueron desmentidos por residentes en las comunas más aisladas, las señales de calma y seguridad refutadas por imágenes de saqueos y delincuencia y el estado de suministro eléctrico rechazado por los alcaldes. Más que una caza de brujas, se trata de identificar procedimientos ineficaces y decisiones erradas -que definitivamente no cumplieron sus objetivos- para evitar que vuelvan a repetirse en el futuro.

Fueron muchos los compatriotas que perdieron seres queridos, hogares, puestos de trabajo y enseres, reforzando una sensación de vulnerabilidad ante una naturaleza todopoderosa e inclemente. Un profundo dolor colectivo surgió en todo el país conmovido ante las impensadas consecuencias, en especial en las regiones del Libertador Bernardo O’higgins, Maule y Bío Bío.

En general, el Presidente Piñera deberá revisar y readecuar su programa de gobierno ante estas nuevas necesidades. Entre ellas, las carteras de Transportes y Telecomunicaciones, Vivienda, Salud, Obras Públicas, Educación y muchas otras más enfrentarán desafíos prioritarios inexistentes al momento de las campañas presidenciales.

Al igual que muchos chilenos con los enseres en sus hogares, el próximo Gobierno deberá revisar las instituciones estatales, -incluso recoger algunas-, y luego clasificarlas entre las que se mantienen intactas, las que requieren reparaciones o bien las que sencillamente ya no tienen arreglo. Desde ya, se visualiza un importante deterioro en la credibilidad de ciertas entidades, al constatar la ciudadanía que muchos de los ofrecimientos iniciales de ayuda quedaron sólo en mediáticas declaraciones, sin que se convirtieran en realidad.

Por eso, el Poder Ejecutivo deberá reconstituir la credibilidad de sus autoridades, además de todo el complejo y costoso proceso de reconstrucción del país. Para esto, será fundamental la identificación de procedimientos ineficientes y de decisiones erradas, tanto en el sector público como en la empresa privada. Todavía existe en Chile cierta impunidad, en especial en aquellas situaciones que involucran simultáneamente a varios actores y, que por lo tanto, dificulta la asignación de responsabilidades.
Casos como Mop -Gate, Conadi, Chiledeportes, Conadi, Cees, Efe, Enap, Registro Civil , aviones Mirage, Ministerio de Cultura, Sename, Subdere, Hospital de Talca, Hospital de Iquique, Hospital Félix Bulnes, entre otros, consagran la impunidad de la administración estatal en nuestro país.

Como una señal de cambio del próximo gobierno, las responsabilidades debieran hacerse efectivas, impidiendo que se diluyan en el tiempo. Para esto, deberán investigarse en profundidad todos los hechos, informar el proceso y los resultados a la opinión pública y aplicar con rigor la legislación vigente. Sólo de esta forma se podrá dar una señal que comienza una nueva forma de gobernar.

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