sábado, 31 de diciembre de 2011

CEP: El gran fracaso del gobierno



La última encuesta CEP constituyó un duro golpe para el Gobierno. Sin duda se trata del peor fracaso político en los últimos 100 años, con excepción del gobierno de Salvador Allende. Porque no cabe duda que el Ejecutivo hizo un gran esfuerzo para mejorar su aprobación en este último semestre. Pero al terminar el año, los demoledores resultados borran en la percepción de la opinión pública cualquier mejora experimentada en otras encuestas anteriores: no sólo constituye la más baja aprobación desde el retorno a la democracia, sino que evidencia un retroceso en todos los atributos presidenciales e incluso aumenta (al 60%) la desaprobación a la forma en que mandatario y equipo económico manejan la economía -supuesta fortaleza de esta administración-, apodada hoy el "gobierno de los empresarios".




¿Cómo este inicial “gobierno de los mejores” no ha sido capaz de captar la simpatía de la ciudadanía chilena? ¿En qué ha fallado sistemáticamente para no poder lograr algo de benevolencia de parte de la opinión pública? ¿De qué han servido sus obras concretas: eliminación del 7% de salud para los adultos mayores, promulgación del nuevo postnatal, creación de 545.080 mil nuevos puestos de trabajo, fin de listas de espera Auge en hospitales, aprobación ley de inscripción automática y voto voluntario o implementación del Sernac Financiero? ¿A cuánto hubieran llegado los índices de desaprobación sin estas medidas? ¿O definitivamente no provocaron ningún efecto? En este último caso, ¿por falta de relevancia o por mala comunicación?




Como consecuencia de la pérdida de capital reputacional del gobierno, hoy ya nadie -o sólo algunos pocos fanáticos- lo elogia o defiende. Pocos creen en sus discursos y todo anuncio sólo genera escepticismo o abierta incredulidad. Siempre irrumpe el concepto de “la letra chica”, brillantemente instalado y rentabilizado por la oposición. Hasta ahora, la mayor falencia de este gobierno ha sido la incapacidad para lograr el compromiso de las audiencias. Respecto a un eventual apoyo o una tibia defensa de la opinión pública, además de mal visto, es objeto de bullying comunicacional de inmediato, y conlleva altos costos y pocos beneficios para el valiente y arriesgado defensor. ¿Qué pasó con ese 52% que aprobaba al Presidente Piñera en marzo de 2010? ¿Cómo en sólo dos años un equipo gubernamental logra transformarlo en un 62% de desaprobación?



Es que falta mística. Sin duda que se echa de menos ese William Wallace, ese Corazón Valiente que alentaba a sus huestes a luchar por una causa común. Porque a pesar de sus asesores comunicacionales, este gobierno ha sido incapaz de crear un relato que logre enlazar la buena voluntad de todos los chilenos o que despierte algo de fe en esta administración. Quienes sí capitalizan estos proyectos son sus ministros, quienes en forma individual aumentan sus respaldos, sin traspasar nada al Presidente Piñera o gobierno. Tal como lo demostró el sobreexpuesto ministro Longueira, quién, con extraordinaria precisión instaló su relato de lucha contra el abuso y revirtió en poco tiempo sus altos índices de rechazo. Está claro que una buena comunicación jamás podrá ocultar por mucho tiempo una débil gestión -como ya quedó demostrado-; pero una buena gestión jamás podrá brillar sin una buena comunicación.




Hoy ni siquiera todos los jefes de cartera parecen estar comprometidos con la gestión gubernamental. El tiro de gracia fue la renuncia “por motivos personales” de los ministros Bulnes y Galilea. ¿Primera señal de que el barco se hunde y los ratones lo abandonan? ¿O es sólo la constatación del permanente éxodo de funcionarios públicos al sector privado y de la poca capacidad de la administración Piñera para retener talentos?




Los lapidarios resultados de esta encuesta CEP no sólo reflejan un fracaso en las estrategias gubernamentales para captar adhesión ciudadana, sino que también anuncian la anticipación del temido síndrome del pato cojo. Este alto rechazo sumado a un ambiente de fuertes divisiones en partidos políticos, de surgimiento de varios presidenciables en el ejecutivo y de una oposición dispuesta a negar la sal y el agua, permite visualizar desde ya un difícil segundo tiempo presidencial. El conflicto estudiantil, la amenaza de crisis económica mundial y las elecciones municipales -que detonarán todas las pugnas internas partidistas- aumentarán las demandas ciudadanas y dificultarán cualquier intento de revertir índices de desaprobación en un contexto de tardanza del gobierno para escuchar demandas ciudadanas.




¿O este descontento ciudadano se dirige hacia la impactante desigualdad que todavía reina en nuestro país y que el “gobierno de los empresarios” ha asumido gratuitamente? Entonces el legado de reformas de esta administración deberá ser mucho más profundo aún. Para esto se requiere valentía y habilidad para alinear interlocutores tras objetivos comunes. Ojalá no sea demasiado tarde, ya que a pesar de todos los esfuerzos gubernamentales de este último semestre, la desaprobación aumentó significativamente (desde el 53 al 62%). Conclusión: se confirma que seis de cada 10 chilenos rechazan la forma en que Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno.

viernes, 16 de diciembre de 2011

Los que 'no' votaron el reajuste



Fueron 56 votos a favor y 55 en contra. Sólo un voto de diferencia bastó para aprobar el proyecto del Gobierno que reajusta en un 5% las remuneraciones a trabajadores del sector público y concede bonos y aguinaldos (boletín 6087-05). Con total disciplina, la gran mayoría de los diputados se alineó con las posturas de sus conglomerados. O blanco o negro, sin matices, un juego de suma cero, el permanente gallito de fuerza entre gobierno y oposición, independiente del rol que les toque jugar…


¿Algún intento de sujetar remuneraciones del sector público a resultados? ¿Algún debate sobre la necesidad de mantener el estatuto administrativo? ¿Alguna reflexión acerca de la (in)conveniencia de que empleados públicos se rijan por Código del Trabajo, como el resto de los chilenos? ¿Propuestas para que chilenos dejemos de ser víctimas de sus paros, sin perjuicio de la legitimidad de sus demandas? ¿Planteamientos de cómo liberar -o compensar- al usuario víctima de una decisión unilateral del funcionario de un servicio estatal monopólico?


A su vez, ¿propuestas para mejorar las complejas condiciones de trabajo de los empleados públicos? ¿Alguna idea acerca de cómo revertir el sostenido crecimiento de los trabajadores a contrata en los últimos 10 años, haciendo del Estado el peor empleador en Chile? ¿Críticas al silencio cómplice de la Dirección del Trabajo, que calla una situación que no toleraría a un privado? ¿La paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio? ¿Alguna fórmula para que los trabajadores estatales puedan negociar colectivamente? ¿Posibilidades de sindicalización en la administración pública?


Nada de nada, salvo un bochornoso y permanente silencio de nuestras autoridades desde el retorno a la democracia. Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni la Anef, ni cualquier otro interlocutor se han atrevido a instalar la necesidad de modernizar el aparato estatal, limitándose hasta ahora en proteger sus pequeños intereses particulares. Mejor esconder la mugre debajo de la alfombra y hacer como que no ha pasado nada, hasta que la historia se repita el próximo año. De partida, ya está más que claro que la inamovilidad del funcionario público, ha jugado, juega y seguirá jugando en contra de su estabilidad laboral, provocando un verdadero círculo vicioso. Un beneficio que inicialmente entregó seguridad al sector público, hoy se convierte en un incentivo perverso. Los cuidados del sacristán están matando al señor cura…


En los últimos 10 años, el gasto en remuneraciones del personal a contrata ha aumentado en la planilla de remuneraciones de la administración pública desde el 17, 7% (2000) al 34,5% (2010), independiente del color del gobierno de turno. ¿Se mantendrá esta tendencia hasta que se extingan los últimos viejos dinosaurios que persisten en el sector público? ¿Cuándo será el momento de abordar una reforma estructural que permita la modernización del servicio público que Chile se merece? Es discutible que ellos merezcan estar en una situación laboral mejor que el resto de los chilenos, pero también innegable que no pueden estar peor. ¿Inamovilidad vs estabilidad? Es la gran controversia que nadie se ha atrevido a explorar…


Pero una cosa es la política del avestruz del gobierno de turno y otra cosa es la representatividad de nuestros parlamentarios. El reajuste fiscal es materia de ley todos los años y debe ser votada por nuestros representantes en el Congreso. ¿Por qué 9 diputados no votaron este proyecto? No es que hayan votado a favor o en contra. Simplemente no votaron. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Consideraron que no era un tema importante? ¿Sienten que los funcionarios públicos no votaron por ellos, y por lo tanto, no deben representarlos? ¿Tenían otras prioridades en el momento de la votación? ¿O bien hay intereses ocultos que no convenía explicitar? Si la eterna omisión resulta dolorosa, la irresponsabilidad es inaceptable.


Por eso, conoce la votación del proyecto de ley y averigua quiénes fueron los honorables diputados que NO votaron (ni a favor ni en contra), la lista de asistencia y las causas de sus ausencias:


  • Eduardo Cerda; Valparaíso; PDC; 1990-1994, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.


  • Marta Isasi; Tarapacá; IND; 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.


  • Carlos Abel Jarpa; Bío Bío; PRSD; 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.


  • Fernando Meza, Araucanía; PRSD; 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.


  • Andrea Molina; Valparaíso; UDI; 2010-2014; Licencia Médica, pareada.


  • Manuel Monsalve; Bío Bío; PS; 2006-2010; 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.


  • Iván Norambuena; Bío Bío; UDI; 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.


  • Patricio Vallespín; Los Lagos; PDC; 2006-2010, 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia, Pareado.


  • Pedro Velásquez; Coquimbo; IND; 2010-2014; presente en sala según lista de asistencia.


¿Quién controla las inasistencias de los diputados? Nadie ¿Quién controla que los diputados no marquen su asistencia y luego se retiren? Nadie. ¿Quién controla que el honorable elegido por mí me represente? ¿Quién controla que sus gárgaras ante las cámaras de televisión se conviertan en votos de proyectos de ley que las respalden? Nadie. Como está más que claro, cero control. Por eso, urgen las reformas políticas, ante una crisis de representatividad cada vez más profunda.



Columna publicada en La Tercera Online

lunes, 7 de noviembre de 2011

El Consejo para la Transparencia que no fue...





El reciente retiro de la nominación de Samuel Donoso (PPD) al Consejo para la Transparencia coloca al organismo en una difícil posición, impidiéndole en la práctica su trabajo de fiscalizador de la transparencia en la gestión estatal. La inicial decisión comunicada por el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, de no renovar en sus cargos a dos de sus cuatro miembros -su presidente, Raúl Urrutia (RN) y el consejero Juan Pablo Olmedo (afín PPD)- molestó tanto a la Alianza como a la Concertación, desconcertó a toda la opinión pública, pero además inhabilitó al organismo.


De inmediato surgieron los rumores de vendetta política. Aunque siempre se producen tensiones entre Ejecutivo y Consejo para la Transparencia, durante esta administración han sido demasiadas las disputas legales que ha perdido el gobierno de Sebastián Piñera: Fundación Integra por donación de Arjona, negativa del subsecretario Ubilla a publicar correos electrónicos sobre reconstrucción post terremoto, rechazo presupuestario del Ejecutivo para financiar un portal único, cuestionamiento a la permanencia de María Luisa Brahm como consejera en el Sistema de Alta Dirección, exigencia al ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet revelar compra del puente mecano -todavía no cumplida-, además del ingrato episodio vivido por el Presidente cuando era candidato, con motivo de un informe internacional.


Pero aún más sorprendió la presentación al Congreso de los nuevos miembros propuestos por el Presidente Piñera: Samuel Donoso Boassi (PPD) y José María Eyzaguirre García de la Huerta (RN). Desde un principio era evidente que ninguno de los dos lograría la aprobación senatorial necesaria -25 votos, equivalente a los 2/3- para incorporarse como consejero en el organismo. ¿Se trató de un nuevo y torpe autogol del gobierno o de un certero puñalazo por la espalda? Independiente de la intención, su efecto logró desarticular el Consejo para la Transparencia.



Tal como señaló el ex presidente del Consejo, Raúl Urrutia, al dejar su cargo: “es obvio que las funciones del consejo no le van a agradar a ningún gobierno, ni al anterior gobierno, ni a este gobierno, ni a los futuros gobiernos”. Frente a esto, ¿el gobierno no preferiría inmovilizarlo de una vez por todas, deshaciendo de un golpe todo lo avanzado en años en materia de transparencia? ¿Pero cómo justificarlo ante la opinión pública? En un ambiente tan inflamable como el actual, nada mejor que presentar un par de prospectos que genere controversia en todos los frentes…



Al haber terminado el 28 de octubre último el plazo de los dos consejeros salientes, el Consejo actualmente está imposibilitado de operar dado que cuenta sólo con dos integrantes (artículo 40 de la ley N° 20.285 que exige un quórum mínimo de tres consejeros). Actualmente, el organismo está compuesto sólo por su flamante nuevo presidente, Alejandro Ferreiro, y el consejero Jorge Jaraquemada, ex director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Con qué urgencia serán propuestos dos candidatos VIABLES para completar el cupo del Consejo? ¿O seguiremos con el desfile de candidatos no viables? ¿Y así ad eternum...?



Desde un primer momento, la postulación de Samuel Donoso se veía débil. Su renuncia al PPD -con el objeto de cumplir el requisito de no ejercer funciones partidarias- tampoco mejoró la situación. Cercano al controvertido presidente del Senado, Guido Girardi, no sólo concitó rechazo en la Alianza, sino también en toda la oposición. La negociación del ministro Larroulet con ese interlocutor obviamente no fué suficiente, ya que desde el primer momento Carolina Tohá, Ricardo Lagos Weber y José Antonio Gómez se opusieron a su nominación. Su relación estrecha con el senador Girardi y su participación en los casos Mop-Gate, Inverlink o Publicam siempre permitieron anticipar una evidente confrontación tanto con la izquierda como con la derecha. A su vez, respecto a Eyzaguirre, su rol de defensor del general Pinochet en los casos Riggs y Caravana de la Muerte, tampoco permitía predecir una rápida aprobación de todas las fuerzas democráticas. ¿Faltaron dos dedos de frente en la toma de decisión o fue una jugada magistral para desarticular el Consejo? ¿Simple torpeza de haberlos propuesto o decidida intención de impedir el funcionamiento del Consejo para la Transparencia? Solamente lo podremos saber con el nombramiento de los próximos consejeros propuestos por el Ejecutivo y su prontitud o tardanza en la tramitación ante el Senado.



Creado por la Ley N° 20.285 del 20 de agosto de 2008 durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet e iniciado por moción de los senadores Jaime Gazmuri y Hernán Larraín, la misión del Consejo para la Transparencia es promover y cooperar en la construcción de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el derecho de acceso a la información pública por parte de las personas. ¿Estará dispuesto este gobierno a permitirlo?



Columna publicada en La Tercera Online

domingo, 16 de octubre de 2011

Indignados: la chacota de los honorables diputados




En más de 951 ciudades del mundo se escuchará hoy el grito de los indignados. Ciudadanos comunes y corrientes se unen para protestar contra la captura de la política por parte de una elite autopoiética. La utilizan para mantener privilegios en perjuicio de los intereses de una gran mayoría que dejaron de representar hace mucho tiempo. Prueba de ello es la chacota de los honorables diputados en su labor parlamentaria, la que tiene un trato preferencial totalmente diferente al de la mayoría de los chilenos. Al no tener ningún control, al estar lejos del escrutinio de la opinión pública, al no existir fiscalización alguna, la impunidad que se produce debilita aún más a nuestra desprestigiada clase política.


De que los diputados están en otra, no cabe duda. Parece que priorizan otras actividades por sobre su función esencial: participar en la elaboración de nuestras leyes. Un ejemplo de ello es lo ocurrido el pasado jueves 11, en que hubo dos sesiones legislativas -una ordinaria (93ª) y una especial (94ª)- en que correspondía votar varios proyectos legislativos. Uno de ellos era el Proyecto de Acuerdo N° 436, en que la Cámara solicita al Ejecutivo fortalecer y modernizar Gendarmería de Chile.


A pesar de la gravedad de la crisis carcelaria en nuestro país -revelada crudamente después del incendio de la cárcel de San Miguel-, en esa sesión legislativa sólo 55 diputados votaron este proyecto. ¿Dónde estaban los 65 restantes? ¿Se convirtió en opcional la responsabilidad legislativa de nuestros congresistas? ¿O es que definitivamente a nuestros representantes ya no asumen como propia el trabajo de elaborar nuestras leyes? Pareciera que privilegian otras actividades más rentables políticamente, desligándose de su principal responsabilidad…


La iniciativa en cuestión solicita al Gobierno presentar a la brevedad un proyecto de ley que fortalezca y modernice Gendarmería de Chile, profesionalizando sus componentes e introduciendo las mejoras necesarias tanto en las condiciones laborales como las compensaciones económicas de su personal. Sin embargo, al no haber cámaras de televisión, ni manifestantes en las graderías ni tampoco cuantiosos intereses económicos involucrados, muchos honorables al parecer prefirieron no desgastarse en votar. ¿Su rechazo fue al voto electrónico o a la espera el hemiciclo hasta que éste se produjera? ¿Qué tan frecuente es todavía la práctica denunciada hace un par de años por el programa Informe Especial: marcar la asistencia al inicio de la sesión para lograr los quórums necesarios, pero luego retirarse del hemiciclo? ¿Qué motivó a que hubiera tan poca participación en la votación de un proyecto elaborado por ellos mismos para recomendar acciones al Ejecutivo en materia carcelaria? A todos los chilenos nos gustaría una explicación...

Ese proyecto se votó en la Sala, con menos del 50% de los sufragios que debiera haber tenido. ¿A qué se debe este incumplimiento laboral? Cualquier chileno que se ausente de sus labores o se niegue a su trabajo se vería en serios problemas. ¿Por qué esta impunidad flagrante? ¿Quién fiscaliza la labor parlamentaria?

De acuerdo al detalle de votación , quiénes NO votaron estando presentes en la sala según la lista de asistencia , fueron los siguientes diputados:


Ver columna publicada en La Tercera Online

sábado, 8 de octubre de 2011

Lobby de CNC, Adimark, Jobs, Exonerados políticos




No quedó títere con cabeza. Hablamos del proyecto de ley que la Cámara Nacional de Comercio le envió al ministro Jorquera (ley saqueo), de los resultados de la última Adimark, algunas sentencias de los tribunales sobre Derecho del Consumidor, del fraude en los exonerados políticos...

Son tantos temas, que una hora se hace corta...

Si quieres ver este capítulo de Tribunal Abierto, transmitido el 6 de octubre de 2011, denunciando el lobby de la Cámara Nacional de Comercio...

El lobby de la CNC que terminó por sepultar la mesa de diálogo



Para un gobierno que se caracteriza por su continúa política de anuncios, la proclamación del proyecto de ley que modifica el Código Penal causó una gran conmoción en la opinión pública, en las redes sociales y en toda la clase política. Pero además fue un potente éxocet dirigido con gran precisión a la mesa de diálogo entre Gobierno y estudiantes, que tanto ha costado instituir.

El proyecto postula modificar el artículo 269 del Código Penal, tipificando nuevas figuras delictuales, como el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos. Además, castiga la falta de respeto a policías, regula sanciones por bombas incendiarias, facilita la obtención de medios de prueba y establece como agravante el actuar "encapuchado".

Independiente de la legitimidad -o ilegitimidad- de las propuestas, la medida no pudo ser más inoportuna. Sintiéndolo como una afrenta personal, los dirigentes estudiantiles condicionaron de inmediato su participación a la mesa de diálogo, entregándoseles en bandeja un pretexto más para negarse a dialogar. ¿En qué estaba pensando el ministro Hinzpeter al presentar este proyecto de ley? ¿Lo consultó con el ministro Bulnes o actuó de manera inconsulta? ¿En qué pie quedó el titular de Educación para seguir negociando con los estudiantes? Al firmar el proyecto de ley de seguridad pública, ¿pudo prever el Presidente Piñera las consecuencias que iba a tener en Educación?

El día 21 de septiembre, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Eugenio Jorquiera, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Región Metropolitana, Juan Manuel Pozo y el Gerente de Asuntos Corporativos, Claudio Hohmann, exponían sus puntos de vista, manifestando su inquietud ante los daños ocasionados y haciendo un balance de las pérdidas sufridas en los últimos 30 días.

Pero lo que ignora la opinión pública, es que la Cámara Nacional de Comercio (CNC) además le envió un proyecto de ley al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que pretendía modificar el Código Penal, para sancionar efectivamente los actos de violencia, destrozos a la propiedad pública y privada y ataques a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Aprobado por la unanimidad del Consejo de la CNC y redactado por el abogado y también consejero, Miguel Otero, la iniciativa proponía:

-Tipificar claramente los delitos cometidos contra las Fuerzas de Orden y Seguridad –Carabineros y la PDI– y endurecer las sanciones.

-Tipificar como delito los destrozos o daños materiales a bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad y castigar a quienes, con motivo de alteraciones del orden público, ataquen, destruyan o saqueen propiedad fiscal, municipal o particular o se tomen dichas instalaciones impidiendo su normal funcionamiento.

-Eliminar la posibilidad de penar a los infractores sólo a través de multas y establecer la cárcel efectiva como castigo.

-Sancionar efectivamente a quienes injurien u ofendan de hecho o de palabra a un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad en el ejercicio de sus funciones.

En relación al concepto de armas, el proyecto de la CNC busca ampliar su definición y que sean calificadas como tal las bombas molotov, ballestas, arcos, hondas y elementos similares, todas ellas herramientas regularmente utilizadas en actos vandálicos con ocasión de marchas y manifestaciones.

Todas estas medidas fueron incorporadas en el proyecto de ley del ministro Hinzpeter, el que prontamente fue enviado al Congreso. Sólo una semana después -el 27 de septiembre-, la iniciativa legal ya estaba ingresada a la Cámara de Diputados, a la que se le agregaron algunos conceptos teóricos de seguridad pública, pero manteniendo los mismos objetivos:

-Modificación del tipo penal de desórdenes públicos.

-Agravación de las penas por delitos de desórdenes públicos cuando se actúa encapuchado o con otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del hechor.

-Fortalecimiento de la protección de la autoridad, incluyendo a las Fuerzas de Orden y Seguridad cuando actúan en el ejercicio de su labor de resguardo del orden público.

-Facilitación de la obtención de los medios de prueba.

Ante esta agresión gratuita e innecesaria, los estudiantes secundarios y de la Confech decidieron retirarse de la mesa de diálogo, tensionando aún más un conflicto que se arrastra por más de cinco meses. La incapacidad de generar acuerdos quedó de partida reflejada en la intransigencia de ambas partes, basadas en motivaciones ideológicas más que pragmáticas, convirtiendo esta discusión en un gallito de fuerza ante la opinión pública. Por eso, la presentación del proyecto Hinzpeter no sólo sorprendió a la opinión pública, sino al mismísimo ministro Bulnes. Pero, además, logró desvirtuar de una plumada la manida declaración de que éste NO es el gobierno de los empresarios. Otro autogol más para la cuenta del Gobierno.

Mayores antecedentes en programa Tribunal Abierto de Canal Stream


Columna publicada en La Tercera Online

sábado, 1 de octubre de 2011

Los relatos paralelos del ministro Longueira



Definitivamente, el ministro Longueira se las trae. No sólo se ha apropiado de temas que tradicionalmente pertenecían a otras carteras -causando ciertas molestias en sus titulares-, sino que también ha logrado convertir en sexy a un ministerio técnico. Con el mismo presupuesto, infraestructura, dotación y atribuciones, no cabe duda que ya no es la misma institución que dirigía Juan Andrés Fontaine.

Con una gran experiencia en construirrelatos”, el ministro Longueira ha sabido darle un nuevo tono al siempre aburrido Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En un ámbito mayormente técnico -y de desastres comunicacionales-, el reciente relato ha logrado incorporar rostros de chilenos comunes y corrientes; desarrollar guiones esperanzadores, pero desafiantes; escoger escenografías que permitan evidenciar la amplitud de gestión; y hacer brillar las fortalezas, tapando al mismo tiempo los puntos obscuros que quitan realce…

No cabe duda que hoy el rol protagónico ha sido asignado al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), convirtiéndose en el brazo armado del ministerio para visibilizarse ante la ciudadanía. Con un relato de justicia divina, el servicio ha ampliado sus alcances reales, dejando de lado su tradicional función reactiva: ahora, sin necesidad de esperar la acumulación de denuncias, el Sernac -representado por su Director Nacional, Juan Antonio Peribonio- comienza a poner orden en esta selva del mercado chilensis. De pronto, salió a la calle a revisar contratos del retail, banca, telecomunicaciones y cajas de compensaciones, obligando a readecuarlos con la única herramienta que posee, pero que maneja a la perfección: la comunicación.

Con sólo un rol de mediador, la gran amenaza del servicio es la publicidad negativa. Necesariamente requiere recurrir a la justicia para aplicar sanciones compensatorias, para imponer cambios a clausulas abusivas o para obtener compensaciones económicas para miles de usuarios. Si, en cambio, pretende cambiar la normativa vigente, está obligado a recurrir al ministerio para que inicie los trámites legislativos o bien a organismos reguladores para que instruyan circulares. Estas escasas facultades logran que prácticamente el consumidor esté en la más absoluta indefensión en casos de denuncia individual de clausulas abusivas en contratos de adhesión, salvo que cuente con el patrocinio del Sernac. ¿En qué momento empezarán a quedarle chicas las facultades de este servicio al ministro Longueira…?

Pero no sólo de pan vive el hombre…Otros servicios, como el Servicio Nacional de Turismo, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la Fiscalía Nacional Económica (FNE) o el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) han sido mucho más discretos en resultados mediáticos. Si antiguamente el Presidente Piñera intentó ponerles metas de visibilidad a sus ministros -ya definitivamente no cumplidas por los ministros Benítez, Ribera, Álvarez, Pérez, Galilea, Moreno, Parot, de Solminihac, Schmidt, Errázuriz y Larroulet- es muy probable que los directores de los servicios dependientes del ministerio de Economía las tengan hoy día.

Por otra parte, la recurrente promesa del futuro Sernac Financiero podría constituirse en otro hito del relato del ministro Longueira. Presentado en agosto 2010 (boletín 7094-03), el proyecto se encuentra en el segundo trámite constitucional, con suma urgencia a partir del 14 de septiembre. La buena nueva no sólo tendrá cobertura en los medios, sino que también sintonizará con el fuerte sentimiento de desprotección que sienten hoy los chilenos frente al abuso. ¿Construyendo la imagen de un padre protector y eficiente para competir con una madre sobreprotectora?

Pero el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción también desarrolla actividades menos glamorosas. Un ejemplo de ellas ha sido la reciente Mesa de Trabajo Pesquero, creada con motivo del próximo vencimiento de la Ley de Límite Máximo de Captura por Armador. El controvertido acuerdo a que llegó el referido grupo de trabajo -compuesto por representantes del Sector Pesquero Artesanal, Industrial, del Sector Laboral, representante del Sector de las Medianas y Pequeñas Plantas de Proceso, miembros del Consejo Nacional de Pesca y representantes de gobierno - produjo una gran polémica con respecto a las cuotas de pesca, avivada por la agresión del Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, al representante de Pymepes, Alfredo Irarrázaval.

Aparte del fuerte intercambio de acusaciones mutuas de los involucrados, despierta suspicacias un comunicado de prensa del ministerio tan impreciso. Pletórico en bonitas intenciones (reconocer, mantener, respetar, etc…), omite por completo las cuotas de pesca acordadas. Mucho más explícito fue el artículo de La Tercera, titulado “Pesqueras industriales se quedarán con 90% de la cuota del jurel”, en que grafica el grosero reparto de las cuotas pesqueras entre los mismos de siempre, por un período de 20 años y sin licitación. Con el acuerdo cerrado, el gobierno se comprometió dentro de dos meses a enviar un proyecto de ley al Congreso, que legalice esta repartija.

¿Dos discursos paralelos o un doble discurso? ¿Qué influencias actuaron para lograr descartar definitivamente las licitaciones propuestas por el ministro Fontaine? No lo sabemos, pero sí intuimos que a esa gran masa de consumidores -siempre indefensa ante tantos abusos de la concentración económica- le encantaría conocer los argumentos del secretario de Estado para perpetuar las actuales cuotas de pesca de cinco familias chilenas. Pero como bien lo entiende el ministro Longueira, un buen comunicador es siempre esclavo de sus palabras, pero dueño de sus silencios…

Columna publicada en La Tercera Online

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Conflicto Confech: ¿Por la razón o la fuerza?



"No habrá diálogo para discutir el presupuesto, no habrá diálogo para discutir los proyectos que le interesen al Gobierno…” advertía el presidente del Senado, Guido Girardi (PPD). Sus recientes declaraciones, a las que luego se sumaría el senador Juan Pablo Letelier (PS) explicitaban que la oposición no tramitará ningún proyecto de ley del Gobierno, si éste no acepta las garantías exigidas por el movimiento estudiantil para dialogar.

Aparte de asimilarse a una tensa declaración de guerra por parte de la Concertación -o lo que queda de ella- , los dichos del senador Girardi demuestran los intentos de captura de la política por pequeños grupos de intereses. Sin perjuicio de las legítimas aspiraciones del movimiento estudiantil, no cabe duda que éstas no pueden paralizar a todo el resto del país.

Más aún, las controvertidas palabras del Presidente de la Cámara Alta se pueden entender de dos maneras: en primer lugar, como una simple bravuconada, que sólo pretende llamar la atención -en forma algo torpe, pero matonesca-, alinear intenciones y aunar esfuerzos opositores en momentos en que precisamente la Concertación se derrumba. En ese caso, no habría que dedicarle mucha atención, salvo por el peligroso precedente que establece al validar la política del “todo vale”, desprestigiando aún más nuestra debilitada clase dirigente, y en particular la hasta ahora controvertida institución del Senado (falta de representatividad, senadores designados, inasistencias parlamentarias, intereses no declarados y desvíos de fondos estatales para campañas políticas).

Por otra parte, en un escenario ¿favorable?, si la acción resultara consecuente con la declaración -e intención-, y en un eventual caso que se rechazara la ley de presupuesto 2012, se mantendría el presupuesto 2011. Eso significaría que todos los gastos sociales aprobados en este año quedarían fuera de presupuesto: eliminación del 7% de salud para 700.000 beneficiarios, el recientemente aprobado proyecto de ampliación del postnatal, el bono Bodas de Oro o la implementación de la primera etapa del Salario Ético Familiar. ¿Se justificaría que debido a la intransigencia de ambas partes en este conflicto, se suspendieran o postergaran beneficios para otros segmentos más desprotegidos, como mujeres embarazadas o adultos mayores? ¿Quién querría cargar con esta pesada responsabilidad de boicotear estos beneficios? Batalla fácil para cualquier gobierno, salvo éste con su proverbial y permanente ineptitud comunicacional.

Los jóvenes lograron instalar en la opinión pública la urgencia de la crisis educacional, tema que se venía arrastrando desde 1990, sin mejoras evidentes, pero con muchos aplausos, abrazos y shows ante las cámaras. Hoy día existe consenso en la gravedad de la situación, aunque no acerca de sus causas. La ciudadanía comienza a ver con reticencia como distintos grupos intentan privilegiar sus intereses particulares por sobre el bien colectivo.

De hecho, el gobierno ha sido incapaz de desarticular la movilización o de cambiar los ejes de la discusión. Ni siquiera el oportuno lanzamiento del libro “Universitarios: ¡el problema no es el lucro, es el mercado!”, de Patricio Meller, académico de la Universidad de Chile , actual Director de Proyectos de Cieplán y ex presidente del Consejo Asesor para la Equidad Social designado por la ex Presidenta Bachelet, fue aprovechado por los asesores de Palacio para redireccionar el debate. Además, definitivamente la administración Piñera se ha negado a ponerle al gato el cascabel, eludiendo cualquier toma de decisiones y amparándose en tibias posturas que sólo han logrado eternizar el conflicto.

A su vez, los movimientos estudiantiles empiezan a mostrar las primeras señales de divisiones internas, además de ver disminuido el apoyo ciudadano inicial. Ante un escenario en que se reconoce la legitimidad de sus directivas, aparece la sempiterna debilidad de nuestra clase política: la falta de representatividad. En este conflicto estudiantil, algunos cientos de votos no logran representar a todos los estudiantes de nuestro país. Por eso, no cabe duda que -cifras más, cifras menos- el entusiasmo de las movilizaciones ha ido decayendo, contraponiéndose al rechazo que aumenta hacia ciertas figuras, como el caso del presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.

Hoy, la ciudadanía ya comprendió que 70 mil escolares deberán repetir el año, que las universidades tradicionales se encuentran en una insostenible situación económica, que las abiertas discriminaciones continúan hacia la educación técnico profesional -sin representantes en esta movilización-, que se acrecienta el éxodo de alumnos a la educación particular subvencionada y que la gran ganadora es la educación privada: aún cuando se llegara a un entendimiento entre las partes negociadoras, esta suspensión de clases sólo logró consolidar la enorme brecha que existe entre nuestros estudiantes.

La opinión pública constata, en consecuencia, que el tema educacional ha sido capturado por grupúsculos ideologizados -tanto de gobierno como de oposición-, que no buscan consensos, ni acuerdos ni diálogos, sino polarizar una sociedad… y que lo están logrando a través de declaraciones destempladas, exigencias desmedidas o defensas corporativas inconsecuentes.

Dicen que el hombre -mujer, niño o niña- es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Las nuevas generaciones aprenderán de lecciones pasadas o tendrán que vivirlo personalmente?


Columna publicada en La Tercera Online

lunes, 19 de septiembre de 2011

La escasa representatividad de la Cámara de Diputados


¡Y Ciper lo hizo de nuevo!

Ante la profunda crisis de representatividad que existe en nuestro país -Congreso, partidos políticos, organizaciones gremiales, sindicales, estudiantiles, deportivas, etc.- la ciudadanía ha optado por manifestarse a través de movilizaciones propias. Ciper quiso averiguar distrito por distrito cual es la representatividad real de nuestros honorables diputados, conocer qué tanto representan a los habitantes de sus distritos. Queda más que claro que estamos pagando caro nuestro pecado de no participación ciudadana…

Para esto, el Centro de Investigación Periodística cruzó las estadísticas poblacionales del INE y el registro del Servel para dimensionar la falta de representatividad de nuestro sistema político y electoral. De esta manera, se hace omisión de los falaces porcentajes que entrega el Servel, calculados sobre la ciudadanía que sí votó, pero obviando los que no votaron, votos blancos y nulos).

En las últimas elecciones de diputados, más de 5, 5 millones de personas prefirieron no votar por un candidato, lo que representa el 45,68% de los chilenos mayores de 18 años.
De los que sí votaron, muchos lo hicieron por candidatos que no fueron electos. Esto hace que la representatividad real a nivel nacional de nuestros honorables diputados alcance un exiguo 32,54%. Es decir, no representan ni a un tercio de la población mayor de 18 años. Diputados elegidos legítimamente, pero no representativos. ¿Cómo pretender entonces que no haya movilizaciones? ¿Cómo obviar ese permanente malestar -malaise- que ya se convirtió en crónico en nuestro país?

Esto hace que algunos distritos estén muy bien representados: un gran porcentaje de su población mayor de 18 años votó por alguno de los actuales diputados.
El distrito 22, correspondiente a la comuna de Santiago, lidera en representatividad real, con el 58, 18% de su población mayor de 18 años que votó por alguno de sus dos actuales diputados: Felipe Harboe (30,21%) y Alberto Cardemil (27,97%). Le sigue el distrito 19 -Independencia y Recoleta-, en que el 55,45% votó por alguno de sus diputados: Patricio Hales (28,02%) y Claudia Nogueira (27,43%). Habrá que ver si esa votación se mantiene después del escándalo del fraude al fisco… En un glorioso tercer lugar, se ubica el distrito 35 (Chépica, La Estrella, Litueche, Lolol, Marchigue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Pichilemu, Placilla, Pumanque, Santa Cruz), con sus flamantes diputados: Juan Carlos Latorre (27,13%) y Ramón Barros (26,52%), quitado de bulla a nivel nacional, pero pareciera que efectivo en sus tierras.

Al contrario, existen distritos con muy escasa representatividad, en que ante guarismos tan lapidarios, no cabe duda que constituyen un potencial foco de conflicto. En un poco honroso primer lugar, se encuentra el distrito 29 (La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo) que no votó mayoritariamente por los actuales diputados, y por lo tanto, no se sienten representados. Ellos son: José Pérez (7,01%) y Osvaldo Andrade (8,5%). Le sigue inmediatamente el distrito 20 (Cerrillos, Estación Central, Maipú) en que sólo el 15,47% de la población mayor de 18 años proyectada al año 2009 votó por alguno de los actuales diputados: Pepe Auth (7,28%) y Mónica Zalaquett (8, 19%). Ante tan baja representatividad, el conflicto es inminente. En un poco decoroso lugar se encuentra el distrito 30 (Buin, Calera de Tango, Paine, San Bernado), en que sólo un cuarto (25,93%) votó por alguno de los actuales diputados: Ramón Farías (9,19%) y José Antonio Kast (16,74%). ¿Futura fuente de conflicto? Lo más probable.

Los diputados con mayor representatividad real


Las excepciones que sí son representativas de los habitantes de su distrito ni siquiera alcanzan el 33%, salvo el diputado Fidel Espinoza, del distrito 56 (Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue , Río Negro) en la Región de Los Lagos, en que llega casi al 35% de representatividad.


Estos son los 10 diputados mejor evaluados, con un claro predominio de parlamentarios de la Concertación:



  1. Espinoza, Fidel: 34,62%; Distrito 56, Los Lagos; PS; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


  2. Ceroni, Guillermo: 31,2%; Distrito 40, Maule; PPD; 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


  3. Harboe, Felipe: 30,21%; Distrito 22, Metropolitana PPD 2006-2010; 2010-2014


  4. Tarud, Jorge: 29,82%, Distrito 39, Maule; PPD; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


  5. Sepúlveda, Alejandra: 28,52%, Distrito 34, O’Higgins; PRI 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


  6. Hales, Patricio: 28,02%, Distrito 19, Metropolitana; PPD; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


  7. Cardemil, Alberto: 27,97%, Distrito 22, Metropolitana; RN 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


  8. Nogueira, Claudia: 27,43%, Distrito 19, Metropolitana; UDI; 2006-2010; 2010-2014


  9. Latorre, juan Carlos: 27,13%, Distrito 35, O´Higgins; PDC; 1990-1994; 1994-1998; 2006-2010; 2010-2014


  10. Núñez, Marco Antonio: 27,01%; Distrito 11, Valparaíso; PPD 2006-2010; 2010-2014


Los diputados con peor representatividad real:

Hay diputados que ni siquiera alcanzan a representar al 10% de los habitantes de su distrito. Esto además de dificultar cualquier intento de legitimarse, desprestigia con fuerza a toda la política. Más aún, cuando se trata de diputados elegidos gracias a la ingeniería electoral más que a su esfuerzo o sintonía con la ciudadanía o a las designaciones de partidos políticos.



Si bien es cierto que muchos están en su primer período parlamentario, varios de ellos se domicilian en Santiago y privilegian a destacarse a nivel nacional, pero parecieran no representar a sus electores de distrito.




  1. Pérez, Leopoldo: 7,01%, Distrito 29; Metropolitana; RN 2010-2014


  2. Auth, Pepe: 7,28%, Distrito 20, Metropolitana; PPD; 2010-2014


  3. Zalaquett, Mónica: 8,19%, Distrito 20, Metropolitana; UDI; 2010-2014


  4. Andrade, Osvaldo: 8,50%, Distrito 29, Metropolitana; PS; 2010-2014


  5. Farías, Ramón: 9,19%, Distrito 30, Metropolitana; PPD; 2006-2010; 2010-2014


  6. Schilling, Marcelo: 9,62%, Distrito 12, Valparaíso; PS 2006-2010; 2010-2014


  7. Araya, Pedro: 10,04%, Distrito 4, Antofagasta; PRI; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


  8. Bertolino, Mario: 10, 26%, Distrito 8, Coquimbo; RN; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014


  9. Vilches, Carlos: 10,37%, Distrito 5, Atacama; UDI;1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; 2010-2014


  10. Edwards, José Manuel: 10,68%, Distrito 51, Bío Bío; RN:2010-2014


Ante tan baja representatividad, ¿qué futuro nos espera? Sólo las reformas políticas nos podrían salvar de un sistema que colapsa. ¿Será capaz el Gobierno de lograr los consensos necesarios -en especial los fuegos amigos? Esa es la gran interrogante…


Columna publicada en La Tercera Online

martes, 6 de septiembre de 2011

Adimark: De mal en peor



Cuando se pensaba que la desaprobación a la administración Piñera ya no podría ir peor, el Gobierno se supera a sí mismo batiendo todo record imaginable. La última encuesta Adimark es lapidaria por parejo para toda la clase política, pero grafica en especial el gran problema de esta administración: la incapacidad de construir capital político.

Siempre al debe en términos de aprobación ciudadana, este Gobierno se ha superado a sí mismo. La disminución de 3 valiosos puntos de aprobación a la forma cómo el Presidente Piñera conduce su gobierno (de 30 a 27%), contrasta con el aumento del doble de la desaprobación ciudadana (de 62 a 68%). Aún más, en Santiago los índices de desaprobación alcanzaron el 71% de los encuestados.

Por otra parte, los índices de reprobación por segmentos tampoco son benévolos: ABC1, 64%; C2, 65%; C3, 67% y D/E, 71%. En los grupos etarios, los guarismos de rechazo menos: de 18 a 24 años, 82%; de 25 a 35 años, 74%; de 36 a 55 años, 66% y de 56 y más años, 63%. En consecuencia, en todas las categorías, la desaprobación alcanza en promedio a los 2/3 de la población.

¿Qué origina esta evaluación ciudadana tan drástica en un contexto con las mejores cifras económicas en años? ¿Qué diferencia esta administración de los gobiernos de Bachelet, Lagos, incluso Frei y Aylwin, con evaluaciones más benévolas?

El contexto económico no puede ser más promisorio. Una semana atrás, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó nuestra proyección de crecimiento económico para el 2011 al 6,5%. El último Inacer reveló un aumento de la actividad económica en once regiones del país en el segundo trimestre de 2011, con expansiones superiores al 20% en Bío Bío y Aysén. La tasa de desempleo llegó sólo al 7,5% durante el trimestre móvil mayo-julio. Para 2011, incluso se pronostica un aumento de la productividad total de factores (PTF), después de seis años de disminución permanente. Mejor escenario económico, imposible.

Sin embargo, esto no logra atenuar la antipatía que los ciudadanos le tienen al actual Gobierno. ¿Cuáles serán las causas de este fracaso gubernamental? Este gobierno -que iba a tener el mejor Presidente de Chile y que proclamó que en “20 días hemos avanzado más que otros en 20 años”- definitivamente no ha logrado captar la simpatía de la ciudadanía.

Pero no es sólo un problema del Jefe de Estado, sino de todo el Gobierno. De hecho, recién asumido el Presidente Piñera (Adimark, marzo 2010) reflejaba un índice de desaprobación para él de 18%, levemente superior a la reprobación del Gobierno (17%). Sólo 15 meses después, las cifras de rechazo han aumentado, contagiando a toda la administración Piñera: 68% el mandatario y 70% el Gobierno (Adimark agosto 2011).

La política comunicacional de este gobierno ha sido desastrosa. ¿Problema de diseño o de ejecución? Casi un año y medio después, con dos voceros de gobierno y con índices récord de desaprobación, resulta evidente que el diseño de los equipos asesores en esta área no ha estado a la altura deseada. Por otra parte, el historial de autogoles ha demostrado que la ejecución tampoco ha sido pulcra, ensuciando en forma gratuita la imagen del Gobierno e imposibilitando la acumulación de capital político.

¿Será el carácter del Presidente el que lo traiciona frecuentemente? Ante una inteligencia superior al promedio, una personalidad brillante pero individualista y una peligrosa tendencia al egocentrismo, quizás sus asesores lo han obligado a comportarse de acuerdo a cánones tradicionales, haciéndolo diluir su esencia y convirtiéndolo en una mala réplica que pierde y pierde aprobación ciudadana.

¿O quizás la responsabilidad recae en el segundo piso de La Moneda? Evidentemente, María Luisa Brahm y sus asesores no han podido estar a la altura de los equipos comunicacionales de Francisco Javier Díaz, Rodrigo Peñailillo, Ernesto Ottone, Francisco Vidal, Eugenio Tironi o Enrique Correa. No cabe duda de su mejor intención y lealtad con el mandatario, pero…por sus frutos los conoceréis…Le ha salido caro a Sebastián Piñera el contar con un equipo incompetente: 68% de desaprobación ciudadana, más el derrumbe de todos sus atributos (creíble, querido, respetado y liderazgo, percibidos en forma importante por menos del 33% de los chilenos).

Por último, el mandatario tampoco ha contado con una buena gestión comunicacional por parte de sus ministros.
La hoy día casi tierna e ingenua meta impuesta por el Presidente Piñera a fines del año pasado -que al primer trimestre de 2011 el 80% del gabinete superara el 50% de conocimiento- se ha convertido en sólo una buena intención que pavimenta el camino a la debacle…

Casi al año y medio de su mandato, la mitad de los ministros aún no supera el 50% de conocimiento por parte de la ciudadanía: María Ignacia Benítez (20%), Teodoro Ribera (22%), Rodrigo Álvarez (25%), Rodrigo Pérez (28%), José Antonio Galilea (28%), Alfredo Moreno (31%), Catalina Parot (33%), Hernán de Solminihac (41%), Carolina Schmidt (43%), Pedro Pablo Errázuriz (46%) y Cristián Larroulet (50%). El caso de los bajos guarismos de los recientes ministros Ribera y Alvarez contrasta con los índices de los también recientes ministros Longueira y Matthei. Más preocupante aún, los ministros Benítez, Pérez, Galilea, Parot y Larroulet son cada vez menos conocidos por la opinión pública...

¿A qué se debe esta desaprobación generalizada y este bajo conocimiento? ¿Cuáles son las causas de este rechazo ciudadano? Está claro que una buena comunicación nunca podrá ocultar una mala gestión. Tarde o temprano se hará evidente la falta de resultados, como lo comprobaron en cierta medida los ex presidentes Frei, Lagos y Bachelet. Pero por otra parte, es evidente que una buena gestión jamás podrá brillar sin una buena comunicación. Sin resolver el problema comunicacional, será imposible para el Gobierno identificar las otras causas del derrumbe de identificación ciudadana.



Columna publicada en La Tercera Online

lunes, 22 de agosto de 2011

Participación en CNN INVITA como ciudadano invitado



El asesor del Ministerio de Educación, Luis Felipe San Martín, junto al vice presidente de la FEUC, Pedro Pablo Glatz y el invitado ciudadano, abogado de la Universidad de Chile, Andrés Jirón, debaten sobre el conflicto político que se mantiene en torno a la educación.

"Tengo sentimientos encontrados, ya que el movimiento estudiantil ha logrado instalar un tema que se instala hace 50 años, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de la estafa que se produce en términos políticos. Habiendo una ley que regula el lucro nunca se fiscalizó. Hoy día frente a esto es un buen momento para sentarse a negociar. No podemos seguir con los mensajes a través de este tema", señaló el invitado ciudadano, Andrés Jirón.

Según el vice presidente de la FEUC, "el Gobierno se ha cerrado a discutir a discutir los temas estructurales del modelo", aseguró Glatz, "si es que queremos avalar un espacio de discusión, en este caso el Congreso, tiene que existir el compromiso del gobierno de legitimar lo que salga de ese espacio, ese compromiso hoy no existe y por esto el diálogo se encuentra congelado".

En cuanto al compromiso anunciado por el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, sobre sentarse a conversar, San Martín señaló que "el mismo ministro Bulnes es quien ha invitado a todos los actores a dialogar".

"Aquí no estamos intentando mejorar un modelo, lo estamos cambiando de un modelo municipal y donde queremos poner el foco en la calidad de lo que pasa en la sala de clase", señaló el asesor del Ministerio de Educación, asegurando que el Gobierno también a cedido en muchos puntos que han sido planteados en estos meses.

Programa CNN invita

jueves, 11 de agosto de 2011

Los verdaderos culpables de los senadores designados



Mucho se ha debatido sobre los nombramientos de los senadores designados por este gobierno: que el congreso ha perdido legitimidad, que se trata de una estafa electoral, que demuestra la captura del Poder Legislativo por parte de los partidos políticos, o que sencillamente se trata de un abuso de la mecánica iniciada por la designación en la administración Bachelet del ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe (PPD), en reemplazo de la ex vocera de gobierno y ex diputada, Carolina Tohá (PPD).

Sin embargo, nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 51, inciso 3°, establece: “Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido”. Con la misma claridad, en el siguiente inciso especifica con crudeza: “Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados”.

¿Quiénes fueron los precursores de esta cuestionada norma? ¿Quiénes promovieron la abierta discriminación entre partidos políticos e independientes? ¿Y quienes votaron a favor de esta norma en la reforma constitucional del 2005? ¿Quiénes avalaron esta captura de la política, además de una importante pérdida de representatividad ciudadana?

En el año 2000, dos grupos de senadores presentaron sendas mociones que coincidían en proponer modificar el sistema de llenado de vacantes de cargos de diputados y senadores. Al haber sido ingresadas ambas mociones con sólo dos días de diferencia, los respectivos proyectos fueron refundidos. ¿Quiénes fueron sus ilustres autores?

Los responsables de la primera moción (Boletín 2526-07) fueron el ex senador Andrés Chadwick Piñera (UDI, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2011 y hoy Secretario General de Gobierno); el senador Hernán Larraín Fernández (UDI, S: 1994-2002; 2002-2010 y 2010-2018) y los ex senadores Sergio Romero Pizarro (RN, S: 1990-1994; 1994-2002, 2002-2010 y actual embajador de Chile en España) y Sergio Diez Urzúa (RN, D: 1958-1962; 1962-1966; 1967-1973; S: 1973-1973; 1990-1994 y 1994-2002).

A su vez, los responsables de las disposiciones contenidas en la segunda moción (Boletín 2534-07) fueron los ex senadores Sergio Bitar Chacra (PPD, S: 1994-2002 y ex ministro de Estado de los presidentes Allende, Lagos y Bachelet); Juan Hamilton Depassier (PDC, S: 1990-1994; 1994-2002 y ex ministro de Estado de los presidentes Frei Montalva y Aylwin); Enrique Silva Cimma (PRSD, S: 1998-2006, ex Contralor General de la República y ex ministro de Estado del gobierno de Aylwin) y José Antonio Viera Gallo Quesney (PS, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2004; ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Michelle Bachelet, actual miembro del Tribunal Constitucional y casado con María Teresa Chadwick Piñera).

Desde entonces, las vacantes son llenadas por el partido al que pertenece el parlamentario saliente. Los autores de ambas mociones representaron a la perfección los intereses de la Concertación y de la Alianza. Es más, incluso lograron establecer que parlamentarios elegidos como independientes no fueran reemplazados.

Como consta en las actas de la Sesión 9a. de la legislatura 350a. del Senado, de fecha 11 de noviembre de 2003, este nuevo artículo 51 se aprobó con 34 votos a favor y 3 en contra, consagrando el tan criticado sistema de reemplazos de las vacancias parlamentarias.

A favor votaron senadores Marco Aburto (senador designado), Jorge Arancibia (UDI), Edgardo Boeninger (DC, senador designado), Carlos Bombal (UDI), Carlos Cantero (IND, ex RN, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2014); Marco Antonio Cariola (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; S: 2002-2010; 2010-2018); Andrés Chadwick (UDI, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2011 y hoy ministro Secretario General de Gobierno); Sergio Fernández (UDI, senador designado: 1990-1998; S: 1998-2006); Fernando Flores (hoy Chile Primero, ex PPD y ex Unidad Popular, S: 2002-2010,ex ministro de Estado de Allende, actual presidente del Consejo Nacional de innovación para la Competitividad); Eduardo Frei (PDC, S: 1990-1994; 2006-2014; senador designado: 2000-2006 y ex Presidente de Chile); José García (RN, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; S: 2002-2010; 2010-2018); Jaime Gazmuri (PS); Antonio Horvath (RN, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; S: 2006-2014); Hernán Larraín (UDI, S: 1994-2002; 2002-2010 y 2010-2018); Jorge Lavandero (PDC); Rafael Moreno (PDC); Roberto Muñoz Barra (PPD); Jaime Naranjo (PS), Jovino Novoa (UDI, S: 1998-2006; 2006-2014); Ricardo Núñez (PS); Carlos Ominami (PRO); Augusto Parra (PRSD); Jorge Pizarro (PDC, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-20014 y actual impulsor de la arremetida contra la senadora Von Baer); Baldo Prokurica (RN, D: 1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; S: 2002-2010; 2010-2018); Sergio Romero (RN); José Ruiz (PDC); Mariano Ruiz-Esquide (PDC, S: 1990-1998; 1998-2006; 2006-2014); Hosaín Sabag (PDC, D: 1990-1994; 1994-1998; S: 1998-2006; 2006-2014); Enrique Silva Cimma (PRSD); Gabriel Valdés (PDC); Ramón Vega (senador designado); Adolfo Zaldívar (PRI, ex PDC y actual embajador de Chile en Argentina) y Andrés Zaldívar (PDC,S: 1990-1998; 1998-2006; 2010-2018).

A causa de ellos, hoy vemos a Carlos Larraín (RN) en la vacante que dejó el ministro de Defensa, Andrés Allamand (RN); a Gonzalo Uriarte (UDI), en el puesto de la actual ministra del Trabajo, Evelyn Matthei ; Ena Von Baer (UDI), en reemplazo de Pablo Longueira, actual ministro de Economía; y al ex diputado Alejandro García Huidobro, quién ocupó la vacante que dejó el ex senador Andrés Chadwick (UDI), actual ministro Secretario General de Gobierno.

En cambio, como curiosidad, votaron en contra los senadores Fernando Cordero (senador designado), Jorge Martínez (senador designado) y Mario Ríos (RN).



Columna publicada en La Tercera Online

lunes, 1 de agosto de 2011

Cada pueblo tiene el gobierno que se merece



No cabe duda de que la actual clase política abusa de la consuetudinaria mala memoria del pueblo chileno. Son muchos los escándalos de situaciones irregulares -o bien abiertamente delictivas- en que se han visto involucrados políticos o autoridades en estos últimos años. Incluso más, parte del potente rechazo ciudadano se forma en base a esta impunidad existente para una casta privilegiada.


El juramento de Julio Dittborn como subsecretario de Hacienda confirma los acomodaticios límites que se impone la clase política. ¿Auto regulación? ¡Ninguna! Más bien un “trata de desaparecer por un tiempo” y aquí no ha pasado nada. Total, a la gente se le olvida luego… ¿Cuántas irregularidades -de políticos, autoridades de Gobierno, parlamentarios, empresarios, dirigentes sindicales o cualquier persona que abuse de su poder- han sido constatadas por la opinión pública, a pesar de no haber sido sancionadas por el Poder Judicial? Es que a pesar de la falta de control ciudadano sobre los Tribunales de Justicia, la obligación de ceñirse a la normativa vigente permite la impunidad de muchas irregularidades. Ante una ineficacia judicial generaliza, la ciudadanía debiera exigir criterios éticos más altos.

El ex parlamentario UDI era diputado por el distrito 23 (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea) desde 1997, habiendo sido reelegido varias veces, -único distrito en que la Alianza designa a sus dos diputados-. En 2009, el actual segundo de la cartera de Hacienda fue denunciado por el programaInforme Especialde TVN por arrendar casas particulares de empleados de su comando como oficinas distritales, con las asignaciones parlamentarias que entrega el Congreso. Por supuesto que ninguna de esas residencias tenía identificación como comando, ni realizaban actividades legislativas o de atención ciudadana, sino que eran habitadas por las mismas familias de dos trabajadores del ex diputado.

Ante esto, la Fiscalía Regional de Valparaíso comenzó una investigación por fraude al fisco, consistente en el desvío de fondos fiscales a fines particulares. A pesar de que el parlamentario prefirió guardar silencio, recibió el apoyo explícito del entonces jefe de bancada UDI, hoy actual subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, quién sostuvo que ese tipo de situaciones no le hacían daño a nadie…Al final, el ex diputado fue absuelto por falta de pruebas, recibiendo sólo una amonestación de la Comisión de Ética de la Cámara.

Los estándares éticos que la ciudadanía exige hoy a la clase política son mucho más elevados que hace unos años atrás. En tiempos no muy lejanos, bastaba una sentencia absolutoria -siempre posible con un buen equipo de abogados-, un sobreseimiento temporal o un acuerdo con la fiscalía para echarle tierra a cualquier irregularidad. Pero el que no se compruebe el delito no obsta para que esa persona pierda autoridad ante la opinión pública, o peor todavía, contamine al resto de la clase política.

Por eso sorprende la decisión del Gobierno de nombrar a un ex diputado, el cual fue visto por miles de chilenos a través de los medios cometiendo irregularidades.
¿Y es a esa persona que nombran como segundo en el ministerio de Hacienda? ¿Habrá nuevas irregularidades que no alcancen a constituir delito?

Además de confirmar la innegable falta de personas que eleven el prestigio de la actividad política, se consolida el cuestionable precedente -ya existente en este Gobierno- de la impunidad ética. “Si no es delito, no importa. Lo importante es no dejar que te establezcan una inhabilidad legal…, institucionalizando el “hay que saber hacerla”.

En consecuencia, debiera proponerse un monumento a la mala memoria del chileno. Una obra -ojalá con algún valor artístico, histórico y social- que nos recuerde permanentemente nuestra pésima recordación de las irregularidades del mundo político. Y cómo permitimos que personas no idóneas continúen en cargos de poder.

Está claro que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y nuestra pasividad -¿provocada o espontánea?-, nuestra opción por no participar -4 millones de no inscritos en los registros electorales-, nuestra preferencia por postergar los problemas del mundo político, nos asegura que los grupos de poder mantengan sus privilegios. Hoy, al igual que la Concertación en 1987, tenemos que escoger el mejor camino para seguir: ¿nos vamos por fuera o utilizamos la institucionalidad a nuestro favor?

Por eso sorprende ver que un gran porcentaje de participantes en las últimas manifestaciones no esté inscrito en los registros electorales. Tampoco es normal que los ciudadanos aceptemos la imposición de los candidatos designados por las cúpulas partidistas. Por tanto, las ya tan anunciadas reformas políticas pueden ser el único medio para evitar una profunda crisis nacional.

Mientras tanto, un museo de la (mala) Memoria nos permitiría recordar todas las irregularidades de nuestra clase política observadas durante en estos últimos años, la gran mayoría aún impunes. Además veríamos las procesiones diarias a hacer ofrendas florales de políticos como el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn (UDI); el presidente del Senado, Guido Girardi (PPD); la diputada Claudia Nogueira (UDI); el alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI); Luis Ajenjo (DC), ex presidente de EFE; el alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera (PPD)o el diputado Rodrigo Gonzalez (PPD), entre tantos otros…

Columna publicada en La Tercera Online

jueves, 28 de julio de 2011

Educación: la evitable trampa de la polarización



La intempestiva decisión de los timoneles concertacionistas de no asistir a la reunión acordada con el mandatario sorprendió a toda la opinión pública. No sólo plantaron a la máxima autoridad nacional, sino que defraudaron también a un gran porcentaje de chilenos que demanda una solución a la actual crisis educacional. ¿Esta inasistencia ayudaba en algo? ¿O sólo fue un estéril intento por polarizar la situación?

Hasta ahora, el movimiento estudiantil contaba con la simpatía ciudadana. Además, después de las últimas encuestas y en un contexto de animadversión en contra de toda autoridad, era plausible que la población desquitara furiosamente en contra del Gobierno. Sin embargo, la reacción fue muy controvertida. Algunos apoyaron la decisión, pero otros, en cambio, se indignaron ante la negativa a negociar un acuerdo que todo Chile espera. Más aún, cuando todos ellos -salvo Carolina Tohá- reciben un sueldo pagado por nosotros los chilenos y ni siquiera cumplen con su obligación de asistir al Congreso…

Al igual que en nuestra actual política nacional, la crisis de representatividad también ha alcanzado a otras organizaciones, ya sean estudiantiles, sindicales o gremiales. Como hemos comprobado últimamente, el Congreso pierde legitimidad día a día, al igual que la Fech, Feuc, Confech, CUT, Sofofa, ANFP o el Colegio de Profesores. Nuestra arraigada falta de participación ciudadana -¿espontánea o provocada?- permite que grupúsculos bien organizados capturen fácilmente las estructuras de poder.

Sin embargo, las opiniones siempre estuvieron divididas en el tema educacional. Muchos padres viven con angustia que sus hijos no puedan asistir a clases durante más de 75 días, viendo con estupor que esta situación es avalada por los partidos opositores. En momentos en que alumnos arriesgan el año -o pierden competitividad frente a sus pares que sí tienen clases-, observan cómo el conflicto se alarga indefinidamente. Y también constatan que grupos de estudiantes elegidos democráticamente, bien organizados -pero que no necesariamente representan a la mayoría silenciosa-, toman decisiones que involucran a todos los demás alumnos. ¿Pero por qué la falta de representatividad no iba a afectar a las organizaciones estudiantiles? ¿No es acaso un mal endémico nuestro?

En 2009, la Universidad de Chile contaba con más de 24 mil estudiantes de pregrado y 6 mil de postgrado (Wikipedia). Camila Vallejo, su actual presidenta fue elegida con 2.918 votos -menos del 10% del alumnado y sólo 70 votos más que el segundo lugar, Francisco Figueroa-. A su vez, la Pontificia Universidad Católica tenía al 2010 cerca de 20 mil alumnos en pregrado y 3.800 en postgrado. De ellos, sólo 5.529 alumnos votaron por Giorgio Jackson, actual presidente de la Feuc. Corresponde a un poco más del 20% del total de alumnos, venciendo por sólo 364 votos a Ricardo Neumann, segundo lugar.

En consecuencia, ¿cómo saber qué porcentaje de alumnos de esa inmensa mayoría silenciosa está de acuerdo con los paros -único punto de desacuerdo entre rectores y Confech-? ¿Será mayor o menor que esa gran colectividad nacional que no se identifica con ninguna de las dos coaliciones políticas?

Hace menos de una semana, el senador José Antonio Gómez (PRSD) expresaba : “La Concertación está superada”. Tan sólo hace pocos días, el senador Ignacio Walker(DC) declaraba no saber en qué consistía el anunciado segundo tiempo del Gobierno, sin percatarse que también comenzaba a correr para la Concertación con su inédito 68% de rechazo. Poco después, el diputado Osvaldo Andrade (PS) exigía que la comunicación del Gobierno con los partidos fuera con sus directivas: “El diálogo debe ser institucional, señaló durante el fin de semana el ex ministro. El mismo día de la frustrada reunión -una hora y media antes- Carolina Tohá en el programa radial “Alerta Temprana” (radio 95.3 FM) aclaraba que mientras el Presidente anunciaba su intención de invitar a los timoneles de la oposición, ellos simultáneamente le pedían una reunión para hablar de la crisis de la educación.

Aún está presente el conmovedor recuerdo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, con su flamante ministra de Educación, Yasna Provoste, y acompañadas de José Antonio Gómez, Camilo Escalona, Carlos Larraín, José Antonio Viera Gallo, Soledad Alvear, Sergio Bitar y Hernán Larraín, todos manos en alto, celebrando ante la opinión publica el envío al Congreso del proyecto sobre educación pública: la Ley General de Educación. ¿Qué ocurrió desde entonces? ¿O sólo fue una gran tomadura de pelo a todos los chilenos y chilenas?

Ante este provocado clima de polarización, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, puso paños fríos. Su invitación a los representantes -¿representativos o sólo legítimos?- de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y Colegio de Profesores traerá tranquilidad hasta el próximo lunes.

Pero además confirma que hoy los partidos políticos no sólo no representan intereses de sus electores, sino que ni siquiera sirven como intermediarios entre ciudadanía y Gobierno. Como queda demostrado en movilizaciones como las de jueces y fiscales, Marcha por la Igualdad, habitantes de Dichato, Calama o Magallanes, trabajadores de Collahuasi, Codelco o Escondida, contra Barrancones o Hidroaysén, Ciclistas Desnudos o El parque no se toca, entre otras, los dirigentes de los partidos políticos no se necesitan…

Efectivamente, este segundo tiempo comenzó. Pero pareciera que algunos no se percatan que a ellos también les toca. ¿O en realidad para la clase política comienzan los descuentos? ¿Es la nueva forma de exigir…?


Columna publicada en La Tercera Online