jueves, 17 de febrero de 2011

Caso JVR: lo mismo, con nuevas moscas


El relato de un gobierno se construye en el tiempo a través de numerosos hitos o señales. Las desafortunadas declaraciones de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe a sus antiguos y ¿futuros? electores, lograron finalmente amojonar el discurso presidencial - hasta ahora confuso, voluble y maleable ante la interminable contingencia-. Quedó claro que el principio que rige el actuar del gobierno es uno maquiavélico: el fin justifica los medios. Este antiguo pero potente silogismo, que pareciera ya haber inspirado al mandatario, significa: “Miente, roba, estafa, haz trampa, ¡pero que no te pillen! Si legalmente no se demuestra una irregularidad, no te preocupes. En Chile nunca ha existido la responsabilidad política…”

Por eso, el programado viaje del Presidente Piñera junto a Magdalena Matte, ministra de Vivienda y Urbanismo, a la Región del Bío Bío, no sólo servirá de barómetro para medir la presión atmosférica en la zona, sino también para ponerle la última cereza al pastel comunicacional: concluir el errático relato gubernamental. No cabe duda que hoy la cara del mandatario, de la ministra Matte, sus declaraciones, las actitudes de los parlamentarios o las reacciones de la población penquista, revelará mucho más que cualquier declaración pública o comunicado de prensa. ¿Qué tanto respaldo seguirá teniendo la intendenta? ¿Habrá manifestaciones a favor? ¿O en contra? ¿Cuánto fue el costo para su reputación? ¿Se justificó la asesoría comunicacional pagada por todos los chilenos?

Y es que los relatos presidenciales, ministeriales -o de cualquier autoridad- se construyen a partir de hechos y no de discursos. Todo lo que diga, declare, repita, recite o declame el Jefe de Estado, le entrará a la opinión pública por un oído y le saldrá por el otro. Mientras tanto, ésta observará todo que el mandatario HACE y sus acciones precisamente consolidarán ese relato. Porque éste no se construye a través de los discursos de las autoridades, sino a través de la re-significación que hacen las audiencias. Por lo tanto, será interesante evaluar qué sucede con las partes involucradas en el futuro. ¿Serán capaces de hacer olvidar este episodio en sólo tres años, aún con todos los recursos fiscales? ¿Al país entero?, ¿A los electores regionales? ¿A los demás partidos de la coalición? Desde ya, este impasse afectará el ya debilitado atributo de credibilidad del Presidente. Avalar a un subalterno en una flagrante mentira, vista por la gran mayoría de los chilenos a través de los medios, refuerza la desconfianza que siente la ciudadanía hacia la figura presidencial. No cabe duda que este atributo no es valioso para el Presidente Piñera, al no ser posible su reelección. Por lo mismo, ¿prefiere legar este problema a la Alianza?

Siempre en política ha primado “el tanto tienes, tanto vales”. Sin embargo, nunca había sido asumido tan explícitamente por la UDI como ahora. “¿Qué diría Jaime?” es la pregunta que muchos gremialistas comentan en voz baja, al ver los discutibles espectáculos de una intendenta mintiendo a sus eventuales electores y de sus directivos defendiéndola. En todo caso, en una época en que el votante elige al mal menor, es una apuesta arriesgada de la UDI en la región. Mucho se ha discutido acerca de la última elección presidencial: ¿la ganó Sebastián Piñera o la perdió la Concertación? En este caso, para romper el doblaje, ¿el votante RN votará incondicionalmente por la ex alcaldesa?, ¿el elector independiente -la gran mayoría- sufragará a favor de la falaz intendenta? Obviamente aún le queda mucho trabajo al senador Alejandro Navarro, pero está bien encaminado.

Un escándalo es ninguno, podría pensarse. Pero ya son demasiados los casos que demuestran que la UDI se mueve al filo de la ética, al borde de lo permitido, al límite de la irregularidad: el ex alcalde Gonzalo Conejo, el alcalde Mario Olavarría y la alcaldesa Carolina Plaza, la diputada Claudia Nogueira, el ex diputado Julio Dittborn y ahora la intendenta del Bío Bío. Sin sanciones del partido, ya no son casos aislados sino que hacen recordar la controvertida ideología de la corrupción, atribuida entonces a los partidos de la Concertación.

Por su parte, Renovación Nacional, socio estratégico en la Alianza, tampoco olvidará fácilmente este episodio: la diferencia de criterio aplicado con Ximena Ossandón, ex vicepresidenta ejecutiva de Junji, con su ahora casi tierno e ingenuo “reguleque”. ¿Qué es más grave: la culpa o el dolo? ¿O dependerá del peso político de los involucrados y no de sus acciones?

Y es por eso que la ratificación de la intendenta consagra el principio de impunidad política, tan duramente criticado en tiempos de la Concertación. Esta falta de castigo permanente de la elite dirigente es lo que irrita a la ciudadanía. Estas infantiles explicaciones que tratan de desviar la atención sólo logran encolerizar a la opinión pública. ¿La nueva forma de gobernar…? ¡Lo mismo y más torpes! Perdón por mi francés: la misma merde, pero con otras moscas …

Columna publicada en La Tercera Online


jueves, 10 de febrero de 2011

El opaco tejado de vidrio en la pol{itica


A pesar de una ciudadanía curtida con los abusos de poder de autoridades durante los últimos gobiernos, la polémica contratación de Extend Comunicaciones S.A. por parte del Gobierno Regional del Bío Bío revive un antiguo debate. La intendenta Jacqueline Van Rysselberghe vive complejos momentos políticos, envueltos en una maraña de distintos intereses: declaraciones propias sobre subsidios, pugna de poderes entre RN y UDI, cuestionamientos de la oposición, incautación por la PDI de fichas de inscripción de vecinos de La Aurora, ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, involucrada, compromisos de una nueva forma de gobernar y, por último, la urgente necesidad de construir y/o reconstruir los hogares de muchos compatriotas.

A pesar del llamado público hecho a través de Chile Compra, el costo de la asesoría –ascendente a $38.441.394- corresponde a una asignación directa (orden de compra Nº 831-49-SE11 del 31 de enero) de la Subdere, sin la aprobación del Consejo Regional. Por lo mismo, sorprende que la defensa comunicacional de la ex alcaldesa sea financiada por todos los chilenos, más aún después de su anuncio en que descarta renunciar, del tibio apoyo del ministro del Interior, de las declaraciones de la ministra Matte y de los desórdenes administrativos investigados por la Contraloría en su gestión en la municipalidad de Concepción. Desde ya surge la duda si esta asignación fue autorizada por Miguel Flores, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo– y ex director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán- o bien derechamente por alguna otra autoridad superior. ¿Quién se hace responsable de esta decisión ante la opinión pública?

Por supuesto, han sido muchos los políticos que han aprovechado esta situación para hacer gárgaras sobre transparencia: el senador Alejandro Navarro (MAS), el diputado Osvaldo Andrade (PS), el diputado Gabriel Ascencio (DC) y toda la Concertación en general. Muy sólido fue el ataque que hizo el presidente (s) de la Democracia Cristiana (DC), diputado Fuad Chahín: no sólo anunció la presentación de una acusación constitucional en contra de la intendente penquista “por infracción de los principios constitucionales de legalidad, probidad y transparencia”, sino también la interposición de una “querella criminal en contra de quienes responsables por los eventuales delitos que se pueden haber cometido en el marco de esta situación, fundamentalmente delitos de fraude al fisco, malversación de recursos públicos, falsificación ideológica de instrumentos públicos y posiblemente asociación ilícita en distintos grados, consumado, en tentativa o frustrado” (audio).

Esta loable defensa del diputado Chahín sobre la necesidad de transparencia, hecha con tanto ímpetu y convicción, suscita de inmediato ciertas reflexiones acerca de la oportunidad -¿oportunismo?-, pertinencia y mendacidad sobre la transparencia política. De hecho, si nosotros revisamos la nómina de asesorías externas de los honorables diputados durante el 2010 –documento que todos los ciudadanos debiéramos ver al menos una vez al año-, en su página 5, fila 5, aparece la contratación por dicho parlamentario de un estudio para la “Moción que modifica el D.L. 701 de fomento forestal y asesoría para la elaboración de indicaciones al proyecto de ley que establece penas accesorias al delito de abigeato (boletín 7058-07)” ¿WTF? Este proyecto de ley fue presentado el 8 de julio del año pasado por 10 diputados –entre los cuales no estaba el diputado Chahín-, encontrándose sin movimiento desde el 17 de agosto. Seguramente por esta razón, y preocupado por la demora del proyecto, en diciembre este parlamentario contrató por $ 1.824.657 a la empresa “Inversiones y Asesorías MADA Limitada” (fono 56-2 460 80 50) para que ¿redactara una segunda moción para legislar sobre las penas del abigeato? Según esta nómina, el estudio se habría hecho entre el 1º y el 20 de diciembre. ¿Dónde está? ¿Es posible acceder a ese importante estudio pagado por todos nosotros los contribuyentes? ¿Fue un aporte útil para la industria ganadera?

El gran problema de este elogiable profesionalismo es que ese teléfono corresponde al estudio jurídico Abdala & Cía. , fundado en 1988, ubicado en Santa Lucía 330, piso 2, fono 56-2 460 80 50 y al cual pertenece el diputado Fuad Chahín Valenzuela. ¿Simple coincidencia? ¿Práctica común en nuestra política? ¿Nadie en el Congreso se dió cuenta? ¿Es creíble su disertación sobre la intendenta? ¿Esto es más grave o menos grave que las maquinaciones de la intendenta Van Rysselberghe? En este caso, ¿se justifica el debate sobre el fin y los medios?

Y nosotros, ¿seguiremos aceptando estos mecanismos o asumiremos de una vez por todas que los estándares de transparencia han aumentado?
Aunque estas prácticas siempre han existido-los ex diputados Maximiano Errázuriz (RN), Julio Dittborn (UDI) y Laura Soto (PPD) se dignaron no repostular a sus cargos, después de acusaciones de irregularidades-, en cambio, otros parlamentarios gozan de excelente salud política: Guido Girardi (PPD), Claudia Nogueira (UDI) o Rodrigo González (PPD).

¿Seguiremos observando cómo la impunidad sigue perpetuándose en nuestro país? ¿O presionaremos para que se cumpla la promesa de una nueva forma de gobernar?

Ese es el dilema: ¿discurso o realidad?
Columna publicada en La Tercera Online

lunes, 7 de febrero de 2011

Gobierno: ¿esperando el 33%?


Esta cifra, símbolo de buenas noticias después del rescate minero, podría convertirse en un muy mal presagio si habláramos de aprobación presidencial. Según la última encuesta Adimark, por primera vez el índice de desaprobación presidencial (46%) superó al de aprobación (41%). De la misma manera, los índices se traspasaron a la gestión del Gobierno, con índices de 45% versus 44%, respectivamente. La hasta ahora inédita inversión de estos guarismos -que grafica la fuerte y rápida pérdida de capital político- pareciera no preocupar a los asesores del Jefe de Estado. ¿Están esperando para reaccionar que la aprobación al mandatario alcance el piso sicológico del 33%?

Escasas han sido las reacciones en el Palacio de La Moneda respecto a estas cifras. Hasta ahora, no se han visto cambios importantes en voceros, equipos de asesores, estilos de discursos o comportamientos presidenciales. ¿Época de vacaciones? ¿Minimización de valoración de la opinión pública? ¿Desorientación de hacia dónde apuntar los dardos comunicacionales? ¿O bien esta calma deriva de la confianza depositada en las próximas reformas del Gobierno?

Este será un año clave, con anunciadas modificaciones legislativas en siete áreas: 1. Salud (eliminación descuento 7% jubilados y flexibilización post natal femenino); 2. Delincuencia (implementación Ministerio Seguridad Pública); 3. Política (aprobación voto chilenos en exterior); 4. Pobreza (promulgación ingreso ético familiar y creación Ministerio de Desarrollo Social); 5. Medioambiente (reemplazo Conama y Coremas por nuevos servicios); 6. Modernización del Estado (gestión más eficiente con menor burocracia); y 7. Educación (reforma aprobada y lista para implementación). Si todo sale según la planificación del mundo privado, el Presidente Piñera debiera lucirse.

Sin embargo, hay dos obstáculos que podrían impedir la recuperación de la popularidad presidencial: la falta de mayoría oficialista en ambas cámaras -que impide, entorpece o diluye el avance de cualquier proyecto-, y el tiempo indispensable para que la ciudadaná visualice sus efectos. La no percepción de resultados visibles podría impedir revertir la tendencia a la baja de la aprobación presidencial. Más aún, gracias a la pirotecnia comunicacional proporcionada por el mismo mandatario (piñericosas, aterrizajes o partidos), los resultados de los proyectos legislativos podrían pasar desapercibidos.

Por otra parte, a pesar de ser éste un año clave para el gobierno -sin presiones eleccionarias-, la aparición de los próximos comicios municipales ya tensiona el ambiente en la Concertación. En la Alianza, en cambio, están adelantados, ya que las fricciones son por el adelantamiento de las presidenciales: además de los cinco presidenciables en La Moneda, empiezan los roces por la fórmula de designación o elección del próximo candidato presidencial.

¿Sería terrible llegar a las municipales con un 33% de aprobación del Gobierno? Para el conglomerado oficialista, sí; para el Presidente Piñera, también. La tensión se nota en la Alianza y ya genera los primeros tiros hacia el Gobierno, prueba de un cierto nerviosismo. Una semana atrás, David Gallagher, analista del CEP, declaraba que le “gustaría ver a Piñera reseteado”. Hace unos días, Patricio Dussaillant, profesor de en Gestión de Crisis Comunicacionales de la PUC, instalaba a través de este medio el tema de un eventual reemplazo del segundo y/o tercer piso, los que “asesoran al Presidente, con más voluntarismo que conocimientos”. Ayer, el senador Novoa también señalaba en entrevista en Reportajes, que el segundo piso debía cuidar la exposición del Presidente. Aún más, pasadas las elecciones municipales aumentará la desafección de los partidos de la Coalición por el Cambio (UDI, RN, CH1 y MHC): si pierden los candidatos oficialistas, el desapego a la figura del mandatario crecerá, complicando tanto su gestión ejecutiva como legislativa; si ganan, también, ya que sólo se anticipará el síndrome del pato cojo.

Más aún, el impasse provocado por las declaraciones de la ex alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe, que involucra también a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, necesariamente dejará heridos. Difícil será la decisión que tendrá que tomar el mandatario- oel ministro Hinzpeter en su reemplazo-: si destituye o pide la renuncia a la intendenta del Bíobío, acogiendo la aplaudida doctrina Allamand del fin de los grupos privilegiados, es evidente que provocará un alejamiento de la UDI. Al revés, si la mantiene en su cargo, validará la larga tradición de impunidad de la Concertación -que la ciudadanía rechaza con fuerza- y tensará la relación con RN, en especial después de la destitución de Ximena Ossandón en la Junji -con una declaración igual de torpe, pero con culpa y no dolo-, además del inevitable distanciamiento que generará con la ministra Matte y su entorno.

Con una mayoría adversa en el Poder Legislativo, con conflictos sin resolver en el conglomerado oficialista y con una fuerte tendencia a la baja en la evaluación ciudadana, sería de alto riesgo apostar a un sólo número la política comunicacional del gobierno: al éxito de las siete reformas anunciadas. Las modificaciones en el Segundo Piso debieran hacerse ahora, para que los titulares salgan a jugar en marzo.
Columna publicada en La Tercera Online

martes, 1 de febrero de 2011

¿ QEPD la antigua forma de gobernar?


Existe consenso sobre la falta de resultados de los asesores presidenciales en dotar de un relato central al gobierno. Aún ahora, después de más de un año de las elecciones presidenciales, las críticas y recomendaciones de expertos, adversarios y partidarios se mantienen e incluso se intensifican.

Si se les preguntara a los chilenos cuáles fueron los hechos más significativos del gobierno del Presidente Piñera en su primer año, lo más probable es que la gran mayoría recordaría sólo el rescate minero -acontecimiento no programado, pero bien aprovechado-. ¿Alza de impuestos para la reconstrucción, gran acuerdo educacional o negociación sobre subsidio gas magallánico? ¿Serán éstos recordados por la ciudadanía como hitos importantes? Para qué hablar de ingreso ético familiar, eliminación del 7% de salud a jubilados, uniones de hecho o ampliación del post natal, que hasta ahora se ven sólo como promesas incumplidas…

Los asesores presidenciales olvidan, que al igual que nuestros hijos con nosotros sus padres, los ciudadanos evalúan de acuerdo a lo que el gobierno HACE y no a lo que DICE, siendo especialmente críticos cuándo no existe coherencia entre el decir y el actuar. Con una agenda capturada por las piñericosas y polémicas tan evitables como las elecciones ANFP o el aterrizaje forzoso en helicóptero, pareciera que el mandatario y sus asesores se esforzaran en construir un relato paralelo, dónde lo anecdótico deja en segundo plano lo importante, aportando en forma permanente una seguidilla de HECHOS menores, irrelevantes pero llamativos, capaces de desvirtuar y desinflar cualquier DISCURSO comunicacional.

La gran capacidad de gestión -unos de los mayores atributos presidenciales en las encuestas-, queda oculta bajo los estériles esfuerzos dirigidos a “anunciar los anunciosque intentan infructuosamente reforzar el incipiente relato del gobierno, pero sólo lo debilitan en un contexto de baja credibilidad.

Por el contrario, sólo 15 días bastaron al nuevo ministro de Defensa, Andrés Allamand, para construir un sólido relato respecto a su cartera: transparentar las instituciones de la Defensa Nacional. Las renuncias del ex ministro Ravinet (quién se opuso desde el inicio al requerimiento del Consejo de Transparencia), del general Le Dantec, Jefe del Estado Mayor Conjunto, del general (R) Izurieta, subsecretario de Defensa (no aceptada) y de Cristián Pizarro, agregado cultural en España involucrado en irregularidades de la Regata Bicentenario, se convirtieron en fuertes señales para el mundo militar… y la opinión pública.

Los sumarios iniciados en Contraloría, el cuestionamiento al contrato de parientes del general (R) Ricardo Ortega, el traspaso de la administración al Ministerio de Hacienda de los recursos reservados, la disolución del Consudena (Consejo Superior de Defensa Nacional) y el envío de un nuevo proyecto sobre la Ley del Cobre, reflejan una firme intención de poner orden en el Ministerio de Defensa, el que durante casi 50 años se ha manejado con escasa transparencia. ¿Cuántas campañas políticas se habrán financiado con los fondos de la cuestionada ley cuprífera? ¿Cuántas irregularidades se habrán realizado bajo el pretexto de la seguridad del Estado?

El titular de Defensa ha limitado sus discursos en este tenso ambiente. En una ceremonia en Lolol -¿agendada con tiempo o improvisada recién?-, el ministro Allamand elogió la labor posterremoto de las FF.AA., frente al jefe de la Fach, Jorge Rojas y al comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba (éste último especialmente invitado ante señales de que no iba a asistir).

Es decir, en dos semanas el ministro Allamand construyó un certero y potente relato político de su cartera, además de enlazarlo perfectamente con el talón de Aquiles de los últimos gobiernos de la Concertación: la falta de transparencia. Fueron precisamente estas prácticas políticas las que alejaron a una gran cantidad de electores del proyecto concertacionista. La permanente sensación de impunidad de ciertos grupos de poder fue lo que motivó un cambio de dirección en la política de nuestro país. El ex senador, con una economía de anuncios y basado en hechos concretos -totalmente antagónica a la forma de comunicar del mandatario- captó la atención de la opinión pública en un tema que convoca a muchos ciudadanos: el fin a la impunidad.

Por eso, resulta doblemente interesante la irrupción del discurso del titular de Defensa:de partida, porque provoca un inmediato impacto en las comunicaciones de todos los presidenciables, obligándolos a centrarse en el HACER y no tanto en el DECIR. Pero además porque consolida un importante precedente en los estándares de nuestro ámbito nacional, al intervenir definitivamente los parámetros de impunidad política. Hoy, desterrado el constante ambiente de permisividad de décadas, si se descubrieran casos como los de CIMM, Subsecretaría del Trabajo, Chiledeportes, Conadi, Gobierno Regional de Valparaíso, compra de aviones Mirage, Registro Civil, becas Valech, EFE, entre tantos otros, no cabe duda que las reacciones ciudadanas serían mucho más adversas.

Por eso, esa veta comunicacional descubierta por el ministro Allamand podría servir a todos los ministros -e incluso al Jefe de Estado- para la elaboración de un nuevo y anhelado relato de gobierno, el que aún se vislumbra tímidamente: “emparejar la cancha para todos”, la promesa no cumplida de la Concertación, desarmando los grupos de poder que aún abusan de las mayorías. ¿Que en paz descanse la antigua forma de gobernar?
Columna publicada en La Tercera Online