El cuento del Lobby Feroz

Loable resulta la iniciativa de la Presidenta Bachelet de incluir en el nuevo instructivo sobre probidad la exigencia de registrar las reuniones entre autoridades y lobbystas, de manera de transparentar la acción pública y prevenir irregularidades. Con esto, se pretende publicitar y transparentar reuniones y puntos acordados con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Sin embargo, al no estar definido el concepto de lobby en nuestra legislación, esta disposición se hace imposible de aplicar y fiscalizar en la práctica. En efecto, somos pocos los que declaramos hacer lobby, ya que la gran mayoría de los lobbystas camufla sus acciones bajo otras figuras.
Ya en noviembre del año 2003, como consecuencia de una de las tantas agendas de probidad, se ingresó al Congreso un proyecto de ley que regulaba el lobby. Este proyecto entrega una definición del lobby, y establece la obligatoriedad de un registro de lobbystas, dos requisitos esenciales para el cumplimiento del instructivo de la Presidenta. A pesar del tiempo transcurrido, de todos los hechos de corrupción descubiertos, de las declaraciones de repudio de dos gobiernos sucesivos, de las múltiples manifestaciones de rechazo de políticos de ambos sectores, ese proyecto aún no se convierte en ley.

Quizás porque en el lobby no intervienen mandos medios que pudieran servir como fusibles políticos, la promulgación de esta ley se ha visto demorada y entorpecida en forma inexplicable.
Mientras tanto, sigamos jugando en el bosque.

ANDRES JIRON SANTANDREU
Abogado MBA

Carta publicada en La Nación el 28 de Enero, y en El Mercurio y en La Tercera el 30 de Enero de 2007.

Discurso increíble

Los resultados de las últimas encuestas políticas destacan la enorme diferencia existente entre los índices de aprobación de la Presidenta Bachelet y los de la Concertación y de la Alianza. Se desprende además una alta percepción de corrupción dentro de la administración estatal y de partidos políticos. La ciudadanía ha constatado las múltiples irregularidades cometidas en estos años por autoridades políticas, tendientes más que nada a una autoperpetuación en el poder.
Quizás por esto, la Presidenta Bachelet optó por un gabinete con rostros nuevos, “en que nadie se repitiera el plato”, aún a sabiendas de los altos costos de instalación para su gobierno.

Numerosos dirigentes de partidos políticos, senadores y diputados han mantenido una larga permanencia en sus cargos. Muchos comenzaron sus funciones con el retorno de la democracia en 1990, y han permanecido en sus cargos en forma ininterrumpida o alternadamente.
Y a pesar de toda su trayectoria y experiencia, la sociedad civil no ha visto una efectividad en el cumplimiento de acuerdos para una mayor transparencia y modernización del Estado. En la penúltima de las agendas de probidad, correspondiente a la del año 2003 y acordada por la Concertación y la Alianza, se establecieron iniciativas como el control de calidad en la gestión pública, el defensor ciudadano, la regulación del lobby, el perfeccionamiento del fuero parlamentario, adecuación de las inhabilidades parlamentarias y modernización de la Contraloría General de la República, acciones que todavía no se implementan.

Después de las permanentes declaraciones, manifestaciones y mea culpas de la clase política en el tema de la corrupción, el ciudadano común y corriente comienza a percibir una falta de voluntad real respecto a la autorregulación, y una total incoherencia entre discurso y acción.

ANDRES JIRON SANTANDREU
Abogado MBA


Carta publicada en El Mercurio y en Diario Financiero el 15 de Enero de 2007, y en Estrategia el 17 de Enero de 2007.