Providencia: el premio que no fue

El desmentido que hizo la embajada de España respecto a aclarar que el premio recibido por la Municipalidad de Providencia no eta un galardón entregado por el gobierno de España, dejó al alcalde Labbé en una difícil situación. Si bien es cierto que dicho municipio fue galardonado con el Premio Iberoamericano de la Calidad, éste es entregado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) y no guarda ninguna relación con el rey Juan Carlos o la Casa Real de España, como lo informó inicialmente el edil.

El propio alcalde Labbé solicitó la audiencia con el Presidente Piñera - tal como fue informado por el propio vocero de Gobierno, Andrés Chadwick-, constituyéndose en una de sus últimas actuaciones como titular en ejercicio a consecuencia del permiso solicitado para dedicarse a la campaña de reelección. Con su versión inicial entregada a La Moneda y a la prensa, complicó a La Moneda y al Presidente Piñera en un episodio de dudosa credibilidad, perjudicando una vez más la imagen del Gobierno.
Porque ésta no es la primera vez que el alcalde Labbé pone en una difícil situación al Jefe de Estado. Ya lo hizo a fines del año pasado con la filtración de la misiva en que uno de los asesores presidenciales -a nombre del mandatario- respondía a la invitación del edil al homenaje del ya condenado Miguel Krassnoff, excusándose de asistir y manifestando “sus felicitaciones y mejores deseos de éxito”. De este incómodo incidente, surgieron de inmediato dos interrogantes: ¿Por qué el alcalde Labbé envió una invitación al Presidente Piñera que sabía que iba a ser rechazada? Y segundo, la respuesta a la invitación ¿se filtró desde La Moneda o desde la Municipalidad de Providencia?

Es que pareciera que el alcalde Labbé se maneja –o manejaba- bien en la construcción de una imagen positiva. No sólo ha logrado involucrar al Presidente Piñera y a La Moneda en dos ingratos episodios, sino también ha intentado convencer a la opinión pública de una gestión de excelencia en la comuna de Providencia. Sin lugar a dudas, en ésta no ha tenido la suficiente fiscalización ni antes, ni durante ni después.

Así quedó demostrado cuando la Contraloría General de la República emitió un dictamen en que estableció que el alcalde Labbé había excedido sus funciones al convocar al homenaje a Krassnoff. Sin embargo, incluso después de este dictamen, no hubo mayor reacción de parte de los actuales concejeros municipales, quienes todos llevan a lo menos tres períodos -12 años- en sus cargos. Después de tanto tiempo trabajando juntos, pareciera que alcalde y concejales hubieran llegado a un acuerdo tácito respecto a las áreas de influencia de cada uno.

Tampoco hubo reacción de parte de los concejales frente a las observaciones hechas nuevamente por la Contraloría General de la República respecto a la fiscalización de la gestión de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. De la misma manera, sorprende la falta de reacción del actual Concejo Municipal frente a importantes licitaciones públicas del gobierno local con un solo oferente. Es así como la remodelación del Paseo Las Palmas ($ 238 millones), el servicio de arriendo de local, banquetería y producción artística para el Aniversario Comunal ($ 42 millones), el mejoramiento del parque Uruguay ($ 27 millones) o el arriendo de una carpa impermeable para la Feria Internacional Infantil y Juvenil ($ 29 millones). Sorprende que en una comuna que se jacta de ser tan eficiente, las licitaciones públicas se realicen con un solo oferente. ¿Qué está fallando en ellas? Por ejemplo, siendo una comuna con una excelente oferta gastronómica, resulta extraño que haya habido un solo oferente para el servicio de celebración del Aniversario Comunal. ¿Fallas en la publicación de la licitación pública o falta de interés de nuevos oferentes por falta de transparencia del proceso? Lo mismo se puede preguntar respecto a la falta de constructoras interesadas en la remodelación del Paseo Las Palmas. ¿O en la comuna no operan otras empresas constructoras?

Tampoco hubo reacciones del Concejo Municipal o de la opinión pública respecto al exceso en remuneraciones a contrata detectado en el Informe presupuestario trimestral del 31 de marzo (39,55%), o el reparo realizado por la Contraloría General de la República a una donación efectuada por la Municipalidad de Providencia (9,5 millones) a la Divina Providencia para la demolición y posterior retiro de escombros a raíz de los destrozos ocasionados por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Ambos dictámenes pasaron absolutamente desapercibidos ante la opinión pública, confirmando la falta de fiscalización del actual Concejo Municipal.

En todo caso, demuestra la gran capacidad del alcalde Labbé para construir historias que buscan reforzar la imagen de su gestión. Si logró hacerlo con el Presidente de la República, no cabe duda que después de dieciséis años al mando del municipio de Providencia, sabrá hacerlo con sus electores.

Columna publicada en La Tercera Online, en El Mostrador y en El Quinto Poder

Paños fríos para Providencia (12-9-12)

Las recientes declaraciones de Josefa Errázuriz, candidata a alcaldesa de Providencia, provocaron toda una batahola en las redes sociales. “No soy partidaria de las tomas, pero hoy día no queda otra medida que las tomas” dijo, marcando una clara diferencia con el actual alcalde (UDI), Cristián Labbé. Por supuesto que dichas palabras despertaron vehementes apoyos y exaltados ataques, polarizando el debate y haciéndolo retroceder a la época del Sí y el No.

Sin embargo, sería nefasto que producto de estas declaraciones se “educacionalizara” la próxima elección municipal en Providencia. Como candidato a concejal por esa comuna, reconozco las múltiples y complejas dimensiones que comprenden su gestión municipal: seguridad, mejoramiento urbano, salud, medioambiente, apoyo al emprendimiento, servicios a usuarios, educación, adultos mayores, entre otros, además de una evidente falta de fiscalización. Y la polarización del debate solo beneficia a posiciones extremas, impidiendo un diagnóstico profundo y nuevas fórmulas de solución al conflicto. Más aún, mantener esta crisis facilita su instrumentalización en favor de intereses de grupos radicales por sobre el bien común, en especial ante próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.

Está claro que tenemos un gran problema a nivel nacional en educación y así lo perciben los chilenos. En la última encuesta CEP (Julio-Agosto 2012), el 46% de encuestados la señaló como uno de los tres problemas en los que debiera enfocarse el Gobierno. Asimismo, al consultárseles sobre la gestión municipal, temas prioritarios para un alcalde son el funcionamiento de consultorios (59%), combate contra la delincuencia (50%) y educación de la comuna (48%).

Por tanto, existe consenso acerca de la necesidad de solucionar a nivel país la crisis educacional. Sin embargo, eso no significa unanimidad respecto a sus soluciones. Y habrá temas que tendrán que resolverse a través de grandes acuerdos nacionales –involucrando autoridades, estudiantes, académicos, apoderados, legisladores y partidos políticos- y otros a nivel comunal, con menos interlocutores, pero más enfocados. Gran problema cuando los dos ámbitos se confunden, voluntariamente o por error…

En Providencia, la situación es compleja. Administra 13 escuelas y liceos a través de una Corporación de Desarrollo Social (CDS), persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro. La preside el alcalde (UDI) Cristián Labbé y la integran Emma Salas, Ambrosio García-Huidobro (representantes vecinales) Alicia Romo (rectora Universidad Gabriela Mistral), y Pedro Navarrete (gerente general Clínica Santa María). ¿Cuál será la disponibilidad de tiempo que ellos podrán dedicarle a la educación municipal de la comuna?

Su matrícula total es de 11.924 alumnos, pero sólo el 21% reside en Providencia. Con una distribución socioeconómica en que el 35,9% corresponde al segmento ABC1 y el 38,3% al C2, probablemente la mayoría de hijos de vecinos estudian en colegios privados, restándole urgencia al tema de la educación pública. Incluso más, para muchos de sus habitantes la educación –pública o privada- sólo aporta externalidades negativas (ruidos, estacionamientos, etc.) sin beneficios a cambio.

Pero la educación es un tema país y Providencia no se puede restar. En ella existen sólo dos jardines infantiles municipales (Bernarda Morín y Belén), cuatro escuelas básicas (El Vergel, Mercedes Marín del Solar, Juan Pablo Duarte y Providencia), una escuela especial de lenguaje (Abelardo Iturriaga), 13 establecimientos particulares subvencionados, 36 colegios particulares pagados y 30 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Además, el municipio olvida que administra bienes de relevancia nacional -benefician a toda la Región Metropolitana-, a través de cinco liceos emblemáticos: Lastarria, Liceo 7, Tajamar, Carmela Carvajal y Alessandri. Por esta razón, la instrumentalización del tema de la educación pública resulta fácil ante la ausencia de titulares en la comuna.

Siendo Josefa Errázuriz una candidata ciudadana, es probable que sus seguidores tengamos distintas posturas frente a la problemática educacional y al actual conflicto estudiantil, que lamentablemente tienden a confundirse. Habrá gente que apoya estas tomas “democráticas”, y otros, en cambio, las denostarán profundamente. En mi opinión –y como candidato a concejal de Red Liberal-, las reglas democráticas implican un irrestricto respeto al estado de derecho, y por lo tanto, la toma de un colegio es un acto de violencia, contrario al orden legal, independiente de la simpatía que uno sienta hacia los movimientos estudiantiles. El hecho que ésta sea aprobada por una mayoría de alumnos del plantel, tampoco la convierte en un acto legítimo.

No obstante, ante el total descrédito de la clase política –rechazo ciudadano al manejo del Gobierno en el tema de la educación (77%), a la Concertación (74%) y a la Coalición por el Cambio (64%) -Adimark, agosto 2012-, desde el pingüinazo del 2006 que estudiantes tratan directamente con autoridades, sin recurrir a intermediarios externos o canales tradicionales de la democracia representativa. Quizás ellos fueron los primeros, pero hoy ya es un proceso irreversible con nuevos movimientos: regionales como Aysén, Calama o Freirina; sindicales como ANEF o CUT; minorías sexuales como MOVILH; o ciudadanos como Ciclistas empelotados. ¿Hasta dónde avanzarán? ¿A quienes se les permitirán tomas “democráticas” y a quiénes no?

Sin perjuicio de esto, se hace absolutamente necesario el crear instancias de diálogo a nivel nacional para solucionar la crisis educacional que vive nuestro país. En especial teniendo en cuenta la importante diferencia entre apoyo a demandas universitarias y secundarias versus forma en que estudiantes realizan movilizaciones y manifestaciones (Adimark Nov 2011). Y en cuanto a Providencia, mi comuna, también resulta imprescindible poner paños fríos, ya que una eventual polarización sólo beneficia a los grupos más extremos. Es demasiado lo que está en juego…


Columna publicada en La Tercera Online, El Quinto Poder y andresjiron.cl

Providencia: creciente inseguridad (10-9-12)

El segundo robo en seis días a la casa del arquitecto Diego Veloso, vecino de Pedro de Valdivia Norte, deja en evidencia la gran vulnerabilidad en que se encuentran muchos residentes en la comuna de Providencia en materia de seguridad. En una comuna que se caracteriza por su alta calidad de vida, la creciente delincuencia puede hacerla perder rápidamente. Hoy día, Providencia ostenta el desfavorable título de ser la segunda comuna de la Región Metropolitana con mayor tasa de delitos.

¿A qué se debe esto? ¿Por qué Providencia se ve más afectada por la delincuencia que otros municipios del sector oriente? ¿Quién fiscaliza el innegable rol que juega el municipio en el abordaje del problema delictivo? Si bien éste no es el responsable directo de proveer de seguridad a la comunidad, tiene un rol clave en seleccionar, focalizar y articular las políticas nacionales e iniciativas sectoriales en la materia, además de contar con fondos específicos para desarrollar acciones en este ámbito. En la medida que cumpla con este rol basándose en un análisis de la información disponible respecto de la situación que presenta la seguridad publica en Providencia, aumentará la pertinencia de las acciones desarrolladas y su impacto en la reducción del delito y la inseguridad.

Sin duda alguna que se trata de complejos factores multicausales, pero existen dos grandes temas que a nuestro juicio no han sido considerados por las autoridades municipales ni gubernamentales: una población flotante estimada en 1.000.000 de personas, que supera en mucho a los residentes de la comuna y, además, la coexistencia de residentes y locatarios, con intereses, preferencias y horarios contrapuestos que dificultan la consolidación de sus barrios.

Según el estudio hecho por la Fiscalía Nacional, Providencia registró 11.597 denuncias por cada 100 mil habitantes el año 2011, superando con creces los índices de Vitacura (7.631), Las Condes (5.527) y La Reina (4.187), la Región Metropolitana (4.103) o nacional (3.796). Por otra parte, los asaltos aumentaron en un 36,3%, consolidando una fuerte sensación de inseguridad. Según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2011), en más de un tercio (35,9%) de los hogares de la comuna alguno de sus miembros fue víctima de un delito en los últimos doce meses, superando nuevamente los promedios de la Región Metropolitana y del país. De ellos, el 92,8% de los robos con violencia o intimidación, el 61,4% de los robos por sorpresa, el 74,4% de los hurtos, el 78,9% de las lesiones, el 85,2% de los robos de vehículos motorizados y el 60,4% de los robos de accesorio u objeto de o desde un vehículo ocurrieron en la comuna de Providencia, reflejando la escasa seguridad reinante. Es así como el índice de percepción de exposición frente al delito aumentó en 68,5% en sus residentes durante el año 2011.

Aún más, el estudio establece las principales causas de la delincuencia en el barrio. Las tres primeras son: lo atractivo del barrio para los delincuentes (33,8%); la falta de presencia de carabineros en el barrio (17,2%) y la falta de organización de los vecinos (10,5%), cifra que supera con creces el promedio de la Región Metropolitana ( 5,9%) o nacional (6,5%). Y es por eso que el 9,6% de las víctimas –una vez más muy superior al promedio de la Región Metropolitana (4,6%) y nacional (5,1%)- menciona como una de las principales medidas para aumentar la seguridad en el barrio el crear instancias de organización vecinal para combatir el delito. ¿Pero qué ha hecho la municipalidad para mejorar este aspecto tan fácil de modificar? Al parecer, no mucho. Por otra parte, después de un año y medio de existencia de la nueva Subsecretaría de Prevención del Delito –dependiente del Ministerio del Interior- ¿existe algún trabajo coordinado con la Municipalidad de Providencia?

El Modelo de Integración Carabineros y Comunidad (MICC) no ha sido suficientemente difundido ni internalizado por los residentes y locatarios de Providencia. De hecho, el jueves 6 de septiembre se realizó una reunión para tratar el tema de la delincuencia en el barrio Bellavista, entre un grupo de vecinos con el mayor Boris Morales, de la 19ª Comisaría de Providencia, y el fiscal jefe Carlos Gajardo, de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Ni el alcalde Cristián Labbé –quién había confirmado su asistencia- ni los actuales concejales se aparecieron por dicha reunión. Tanto residentes como locatarios se quejaron de los altos costos –personales, familiares, económicos y comerciales- que han debido asumir al vivir en un barrio con alta delincuencia.

Durante dicha reunión, surgieron varias causas: una vez más el diagnóstico coincidió en que las principales causas de la delincuencia en el barrio eran la falta de presencia de carabineros y la ocupación de lugares por pandillas y grupos peligrosos, refrendando lo establecido en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2011). Pero además se pudo concluir que la gran mayoría de los vecinos ni siquiera conoce su plan cuadrante, ni tampoco realizan las denuncias correspondientes ante la poca efectividad demostrada a lo largo de años. A esto hay que agregarle la suspensión del programa Barrio en Paz Comercial, realizado en el 2010.

Por eso, las medidas implementadas por la municipalidad de Providencia no parecen ser suficientes. Ni el equipo de inspectores en terreno, ni el reforzamiento al Sistema Integral Tecnológico y de Gestión de la Seguridad Comunal, ni la implementación de nuevas cámaras de vigilancia han logrado que Providencia sea la segunda comuna de la Región Metropolitana en índices de delincuencia. ¿Quién responde por eso? Y peor aún… ¿quién fiscaliza?

Columna publicada en El Mostrador, El Quinto Poder y andresjiron.cl

¿Dónde estaban, concejales? (23-8-12)

Los resultados de la última encuesta CEP reflejan la profunda crisis de confianza de la ciudadanía hacia la gran mayoría de nuestras instituciones. Es así como dentro de ellas, las municipalidades aparecen mal evaluadas, ya que sólo un 25% de los chilenos confía en ellas. ¿Esto es responsabilidad exclusiva de los alcaldes o de los Concejos Municipales también?

Más aún, en comunas como Providencia, en que todos los concejales llevan al menos ocho años en sus cargos -con dos, tres o más períodos-, pareciera que todos llegaron a un acuerdo tácito sobre el ejercicio y reparto del poder, disminuyendo drásticamente toda fiscalización.

Las controvertidas actuaciones del alcalde Labbé en este último tiempo han causado más de alguna polémica. Además de tratarse de gustitos personales, son decisiones que involucran a toda la comuna, sus habitantes y a muchas organizaciones de Providencia. Por lo tanto, necesariamente debieran ser consensuadas con su Concejo Municipal.

Sin embargo, ¿dónde estuvieron nuestros concejales cuando se decidió realizar el homenaje a Krassnoff? ¿Qué acciones internas tomaron ante la filtración del mail enviado por el Presidente Piñera?¿Qué dijeron nuestros concejales de Providencia cuando el alcalde Labbé se negó a cumplir el fallo de la Corte de Apelaciones que ordenaba el reintegro de las alumnas del Carmela Carvajal? ¿Dónde estuvieron ellos cuando Contraloría cuestionó el permiso de edificación del Costanera Center?

Pero muchos hechos de la administración municipal de Providencia pasan desapercibidos ante la opinión pública, a pesar de involucrar grandes montos o afectar a todos sus habitantes. Aquí tenemos algunos ejemplos:

1) Medidas financieras para la comuna:
a. El lunes 27 y martes 28 de agosto se realizará el 6º seminario internacional de “Gestión de Excelencia en los Gobiernos Locales. Casos Exitosos” . En pleno período electoral, el evento tendrá un costo de $ 113 millones, habiendo sido aprobado unánimemente por el Concejo Municipal en sesión del 13 de julio de 2012. La Municipalidad de Providencia financiará $ 63 millones y la Subdere -dirigida por Miguel Flores (UDI)-aportará otros $ 50 millones. ¿Realmente se justifica el monto del seminario? ¿No existen otras prioridades dentro de la comuna? ¿No hubo opiniones dentro del Concejo que privilegiaran el uso de ese dinero para otros fines sociales?

b. En la sesión del 26 de junio pasado, el alcalde Labbé presentó una propuesta de modificación presupuestaria: agregaba $ 1.900 millones de ingresos al presupuesto municipal, correspondientes a la captación de nuevos recursos -entre ellas las patentes municipales del Costanera Center-. En la misma sesión, el edil además propuso el destino de estos nuevos recursos de la siguiente forma: $ 825 millones al Fondo Común Municipal, $ 800 millones al plan de inversiones (entre ellos $ 200 millones para recuperación de adoquines de Avenida Pedro de Valdivia y $ 200 millones de subvención para reconstrucción cúpula y fachada Divina Providencia); $ 100 millones para aumento de remuneraciones y $ 175 millones de aumento para vestuario, mantención red informática, servicios de consumo, entre otros. Una semana después, en sesión del 3 de julio, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la propuesta del alcalde Labbé. Tratándose de montos tan grandes ¿no hubo sugerencias, comentarios o diferencias de opinión respecto al destino de los dineros? Al parecer, no.

c. En sesión del 26 de junio, el señor alcalde informa al Concejo Municipal su decisión de sacar recursos de la ciclovía de Tobalaba (con un presupuesto ya asignado de $ 350 millones), la que se posterga indefinidamente.

2) Propuestas públicas con un solo oferente:
a. En sesión del 3 de julio, el Concejo Municipal aprueba por unanimidad la adjudicación de la propuesta pública de “Arriendo de local, servicio de banquetería y producción artística para aniversario comunal”. Se trata de una única oferta, hecha por el Centro de Convenciones Santiago S.A., por un valor de $ 42. 909. 615. Sorprende que siendo Providencia una comuna gastronómica, sólo haya habido un solo oferente.

b. En sesión del 13 de julio el Concejo Municipal aprueba por unanimidad la adjudicación de la propuesta pública “Mejoramiento Pavimento de Paseo Las Palmas y Mesanina Metro”. Nuevamente se trata de un único oferente, Constructora Pehuenche Limitada, por un monto de $ 238.799.153. Curioso también que en esta licitación no se hayan presentado otras empresas constructoras.

¿A qué se debe la escasa concurrencia a estas propuestas públicas de Providencia? Una comuna que se jacta de su buena administración, ¿no debiera convocar más oferentes? ¿Qué opinan los concejales de este bajo número de oferentes? ¿O acaso es lo habitual?

El artículo 71 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que el Concejo debe normar, resolver y fiscalizar, además de hacer efectiva la participación de la comunidad local. Dado el bajo índice de confianza que tienen las Municipalidades, está claro que nuestros Concejales no están cumpliendo su labor. Al menos, no en Providencia.


Columna publicada en El Quinto Poder y en andresjiron.cl

Cep: la inmensa mayoría no representada (22-8-12)

No cabe duda que los recientes resultados de la encuesta CEP constituyeron una mala noticia para todos: para la Alianza, la Concertación, instituciones, Gobierno (a pesar de sus optimistas declaraciones) y, en especial, toda la ciudadanía.

Y es que la paupérrima identificación con nuestros dos grandes conglomerados hace prender luces de alerta acerca de nuestro sistema político. Desde ahí se nutren dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, en sus distintas jerarquías y a lo largo del país. En consecuencia, ante la poca representatividad de nuestros representantes, resulta inevitable que discusión y debate político se traslade a la calle, desautorizando a nuestras autoridades electas por un sistema democrático anquilosado.

Hoy, sólo el 18% se identifica con la Concertación. El 14% aprueba la forma en que la oposición está desarrollando su labor, versus el 58% que la rechaza. En cambio, un exiguo 12% se identifica con la Alianza, aunque el 21% apruebe la forma en que desarrolla su gestión y “sólo” el 49% la repruebe. Por otra parte, el 6% se identifica con el Pacto Juntos Podemos. Por último, el Gobierno celebra un discreto 27% de aprobación, omitiendo el sólido 52% de reprobación.

¿Con quién o con qué se identifica la inmensa mayoría de los chilenos? El 60% señala que con ninguno de los dos conglomerados y el 3% aún no sabe o no responde la pregunta. Mientras el sufragio fue obligatorio, este rechazo político se diluía mediante la coerción, bañando de legitimidad una elección poco representativa. En cambio, ahora la gran incógnita para las próximas elecciones municipales será la participación electoral. ¿Ese 63% no representado sufragará con su voto voluntario o delegará la elección en el voto duro (36%)? ¿Un tercio de los chilenos votará por los otros dos tercios? ¡Es de esperar que no!

Incluso más, las cifras sobre evaluación de democracia y mercado contrastan significativamente. Sin ningún pudor, la CEP devela el claro hastío ciudadano respecto a nuestro cada vez más débil sistema democrático: 49% de encuestados declara no leer noticias sobre política; los chilenos tampoco conversan sobre política con amigos (55%) o familia (50%); 42% sostiene nunca ver programas políticos; 81% declara nunca seguir temas políticos en las redes sociales; menos aún tratar de convencer a alguien políticamente (81% no) y chilenos proclaman nunca haber trabajado para un partido o candidato (91%).

El 74% de los chilenos piensa que la democracia en Chile funciona regular, mal o muy mal. ¿Pero qué hacemos para solucionarlo? No mucho, salvo tratar de evadirnos lo máximo posible. Como no nos gustan las reglas del juego, la mayoría de los chilenos decidimos retirarnos del juego político durante un largo período, entregando un pobre mandato a ese 36% camiseteado. Sin embargo, la política del avestruz nunca ha sido eficaz y sólo ha logrado desplazar el debate político a la calle. Una vez más, grupúsculos bien organizados pero con baja representatividad logran imponerse sobre una enorme mayoría silenciosa, inerte y dispersa. Y esto ocurre a nivel electoral, académico, estudiantil, económico, gremial o sindical y los chilenos vemos como los “elegidos” se perpetúan en sus cargos con cada vez menos votos. En relación a nuestras instituciones, se consolida la desconfianza hacia ellas, siendo Carabineros la mejor evaluada, con un discreto 58%. ¿Para qué hablar de los partidos políticos (6%), Congreso (10%), Tribunales de Justicia (13%) y Ministerio Público (15%)? Al mirar la evolución obtenida en las últimas encuestas, queda claro que logran superarse a sí mismos.

Sin embargo, esta crítica mirada a nuestro sistema democrático se morigera al analizar nuestro modelo económico, al centrar los énfasis en factores individuales y no tanto colectivos: para surgir en la vida, el 80% sostiene que es esencial un buen nivel de educación; el 70% el trabajo duro y el 58% tener ambición. Por otra parte, se mantiene el 43% que piensa que debiera premiarse el esfuerzo individual, aún cuando se produzcan importantes diferencias de ingresos, versus el 23% que sostiene que los ingresos debieran hacerse más iguales, a pesar de que no se premie el esfuerzo individual. A su vez, el 44% que declara que la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en las personas mismas se impone sobre un modesto 20% que aspira a que la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas esté en el Estado. Al parecer, después de 22 años de democracia existe cierto consenso sobre el modelo económico a seguir; sin embargo, nuestros representantes –electos democráticamente en estos últimos cinco gobiernos pero con cada vez menor representatividad- han sido incapaces de perfeccionar sus evidentes deficiencias, especialmente en cuanto a seguridad, educación y salud. Por eso, en un proceso irreversible, los chilenos han optado por salir a la calle y marginarse de las urnas.
Y en un momento en que el debate político se centra más en retener o recuperar el poder, la ciudadanía siente que priman los intereses particulares de la clase política por sobre sus intereses colectivos. El 80% de los encuestados percibe muy fuertes o fuertes diferencias y conflictos entre los partidos de gobierno y los de oposición. ¿Alguna posibilidad de sentarse a construir soluciones a reales a los problemas de Chile? Ninguna. Por eso, es ahora que debemos asumir que somos mayoría y recuperar ese mandato que irresponsablemente entregamos alguna vez. Chile se lo merece.



Columna publicada en La Tercera Online

Lo que natura non da... el binominal lo presta (4-7-12)

El rechazo de la propuesta de reforma constitucional (boletín 7417-07) al número de diputados inmoviliza una vez más cualquier modificación al actual sistema electoral. Tanto discurso florido, tanta declaración sentida, tanta preocupación por la calidad de nuestra democracia, se desvanecen de una plumada al momento de los quiubos…

Más preocupados de retener o de recuperar el poder que de representar a sus electores, la clase política se ha olvidado por completo de procurar una sociedad más participativa e inclusiva. La ciudadanía, sintiéndose no representada, sale a la calle a manifestar su voz, evidenciando la ilegitimidad de una casta de elegidos que se resiste a perder sus privilegios.
Para eso, nada mejor que defender el statu quo. Cualquier pretexto sirve, con tal de mantener las barreras de entrada, los actuales privilegios y el no rendir cuentas a nadie. Con una sorprendente capacidad para ponerse de acuerdo para el aumento de sus ingresos, ésta se desvanece cuando se trata de democratizar el actual sistema político o de representar los intereses ciudadanos. Con este rechazo, los honorables mantienen las barreras de entrada al sistema político, consolidando una falta de competencia que escandalizaría a la misma Fiscalía Nacional Económica…

Si este gobierno se ha caracterizado por una baja sintonía con sus electores -siendo fuertemente castigado en las encuestas-, nuestros honorables parlamentarios se superan a sí mismos en términos de desaprobación. En la última Adimark, correspondiente a Junio 2012, la Cámara de Diputados obtiene un sólido 73% de desaprobación, mientras el rechazo al Senado llega al 68%. Por supuesto, muchos parlamentarios son los primeros en hacer gárgaras respecto al 58% de desaprobación a la forma como Sebastián Piñera conduce su gobierno, atacándolo o defendiéndolo, pero a la vez confirmando lo fácil que es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Respecto al binominal, una parte importante de los legisladores omitió la voluntad de sus electores, optando por mantener sus privilegios. Es así como, a pesar de que el 63,2% de los chilenos quiere cambiar el actual sistema electoral (estudio Universidad Mayor-El Mostrador), muchos de ellos -de la Alianza y de la Concertación- prefirieron rechazar en forma transversal la eliminación del guarismo de “120” diputados en la Constitución Política del Estado, primer paso para modificar el sistema binominal.

Bajo el pretexto de que no se han puesto de acuerdo en el sistema que reemplace el sistema electoral, mantienen un statu quo, el que beneficia sólo a 150 personas en contra de millones de chilenos. En consecuencia, ante esa incapacidad -voluntaria y voluntariosa- de ponerse de acuerdo, le corresponde a la ciudadanía acordar cuál es el sistema electoral que puede reemplazar el binominal. Por supuesto que cualquier alternativa tiene fortalezas y debilidades, y desde ya le corresponderá a las organizaciones civiles el informar a la ciudadanía para que tomen una posición.

Mientras tanto, sólo nos queda hacer un esfuerzo colectivo para que los mismos legisladores no sean elegidos en las próximas elecciones parlamentarias. Todos de la UDI -siempre esforzándose por mantener el legado de la dictadura- y algunos pocos incautos de RN -incapaces de reconocer los tiempos que corren-.

Para tenerlo claro, éste es el recuento de los honorables que no votaron por esta reforma constitucional. De acuerdo a la votación, ellos son:

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Unas primarias de juguete (11-6-12)

La paupérrima evaluación que la ciudadanía hace de nuestra clase política, pone en evidencia su escasa representatividad, instalando en el debate público un nuevo foco: ¡su creciente falta de legitimidad!

¿Hasta cuando se sostendrá un sistema político democrático, pero ilegítimo, que no representa para nada a la inmensa mayoría de chilenos? ¿Hasta dónde deberá llegar la ciudadanía para recuperar autoridades políticas que sí la representen?

En la última encuesta Adimark (mayo 2012), sólo el 33% de los chilenos aprueba la forma como el Presidente Piñera conduce su gobierno. Lo que hubiera provocado un duelo oficial hace dos años atrás, hoy es motivo de celebración en La Moneda dado el aumento de siete puntos en la aprobación presidencial. Y sólo un punto más (34%) obtuvo la aprobación del Gobierno, lo que también constituye una buena noticia para la administración Piñera, dados estos tiempos tan difíciles para el establishment político.

Sin embargo, el golpe de gracia viene con las evaluaciones de las dos grandes coaliciones, en que se evidencia el ya irreversible divorcio que existe entre electores y partidos políticos: Concertación (19% de aprobación vs 67% de desaprobación) y Alianza (25% de aprobación vs 62% de desaprobación).

A pesar de esta evidente ruptura, las reformas políticas propuestas por el Gobierno han sido bastante tímidas, encontrándose con un evidente rechazo en el Congreso a cambiar las reglas del juego. Por supuesto que las actuales reglas del juego benefician la perpetuación de los parlamentarios -a no ser que sean llamados al Ejecutivo-, y ya queda claro que no existe voluntad política para cambiarlas, salvo honrosas pero escasas excepciones.

Con un criterio que no pasaría un simple análisis del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Gobierno optó por no hacer correcciones a su proyecto de ley ingresado en el Congreso y que busca instaurar un sistema de elecciones primarias a alcaldes, parlamentarios y a Presidente de la República (boletín 7911-06). En consecuencia, se mantiene la exigencia establecida en la reforma original, que estipula que no podrán participar en primarias los independientes “que no sean presentados ni cuenten con el patrocinio de partidos políticos o de pactos electorales”.

Los precandidatos presidenciales Andrés Velasco y Claudio Orrego hicieron una solicitud expresa al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, en el sentido que se permitiera la participación de candidatos independientes en primarias, aunque fuera sujeta a la presentación de un número determinado de firmas. Sin embargo, el titular de la Sesgpres prefirió mantener el texto original en este punto, confirmando la sujeción de los candidaturas independientes a la autorización de algún partido político.

Con esto, el ministro Larroulet pavimenta una eventual postulación del ministro Laurence Golborne -potencial candidato de la UDI-, pero excluye de inmediato la participación en primarias de cualquier otro candidato independiente. Si esto es así para las presidenciales, con mayor razón será para las parlamentarias y municipales, consolidando el nuevo flanco de la falta de legitimidad de nuestro sistema democrático. Que dos conglomerados con escasas aprobaciones ciudadanas cercanas al 20% sean las encargadas de definir los candidatos presidenciales, parlamentarios y municipales, deslegitima cualquier mecanismo que pretendiera asimilarse a una primaria. ¿Que pasa con ese 60% no representado por nadie?

La reforma tributaria ya fue tildada como una “de macetero”. Con este nuevo proyecto de ley se logra que la ciudadanía juegue por fin a las primarias, desviando atención, tiempo y recursos y creando una aparente sensación democrática que no se condice con la realidad. Pero por supuesto será sólo con candidatos de partidos políticos o patrocinados por éstos últimos, impidiendo la participación de candidatos independientes que pudieran representar mejor a la ciudadanía.

La ciudadanía ha constatado cómo la clase política se esfuerza por mantener o recuperar el poder, postergando por completo los intereses del chileno común y corriente. Ahora, con los actuales proyectos de reformas políticas -en las que se incluye el actual proyecto de primarias- éstos sólo intentan dar un perfume de democratización de nuestro precario sistema político, pero no mejora en nada la competitividad de un sistema anquilosado y que ya no da abasto. Hoy más que nunca, es preciso revisar con extremo cuidado la ya permanente letra chica de las iniciativas legales del gobierno, en especial en materia de reformas políticas.

Con esto, el ministro Cristián Larroulet al garantizarle a los partidos políticos la administración de los puntos de distribución de precandidatos, le ofrece en bandeja a nuestra autopoiética clase política la posibilidad de perpetuarse indefinidamente. Si hace dos años era impensable que un gobierno tuviera una evaluación inferior al 33% -y hoy es una realidad que no sorprende a nadie-, seguiremos viendo cómo las débiles instituciones políticas de nuestro país continúan en su abismante e irreversible caída en adhesión ciudadana, trasladando el debate desde el Congreso hasta la calle y permitiendo incrementar este clima de violencia y de descontrol al que los chilenos nos estamos acostumbrando.



Columna publicada en La Tercera Online

El puebo, unido, avanza sin partidos! (28-5-12)

El débil énfasis que puso el Presidente Piñera en las reformas políticas durante la Cuenta Nacional del 21 de Mayo contrasta con la alta actividad que ha habido en el último tiempo. Sin embargo, esa hiperactividad corre nuevamente el riesgo de quedarse sólo en declaraciones y propuestas, si no existe la suficiente destreza en la gestión entre poder legislativo y La Moneda.

Tal como señaló el propio mandatario en su discurso: “La sociedad de oportunidades, seguridades y valores necesita una democracia e instituciones sanas, transparentes, participativas y respetadas. Para ello es imperioso avanzar con urgencia en dos caminos paralelos y complementarios: acercar la política a la gente y acercar la gente a la política”.

Dichas loables intenciones, sin embargo, pasan por un cedazo mucho más fino: el de los partidos políticos y sus representantes en el Congreso. Son ellos quienes legislan, aprueban o rechazan los proyectos de ley presentados por el Gobierno, e incluso pueden comprometer sus votaciones en algunos proyectos a cambio de la demora en otros.

Con una normativa que no sobreviviría a ningún estudio del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o del Sernac, este statu quo beneficia solo a algunos pocos en vez de a la mayoría. En tan sólo 20 años, se puede confirmar la destrucción de la representatividad ciudadana, transformándose en un sistema democrático pero ilegítimo.

La inscripción automática; el voto voluntario; el proyecto de ley sobre primarias (aprobado por la Cámara de Diputados y ahora para aprobación del Senado), actualmente con suma urgencia; la iniciativa popular de ley (moción de los senadores Chahuán, Bianchi, Girardi, Navarro y Rossi) que duerme plácidamente en el Senado; o el voto de chilenos en el extranjero constituyen avances -aunque no suficientes- en materia de modernización de la política chilena.

Así y todo, el discurso presidencial se limitó a dos grandes anuncios en materia de reformas políticas: una reforma a la Ley de Partidos Políticos y una iniciativa para fortalecer la probidad pública, la transparencia y la regulación del lobby. Transcurrida casi una semana desde el discurso presidencial, ninguno de los proyectos de ley anunciados ha sido presentado al Congreso.

Sin embargo, hay que tener presente que la voluntad del Ejecutivo no basta para implementar una reforma política. Por ejemplo, desde el 2003, se han presentado cuatro proyectos de ley que intentan regular el lobby, iniciativas que también duermen envidiablemente en el Congreso. ¿Falla de los gobiernos de turno en las administraciones de las urgencias legislativas? ¿Rechazo de los parlamentarios a regular la fuente de financiamiento de sus actividades políticas? ¿O simples cachetadas de payasos para desorientar a la opinión pública?

Para mejorar la calidad de nuestra política y democracia, se necesita mucho más que un sempiterno discurso, compuesto sólo por declaraciones y presentaciones de proyectos de ley. Se requiere además de una muñeca política acertada, que logre la aprobación de todas las necesarias reformas políticas. Encontrándonos frente a dos años eleccionarios, ésta es la oportunidad para que el Gobierno se empodere, le otorgue suma urgencia a todos sus proyectos de reformas políticas y saque al pizarrón a todos los legisladores que demoren su tramitación, no asistiendo a las sesiones legislativas, o bien votando en contra de las iniciativas legales.

Diagnósticos hay muchos, lo que falta es la voluntad política de legislar. Recientemente el CEP y CIEPLAN presentaron un paquete de políticas públicas. Lucas Sierra y Francisco Javier Díaz, propusieron, entre un cúmulo de medidas, el reemplazo del sistema binominal, nuevas formas de financiamiento estatal para las colectividades, límites a la reelección en cargos públicos, y diversas modificaciones tendientes a transparentar y democratizar los partidos políticos.

Muchos han sido los anuncios del ejecutivo, sin que haya tenido un resultado concreto en nuestra legislación: en agosto 2011 con su reforma al sistema binominal; en septiembre 2010 con su anuncio que los ciudadanos podrían presentar proyectos de ley para su tramitación en el Congreso; en mayo 2008, el reincidente Francisco Vidal informaba el envío de un proyecto de ley que contemplaba el financiamiento de los partidos políticos; en abril del 2007, un flamante Antonio Viera Gallo, entonces ministro secretario general de la Presidencia, confirmaba el ingreso con suma urgencia de un proyecto que modificaba el sistema binominal; todas iniciativas legales sin ningún resultado.

Por otra parte, los representantes de los partidos políticos en el Congreso también han presentado distintas mociones dirigidas a reformar el sistema político. Ya en septiembre de 2005, el diputado Gabriel Ascencio presentó una moción que corregía el sistema binominal. En octubre de 2008, los mediáticos diputados Gabriel Ascencio, Álvaro Escobar, Ramón Farías y Esteban Valenzuela presentaron un proyecto de ley que establecía primarias para seleccionar candidatos a cargos de elección popular. Ninguno de los proyectos se convirtió en realidad, ni siquiera en la época inicial en la ex Presidenta Bachelet mantuvo la mayoría en el Congreso.

Hoy, que el 63,2% de la ciudadanía quiere cambiar el sistema binominal (El Mostrador-U. Mayor), el Presidente todavía no se convence de apoyar un proyecto que lo modifique, asumiendo todos los riesgos de un sistema democrático no representativo. Con la excepción de la UDI -que abiertamente postula la mantención de un sistema que los beneficia-, pareciera que hay fuerzas ocultas en el Congreso que también apoyan la mantención del statu quo.

Ahora, en que todos parecieran estar de acuerdo en la necesidad de modernizar el sistema político, en que existe un consenso transversal respecto al diagnóstico acerca de la escasa representatividad ciudadana, sospechosamente son pocos los resultados concretos. Resulta, en consecuencia, perfectamente legítimo pensar que tanto anuncio, tanto proyecto de ley presentado, tanta moción legislativa archivada con tan pocos resultados, no dejen de ser sólo meras cachetadas de payaso.

Columna publicada en La Tercera Online

Nueva comunicación política (27-4-12)

Pablo Matamoros, ex Asesor Digital en Presidencia en La Moneda, y Andrés Jirón, Director de Empresas y Nuevos Negocios en GestCom, son entrevistados por Rayén Araya en el programa “Mesa de Diálogo”, en El Mostrador TV. El programa trató sobre las redes sociales y los cambios en la política. 27,4-12




“Mesa de Diálogo”, con Rayén Araya. Invitados: Pablo Matamoros y Andrés Jirón.

27F: La necesaria responsabilidad política

No cabe duda que tanto Alianza como Oposición han intensificado sus estrategias comunicacionales ante la conmemoración del segundo aniversario del 27/F. La oposición, basando su argumentación en el retraso de las obras de reconstrucción, en especial en materia de viviendas; la Alianza -secundada por el Ejecutivo- en la ineptitud de las tomas de decisiones en la fatídica noche del terremoto. Pareciera que ninguno de los dos conglomerados está dispuesto a restarse de una fácil victoria comunicacional con miras al 2013.

Sin embargo, con la teoría del empate (noche 27/F vs reconstrucción) una vez más sólo pierde la ciudadanía. ¡Que cada político asuma su responsabilidad por lo que le corresponde! Es así que el anuncio de la fiscal Solange Huerta de las inéditas formalizaciones a ocho autoridades de la época por las muertes del terremoto constituye un duro golpe a la impunidad política que siempre ha reinado en nuestro país. Aunque las defensas corporativas no tardaron en llegar justificando las poco acertadas decisiones de los encargados del manejo de la emergencia con la poca información que habrían dado organismos técnicos como el SHOA, el Centro de Alerta Temprana (CAT) o la ONEMI, la ciudadanía ya se ha formado una opinión sobre la toma de decisiones -o falta de decisiones-de esa trágica noche. De acuerdo al último sondeo del Centro de Encuestas de La Tercera, el 61% de los encuestados cree que la ex Presidenta Bachelet tiene responsabilidad en la demora por la alerta de maremoto. El 37% sostiene que el desempeño del Ejecutivo esa madrugada fue “muy mal” o “mal” y un 34% “regular, lo que obviamente no constituye una buena evaluación ciudadana.

No obstante, pareciera que la decisión de no decretar el estado de emergencia no se basó en la falta de información. Según el alcalde del archipiélago de Juan Fernández, Leopoldo González, él habría hablado telefónicamente con la Presidenta Bachelet a las 6.30 del 27 de febrero, advirtiéndole de la tremenda marejada que había azotado la isla. No se requiere ser sismólogo, geógrafo o geofísico para decretar una alerta de maremoto con esos antecedentes. Menos aún, existiendo un primer fax enviado por el SHOA a las 4.07, con una inicial alerta de tsunami. A pesar de la falta de información técnica posterior, nadie en su sano juicio hubiera dudado de la urgencia del aviso de la autoridad edilicia de Juan Fernández en ese trágico amanecer. De hecho, aunque la mayoría de las olas ya habían llegado a la costa chilena con su estela de muerte y destrucción, la última -a las 7 de la mañana en Dichato- costó la vida de 12 personas. Por consiguiente, aunque la ex mandataria tuvo la confirmación oficial de la alerta de tsunami a las 4.07 en un fax del SHOA -luego desvirtuado por radio-, resulta difícil sostener que no tuvo indicios para decretar una alerta de tsunami. En forma lamentable, la opinión pública no ha podido conocer la versión de los hechos la propia ex Jefa de Estado, quién ha evitado las declaraciones al respecto en sus cortas y discretas vacaciones en Chile. Según dicen sus cercanos, este silencio ha sido para no entorpecer la investigación judicial, lo que supone que después de las formalizaciones que hará en mayo la fiscal Huerta se conocerá los descargos de la ex mandataria. Las 181 víctimas fatales de la tragedia justifican una explicación a la opinión pública, de manera que no vuelva a repetirse la descoordinación de esa noche ante una emergencia similar.

Por otra parte, las acusaciones contra la lentitud de los trabajos de reconstrucción post terremoto evidencian un cambio de paradigma en la ciudadanía, la que exige sus derechos. Está claro que no se seguirá aceptando ineficiencias como las demostradas en el tsunami ocurrido en Aysén el 21 de abril de 2007 o la reconstrucción de Tocopilla, después del terremoto del 14 de noviembre del mismo año. Y aunque el Gobierno estime que se ha avanzado el 68% en las obras de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 2010, todavía existe una importante deuda pendiente en materias de vivienda. Aunque en materias de obras públicas esté ejecutado el 99,8% de lo proyectado o que en materia de salud el 100% de los establecimientos esté operativo, no compensan a los damnificados por la pérdida de sus viviendas. La entrega de 100 mil subsidios durante el 2010 o de 220 mil en el 2011 no son soluciones definitivas, desvirtuando las glamorosas declaraciones gubernamentales respecto al cumplimiento de los objetivos fijados.

Las regiones afectadas, la ciudadanía, los electores, Chile, la sociedad globalizada, y, en general el mundo ha cambiado, y se empieza a instalar un nuevo concepto: la efectividad de la responsabilidad política. Hasta hace poco tiempo atrás, ésta era una sarta de declaraciones líricas que hacían las autoridades ante la opinión pública, pero vacías de acciones concretas. Hoy la ciudadanía castiga la teoría del empate y las defensas corporativas. En cambio, comienza a exigir que cada político asuma la responsabilidad de sus acciones, al igual que cualquier otro trabajador chileno.

Columna publicada en La Tercera Online

Binominal: El complejo juego de ajedrez

Definitivamente, la sorpresiva propuesta de reformas políticas DC-RN dio un golpe a la cátedra. No sólo por la forma -que significó el desconcierto del resto de los partidos de ambos conglomerados-, sino por el fondo: la instalación de un régimen semi presidencial, además del cambio del sistema binominal por uno proporcional corregido, la elección directa de autoridades regionales y algunas sentidas declaraciones sobre potenciar la calidad de la política, pero sin especificar mucho.

Respecto al cambio del sistema electoral, se limitan a mencionar un sistema proporcional corregido, pero sin mencionar detalles como número de escaños adjudicados por distrito o circunscripción, forma de candidatura o de votación, transformación de votos en escaños ni tampoco umbrales de votación para participar en el reparto proporcional. Para dos meses de trabajo conjunto, se trata de una propuesta bastante desprolija y poco completa. ¿Volador de luces que busca distraer a la opinión pública? ¿Un parelé a los compañeros de conglomerado que intentaron ningunear a la DC y a RN? ¿Un tate quieto al Gobierno al instalar una institución que desempodera al Presidente? ¿O sencillamente todas las anteriores?

El clima político se ha visto convulsionado por distintos enfrentamientos en estas últimas semanas. Declaraciones van, declaraciones vienen, las confrontaciones se han instalado entre Gobierno y oposición, ministros y parlamentarios, compañeros de coalición, partidos y partidarios…Muchos han sido los elementos detonantes: reforma tributaria, declaraciones de Camila Vallejo, competencia interna en el PPD, marginación de ChilePrimero del bloque de gobierno, entre tantos otros. Pero la guinda de la torta es la reforma del sistema binominal: una férrea e inicial oposición de la UDI y de una parte de RN a cualquier cambio llegó incluso hasta el Presidente Piñera. La temprana petición de los jefes de la UDI y RN al Presidente Piñera de no priorizar las reformas políticas y tributarias sinceró sus deseos manifiestos de mantener el statu quo imperante.
La consiguiente respuesta de la oposición no se hizo esperar, quién de inmediato emplazó al mandatario a terminarlo de una vez. Su posterior cuestionamiento a todos los partidos, pero en especial a los partidos oficialistas, por su imposibilidad de lograr acuerdos sólo le agregó leña al fuego. Los posteriores llamados a la unidad sucedieron las fuertes controversias, intentando mostrar una forzada señal de equipo, en especial para la celebración de los dos años del Ejecutivo en el Gobierno.

Con los más bajos índices en cuanto a confianza en los Partidos Políticos (7%) y en el Congreso (13%), según la encuesta CEP Nov-Dic 2011, la cuestionada forma de aumentar el número de senadores y diputados genera un fuerte rechazo en la opinión pública. Por supuesto que se interpreta como la solución fácil, la doblada de mano necesaria para que los actuales legisladores no se sientan atemorizados en sus cargos, asumiendo todos los costos de esta reforma los contribuyentes chilenos. Por otra parte, en un período especialmente difícil en lo económico y que se conjuga con la necesidad de financiamiento de muchas demandas sociales, este es un año para buscar la eficiencia del gasto público y no su ampliación. La idea de ampliación de la cantidad de legisladores sólo refleja un doble discurso respecto a los objetivos de una eventual reforma tributaria y a la prioridad de privilegiar una agenda social.

Más directa, más definida y más completa es la presentación por parte de los senadores Carlos Bianchi (IND), Carlos Cantero (IND) y Antonio Horvath (RN) del proyecto de ley que establece un sistema mayoritario uninominal: no se aumenta el actual número de parlamentarios y se establece que las dos primeras mayorías de votos individuales sean electas, eliminando cualquier posibilidad de alterar la voluntad popular.

Según la ya referida encuesta CEP (Nov-DIC 2011), en un contexto en que el 60% de los chilenos estima que el sistema binominal debe cambiarse, y el 23% no sabe o no contesta, esta feroz pugna sobre su mantención o modificación sorprende a la ciudadanía y sólo certifica la escasa sensibilidad de gran parte de la clase política con las demandas ciudadanas. Pero más que eso, la opinión pública ya entendió que detrás de este debate sobre las reglas del juego, hay actores que quieren mantener sus sobrerepresentaciones.

Columna publicada en La Tercera Online