El manido discurso de la descentralización

Durante años, hemos escuchado innumerables discursos de personeros de gobierno, ministros, senadores, diputados, intendentes, organizaciones regionales, académicas y ciudadanía en general, acerca de la apremiante necesidad de una auténtica regionalización y una efectiva descentralización. Sin embargo, a pesar del clamor unánime y del discurso manido, éstas todavía no se concretan en nuestra legislación.

La complejidad del proceso legislativo, la intervención de dos cámaras colegiadas, la eventual intervención presidencial o de organismos como el Tribunal Constitucional, el establecimiento de distintos quórums, la priorización legislativa a través de las urgencias otorgadas por el poder ejecutivo y las aprobaciones en general y en particular, impiden a la opinión pública el conocimiento de la trazabilidad de los proyectos de leyes. Después de publicitados anuncios, las iniciativas legales ingresan a la cámara de origen, perdiéndose luego en una verdadera caja negra.

Para la sociedad resulta difícil, por tanto, ejercer un control ciudadano efectivo sobre la calidad de la gestión parlamentaria, obligándola a enfocarse en aspectos formales más visibles y llamativos, como quedó demostrado con el programa Informe Especial.

En el año 2003, el entonces Presidente Lagos ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional. Entre las propuestas, se encontraba el cambio del número de regiones, un estatuto especial para algunos territorios insulares, la consagración constitucional de la potestad reglamentaria del intendente, el reconocimiento de la calidad de órgano ejecutivo del gobierno local, la elección del Consejo Regional, la transferencia de competencias a los gobiernos territoriales, los convenios de programación de inversión pública, el refuerzo de las tareas de gobierno interior y la consagración de espacios de discusión y participación en el nivel provincial.

En abril de 2007, después de casi cuatro años, esta iniciativa todavía se encontraba pendiente en el primer trámite constitucional. Ante eso, la Presidenta Bachelet formuló una indicación sustitutiva que redujo el proyecto inicial, centrándolo en el sufragio universal de los consejeros regionales, transferencia de competencias a los gobiernos regionales y otras enmiendas formales y de concordancia. Finalmente, en enero de 2008 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, quedando listo para la revisión del Senado.

Hace poco, la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado (cámara revisora) aprobó con indicaciones el proyecto de reforma constitucional, enviándolo a la Cámara de Diputados (cámara de origen) para que se pronuncie sobre las adiciones o enmiendas.

Por otro lado, el proyecto de ley que introduce modificaciones en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (19.175) fue ingresado al Senado en mayo 2008 y se encuentra todavía en el primer trámite constitucional.

Esta iniciativa incluye varias medidas dirigidas a profundizar el proceso de descentralización del país y a la vez perfeccionar la institucionalidad y gestión de los Gobiernos Regionales. Establece el reconocimiento expreso de la facultad de los gobiernos regionales para desarrollar sus competencias, funciones y atribuciones; la diferenciación entre funciones propias y funciones transferibles hacia los Gobiernos Regionales; modificaciones en materia de planificación, entre otras.

Lenta ha sido la discusión de los proyectos en el Congreso, a pesar del aparente consenso que pareciera existir. Entendiendo que se trata de una reforma de gran trascendencia para nuestro país, es recomendable un profundo estudio de las reformas. Pero igual sorprende que después de casi seis años, la reforma constitucional no se haya concretado aún, ni que transcurrido más de un año, la modificación de la ley orgánica constitucional todavía siga en el primer trámite constitucional, ambos actualmente con urgencia simple. Esto contrasta con los tiempos de tramitación de otros proyectos de ley o de reforma constitucional, que son rápidamente promulgados. Pareciera que las reformas que implican un traspaso de facultades de poder a una nueva institucionalidad, en este caso regional, siempre requieren más tiempo de tramitación.

Con casi 30 años de funcionamiento, los gobiernos regionales no han podido asumir un rol protagónico en las decisiones que afectan a su propio desarrollo. Después de casi seis años de ingresado el proyecto de reforma constitucional, cabe preguntarse si existe una real disposición a incorporar gobiernos regionales reales dentro de la administración interior del Estado.

Sistemáticamente las promesas regionales han sido incorporadas por los candidatos en sus campañas electorales y parlamentarias. Ocurrió en el 2001, 2005 y ahora en el 2009, sería conveniente que, al menos, las iniciativas ya presentadas fueran aprobadas durante este período legislativo.