Ciudadanía, la gran ausente de la mesa de seguridad pública

No cabe duda que las 150 propuestas presentadas por la Mesa de Trabajo de Seguridad constituyen un gran avance para un consenso nacional que mejore la capacidad del Estado y de la sociedad chilena en el combate de la delincuencia y el narcotráfico. Muchas de estas medidas se podrán implementar por vía administrativa desde ya y otras, en cambio, al ser materia de ley, deberán ser ingresadas al Congreso para su discusión. Y ojalá que este Informe sirva para iniciar no sólo un debate legislativo, sino también uno social sobre cuál es el rol del chileno común y corriente en esta lucha por una vida con mayor paz y tranquilidad.

Resulta irrisorio pensar enfrentar un tema tan complejo y tan enquistado en nuestra sociedad sin contar con una participación activa de la ciudadanía. ¿”Denuncio o no denuncio”? ¿”Ayudo o me hago el leso”? ¿”Compro o no compro al vendedor ambulante”? ¿Me organizo en el barrio a riesgo de parecer exagerado? son interrogantes que a diario debemos hacernos y que ya forma parte de nuestra cultura. Y es que sin un cambio conductual de la víctima -uno de los actores más importante del delito-, es poco probable que las medidas propuestas tengan resultados.

Teniendo en cuenta que casi la mitad de los chilenos piensa que la primera prioridad a resolver por el Gobierno es la delincuencia/asaltos/robos (CEP septiembre-octubre 2017), una gran mayoría accederíamos a incorporarnos colectivamente a esta lucha. Pero ante la renuncia a intentar cambiar el comportamiento social, probablemente muchos serán los que continuarán en forma individual en su marasmo ante la delincuencia con una persistente sensación de impotencia y pesimismo.

Más aun, buscándose en esta oportunidad producir cambios tan profundos y radicales a las formas en que tradicionalmente se ha combatido el delito en Chile, los ejes temáticos se han enfocado exclusivamente en el prestador del servicio público, pero no en el receptor de éste. Y es por ello que esta agenda apuesta su éxito principalmente a modificaciones normativas para  autoridades, prescindiendo por completo de los necesarios cambios culturales de la población víctima de la delincuencia, la que ha colaborado en la consolidación de una impunidad casi total.

Y es que inicialmente la referida Comisión de Seguridad contemplaba sólo cuatro áreas, todas orientadas a las autoridades policiales y judiciales: 1) Modernización administrativa y operativa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones; 2) Creación de un nuevo Sistema de Inteligencia del Estado, integrado y funcional, enfocado en la prevención y no en la reacción; 3) Mayor y mejor fiscalización y control de armas y 4) Mejorar la coordinación de todas las instituciones que están al cargo de la seguridad y la paz de las familias chilenas, partiendo por las policías, los fiscales, los jueces, Gendarmería, los municipios, la comunidad organizada.

De hecho, desde un inicio la convocatoria a la mesa fue hecha con nombre y apellido a ministros en ejercicio, subsecretarios, ex ministros, senadores, diputados, alcaldes, un ex contralor, un director de una unidad especializada, un director de una ONG, académicos y un asesor del Ministerio del Interior. Pero nadie en representación de las víctimas, de la ciudadanía en general, del ciudadano de a pie, el cual obviamente constituye un protagonista relevante de este pelea.

En el desarrollo de las sesiones de trabajo, se llegó a un consenso respecto al diagnóstico de la situación actual de la seguridad. Pero también surgió la necesidad de agregar otro eje fundamental: el rol de los municipios en la Seguridad Pública.

Como organizaciones que mantienen una fuerte y contante presencia en la vida de sus vecinos, ya sea a través de trámites, servicios o beneficios, los requerimientos de seguridad se han trasladado a la figura del Alcalde. Independiente de las escasas funciones y herramientas que la ley hoy les entrega, los municipios han contribuido en forma importante al diagnóstico delictivo de sus comunas –son quienes mejores conocen su territorio-, y serán fundamentales ahora en la implementación de estas medidas en el quehacer diario de la ciudadanía.

Sin embargo, nuevamente las 15 propuestas de este capítulo se enfocan en el prestador del servicio: el flamante Servicio Táctico de Operación Policial (STOP), los Consejos y Planes Comunales de Seguridad, Observatorio Intermunicipal para la Prevención del Delito, incremento del Fondo Nacional de seguridad Pública y añadiendo la autorización para delegar labores administrativas de Carabineros en funcionarios municipales. En forma adicional un breve acápite dirigido al ámbito local, en que tímidamente reconoce la importancia de las organizaciones comunitarias en el ámbito de la seguridad, estableciendo algunas capacitaciones y fondos para ellas. Pero nada respecto a la necesidad de que el ciudadano asuma a través de la denuncia y de la entrega de información un rol más activo en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, ni mucho menos un mandato para que las municipalidades propicien comunidades organizadas en el ámbito de la seguridad ciudadana. ¿Este combate es de todos o sólo de algunos?

Y tal como señala el mismo Informe, el éxito de las medidas propuestas requiere el compromiso de todos los actores. Resulta absurdo el renunciar desde un principio prescindir del potencial de una alianza público-privada en la principal preocupación de los chilenos. No es tarde para que las Municipalidades incorporen en forma colectiva a la ciudadanía en esta batalla.

Publicada en La Tercera Online el 25 de julio de 2018. 

Los trabajadores independientes, una realidad invisible

Dentro de los recuentos de la conmemoración del Día del Trabajo, resulta evidente analizar las declaraciones del Gobierno y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Pero obviamente existen muchos trabajadores en Chile que no necesariamente están representados por la multigremial: los  independientes, ese inmenso conjunto de individualidades aisladas, sistemáticamente postergadas por no estar organizados ni tener una directiva que los  encarne. Dentro de esta inmensa mayoría laboral se encuentran los trabajadores por cuenta propia, asalariados no sindicalizados, ocupados informales e inactivos potencialmente activos, entre otros. Y es que el debate laboral hasta ahora ha sido monopolizado por  minorías organizadas sindicalmente, con mayor visibilidad y arrogándose una representación de todos los trabajadores, la cual no tienen.

De acuerdo al reciente Boletín de Empleo Nacional del INE (enero-marzo2018), de una fuerza laboral de 9 millones de personas, solo el 54% de ellas, esto es 4.858.080 (asalariados totales menos asalariados informales), trabajan con contrato de trabajo formal, ya sea en grandes, medianas o pequeñas empresas. De ellos, cerca de un millón de personas corresponde a funcionarios del sector público, representados por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF.

Asimismo, el boletín informa de una Tasa de Ocupación Informal de un 29,1%, equivalente a casi 2,5 millones de trabajadores, los que no cuentan con ninguna representación colectiva ante las autoridades. Esta informalidad –muchas veces perseguida- se ha convertido en un problema estructural de nuestra realidad laboral, especialmente respecto a la baja participación de mujeres y a la desocupación de jóvenes. De hecho, durante el año pasado el número de personas que trabajaban en la calle aumentó en casi 50 mil personas.

Adicionalmente, el referido informe establece que existen cerca de 1.782.000 individuos que trabajan por cuenta propia, ya sea formal o informalmente, los que tampoco cuentan con una  representación colectiva. Y hay 751.000 personas adicionales, clasificadas como inactivos potencialmente activos que engrosan las listas de cesantía, y que por lo mismo, dado que quieren salir de ese estado lo antes posible, tampoco están organizados ni son representados por algún organismo.

Este último informe del INE refleja que se revierte la tendencia consolidada durante la última administración: aumento del trabajo por cuenta propia y disminución del empleo asalariado formal. Sin embargo, desconocemos si el mayor aumento del empleo formal es una realidad que viene a instalarse o bien es un efecto efímero del cambio de gobierno. Desde ya, fenómenos tan diversos como la Informalización de las relaciones de trabajo, subcontratación, modernización, automatización, inteligencia artificial, incorporación de la tecnología nos anticipan la inminente llegada de la Cuarta Revolución Industrial, planteando escenarios totalmente diferentes en el nuevo contexto laboral.

Por otra parte, los trabajadores independientes se encuentran en una situación de mucha mayor precariedad laboral, sin previsión social, sin vacaciones pagadas, sin indemnización por años de servicio, ni ningún beneficio laboral colectivo. Al no tener una estructura formal que los ampare, los independientes suelen verse obligados a desempeñar todos los roles en su organización individual, adecuar su jornada laboral de acuerdo a las necesidades del cliente y desarrollar una maquinaria que les permita cubrir la abusiva falta de un pago oportuno de sus empresas clientes.

De hecho, de inmediato surge una pregunta. ¿El trabajador independiente se hace por opción o por obligación? La respuesta quizás tenga mucha relación con el grupo etario al que pertenece al trabajador: si es menor de 50 años de edad, lo más probable es que sea por opción. Pero si es mayor,  seguramente es por obligación.

Es por esto que en un mundo en que se compite fuertemente por mayor presencia y visibilidad, las organizaciones de trabajadores han logrado imponer sus peticiones en la agenda pública. La CUT, a pesar de contar solo con 158 mil trabajadores afiliados -según padrón electoral informado por el Colegio Electoral Nacional (CEN) de la Central después de la serie de irregularidades que llevó a la repetición de la elección de la directiva el año pasado-, no puede pretender imponerse como único interlocutor del Gobierno en materia laboral.  

Columna publicada en La Tercera, sección Opinión, el 4 de mayo de 2018.

Valorando el trabajo pre-legislativo

La inminente creación de una Comisión de Salud —anunciada hace algunos días, en este mismo medio, por el doctor Enrique Paris— podría reactivar los cuestionamientos de la Nueva Mayoría, y de una parte del Frente Amplio, a estas comisiones asesoras presidenciales de carácter pre-legislativo. En un inicio, estas instancias en materia de Infancia y de Seguridad desencadenaron fuertes críticas o, incluso en algunos casos, derechamente ataques. Por ejemplo, se dijo que ellas buscaban reemplazar al Poder Legislativo, cooptar a congresistas opositores, etc. Incluso más, la propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Maya Fernández (PS), envió una carta al Presidente de la República, explicando sus  motivos para no participar en la Comisión de Infancia: “Mi rol institucional, como presidenta de la Cámara de Diputados, es fortalecer y procurar un debate abierto, democrático y transparente en el seno del Congreso”, señaló la autoridad parlamentaria.

Las críticas anteriores parecen exageradas, ya que, por una parte, es indiscutible que las comisiones no pretenden reemplazar la discusión y aprobación de las leyes en ambas Cámaras. Por definición, carecen las comisiones asesoras de facultades legislativas, ya que constitucionalmente no les competen. ¿Cuál sería, entonces, su objetivo? Entregar un material de trabajo desarrollado conjuntamente por especialistas y distintas fuerzas sociales y políticas del país, que podrá servir de insumo al Ejecutivo para elaborar los proyectos de ley, que luego presentará para su discusión en el seno del Congreso.

Hoy más que nunca, en especial después de tanta iniciativa legal desarrollada entre cuatro paredes —como lo fue el proyecto de ley de Nueva Constitución, presentado durante la última semana del gobierno anterior— puede ser valorable la existencia de una labor pre-legislativa seria, que busque combinar realidades sociales, políticas, legislativas, administrativas y económicas, así como distintas visiones ideológicas. Por otra parte, éste es un mecanismo ya instalado y reconocido en nuestra democracia como un importante aporte en cuanto a trabajo pre-legislativo se refiere.

Las críticas parecen exageradas, ya que es indiscutible que las comisiones no pretenden reemplazar la discusión y aprobación de las leyes en ambas Cámaras. Por definición, carecen de facultades legislativas, ya que constitucionalmente no les competen”.

Basta con recordar que la Presidenta Bachelet convocó a 18 comisiones durante sus dos gobiernos, todas ellas con distintos objetivos y composiciones. Algunas, como la Comisión Engel, hicieron grandes contribuciones al desarrollo de las temáticas; otras, en cambio, no resultaron tan productivas. Pero no cabe duda que todas las propuestas legislativas de estas comisiones asesoras fueron discutidas por los parlamentarios en ambas Cámaras, siendo ellos finalmente quienes definieron cuales eran incorporadas en la nueva ley y cuales eran dejadas de lado.

Por otra parte, está claro que los problemas complejos requieren soluciones complejas, más aun en un país con una fuerte tendencia a creer que las segundas pasan simplemente por la dictación de una nueva ley, lo que muchas veces, al final, sólo sirve para acrecentar lo que el jurista italiano Bruno Leoni denomina “inflación legislativa”. En este sentido, resulta muy probable que de estas comisiones surgirán propuestas que no sólo se presentarán para su discusión ante el Congreso, sino que también se traducirán en normas administrativas y/o mecánicas en procesos internos. En el pasado, los resultados de muchas comisiones han quedado guardados en un cajón, por lo que para lograr el objetivo mandatado resulta vital la visión conjunta de especialistas y representantes de la sociedad civil, así como de los propios legisladores.

Está claro que la incorporación a estas comisiones de personeros como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), los diputados Gabriel Boric (IND) y Natalia Castillo (RD) y la del ex senador Patricio Walker (DC) en la Comisión de Infancia, o la de los senadores Felipe Harboe (PPD) y Carolina Goic (DC), del ex ministro Jorge Burgos (DC), de los alcaldes Johnny Carrasco (PS) y Jorge Sharp (MA) en la Comisión de Seguridad, produjo una fuerte desarticulación dentro de la oposición. Las iniciales críticas amainaron rápidamente ante estas incorporaciones, disminuyendo casi totalmente después de la última encuesta Cadem (N°222), en que el 60% de la ciudadanía aprueba la forma en que el Presidente Piñera está conduciendo su gobierno y se siente optimista acerca del futuro del país.

El reciente anuncio del PPD de su disponibilidad a sumarse a estas comisiones, previa negociación de ciertas condiciones básicas, representa un primer cambio de actitud en esta materia de un partido de oposición, dejando en una incómoda situación a sus compañeros de coalición. También significa un duro golpe a los siete grupos de trabajo que senadores PS, PPD, DC y FA crearon como una forma de enfrentar las comisiones conformadas por el gobierno.

Está claro que la incorporación a estas comisiones de personeros PPD, RD, DC, PS, MA e independientes produjo una fuerte desarticulación dentro de la oposición”.

Obviamente, todavía es muy temprano para evaluar los resultados de estos grupos de trabajo. Pero aun, en el peor de los casos, si no se lograra un gran acuerdo en cada uno de los temas, la conformación de estas comisiones podrá permitir, al menos, consensuar diagnósticos, desarrollar y presentar una gama de distintas soluciones y definir métodos de evaluación de éstas, de manera de poder corregirlas oportunamente si fuere necesario. Y no cabe duda que un debate profundo y serio será siempre bien recibido en estas demandas en que el Estado está absolutamente al debe.

Por lo mismo, el 11 de marzo, en su primer discurso público como mandatario, el Presidente Piñera convocó a todos los chilenos, y en especial a los parlamentarios, a construir cinco grandes acuerdos nacionales en los siguientes temas: infancia, seguridad ciudadana, salud, Araucanía y desarrollo económico.

En consecuencia, el anuncio de la creación de un nuevo grupo de trabajo, en este caso la Comisión de Salud, ratifica una nueva forma de entender la política y lo público, una forma distinta de incentivar el diálogo tanto entre las fuerzas políticas mismas, como entre ellas y la sociedad civil, permitiendo así que distintas visiones ideológicas puedan acercar posiciones sobre temas fundamentales para el progreso del país.

Andrés Jirón, Abogado, MBA, Horizontal

Publicada en El Líbero el 22-4-2018