Agenda laboral: sin lugar para ideologías estériles

Más allá de las frecuentes movilizaciones y marchas masivas de cada 1° de mayo, los actos de este año generan nuevas expectativas por tratarse de una conmemoración en un gobierno de centroderecha. En especial, porque la ciudadanía anhela que los políticos aprovechen esta oportunidad para discutir en profundidad la próxima agenda laboral, comprendiendo, aceptando y asumiendo la coexistencia de legítimos intereses contrapuestos.

Después de un año extremadamente difícil en términos de empleo, la medición efectuada por el INE correspondiente al trimestre diciembre 2009-febrero 2010 reflejó una tasa de desocupación nacional ascendente a 8,5%. A esto hay que agregarle la alta cesantía provocada por el terremoto y la acostumbrada disminución de la actividad laboral durante los meses de invierno.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer esta semana aspectos conceptuales y metodológicos de la nueva Encuesta Nacional de Empleo, que permite medir bajo otros parámetros los niveles y tasas de ocupación, cesantía e inactividad de la fuerza laboral del país. Las próximas cifras del trimestre Enero-Marzo 2010 graficarán la gravedad de la situación ocupacional, entregando mayores antecedentes para un diagnóstico profundo.

Ante la urgencia de la situación, la opinión pública espera un debate serio y profundo, con altura de miras y que deje fuera ideologías estériles. Hasta ahora, gobierno, trabajadores y empresarios han sostenido corteses conversaciones durante el período de instalación de la nueva administración. Sin embargo, en los últimos días las relaciones se han tensionado, en especial ante la amenaza de posibles movilizaciones.

De hecho, el ex ministro del Trabajo y actual diputado por La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo establece esta posibilidad en una columna de opinión publicada en La Tercera. “Por cierto, en el lenguaje de los trabajadores, esta disposición (al diálogo) se hace conjuntamente con la actitud de movilizarse en caso de no encontrar una positiva respuesta”, escribe el candidato a la presidencia del PS.

Por su parte, Arturo Martínez, presidente nacional de la CUT, señaló en entrevista en CNN “Creo que se está generando un clima favorable a la movilización y queremos decir derechamente que nosotros no la estamos buscando, pero es posible que con todos estos hechos que se están repitiendo en otros lugares del sector público, nos vamos derechamente a la convocatoria del paro nacional en algún momento”.

A su vez, la Concertación ha coordinado con la CUT una ofensiva para ese día, instruyendo a sus dirigentes y parlamentarios para que se integren de manera activa a las actividades convocadas para ese día tanto en Santiago como en regiones.

La ministra del Trabajo, en cambio, ha optado por una posición mucho más conciliadora, declinando referirse al tema y esmerándose en mantener abiertos los canales de comunicación con el dirigente sindical. Incluso ha anunciado su intención de asistir al acto central que realizará la CUT. ¿Diferencia de género? ¿Diferencia generacional? ¿Necesidad de renovar el estilo de la política?

Pareciera que la CUT quiere medir fuerzas con el gobierno, y para eso, cualquier pretexto vale. En un momento en que la oposición todavía se reorganiza, los aspirantes a liderar la coalición se disputan los roles relevantes. No obstante, la ciudadanía otorga un escaso apoyo cuando percibe que intereses particulares priman por sobre el bien común. Basta con analizar la reciente Evaluación Gestión del Gobierno Abril 2010 de Adimark, en que sólo el 34% de los chilenos aprueba cómo la Concertación está desarrollando su labor, mientras el 54% la desaprueba. En la misma línea, las posiciones extremas y confrontacionales son desestimadas por los votantes, como bien lo pudo comprobar el mismo presidente de la CUT en su frustrado intento de postular como diputado por Colina, Lampa, Pudahuel y Quilicura.

Existe pleno consenso respecto a necesidad de fortalecer la negociación colectiva y el rol de los sindicatos. El mismo informe de la OCDE recomienda fortalecer el rol de los actores sociales en el establecimiento de salarios y condiciones de trabajo, promoviendo relaciones laborales menos confrontacionales y más cooperativas.

Sin embargo, antes es necesario sincerar la representatividad de estas organizaciones sindicales, las que no incluyen trabajadores no sindicalizados, de las pymes y desocupados. De acuerdo a un estudio efectuado por el Consejo Asesor sobre Trabajo y Equidad -elaborado durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet-, el 80% de la fuerza laboral trabaja en pymes y vive una realidad absolutamente distinta a los sindicalizados de las grandes empresas. Por otra parte, los cesantes tampoco han logrado una asociatividad que les permita convertirse en actores relevantes en el diálogo laboral. Es por estas razones que la ciudadanía no aceptará que el debate laboral se vea entorpecido por ideologías estériles, que impidan la resolución de tantas materias pendientes.

Columna publicada en latercera.com:

http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/genda_laboral_sin_lugar_para

La Nación: autogol del gobierno

Durante su campaña, el Presidente Piñera anunció en numerosas oportunidades que cerraría el Diario La Nación o le daría un estatuto corporativo tipo TVN. Sin embargo, el Gobierno no hizo ni lo uno ni lo otro… sino todo lo contrario: nombró por menos de 24 horas a un nuevo director, infiriéndose un previsible y evitable autogol.

El nombramiento de Mirko Macari como nuevo director del diario La Nación fue aprobado por la unanimidad del directorio de la empresa, presidido por Daniel Platovsky y compuesto además por Cristina Bitar, Gonzalo Müller, Hernán Larraín Matte, Enrique Alcalde, Luis Eduardo Thayer y Raimundo Valenzuela. Fué Platovsky quién habría avalado el nombre de Macari, en línea con una nueva estrategia de sintonía editorial con la ciudadanía en general. Su contratación estaba dirigida a darle viabilidad editorial al medio y desarrollar un proyecto comercial, transformando la audiencia en un mercado.

La designación del periodista fue bien recibida en amplios círculos profesionales, por su autonomía e independencia demostrada durante años. Macari, ex (y actual) director del diario electrónico El Mostrador, se ha dedicado al periodismo de investigación y cuenta con una reconocida trayectoria en medios nacionales y universidades, convirtiéndose en una de las figuras de mayor credibilidad en el ámbito periodístico.

Sin embargo, su nombre fue vetado por la UDI por la publicación en 2003 de unos artículos que involucraban al senador Jovino Novoa en el caso Spiniak (en Plan B y en La Nación Domingo). Ante la presión de dicha tienda política, el gobierno decidió bajar la nominación, quedando en una incómoda posición ante la opinión pública y con un caso difícil de resolver.

Las responsabilidades fueron de inmediato asignadas a la ministra secretaria general de Gobierno, Ena von Baer, quién transmitió al mandatario la decisión unánime del directorio de La Nación. Surgen varias interrogantes: ¿Qué tanta autonomía tiene la empresa como sociedad anónima cerrada? ¿En qué situación quedan las decisiones tomadas por su directorio? Daniel Platovsky defendió el nombramiento de Macari: “No lo miramos desde el punto de vista de su línea política, lo contratamos por sus habilidades profesionales”. Pero, ¿qué pasó con “el gobierno de los mejores, los más preparados, los más honestos, los con mayor vocación de servicio público”? como lo anunció el mandatario en su Discurso del Triunfo.

De hecho, para relajar tensiones, el Presidente Piñera invitó a Platovsky a pasar el fin de semana a Cerro Castillo junto a los ministros Hinzpeter y Larroulet y los senadores Chahuán, Espina, Matthei y Lily Pérez, probablemente para encontrar una salida a esta situación.

Por de pronto, la idea de buscar un nuevo candidato para la vacante resulta compleja, aún más después de la negativa de varios candidatos. Desde ya, el cargo de director de La Nación se desprestigió al quedar sometido a la aprobación de los partidos políticos. Las permanentes y reiteradas críticas de la Alianza a este medio durante los gobiernos anteriores -“diario de trinchera, poco objetivo, falto de ética, pasquín político, proselitista”- se vuelven ahora en contra del nuevo gobierno.

Por otra parte, tampoco resulta fácil volver a la postura inicial de cerrar el diario, tal como se señaló durante la campaña presidencial, ya que confirmaría la existencia de pugnas de poderes políticos y comerciales. En entrevista dada a Radio Bío Bío, el propio Macari asume su bajada como un ajuste de cuentas entre la UDI y el ministro Hinzpeter, por la ausencia de gremialistas en el gobierno y la reciente alza de impuestos. Además, acusa al grupo económico El Mercurio de intentar cerrar La Nación para llevarse sus avisos y disputar la administración del Diario Oficial. En consecuencia, tanto la opción de cerrar como de vender La Nación tendría un alto costo para la imagen del mandatario: privilegiar a los grupos económicos.

Por otra parte, el senador Hernán Larraín ya señaló en una entrevista de Radio Bío Bío que no se justifica que el gobierno mantenga el diario La Nación. “Más allá de quién dirija este medio de comunicación, considero que el problema de fondo es que el gobierno mantenga un medio de prensa oficialista”, dijo Larraín. A su vez, el senador y Secretario General de la UDI, Víctor Pérez Varela, entrevistado también por el mismo medio, señaló que no tiene sentido que el diario La Nación siga en poder del gobierno. ¿Y qué pasa con Chilevisión entonces?

¿Cerrar La Nación o venderla? Difícil decisión. Con tanta visibilidad, cualquiera de las dos soluciones será probablemente cuestionada por la opinión pública. Por eso, la implementación de un estatuto corporativo como el de TVN puede ser una gran oportunidad para mejorar la gestión de La Nación y diluir la concentración existente en los medios de comunicación chilenos.

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Gobierno: al ritmo de la cumbia de los picados

La redefinición de identidad política no sólo incumbe a la Concertación, sino que también concierne a la Coalición por el Cambio. Acostumbrada a estar en la oposición durante 20 años, la Alianza por Chile todavía no asume su rol comunicacional de conglomerado oficialista en la construcción de la agenda pública.

Las fuertes críticas del senador Allamand (RN) al gobierno del Presidente Piñera provocaron un revuelo en el ámbito político. En el programa Entrevista del Domingo de TVN y días antes del lanzamiento de su libro “La estrella y el arco iris” -escrito junto a su pareja, la diputada Marcela Cubillos (UDI)-, el parlamentario acusó de desprolijidad comunicacional al proceso de instalación de la nueva administración, además del ya denunciado conflicto de interés derivado de la propiedad de Chilevisión.

Las inmediatas declaraciones de la senadora Matthei -en gira oficial en EE.UU.- sobre estos comentarios del senador Allamand, sólo hicieron escalar el conflicto. Su expresiva referencia a la poco conocida “cumbia de los picados” le agregó sabor regional a su respuesta, confirmando de paso la existencia de potenciales díscolos en la derecha y una importante señal de división en la Coalición por el Cambio. Bien lo supo la ex Presidenta Bachelet en su conglomerado, cuando al inicio de su mandato intentó propulsar un “gobierno ciudadano”, provocando el rechazo de los partidos políticos oficialistas. Este “gobierno de excelencia” también podría seguir los mismos pasos.

A su vez, en vez de retractarse y con una mayor cobertura, el parlamentario insistió en sus cuestionamientos, señalando que todos los dirigentes de la Coalición por el Cambio eran partidarios de que el mandatario se desprendiera de Chilevisión. Además de ser un flanco abierto desde el 17 de enero, este previsible conflicto de interés cobró visibilidad una vez resuelta la venta de Lan. Las conciliadoras declaraciones en Santiago de la ministra vocero de Gobierno, Ena Von Baer, pasaron prácticamente desapercibidas y no lograron desescalar el conflicto ya desatado.

Por su parte, el Presidente Piñera rápidamente se vio obligado a responder los cuestionamientos del parlamentario. En plena visita oficial en Washington, al ser entrevistado en el programa Panorama Mundial de CNN en Español, la periodista Patricia Janiot -además de consultarle por los ineludibles conflictos de intereses- le preguntó por las críticas del senador Allamand. En específico, se refirió sobre las acusaciones de personalismo presidencial y la falta de figuras políticas en el gobierno.

A pesar de que el mandatario contestó en forma general, sin explayarse innecesariamente en el tema ni entrar en detalles pequeños, la oportunidad no favoreció al Jefe de Estado. La extensa cobertura de la red de televisión -señal de 24 horas de noticias dirigida al mercado latinoamericano- y la atención de los medios nacionales e internacionales en esta visita oficial sirvieron para consolidar el conflicto interno entre partidarios del Presidente Piñera. La escenografía de CNN tampoco contribuyó a minimizar la respuesta: el formato del extracto difundido -plano medio del mandatario- hizo recordar los anuncios realizados en las cadenas nacionales en nuestro país. Si en vez de la Casa Blanca hubiera estado La Moneda, la respuesta del Presidente al parlamentario hubiera parecido una red voluntaria de radio y televisión.

En contrapartida, el plan de reconstrucción nacional quizás requiera una mayor solemnidad en su presentación. Con una audiencia acostumbrada a frecuentes cadenas nacionales en el gobierno de la ex Presidenta Bachelet -en especial en el último año-, un proyecto de tanta relevancia social no debiera ser anunciado en forma tan interrumpida y difusa. El equipo comunicacional de la ex mandataria no hubiera desperdiciado oportunidad tan grande para reforzar el rol del gobierno ante la opinión pública.

En cambio, las actuales medidas han sido comunicadas a través de esporádicos y desordenados anuncios: tras una reunión con el Comité Ejecutivo de la CPC, en anuncios ocasionales desde Nueva Orleans o Washington , presentación de planes aislados de carteras o posibles fuentes de financiamiento. De hecho, los parlamentarios de oposición ya anunciaron su rechazo al reciente proyecto para el Fondo de la Reconstrucción e Incentivo a las Donaciones presentado al Congreso.

Un plan tan relevante para el país y con un presumible rechazo de la oposición, no puede ser comunicado a gotas mientras el Presidente está de gira en el extranjero. Menos aún, el pedir desde la distancia al Congreso -trinchera de la oposición-, una rápida aprobación al plan de reconstrucción. Estas medidas sólo producen un desgaste innecesario en un debate estéril que distrae la atención de los temas prioritarios.

Sin embargo, la próxima presentación del plan de reconstrucción nacional puede ser una gran oportunidad para un despliegue comunicacional. El gobierno y la Coalición por el Cambio deben asumir con mayor solemnidad, responsabilidad y profundidad su rol en la construcción de la agenda pública.

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Gobierno: transparentar hasta que duela

La reciente formalización de la diputada Claudia Nogueira por cuatro delitos de fraude al Fisco -por la suma de $ 30.283.103- abre una nueva arista para el gobierno del Presidente Piñera. Acostumbrados durante años a que las acusaciones fueran hechas por la Alianza en contra de la Concertación, este caso podría implicar una importante pérdida de superioridad moral del conglomerado oficialista, y de paso, del actual gobierno.

Sin perjuicio de que sólo los Tribunales de Justicia pueden determinar las responsabilidades civiles y penales -muy en la línea de lo señalado por el ministro de Justicia Felipe Bulnes respecto al nuevo director de Gendarmería-, las primeras señales comunicacionales del gobierno serán decisivas en relación a la permisividad que tendrán los actos de corrupción. Más aún si se toma en cuenta que uno de los pilares de la campaña presidencial consistió precisamente en atacar el laissez faire de los últimos gobiernos de la hoy oposición.

Cabe recordar que la derecha no siempre ha tenido la misma severidad con sus partidarios que con los de la Concertación. Emblemático resultó un categórico dictamen de la Contraloría General de la República, el que estableció que el viaje a Europa de la entonces y actual alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza, la concejal Valentina Egert y el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo - y marido de la diputada Nogueira-, no correspondió a las actividades declaradas de la organización Comuna Net.

Después del dictamen, la alcaldesa se limitó a restituir el valor del viaje, poniendo término con eso el juicio de cuentas correspondiente. El entonces presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, en forma enfática anunció la aplicación de estrictas sanciones en el caso que la Contraloría o los tribunales comprobaran las denuncias. Sin embargo, poco después del dictamen del organismo contralor, el dirigente UDI entregó su respaldo a Plaza. Al parecer ese apoyo no fue suficiente, ya que al mes la edil de Huechuraba y la concejal involucrada renunciaron a la UDI. Con posterioridad, Plaza repostuló como independiente al mismo cargo, siendo elegida con el 53,74% de los votos y, de paso, aumentando su valor para la que fuera su tienda política.

La Contraloría también detectó irregularidades en la municipalidad de Recoleta, en contratos que la involucraban en un eventual fraude al fisco y en negociaciones incompatibles con dos empresas privadas: Rush S.A. y GMA. Más tarde, el alcalde Cornejo no quiso ir a la reelección, y poco después de la publicación del dictamen de Contraloría, el edil renunció a la UDI en forma definitiva. En ese momento, recibió un gran apoyo de sus compañeros de partido.

Por otra parte, el ingreso en la Cámara de Diputados de 20 oficios para aclarar el fuerte incremento de traspasos de dineros a ONGs entre el 1° de enero y 11 de marzo de este año, también demuestra la imperiosa necesidad de recuperar la transparencia de los actos del Poder Ejecutivo. Sean delitos, fallas administrativas o simples faltas éticas, será la Cámara de Diputados en quién recaerá la investigación inicial. Sin perjuicio de ello, el gobierno también deberá estar atento a la investigación, ya que será una potente señal de su compromiso con la transparencia estatal en los próximos cuatro años.

Por último, la reciente investigación efectuada sobre la Uniacc, el Ministerio de Educación y la entrega de becas Valech a personas sin competencias educacionales, también hace surgir legítimas dudas a la opinión pública acerca de la impunidad de las organizaciones involucradas, tanto del sector público como de la empresa privada. El programa “Esto no tiene nombre” de TVN demostró cómo la Uniacc inscribió en programas universitarios a personas que no habían terminado su enseñanza básica o media, lucrando a través de dineros aportados por el Estado, sin ninguna supervisión por parte del Mineduc.

Ya son demasiado los casos en que en que las responsabilidades administrativas se han diluido a lo largo del tiempo: Mop -Gate, Conadi, Chiledeportes, Cees, Efe, Enap, Registro Civil , aviones Mirage, Ministerio de Cultura, Sename, Subdere, Hospital de Talca, Hospital de Iquique, Hospital Félix Bulnes, entre otros, consagran la impunidad de la administración estatal en nuestro país.

De ahí la importante necesidad de identificar a los involucrados y de hacer efectivas las responsabilidades civiles, penales, administrativas y políticas que correspondan. Sin embargo, el gobierno no podrá ser más exigente en unos casos más que en otros. En todas las investigaciones deberá respetar los procesos de los órganos jurisdiccionales, pero al mismo tiempo deberá demostrar su total compromiso con la transparencia, impulsando una gestión efectiva en la determinación de responsabilidades. Aunque sea doloroso, deberá mostrarse firme ante la opinión pública, en especial en aquellos casos en que se encuentren involucrados alcaldes o parlamentarios de la Alianza.

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