Después de más de un año con urgencias simples en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley sobre fideicomiso ciego presentado por el Ejecutivo terminó su primer trámite constitucional. La Moneda defendió su decisión de darle suma urgencia a esta iniciativa legal y descartó que fuera una maniobra para complicar a Sebastián Piñera.
Tras un infructuoso proyecto presentado en 2005 por el gobierno del ex Presidente Lagos y de un todavía pendiente anteproyecto diseñado por los diputados Chahuán, Enríquez-Ominami, Escobar y Valenzuela (boletín 5282-07), el gobierno de la Presidenta Bachelet ingresó esta iniciativa el 11 de junio de 2008.
Este proyecto propone que las autoridades deberán constituir un Mandato Especial de Administración Ciega de Patrimonio (MACPA) cuando el total de sus bienes exceda las 470.000 Unidades de Fomento. En consecuencia, sólo las personas con fortunas superiores a los $ 9.800 millones estarán obligadas a establecer un fideicomiso ciego. De esta forma, un Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores, Diputados y Consejeros del Banco Central cuyos peculios no alcancen ese valor no necesitarán constituirlo, quedando sujetos sólo al cumplimiento voluntario de esta medida de transparencia.
El controvertido monto permite sospechar en forma legítima que se trata de una ley hecha con nombre y apellido. Sin embargo, este proyecto es totalmente ineficiente en el caso de otras futuras autoridades, en que también será conveniente apartar la política de los negocios. De acuerdo a lo expresado por la Presidenta Bachelet, los chilenos tenemos claro que estas dos actividades deben estar absolutamente separadas, independiente de los montos de los patrimonios de las autoridades. Más aún si se toma en cuenta que la última encuesta CEP refleja una baja confianza ciudadana en algunas instituciones: gobierno (56%), municipalidades (38%), Congreso (26%), tribunales de justicia (21%) y partidos políticos (13%).
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que el PIB per cápita chileno medido por Paridad de Compra (PPC) llegará en el 2010 a US$ 14.299 por persona, esto es, un monto cercano a los $ 600.000 mensuales. Con esa renta promedio, para la gran mayoría de los chilenos -y también sus autoridades- resultará extremadamente difícil acceder a esos montos, quedando la gran mayoría exenta de la obligación de constituir un fideicomiso ciego.
Como referencia, cuando asumió la Presidenta Bachelet, ella declaró un patrimonio de $ 184.749.260 ante la Contraloría General de la República. Si el actual proyecto de ley hubiese estado vigente, le hubieran faltado $ 9.616 millones para estar obligada a constituir este mecanismo de transparencia y lo mismo hubiese ocurrido con cualquier otra autoridad.
De acuerdo a lo informado por el Servicio de Impuestos Internos a través de la Ley de Transparencia, sólo 1.329.297 personas pagaron impuesto a la renta en Chile en el 2008. Este tributo es pagado por menos del 10% de la población y se realiza bajo la modalidad de segunda categoría o de global complementario. De este bajo porcentaje, un exiguo 1,27% está en el tramo del 40%, correspondiente a ingresos superiores a 5,5 millones mensuales o más. Aún con esa considerable entrada mensual, se necesitarían 148 años de trabajo para construir un patrimonio de $ 9.800 millones.
Por otra parte, según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos -publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas en octubre de 2009-, la distribución del ingreso de los hogares ha tenido entre los años 2001 y 2008 un coeficiente de Gini en torno al 40% (en que el valor cero indica perfecta igualdad y el valor 100 perfecta desigualdad), reflejando una gran disparidad.
En consecuencia, nuestro ingreso promedio y su desigual distribución hacen extremadamente poco probable que se reúnan las condiciones necesarias para exigirle a una autoridad la constitución de un fideicomiso ciego. Las grandes posibilidades de conflicto entre el interés particular de quienes ejercen un cargo público y el interés general de La Nación fundamentan la generalidad de esta medida para regular la clase política. Sin embargo, se convertirá en una norma excepcional en la práctica, al producir efectos en una sola persona.
La precipitada, y a la vez atrasada medida, sólo refleja una improvisación legislativa que busca privilegiar efectos electorales a corto plazo por sobre transparentar la política en el tiempo. Esto sólo acrecienta la desconfianza que la ciudadanía siente hacia la clase política, en especial cuando se trata de su auto regulación. Si este proyecto de ley es aprobado, se convertirá en letra muerta una vez terminada la segunda vuelta de esta elección presidencial, impidiendo transparentar nuestra ya tan desprestigiada política.
Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/un_fideicomiso_torpe_e_ineficiente
