Un fideicomiso torpe e ineficiente

Después de más de un año con urgencias simples en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley sobre fideicomiso ciego presentado por el Ejecutivo terminó su primer trámite constitucional. La Moneda defendió su decisión de darle suma urgencia a esta iniciativa legal y descartó que fuera una maniobra para complicar a Sebastián Piñera.

Tras un infructuoso proyecto presentado en 2005 por el gobierno del ex Presidente Lagos y de un todavía pendiente anteproyecto diseñado por los diputados Chahuán, Enríquez-Ominami, Escobar y Valenzuela (boletín 5282-07), el gobierno de la Presidenta Bachelet ingresó esta iniciativa el 11 de junio de 2008.

Este proyecto propone que las autoridades deberán constituir un Mandato Especial de Administración Ciega de Patrimonio (MACPA) cuando el total de sus bienes exceda las 470.000 Unidades de Fomento. En consecuencia, sólo las personas con fortunas superiores a los $ 9.800 millones estarán obligadas a establecer un fideicomiso ciego. De esta forma, un Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores, Diputados y Consejeros del Banco Central cuyos peculios no alcancen ese valor no necesitarán constituirlo, quedando sujetos sólo al cumplimiento voluntario de esta medida de transparencia.

El controvertido monto permite sospechar en forma legítima que se trata de una ley hecha con nombre y apellido. Sin embargo, este proyecto es totalmente ineficiente en el caso de otras futuras autoridades, en que también será conveniente apartar la política de los negocios. De acuerdo a lo expresado por la Presidenta Bachelet, los chilenos tenemos claro que estas dos actividades deben estar absolutamente separadas, independiente de los montos de los patrimonios de las autoridades. Más aún si se toma en cuenta que la última encuesta CEP refleja una baja confianza ciudadana en algunas instituciones: gobierno (56%), municipalidades (38%), Congreso (26%), tribunales de justicia (21%) y partidos políticos (13%).

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que el PIB per cápita chileno medido por Paridad de Compra (PPC) llegará en el 2010 a US$ 14.299 por persona, esto es, un monto cercano a los $ 600.000 mensuales. Con esa renta promedio, para la gran mayoría de los chilenos -y también sus autoridades- resultará extremadamente difícil acceder a esos montos, quedando la gran mayoría exenta de la obligación de constituir un fideicomiso ciego.

Como referencia, cuando asumió la Presidenta Bachelet, ella declaró un patrimonio de $ 184.749.260 ante la Contraloría General de la República. Si el actual proyecto de ley hubiese estado vigente, le hubieran faltado $ 9.616 millones para estar obligada a constituir este mecanismo de transparencia y lo mismo hubiese ocurrido con cualquier otra autoridad.

De acuerdo a lo informado por el Servicio de Impuestos Internos a través de la Ley de Transparencia, sólo 1.329.297 personas pagaron impuesto a la renta en Chile en el 2008. Este tributo es pagado por menos del 10% de la población y se realiza bajo la modalidad de segunda categoría o de global complementario. De este bajo porcentaje, un exiguo 1,27% está en el tramo del 40%, correspondiente a ingresos superiores a 5,5 millones mensuales o más. Aún con esa considerable entrada mensual, se necesitarían 148 años de trabajo para construir un patrimonio de $ 9.800 millones.

Por otra parte, según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos -publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas en octubre de 2009-, la distribución del ingreso de los hogares ha tenido entre los años 2001 y 2008 un coeficiente de Gini en torno al 40% (en que el valor cero indica perfecta igualdad y el valor 100 perfecta desigualdad), reflejando una gran disparidad.

En consecuencia, nuestro ingreso promedio y su desigual distribución hacen extremadamente poco probable que se reúnan las condiciones necesarias para exigirle a una autoridad la constitución de un fideicomiso ciego. Las grandes posibilidades de conflicto entre el interés particular de quienes ejercen un cargo público y el interés general de La Nación fundamentan la generalidad de esta medida para regular la clase política. Sin embargo, se convertirá en una norma excepcional en la práctica, al producir efectos en una sola persona.

La precipitada, y a la vez atrasada medida, sólo refleja una improvisación legislativa que busca privilegiar efectos electorales a corto plazo por sobre transparentar la política en el tiempo. Esto sólo acrecienta la desconfianza que la ciudadanía siente hacia la clase política, en especial cuando se trata de su auto regulación. Si este proyecto de ley es aprobado, se convertirá en letra muerta una vez terminada la segunda vuelta de esta elección presidencial, impidiendo transparentar nuestra ya tan desprestigiada política.

Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/un_fideicomiso_torpe_e_ineficiente

La desconfianza del chileno

La encuesta “Confianza en los Sectores Altos”, realizada por la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y Feedback, demuestra la escasa confianza que existe en la clase alta de Santiago, la clase que dirige el mundo económico, político, social y cultural de nuestro país. Existe un importante recelo hacia las autoridades, las instituciones, las empresas, las personas e incluso la familia.

La confianza interpersonal constituye un elemento de la esencia de la asociatividad, uno de los pilares que facilita el crecimiento y desarrollo de un país. Resulta necesaria, pero no suficiente, para la construcción de variables políticas, económicas, sociológicas y culturales. Pero la falta de confianza y colaboración impide y dificulta cualquier proyecto que se emprenda.

El 73% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo en que la mayoría de la gente se aprovecharía de ellos si tuviera la oportunidad de hacerlo. Y el 51% concuerda que, en general, se debe desconfiar de las personas desconocidas. Esto, en la práctica, provoca que la clase alta chilena tienda a confiar sólo en la gente que conoce, en sus “redes de confianza” que se construyen como verdaderos ghettos, privilegiando los círculos íntimos por sobre las relaciones circunstanciales, como vecinos y compañeros de trabajo.

Otra importante conclusión del estudio es que casi el 30% tiene la sensación de que permanentemente está siendo perjudicado, demostrando que ni siquiera las precauciones que toman los protegen de pagar costos en su interacción social. Esto hace que proyecten esa sensación en los demás, ya que el 68% de los encuestados -todos de clase alta- considera que los chilenos son desconfiados o muy desconfiados. Las causas de la desconfianza pueden variar, demostrando la poca diversidad que existe en nuestra sociedad: forma de hablar (36%), expresión de la cara (35%) y la ropa (16%).

Por otra parte, se cree poco en las instituciones. Esta desconfianza se expresa en los servicios que reciben, en los plazos prometidos, en el comercio y en las instituciones financieras. Además, tampoco existe confianza en las autoridades: parlamentarios (4%), alcaldes (12%), ministros de gobierno (13%), ministros de la Corte Suprema (13%), comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas (30%) y Presidenta de la República (41%).Tampoco confían en dirigentes políticos (2%), dirigentes sindicales (6%), empresarios (10%), jueces (16%), detectives (17%), sacerdotes católicos (26%), militares (43%), carabineros (52%), bomberos (82%) .

La existencia de relaciones interpersonales inadecuadas, la falta de comunicación y el estrés propio de la vorágine de la vida diaria, atentan contra las interacciones eficaces. La inserción de Chile en la comunidad internacional y su anhelo de aumentar su participación en ella, nos obliga a mejorar nuestros índices de confianza interpersonal. Sin ello, no podremos nunca constituir verdaderos equipos de trabajo capaces de enfrentar los nuevos desafíos que la globalización nos impone.

Columna publicada en http://www.gestcom.cl/blogs.html

La urgencia de un mejor Estado

El anuncio de una profunda intervención del Gobierno en la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi) tras anomalías detectadas por la Contraloría General de la República, reafirma la necesidad de un mejor Estado.

Un reciente informe de la Contraloría denunció graves irregularidades en el Programa Orígenes II, en un monto cercano a los $9000 millones por concepto de cuentas sin rendir. Esto fue calificado por el Coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo, como un gran desorden al interior de la entidad.

No es la primera vez que dicha institución es cuestionada. Ya en septiembre de este año, el ministro Viera Gallo, se vio obligado a pedir la renuncia a 10 funcionarios de Conadi y del programa Orígenes por irregularidades en la asignación de $2400 millones en subsidios para la compra de tierras como “casos especiales”.

A la semana siguiente, el ministro secretario realizó una amplia reestructuración en el organismo, que incluyó cambios de jefaturas y de funcionarios. En esa oportunidad, se instruyeron 32 sumarios por irregularidades cometidas en la institución. Como consecuencia de esto, el jefe del Fondo de Tierras y Aguas salió de la organización, el fiscal fue suspendido de su cargo por tres meses y un abogado fue amonestado con una rebaja en su remuneración. El director nacional, fue confirmado y recibió sólo una amonestación en esa oportunidad.

Estas deficiencias se suman a otras tres grandes deudas que el Estado chileno mantiene con la ciudadanía: seguridad, educación y salud. Son los problemas a los que el Gobierno debiera dedicar el mayor esfuerzo, de acuerdo a la última encuesta CEP. Al parecer, todavía existe una importante insatisfacción en estas áreas por las prestaciones recibidas del Estado.

Según el último índice de victimización Paz Ciudadana-Adimark -realizado entre los meses de julio y octubre de 2009-, el 37,5% de los hogares tuvo algún miembro que fue víctima de un robo o intento de robo, demostrando que las cifras continúan siendo altas a pesar de los programas dirigidos a reducir la delincuencia.

El reciente paro del Colegio de Profesores permitió reforzar el debate sobre la calidad de la educación pública en Chile. A pesar de las distintas posturas en relación a la legitimidad o ilegitimidad de sus pretensiones -incluso dentro del mismo Congreso-, se logró instalar en la opinión pública la necesidad de realizar una profunda e integral revisión a la educación estatal.

A su vez, la movilización organizada por la Anef evidenció que el único eje central de la negociación fue el aumento de remuneraciones, sin considerar otras variables como calidad de los servicios entregados, trabajadores a contrata y a honorarios, congelamiento de la planta administrativa y lagunas previsionales de funcionarios. Sin lugar a dudas que no existirá un servicio público que satisfaga a los usuarios mientras no se resuelvan estos temas pendientes.

La falta de renovación de materiales quirúrgicos en el hospital de Iquique, la revisión de la licitación del hospital de Puerto Montt, la insuficiencia de recursos en el presupuesto 2010 para el hospital de Talca y la falta de camas y médicos en urgencias revelan la precaria gestión que se realiza en la salud pública.

A pesar de las múltiples recomendaciones respecto a la necesidad de una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas -la última presentada por el Consorcio para la Reforma del Estado- ésta todavía no se implementa, dificultando la evaluación de cualquier política pública en estas dimensiones: control de legalidad, auditoría de gastos y eficiencia en uso de recursos, cumplimiento de objetivos específicos e impacto de cada política pública en materias como equidad, productividad y competitividad.

La urgencia de un mejor Estado se evidencia por el fracaso de muchas políticas públicas, ya sea porque se implementan en forma desprolija, porque sus organismos ejecutores se encuentran capturados por operadores políticos, o bien debido a que en algunos casos existen casos de corrupción.

Ante los escasos resultados en estas tres áreas -seguridad, educación y salud- , más las recientes irregularidades detectadas en Conadi, Ministerio de Cultura o las platas del Sida, junto a las formalizaciones en procesos por investigaciones en Chiledeportes, Registro Civil, EFE o Corporación de Estudios Estratégicos (CEES), por un lado se hace necesario implementar la diferenciación entre decisor y usuario de políticas públicas, aplicar controles de gestión efectivos y realizar análisis de su legalidad e impacto, todo esto a través de la creación de una institución que vele por la calidad de las políticas públicas.

Por otra parte, también será necesario mejorar la situación contractual de los trabajadores permanentes, regularizar la situación de los colaboradores transitorios, permitir la especialización funcionaria y ampliar el Sistema de Alta Dirección. Sólo de esta forma, la ciudadanía podrá contar con un Estado que cumpla lo que ofrece, en beneficio de todos los chilenos.

Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/la_urgencia_de_un_mejor

Porque Santiago no es Chile

Resumen
La tan esperada reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional se demoró más de la cuenta. A pesar de que la descentralización ha estado presente en todos los discursos y que parecía existir un consenso respecto a su urgencia, ésta recién se convirtió en realidad después de casi seis años. Las observaciones y recomendaciones hechas por la OCDE en su informe Territorial Reviews Chile parecen haber sido fundamentales para apurar la tramitación legislativa. Sin embargo, además de la publicitada aprobación de la elección directa de los consejeros regionales, todavía falta precisar los mecanismos de asignación de recursos y del traspaso de atribuciones a los gobiernos regionales, elementos indispensables para lograr una verdadera autonomía.


Andrés Jirón Santandreu. Abogado, Universidad de Chile. Magíster en Administración de Empresas, Universidad del Desarrollo. Postítulo en Comunicación Corporativa, Pontificia Universidad Católica. Postítulo en Estudios de Audiencias, Pontificia Universidad Católica. Actualmente Gerente General de Gestcom, empresa consultora en comunicaciones organizacionales (http://www.gestcom.cl/).

Contexto regional
La actual discusión parlamentaria derivada del proyecto de reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional reaviva el permanente debate acerca de la necesidad de una mayor descentralización. Desde 1991, año en que se establecieron los gobiernos regionales en la Carta Magna, se ha visto la necesidad de introducir ciertas adecuaciones al sistema imperante y de permitir un rol protagónico a las regiones en las decisiones que afectan su propio desarrollo.

Pero, a pesar de que pareciera existir un fuerte consenso acerca de la necesidad de entregar mayor autonomía a las regiones -según múltiples y reiteradas declaraciones provenientes de todos los sectores políticos- sólo recién la reforma constitucional se acaba de concretar, faltando todavía dictar las leyes orgánicas constitucionales que la hagan efectiva.

Con territorios, historias y culturas tan diversas en nuestras regiones, Santiago presuntuosamente se arroga el derecho de conocer e interpretar mejor que nadie las realidades de cada una de ellas. Geografías tan extremas como el árido desierto en el Norte, una fértil zona central, un boscoso paisaje sureño, una Patagonia disgregada en fiordos y canales, una Antártica todavía difícil de acceder, una ahora inquieta Isla de Pascua y una cordillera que nos acompaña a lo largo de todo nuestro territorio, hacen imposible sistematizar y nivelar trayectorias, requerimientos y proyecciones. Esta diversidad de territorios, recursos naturales e identidades locales conforman diferentes características propias en cada región. Por esta razón, resulta incomprensible que las regiones todavía no sean autónomas en materia de gobierno y administración, haciendo surgir durante muchos años una legítima duda acerca de la verdadera voluntad política de las autoridades, tanto del poder ejecutivo como legislativo.

Sólo el 37,18% de los electores chilenos vive en la Región Metropolitana, mientras que el 62,81% se concentra en regiones, de acuerdo a estadísticas1 del Servel a julio de 2009. Sin embargo, esta proporción no se extiende a los procesos de toma de decisiones de nuestro país. En la práctica, la participación regional es casi mínima -aún en materias propias- y resulta absurdo el nivel de centralismo existente al día de hoy, a pesar del reiterado y repetitivo discurso de la descentralización.

Por otra parte, el XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda2, último censo realizado en abril de 2002 por el Instituto Nacional de Estadísticas, reconoció algunos procesos migratorios que conforman regiones “de expulsión” o “de atracción” de habitantes, en especial aquellos que involucran a poblaciones pertenecientes a grupos étnicos. Indudablemente, estas tendencias deben ser evaluadas con mayor periodicidad que las que entrega la realización de censos nacionales cada diez años.

En la práctica, nuevamente con encontramos con la postergación de situaciones atingentes a la población de regiones. La solución no consensuada del traslado de los habitantes de Chaitén, el escaso resultado del Plan Arica, la todavía débil conectividad de Chiloé o la tardía reparación de los daños del terremoto en Tarapacá, desvirtúan cualquier discurso de regionalización. Por otra parte, los noticiarios siguen dedicando más de tres cuartas partes de su duración a temas metropolitanos (Transantiago, contaminación, cobro autopistas, etc.), reflejando cuán ausentes están las regiones en la construcción de la identidad país.

Un reciente estudio realizado por la OCDE señala que la escasa descentralización ha limitado el crecimiento de Chile. Según este organismo, el país carece de un marco institucional regional capaz de coordinar en forma sistemática las distintas políticas, instrumentos y actores implicados en el desarrollo económico. Recomienda territorios, regiones y comunas más fuertes, más autónomas, con mayor capacidad para tomar sus propias decisiones y planificar su desarrollo, con una mayor focalización de los recursos y las inversiones. El estudio fue explícito en vincular desarrollo económico con descentralización, señalando que permitiría una mejor distribución de oportunidades y un aumento de la equidad.

Las regiones todavía no han podido constituirse en una oferta atractiva para los capitalinos. La gran mayoría de los profesionales que viajan a trabajar a regiones copan los vuelos y buses los días jueves, al regresar a sus hogares en Santiago. Todavía falta camino para que las regiones se conviertan en reales centros de atracción. Sin su empoderamiento, será difícil consolidar el proceso de regionalización.

Para maximizar el crecimiento nacional, multiplicar y diversificar estos polos de desarrollo, se requiere enfrentar los cuellos de botella que limitan la productividad a través de políticas regionales de difusión de la innovación y de formación de capital de capital humano. Se hace necesario también avanzar en medidas que apunten a generar incentivos para que las empresas y los profesionales se queden en regiones, y para generar un crecimiento del país más armónico, equitativo y justo.

Situación actual
El gobierno y administración interior del Estado está reglamentado en el Capítulo XIV de la Constitución Política del Estado. Se divide en gobiernos regionales, provinciales y comunales.

El gobierno de cada región tiene por objetivo el desarrollo social, cultural y económico del territorio y está constituido por el intendente y el consejo regional. El primero es un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, que lo representa en el territorio de su jurisdicción. El consejo regional es un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, que hasta la mencionada reforma constitucional, era presidido por el intendente. Se encarga de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional, de aprobar los planes de desarrollo de la región y de ratificar el proyecto de presupuesto del gobierno regional. También resuelven la inversión de los recursos fijados en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sobre la base de las propuestas que formule el intendente.

Por otra parte, el sistema indirecto de nombramiento de los consejeros regionales era ampliamente criticado: al ser nombrados por los concejales de la provincia, los partidos políticos se distribuían los cargos, sustituyendo la voluntad ciudadana. De esta forma, consejeros regionales con bajo nivel de representación y de respaldo participaban en la decisión de proyectos de gran envergadura. Ahora serán elegidos por sufragio universal en votación directa de conformidad a la ley orgánica respectiva y el presidente será votado por mayoría absoluta entre los miembros del consejo regional.

El gobierno provincial está a cargo de un gobernador, nombrado también por el Presidente de la República. Debe ejercer la supervisión de los servicios públicos de su provincia de acuerdo a las instrucciones del intendente. En cada provincia existe además un consejo económico y social de carácter consultivo.

La administración comunal contempla una mayor representación ciudadana. Reside en las municipalidades y su máxima autoridad es el alcalde. También existe un Consejo Municipal, órgano dedicado a hacer efectiva la participación de la comunidad, cumpliendo funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Tanto el alcalde como los concejales son elegidos por sufragio universal.

Sin embargo, las municipalidades ni siquiera pueden conformar sus plantas o fijar las remuneraciones de sus funcionarios. Se les traspasa servicios y responsabilidades, como la educación y la salud, pero mantienen la misma infraestructura antigua en que todo se decide a nivel central.

Iniciativas como la creación de agencias de desarrollo regional y la implementación del fondo de innovación para la competitividad no han sido suficientes para cumplir los objetivos de descentralización. Para lograr una mayor efectividad, se requiere además un marco institucional regional capaz de coordinar distintas políticas, instrumentos y actores involucrados en el desarrollo económico. De esa forma se facilita una mayor participación de los actores regionales en la planificación y coordinación de la agenda de desarrollo.

A nivel regional y provincial, todos los funcionarios son nombrados por el Poder Ejecutivo: intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales o jefes de servicios a nivel regional. Están permanentemente expuestos a la disyuntiva de aplicar las normativas del gobierno central o interpretar la voluntad de los habitantes de la región. Los consejeros regionales, hasta ahora designados por los concejales, no logran ser un contrapeso al poder del Ejecutivo ni representar a cabalidad la voluntad ciudadana.

En consecuencia, las mayores críticas del sistema actual de descentralización apuntaban en primer lugar a que parte de las autoridades regionales carecen de representatividad ciudadana. En segundo lugar, a que las decisiones económicas regionales están absolutamente concentradas en la Ley de Presupuesto de la Nación y en las decisiones del Poder Ejecutivo. La combinación de ambos factores produce una total falta de sintonía con los requerimientos regionales. Por último, que la aplicación de la reforma a la Carta Magna quedará pendiente hasta la dictación de las leyes orgánicas constitucionales correspondientes.

Economías regionales
Los recursos fiscales para la materialización de los proyectos y obras de desarrollo e impacto regional, provincial y local, son transferidos a cada una de las regiones mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Su distribución considera variables de orden socio-económico y territorial. El 90% de los recursos se asigna a comienzos del año presupuestario, y el 10% restante se destina a cubrir situaciones de emergencia y estímulos a la eficiencia.

Al no existir una verdadera descentralización financiera, se produce una agotadora e innecesaria burocracia que deriva en una disminución de los resultados regionales, tanto de la empresa privada como de los organismos públicos. Los directores regionales de organismos gubernamentales como INDAP o CONAF se reportan a los directores nacionales y no a los Seremis correspondientes -en este caso, Agricultura-. A la distancia, estas autoridades del gobierno central no siempre pueden identificar las necesidades regionales, diseñar programas que se adecúen a éstas y controlar el cumplimiento de los objetivos planteados. Lo mismo pasa en Minería, Salud, Trabajo, Vivienda, Transporte, Medioambiente, etc. Se requiere una visión regional sobre el desarrollo productivo que evite los vacíos legales de programas diseñados desde la capital. Es vital conocer, comprender y compenetrarse de la manera como la Región mira su desarrollo productivo, sus áreas de innovación y sus objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Con el propósito de entregar indicadores estadísticos que reflejen la evolución económica de las regiones, el INE entrega cada tres meses un Índice de Actividad Regional (INACER), que analiza la evolución trimestral, mercado laboral y desocupación, además de las exportaciones de cada territorio. Como consecuencia de la caída de 4,5% del PIB nacional entre abril y junio de este año, el INACER del mismo trimestre registró dinámicas negativas en nueve de las catorce regiones. Las regiones de Arica y Parinacota (-21,3%), Los Lagos (-18,9%) y Valparaíso (-9,7%) fueron las que tuvieron la mayor disminución, y Magallanes (4,8%) y Maule (4,6%) el mayor crecimiento.

A su vez, el Índice de Competitividad de las Regiones 2008 (ICORE), elaborado por el Centro de Investigación en Empresas y Negocios (CIEN) de la Universidad del Desarrollo, mide factores determinantes: Personas, Gestión, Ciencia y Tecnología, Infraestructura, Sistema Financiero, Internacionalización y Gobierno e instituciones. Indica que el promedio total de competitividad de las regiones es de 0,38 (en una escala de 0 a 1). La Región Metropolitana mantiene su liderazgo e incluso aumenta su promedio de competitividad (0,86), seguida a distancia por la Región de Valparaíso (0,56) y en tercer lugar la Región de Magallanes (0,519). Revela también que la diferencia entre primer y segundo puesto se incrementa respecto del año 2007, lo que confirma que la capital es cada vez más competitiva y que las demás regiones no aumentan su nivel relativo.

Mientras algunas regiones tienen un importante crecimiento y aumentan su PIB per cápita, otras se mantienen estancadas o disminuyen, demostrando que no todas los territorios han alcanzado su potencial de crecimiento. El reforzar sus recursos y capacidades impactaría en forma significativa la productividad nacional.

Proyecto de reforma constitucional en materia gobierno y administración regional
A pesar de los innumerables discursos de autoridades de gobierno, legisladores y organizaciones ciudadanas que recogen y reconocen la importancia de la descentralización, ha costado concretar medidas que empoderen a las regiones entregándoles una mayor independencia de la autoridad central.

El proyecto inicial de reforma constitucional fue ingresado por el ex presidente Lagos en diciembre de 2003 (boletín 3436-07). En 2007, después de cuatro años y todavía en el primer trámite constitucional, la Presidenta Bachelet formuló una indicación sustitutiva que redujo el proyecto inicial, centrándolo básicamente en el sufragio universal de los consejeros regionales, transferencia de competencias a los gobiernos regionales y algunas enmiendas formales y de concordancia.

En enero de 2008, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados. Luego, el Senado le incluyó varias medidas dirigidas a profundizar el proceso de descentralización del país y a la vez perfeccionar la institucionalidad y gestión de los Gobiernos Regionales. Pasó a Comisión Mixta para resolver las diferencias producidas entre la cámara de origen y la revisora en septiembre de 2009.

Este año, la Jefa de Estado tocó el tema de la regionalización en su discurso ante el Congreso, específicamente en el punto 4° (Democracia y gobernabilidad para este nuevo Chile). Destacó que el gobierno ha traspasado más recursos que nunca a los municipios y gobiernos regionales, pero reconoció dos deudas: que las autoridades regionales sean elegidas por el pueblo y que los municipios cuenten con un marco normativo adecuado.

La tan esperada -y anunciada- reforma constitucional terminó su tercer trámite constitucional. La Comisión Mixta resolvió las diferencias producidas entre las cámaras y el proyecto se promulgó el 16 de octubre de 2009.

Sin embargo, no todas las propuestas del proyecto fueron aprobadas. La publicitada votación favorable a la elección de los consejeros regionales por sufragio universal ha sido ampliamente difundida por la prensa. Pero mucho menor ha sido la repercusión que ha tenido la escasa definición de mecanismos de asignación de recursos a los gobiernos regionales o la falta de procedimientos de traspaso de competencias desde la administración central a las regiones (Departamento de Prensa, Boletín 3436-08).

Una autonomía verdadera
No existe verdadera independencia sin autonomía económica. Aunque actualmente se discuten los posibles mecanismos de traspaso de recursos a regiones, éstos debieran ser de asignación directa, sin intermediación del Ministerio de Hacienda. Para esto, el presupuesto de funcionamiento y desarrollo de la región será asignado en la Ley de Presupuestos.

El Consejo Regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito del gobierno regional y sus atribuciones están definidas por una ley orgánica constitucional. Una nueva LOC determinará las funciones y atribuciones del presidente del consejo regional.

Otras leyes orgánicas constitucionales debieran abarcar diversas materias: ordenamiento territorial, medioambiente, obras de infraestructura, transporte, desarrollo rural y de localidades aisladas, promoción y ordenación del turismo, desarrollo social y cultural, educación y salud, ciencia y tecnología, deporte y conservación del patrimonio. De igual manera, se establece que los gobiernos regionales puedan asumir otras funciones públicas relacionadas con actividades que tengan una clara identificación con la región. Hasta ahora, la falta de autonomía financiera para potenciar a las regiones ha permitido consolidar un sistema de tutelaje desde el gobierno central, ya que secretarios ministeriales e intendentes dependen de las autoridades centrales.

Otro punto importante es el traspaso de atribuciones del gobierno central a las regiones. La reforma establece que una ley orgánica constitucional determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir competencias de ministerios y servicios públicos a los gobiernos regionales.

El Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile (CONAREDE) y la Red Sinergia Regional, ésta última perteneciente a la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), publicaron en junio de este año un trabajo titulado “Chile será descentralizado o no será desarrollado “, en que presentaron a los candidatos presidenciales un conjunto de medidas y reformas que permitan definir una política de Estado en temas de desarrollo territorial y descentralización. La conclusión inequívoca es que Chile es hoy un país excesivamente centralizado.

Existen diversas normas en la legislación chilena que apuntan hacia la regionalización, pero que tienen poco valor en la medida que no vayan acompañadas de una voluntad política para ponerlas en práctica. La descentralización implica abandonar el modelo piramidal -tan apreciado por muchos-, que impone desde arriba, sin escuchar a los habitantes de regiones ni considerar aspectos productivos ligados al desarrollo regional.

Necesariamente esta descentralización tendrá que contemplar un traspaso de poder y de decisión al ámbito regional, en todo sentido para que sea funcional y territorial. El mecanismo será a través de nuevas leyes orgánicas constitucionales contempladas en la reciente reforma. Hoy día, no existen gobiernos regionales sino meras administraciones territoriales de las decisiones que adopta el gobierno central. Si no se ha progresado suficientemente en la descentralización es porque, hasta ahora, el nivel central no había querido desprenderse de una cuota de poder.

El concepto de descentralización se basa en dos ejes principales: por una parte, en el involucramiento de la comunidad en la gestión del gobierno regional y, por la otra, en una eficiente asignación de recursos y competencias desde el gobierno hacia las regiones. En este sentido, el proyecto de reforma constitucional en materia de Gobierno y Administración Regional constituye un hito en la historia de nuestro país. Sin embargo, la reforma será absolutamente inoperante mientras no se dicten las leyes orgánicas constitucionales que se requieren para implementar los cambios: atribuciones del consejo regional; mecanismo de elección de los consejeros regionales; organización, número de consejeros y reemplazos; sus inhabilidades, incompatibilidades e incapacidades; funciones y atribuciones del presidente regional; forma y modo en que el Presidente de la República transferirá competencias a los gobiernos regionales; normas generales que regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los convenios anuales o plurianuales y la regulación de la administración de las áreas metropolitanas.

Avanzar en la descentralización requiere enfrentar la resistencia de los actuales actores políticos, ya que el empoderamiento de las regiones inevitablemente implicará la pérdida de poder de ellos. Se requiere convertir a Chile en un país unitario con regiones empoderadas, en que los ciudadanos sean co-protagonistas del destino de su comuna, provincia o región y que ejerzan el legítimo derecho de controlar a sus autoridades regionales. Es de esperar que, ahora en la recta final, se le dé prioridad legislativa a las leyes orgánicas constitucionales pendientes que permitan hacer efectiva esta reforma a la Carta Magna. La Presidenta anunció que las normas que regulen la elección directa de los consejeros y la transferencia de competencias quedarían ingresadas durante este gobierno. Es de esperar que así sea, y que el poder legislativo las apruebe durante el próximo año, evitando las acostumbradas postergaciones hasta el término del período legislativo. La ciudadanía espera con ansias la implementación de estas nuevas normas.

Artículo publicado en Ideas en Red de Independientes en Red: http://www.independientesenred.cl/

¿Quién asume los costos de los paros?

En este último año, hemos sido testigos de cómo los paros se han convertido en mecanismos permanentes de presión en la administración pública, hasta ahora con excelentes resultados. Sus bajos costos -los días no trabajados jamás se descuentan y nadie es despedido- y grandes beneficios pecuniarios y en visibilidad, han hecho que hoy las movilizaciones se inicien incluso antes de sentarse a la mesa de negociación.

Sin embargo, a diferencia de otras negociaciones en que sólo se comprometen intereses de las partes involucradas, estos paros abiertamente afectan derechos e intereses de terceros ajenos al conflicto. Los gremios y el gobierno, a pesar de tener conciencia de esto, no dudan en utilizar a los ciudadanos como rehenes, pretendiendo presionar a la contraparte. A pesar de la evidente captura del Estado por parte de los funcionarios públicos, los últimos gobiernos se han rehusado a efectuar las profundas intervenciones que se necesitan para liberarlo.

En este último tiempo, un fuerte rechazo ciudadano ha comenzado a manifestarse en contra de estos mecanismos ilegítimos de presión. Alumnos, padres y apoderados, usuarios de la salud, del Registro Civil, de Aduanas y de tantos otros servicios públicos han explicitado su irritación por la suspensión de prestaciones, en contra del gobierno y de los funcionarios.

Con una tasa de desempleo del 10,2% en el último trimestre y con una esquiva recuperación laboral, la opinión pública cuestiona el método utilizado por empleados públicos y profesores para mejorar remuneraciones, separándolo del fundamento de sus demandas. Reconoce sus bajos ingresos, compensados por su inamovilidad laboral y se rebela al ver intereses particulares primar por sobre el bien común, que vulneran la prohibición de paralizar actividades de servicio público y pisotean los derechos de los usuarios.

Además, las posiciones intransigentes de trabajadores y gobierno sólo despiertan críticas adicionales. Duros anuncios de las partes involucradas se convierten en verdaderas amenazas para la ciudadanía. Los sectores de menores recursos ven con impotencia cómo ellos tendrán que asumir el costo de estas negociaciones.

Intervenciones quirúrgicas postergadas, horas médicas suspendidas, matrimonios pospuestos, tardanzas en el retiro de fallecidos, cédulas de identidad y pasaportes retrasados, mercancías inmovilizadas, retiros de facturas demorados y la falta de tantos otros servicios públicos constituyen el precio que la ciudadanía paga por las negociaciones entre gremios y gobierno.

Este es el tercer paro en el año del Colegio de Profesores y ya resulta imposible recuperar las horas de clases suspendidas. El daño es irreparable para todos los alumnos de la educación pública, en especial los jóvenes de cuarto medio que deben rendir la PSU, agravando la desigualdad de oportunidades en nuestro país y provocando un éxodo desde la educación pública a la subvencionada.

Esta paralización agrava los resultados del plan AUGE, contenidos en el último informe técnico de fiscalización emitido por la Superintendencia de Salud. El cumplimiento de las patologías AUGE -garantizadas explícitamente por ley-tiene un retraso del 30%, desvirtuando la eterna promesa de aumentar a 80 el número de enfermedades cubiertas.

El término del paro de la ANEF proporcionó un gran alivio a toda la población. Pero como siempre, la negociación se centró en el aumento de remuneraciones sin considerar otras variables. Trabajadores estatales a contrata y a honorarios, congelamiento de la planta de administración pública -con excepción de los ministerios políticos, según informe Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 1999/2008- y lagunas previsionales de empleados públicos fueron temas omitidos en el acuerdo. Cabe recordar que pese a que el estatuto administrativo establece un máximo del 20% por ciento de trabajadores a contrata, el 50% de los funcionarios está en ese régimen o a honorarios. La negociación tampoco incluyó las propuestas que el Consorcio para la Reforma del Estado entregó al ministro Pérez Yoma y que buscan avanzar en la modernización del Estado.

Este año la ciudadanía ha vivido demasiadas movilizaciones en el sector público: profesores, empleados públicos, trabajadores de la salud, funcionarios de Conadi , Gendarmería, Mineduc, entre otros, confirmando el uso de las movilizaciones como herramienta habitual de negociación. El año pasado algunos paros fueron: Colegio de Profesores, Instituto de Normalización Previsional, Confusam, Servicio Médico Legal, Sename, Servicio de Impuestos Internos, Compin, Instituto de Salud Pública y Servicio de Registro Civil e Identificación.

Habiéndose terminado la paralización de los empleados públicos, la normalidad comienza a retornar al Servicio Público. El Colegio de Profesores continúa en paro y espera la llamada del gobierno para negociar. Es de esperar que este proceso implique una profunda revisión del actual sistema educacional, en que ya se hicieron todos los diagnósticos -Educación 2020, Expansiva, Libertad y Desarrollo, Brünner, etc.- y que de una vez se solucione la deuda histórica del magisterio, pero también la de sus alumnos. Sólo un gobierno con tanta popularidad como el actual puede lograrlo.

Columna publicada en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/quien_asume_los_costos_de

Reemplazos parlamentarios: capturados por los partidos

Las recientes declaraciones del senador Pablo Longueira, en el sentido de estar disponible para integrar un eventual gabinete de Sebastián Piñera, confirman la eventual instrumentalización de los cargos parlamentarios. En el caso que esta incorporación se hiciera efectiva, se convertiría en el segundo representante del Congreso que renuncia ante una oferta más atractiva, después de la ex diputada Carolina Tohá. Este sólo hecho instala la necesidad de revisar los mecanismos de reemplazo.

Después de 4 períodos legislativos (1990-1994, 1994-1998, 1998-2002 y 2002-2006) el parlamentario UDI reconoció en el programa CNN Chile Invita que era una persona más ejecutiva que legislativa, . Para el actual cargo de senador en el período 2006-2014, fue elegido por 318.434 votantes de la Circunscripción 8. Su posible renuncia -y la posterior designación de un nuevo senador por la zona- jamás fue planteada a sus votantes durante el período electoral.

Hoy día, existen legítimas dudas en la ciudadanía respecto al cumplimiento de los períodos legislativos. El actual sistema, en que el reemplazante es designado por la cúpula del partido al que pertenece el parlamentario renunciante (artículo 51 inciso 3° Constitución Política del Estado), es demasiado tentador para las tiendas políticas. La renuncia parlamentaria podría convertirse en un mecanismo de designación de diputados y senadores , en que un candidato de alta popularidad reserva el cupo a su tienda política y luego dimite. Una de las actividades con mayor número de barreras de entrada, no tiene ninguna de salida, contraviniendo la voluntad popul
Una "grúa" desde el Poder Ejecutivo permite generar puestos adicionales para los partidos en el Congreso a través del nombramiento de nuevos operadores políticos, en desmedro de los electores que depositaron su confianza en un candidato. Aún más, en una abierta discriminación, el inciso 4° del mismo artículo establece que los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados.

Sería lamentable que la ciudadanía comenzara a observar el Parlamento como una sala de espera de mejores opciones políticas. Significaría un electorado utilizado para legitimizar una posterior designación a dedo, que perdería su calidad de mandante y vería restringida su capacidad de exigir cuentas. Generalmente la ciudadanía escoge a un parlamentario en base a una promesa de gestión futura, y no como un premio o reconocimiento al desempeño pasado.

Tampoco existe certeza respecto a qué sucedería cuando el ex parlamentario terminara su gestión ministerial. En un escenario en que los cargos ministeriales pueden durar menos que los períodos legislativos -cuatro u ocho años-se plantea otra interrogante. ¿El parlamentario condiciona su salida a un posterior retorno o pierde definitivamente su cupo? En este último caso, la designación de su reemplazante ¿debiera quedar sometida al sufragio ciudadano o mantenerse en la cúpula del partido político?

Por otra parte, el Senado tiene atribuciones específicas que regulan las relaciones entre los poderes del Estado. Es así que la Constitución establece que deberá conocer las acusaciones que la Cámara de Diputados entable, admitir o rechazar las acciones judiciales en contra de un ministro, conocer las contiendas de competencia entre autoridades y los tribunales de justicia, prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran, entre otras facultades. Al vulnerarse la votación popular, se afecta la representatividad del Congreso.

Cámara de Diputados
En estas elecciones parlamentarias, sólo el 7,5% se retira voluntariamente de la Cámara de Diputados; el 11,6% postula a otro distrito o circunscripción -asumiendo un eventual riesgo-y el 83,33% restante se presenta a la reelección de su mismo cargo.

En este escenario en que la renovación parlamentaria es ínfima y comienzan a convertirse en cargos vitalicios, este intercambio de personeros políticos entre Ejecutivo y Legislativo complejiza la separación de poderes en una democracia.

Dentro de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados está la de fiscalizar los actos de Gobierno, ya sea a través de acuerdos transmitidos al Presidente de la República, de interpelaciones a ministros o la creación de comisiones investigadoras. ¿Con qué libertad podría actuar un parlamentario que intenta traspasarse al Ejecutivo?

Artículo publicado en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/cupos_parlamentarios_capturados_por_los

Campaña presidencial: el riesgo de una eventual derrota del gobierno

Riesgosa resulta la decisión del gobierno de involucrarse en la campaña presidencial del senador Frei. Hasta ahora, ningún gobierno saliente de la Concertación se había comprometido tanto con un candidato oficialista, sin duda porque no había sido necesario.

Para estas elecciones tan competitivas, La Moneda decidió cambiar las reglas del juego. Optó por desligarse de su tradicional política de prescindencia y entregar al abanderado de la Concertación toda la ayuda del aparataje estatal, con Jefa de Estado, ministros y funcionarios públicos incluidos, intentando traspasarle la popularidad de la Presidenta Bachelet y de su gobierno.

Aún más, en un intento de asegurar el paso del senador Frei a la segunda vuelta, anticipó la estrategia reservada para esa etapa. Declaraciones de la Presidenta Bachelet, salidas a terreno de ministros, eventos con funcionarios públicos en horarios no laborales y anuncios de posibles incorporaciones de otros ministros -previa renuncia a sus cargos-, han tendido en esa dirección.

Sin embargo, el traspaso de popularidad o impopularidad es bidireccional y siempre puede operar en ambos sentidos. ¿Qué ocurriría si se concretaran otras renuncias de ministros para incorporarse al comando del senador Frei y éste no pasara a la segunda vuelta? Desde luego, sería impresentable que los ministros renunciados volvieran a sus cargos el 14 de diciembre. Pero también sería paradójico que la Presidenta con toda su actual popularidad, apareciera en la última fotografía oficial de gabinete rodeada de ministros suplentes, probablemente los actuales subsecretarios. Tendría un alto costo político que el gobierno de Bachelet apoyara a un candidato que ni siquiera llega a segunda vuelta, el cual seguramente se pagaría en las elecciones del 2014.

La ciudadanía suele castigar cualquier intento de autoperpetuación en el poder, como ocurrió con la criticada decisión de la Cámara de Diputados de suspender las sesiones parlamentarias para poder dedicarse a sus campañas de reelección. De acuerdo a la Encuesta de Opinión Pública realizada en septiembre por Adimark, un exiguo 22% de los entrevistados aprueba la labor de la Cámara de Diputados y el 26% la del Senado. En la misma dirección, ocurre lo mismo con los partidos políticos: sólo el 28% de los encuestados aprueba la gestión de la Concertación, y el 26% la de la Alianza.

Tal como señaló Eugenio Tironi, asesor del candidato Frei -y hoy encargado de la franja presidencial-,con motivo de las incorporaciones al comando oficialista de Ángela Jeria, madre de la Presidenta y de Laura Albornoz, primera ministra en renunciar a su cargo: “Frei puso harta carne en la parrilla. Veremos ahora qué pasa”.

Porque los últimos sondeos de opinión complican la opción del senador DC, instalándose incluso la posibilidad de que no pase a segunda vuelta. Además de las muestras realizadas por La Moneda, la última encuesta Cerc señaló que habría un empate entre Eduardo Frei y Marco Enríquez Ominami. A su vez, el estudio de opinión realizado por Ipsos en octubre 2009 arrojó un empate técnico entre Sebastián Piñera y el diputado ex PS, en el contexto de una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Michelle Bachelet ha obtenido la más alta aprobación del Presidente de la República en estos últimos años (en septiembre 76% según Adimark y 75,8% según Imaginacción), la que también se ha extendido a su gobierno.

Por supuesto que la renuncia de los ministros es una decisión que transparenta el debate electoral, pero que revela también las actuales prioridades del gobierno: un gabinete compuesto por reemplazantes necesariamente significaría el abandono de algunos proyectos o, al menos, una pérdida de eficiencia gubernamental en los últimos meses de gobierno.

Más aún si se tiene presente que en agosto de 2006, la misma mandataria destacaba lo corto de un período presidencial de cuatro años. “Gobernaré hasta el último día de mis cuatro años de mandato”, señaló la Presidenta. Lamentablemente, en esa oportunidad no se refirió a si estaría acompañada por un gabinete titular o suplente. “No da lo mismo quién gobierne”, ha señalado la Jefa de Estado en reiteradas oportunidades, aplicable tanto para el Presidente de la República como también para sus ministros, más todavía en gobiernos de períodos cortos.

Sería lamentable que en el futuro, los gobiernos -de cualquier conglomerado- acortaran aún más sus ciclos para dedicarse a apoyar al candidato de continuidad. Significaría, en la práctica, que además de la suspensión que se auto otorgó el Poder Legislativo en períodos eleccionarios, se sumaría la inmovilización del Poder Ejecutivo, en desmedro de la gran mayoría de ciudadanos que continúa con su vida normal, ajenos al proceso electoral.

Columna de opinión publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/campa%C3%B1a_presidencial_el_riesgo_de

La última apaga la luz

La renuncia de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, viene a consolidar una peligrosa tendencia que la ciudadanía ha presenciado en este último año: la instrumentalización de la función política. Ante cualquier oferta política, ministros, senadores y diputados no vacilan en dejar sus actuales funciones, dejando abruptamente procesos inconclusos y defraudando ciudadanos que creyeron en ellos. Más aún en época de elecciones, en que toda la clase política se vuelca a las campañas electorales, suspendiendo en la práctica toda actividad gubernamental o legislativa que no signifique un retorno inmediato para la campaña, ante las impotentes miradas de la ciudadanía.

Afortunadamente, en este caso la ministra fue designada por la Presidenta Bachelet. Es peor aún cuando se trata de políticos elegidos por votantes, que abandonan sus labores como lo hace la Cámara de Diputados, con su arbitraria decisión de suspender las sesiones legislativas durante un mes para hacer sus campañas electorales. Las poco convincentes explicaciones de su presidente, Rodrigo Álvarez, no logran aplacar la irritación ciudadana.

Por otra parte, las altas inasistencias de parlamentarios que postulan a la reelección confirman que no se trata del ejercicio de una vocación de servicio público, sino de un claro propósito de mantenerse en el poder. Además de la gran asimetría que se produce con otros candidatos qajenos al Parlamento, evidencia el abuso de poder de los parlamentarios, amparados por el débil control ciudadano cada cuatro años.

La intempestiva renuncia de la ministra Albornoz para integrarse a la campaña del senador Frei demuestra claramente sus prioridades y preferencias. Nadie puede sostener que la gestión esté terminada y que no quede nada por hacer en los próximos cinco meses de gobierno. En un reemplazo de cinco meses, jamás se podrá alcanzar la productividad y profundidad en la gestión de un titular.

La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es aún incipiente en nuestro país. A pesar de que las mujeres representan más de la mitad de la población, Chile tuvo la más baja tasa de participación laboral femenina en Latinoamérica (40,9% en 2008), con brechas cercanas a los 10 puntos porcentuales o más con países de similar nivel socioeconómico como Argentina y Uruguay. Además, está claro que los programas para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres todavía no se consolidan en la cultura chilena. ¿Misión cumplida? De ninguna manera, todavía queda mucho trabajo por hacer.

Un gobierno liderado por una Presidenta mujer era la gran oportunidad para nivelar esta desigualdad. Pero faltó fortalecer la representatividad de las mujeres que quieren trabajos flexibles. Según el estudio Barómetro, Mujer y Trabajo 2009, realizado por Comunidad Mujer, Data Voz y la Oficina internacional del Trabajo (OIT), el 69% de las mujeres inactivas sostiene que quiere trabajar pero que no puede hacerlo. Sin embargo, las organizaciones gremiales no las representan ni consideran sus intereses.

De la misma manera, el año pasado se observó un aumento de la brecha de desempleo femenino en nuestro país. De acuerdo a otro estudio de la OIT, la tasa de desocupación de las mujeres era 1,36 veces la de los hombres en 2007, aumentando esta relación a 1,44 veces en 2008.

Fue la ex diputada Carolina Tohá quién inició la seguidilla de renuncias a los cargos públicos. Contrariando la voluntad de los 45.769 electores de la comuna de Santiago que confiaron en ella, renunció a su cargo para asumir el cargo de Ministra Secretaria General del Gobierno de Chile, olvidando promesas electorales, compromisos y abandonando a sus seguidores.

Más aún, ahora que las directivas de los partidos políticos designan a sus reemplazantes, existe el gran riesgo que figuras emblemáticas ganen cupos parlamentarios, renunciando al poco tiempo y dejando a un sustituto -que no hubiera ganado la elección-. Es un sistema que se asemeja al que usan los vendedores ambulantes para reservar las esquinas y ejercer su comercio ilegal.

Por último, ante la posibilidad de que otros ministros se integren al comando del senador Frei, las críticas a los titulares por dejar en forma anticipada sus funciones se asimilan a las de los parlamentarios que abandonaron su labor legislativa, aumentando el descrédito de la clase política. Más que un asunto de remuneraciones, se trata de un tema de compromiso: con la ciudadanía, no con ellos mismos. Proyectos sociales, cumplimientos de programas, evaluaciones de desempeño o ajustes finales, todo queda abandonado por la clase política que se enajena en las campañas electorales, evidenciando que la necesidad de mantenerse en el poder supera la vocación de servicio público.

Artículo publicado en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/la_%C3%BAltima_apaga_la_luz

Coquimbo: Todo queda en familia

La polémica decisión de la Cámara de Diputados de trasladar las sesiones de los días jueves para las dos primeras semanas de enero 2010 y de suspender las sesiones un mes antes de las (re) elecciones, está dirigida básicamente a permitirles dedicarse con mayor tranquilidad a sus campañas electorales. La evidente falta de autodisciplina y la asimetría para legislar -parlamentarios versus alcaldes- exige un mayor control ciudadano. Más que nunca, se hace necesario revisar las votaciones de nuestros diputados, de manera de emitir un voto informado.

En la Cuarta Región, los actuales diputados del Distrito 8 no repostulan a sus cargos. El diputado Encina no se presenta a la reelección -termina su cuarto período legislativo- , ya que considera necesario renovar la política. A su vez, el diputado Walker -en su tercer período- postula como senador por la región de Aysén. El diputado había declarado acerca de la necesidad de renovar la política y de retomar su carrera profesional, lo que olvidó rápidamente ante un cupo senatorial en otra región. En todo caso, su hermano Matías se presenta al cargo vacante, para seguir la tradición familiar. Más cerca, su hermano Ignacio -ex canciller en el gobierno de Ricardo Lagos- postula como senador por la V Región Cordillera.

Los otros cuatro diputados postulan a la reelección. Por eso, antes de decidir nuestro voto, debemos evaluar la labor de nuestros legisladores. En especial respecto a algunos sufragios de los diputados de la Cuarta Región, en proyectos dirigidos a mejorar la calidad de la política o transparentar la actividad legislativa.

Proyectos de ley
PROYECTOS DE LEY:

Facultades al Consejo de Transparencia en el Congreso (Proyecto Acuerdo 835, 6-10-09)
Bertolino: No votó (*)
Díaz: No votó (*)
Fuentealba: No votó (*)
Muñoz: Ausente

Límite a la reelección de diputados y senadores
(Discusión general, 12-9-09)
Bertolino: En contra
Díaz: A favor
Fuentealba: Abstención
Muñoz: A favor

Inscripción automática y voto voluntario
(Discusión general, 21-1-09)
Bertolino: Ausente
Díaz: A favor
Fuentealba: A favor
Muñoz: A favor

Impide uso teléfonos móviles en sala Cámara Diputados
(Boletín 5079-16, 18-12-07)
Bertolino: A favor
Díaz: No votó
Fuentealba: No votó
Muñoz: No votó

Elección directa de Cores
(Discusión particular, votación N° 1 artículo único, 17-01-07)
Bertolino: Ausente
Díaz: A favor
Fuentealba: A favor
Muñoz: A favor

Elección directa de Cores
(Discusión general, 3-5-05)
Bertolino: A favor
Díaz: No era diputado
Fuentealba: No era diputado
Muñoz: A favor

(*) Presente en Sala, según lista de asistencia

Desde luego, llama la atención el proyecto que facultaba al Consejo de Transparencia actuar en el Congreso Nacional (proyecto de acuerdo N° 385). La iniciativa, ingresada por los diputados Vidal, Montes, Meza, Burgos, Jaramillo y Walker, fue rechazada hace unas semanas.

Más importante aún es el emblemático proyecto que intentó establecer un límite a la reelección de diputados y senadores. Presentado en octubre de 2007 por los diputados Burgos, Bustos (QEPD), Cardemil, Ceroni y Eluchans (boletín 5429-07), fue rechazado en agosto por falta de quórum calificado. El diputado Bertolino votó en contra, el diputado Fuentealba se abstuvo y ambos repostulan a sus cargos, demostrando que predican y practican. Ante la presentación de un nuevo proyecto por el senador Gómez, es muy probable que estos diputados repitan su votación. El voto pasado es el mejor predictor del voto futuro.

Otra medida rechazada fue la de impedir el uso de celulares dentro del hemiciclo (boletín 5079-16), producto de las interrupciones producidas durante el debate parlamentario. Claramente refleja la negativa a postergar el debate legislativo en pos de otras actividades.

Por último, la reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional que establece varias medidas, entre ellas la elección directa de los consejeros regionales y el traspaso de competencias a los gobiernos regionales, también tuvo una larga tramitación (boletín 3436-07). Finalmente, después de casi seis años, este viernes 16 de octubre será promulgada. Contrasta el lento avance de importantes reformas legales versus la rapidez de acción en proyectos irrelevantes y espectaculares, como la criticada entrega de la nacionalidad chilena a Bielsa.

Distritos IV Región
Nuevamente, los diputados de la región -con excepción del diputado Díaz- llevan ya varios períodos legislativos en sus cargos. Una vez más repostulan a sus cargos:
Mario Bertolino RN 1998-2002 Diputado Distrito 7
2002-2006 Diputado Distrito 7
2006-2010 Diputado Distrito 7

Marcelo Díaz PS 2006-2010 Diputado Distrito 7

Renán Fuentealba DC 1994-1998 Diputado Distrito 9
2006-2010 Diputado Distrito 9

Adriana Muñoz PPD 1990-1994 Diputada Distrito 16
1998-2002 Diputada Distrito 9 2002-2006 Diputada Distrito 9
2006-2010 Diputada Distrito 9

Los electores de Coquimbo deben escrutar cuidadosamente la gestión parlamentaria de sus diputados, la votación en los proyectos y su postura frente a determinados temas, para premiarlos con la reelección o castigarlos votando por un nuevo postulante. De hacerlo en forma irreflexiva, significaría convertir el cargo en vitalicio.

Columna publicadas en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/coquimbo_todo_queda_en_familia1

El liderazgo de Bielsa

La exitosa campaña del equipo chileno en las clasificatorias del Mundial, comprueban el exitoso liderazgo de Marcelo Bielsa, instalando nuevos estándares de gestión estratégica del capital humano en nuestro país.

La extraordinaria profundidad del diagnóstico del entrenador demuestra su gran capacidad para teorizar y desarrollar teorías. Con un impresionante sustento teórico, es capaz de llevarlo a la realidad y de aplicarlo en la práctica. Sus múltiples y diferentes estrategias quedan instaladas en los jugadores antes del partido y, durante el transcurso del juego, éstos la van aplicando y haciendo suya.

No resulta fácil alinear a estos once colaboradores en la cancha, más los reemplazos, tras el objetivo común: ganar el partido. Los egos individuales, los lucimientos personales y los esfuerzos estériles van dando lugar a un esfuerzo colectivo, a una sinergia que hace que el resultado final sea mucho más que la suma de todos los esfuerzos individuales.

Sus intervenciones en el equipo son puntuales, específicas y muchas veces, casi imperceptibles. Basadas en certeros diagnósticos, a través de grandes explicaciones o breves comentarios, logra cambiar formas de actuar y pensar. Para esto, selecciona y utiliza evidencias precisas, concisas e irrefutables, las que producen un efecto en sus interlocutores.

Trabajador, perfeccionista y minucioso, logra a través de pequeños detalles motivar conductas positivas, corregir comportamientos negativos y reforzar objetivos colectivos. De esa manera, consolidó una cultura organizacional en que prima la transpiración por sobre la inspiración. Adiós a los lucimientos personales, esporádicos y poco confiables de los jugadores, siendo reemplazados por un espíritu colectivo, sólido y contundente.

Tras largas horas de estudio y reflexión, descubre y selecciona los argumentos para provocar los cambios deseados en los comportamientos de su equipo. Conocedor de las claves que consolidan o destruyen una cultura corporativa, la ha ido esculpiendo con precisión, incentivando las mejores prácticas y desterrando las actuaciones dañinas.

Siendo un excelente estratega, logra provocar las tensiones necesarias para provocar cambios y las administra extraordinariamente bien. Sin temor a derribar paradigmas, sistematiza procesos y diseña procesos, como cualquier gerente de área. Se concentra en el qué y en el cómo, privilegiando el aprendizaje de largo plazo por sobre resultados inmediatos. Sin éste, el cambio resulta insostenible en el tiempo.

Rentabiliza cada derrota, sacándole el máximo de provecho para el equipo, los jugadores y él. Reconoce el valor de las derrotas, minimizando los éxitos, de manera de reforzar el proceso de cambio de mentalidad. Contrario a los exitismos precarios, optó por un camino lento, profundo y seguro. De una manera seria y profesional, cambió el liderazgo de muchos entrenadores y de más de algún ejecutivo chileno.

Artículo publicado en blog de http://www.gestcom.cl/

Gestión estratégica del capital humano

Los encargados de gestionar el capital humano de una organización se encuentran a lo largo de toda la institución. En primer lugar, son los jefes directos quienes necesitan asumir un rol protagónico en la gestión de los desempeños de sus colaboradores. En forma simultánea, la Gerencia de Personas se enfoca en alinear a todos los colaboradores tras un objetivo común, destacando la misión, visión y valores corporativos.

El logro de resultados y la consolidación de recursos dependen en gran medida del comportamiento de los colaboradores. Los procesos humanos, además de los recursos tecnológicos y financieros, pueden ser los elementos diferenciadores que consoliden una ventaja competitiva.

Éstos están compuestos en primer lugar por el reclutamiento y selección. A continuación, la gestión, con su correspondiente evaluación, también puede agregar valor a procesos productivos o de servicios. La definición de las remuneraciones y su implementación también resultan vitales para una organización. Por último, también son importantes la oportunidad y precisión de los procesos de desvinculación.

Es la gestión de los procesos humanos y organizacionales la que contribuye a mejorar el desempeño y la satisfacción de las personas, de manera de crear valor para los agentes externos e internos del sistema. Esto no suele producirse en forma espontánea, sino que requiere de intervenciones muy precisas.

Por otra parte, los desempeños laborales no están constituidos por una sola variable, sino que están compuestos por múltiples dimensiones, intrínsecas o externas a la persona. Otra variable a considerar es la dependencia que se produce entre las variables “desempeño” y “satisfacción”.
Por esta razón, las jefaturas serán evaluadas tanto por la productividad, como por el clima interno de la sección o departamento. Una débil relación entre ambos, podrá producir resultados inmediatos, quizás a corto plazo, pero jamás en forma duradera.

Por último, cabe recordar que el objetivo final de una organización es crear valor para sus stakeholders, permitiendo que el trabajo sinérgico sea más valioso que la suma de labores individuales. Sin embargo, esta percepción siempre será evaluada desde el punto de vista de las audiencias y no del emisor. No basta con hacer una buena gestión, sino también hay que comunicarla tanto a las audiencias externas como internas.

Artículo publicado en gestcom.cl:http://www.gestcom.cl/tendencias/170-gestion-estrategica-del-capital-humano.html

Atacama: Corrió la lista

Cuando los cargos en el Congreso se visualizan como derechos adquiridos -convirtiéndose en la práctica en vitalicios- la decisión del senador Ricardo Núñez de no presentarse a la reelección produjo inesperados efectos. El principal: corrió la lista parlamentaria en la Región de Atacama.

Esto ni siquiera ocurre con la renuncia o fallecimiento de un parlamentario, ya que el reemplazante es nombrado por la directiva de su partido, como el caso de los diputados designados Harboe, Pérez y Schilling.

Por eso, antes de decidir nuestro voto, es necesario evaluar la labor de nuestros legisladores. Sólo entonces podremos definir si premiamos o sancionamos su gestión, a través de un voto informado. En especial algunos sufragios de los actuales parlamentarios de la Tercera Región, en proyectos dirigidos a mejorar la calidad de la política o transparentar la actividad legislativa. Se agrega la diputada Allende, quién postula a la senaturía de la región.

Proyectos de ley
PROYECTOS DE LEY
Facultades al Consejo de Transparencia en el Congreso (Proyecto Acuerdo 835, 6-10-09)
R Aedo : No votó (*)
I Allende: No votó (*)
A Leal: Abstención
J Mulet: En contra
A Robles: En contra

Límite a la reelección de diputados y senadores
(Discusión general, 12-9-09)

R. Aedo:Abstención
I Allende: A favor
A. Leal: A favor
J Mulet:A favor
A. Robles: A favor

Transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (Discusión particular, 8-7-08)
R Aedo: A favor
I Allende: Ausente
A Leal: A favor
J Mulet: No votó (*)
A Robles: A favor

Transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (Discusión general, 3-6-08)
R Aedo: A favor
I Allende: Ausente
A Leal: A favor
J Mulet: Ausente
A Robles: A favor

Impide uso teléfonos móviles en sala Cámara Diputados (Boletín 5079-16, 18-12-07)
R Aedo: A favor
I Allende: En contra
A Leal: En contra
J Mulet: En contra
A Robles: Pareo

Regula el lobby (Discusión particular, inciso 2° artículo 1°, 17-8-05)
R Aedo: No era diputado
I Allende: A favor
A Leal: A favor
J Mulet: Ausente
A Robles: A favor

Regula el lobby (Discusión general, 14-12-04)
R Aedo: No era diputado
I Allende: A favor
A Leal: A favor
J Mulet: No votó (*)
A Robles: A favor

(*) Presente en Sala, según lista de asistencia

Desde luego, llama la atención el proyecto que facultaba al Consejo de Transparencia actuar en el Congreso Nacional (proyecto de acuerdo N° 385). La iniciativa, ingresada por los diputados Vidal, Montes, Meza, Burgos, Jaramillo y Walker, fue rechazada hace pocos días.

Más importante aún es el emblemático proyecto que intentó establecer un límite a la reelección de diputados y senadores. Presentado en octubre de 2007 por los diputados Burgos, Bustos (QEPD), Cardemil, Ceroni y Eluchans (boletín 5429-07), fue rechazado en agosto por falta de quórum calificado.

Una reforma constitucional que fue aprobada, es la que incorpora medidas en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política. Entre varias, establece el fideicomiso ciego (boletín 4716-07).

Otra medida rechazada fue la de impedir el uso de celulares dentro del hemiciclo (boletín 5079-16).

Por último, la sempiterna promesa de regular el lobby todavía está pendiente. El proyecto ingresado a la Cámara el 2003 fue congelado tras un veto presidencial, después de cuatro años de tramitación (boletín 3407-07). Un segundo proyecto ingresado por el Gobierno en noviembre de 2008, duerme plácidamente en el Senado (boletín 6189-06). Aún cuando la primera iniciativa no se convirtió en ley, resulta interesante conocer las votaciones sobre estos proyectos de los entonces diputados, ya que reflejan su disposición a legislar sobre el tema.

Tercera Circunscripción Senatorial

Los actuales senadores Núñez y Prokurica han representado a la Tercera Región en el Parlamento desde 1990. Ahora, sólo el senador RN se presenta a la reelección.
SENADOR PARTIDO PERIODOS CIRCUNSCRIPCIÓN/DISTRITO
Ricardo Núñez PS 1990-1994 Senador III Circunscripción

1994-2002 Senador III Circunscripción
2002-2010 Senador III Circunscripción

Baldo Prokurica RN 1990-1994 Diputado Distrito 6

1994-1998 Diputado Distrito 6

1998-2002 Diputado Distrito 6
2002-2010 Senador III Circunscripción

Distritos III Región
En la vacante dejada por el senador PS, era presumible que uno de los actuales diputados de la zona intentara ocupar su lugar. Tres parlamentarios aspiran al cupo senatorial: a los diputados Leal y Mulet, se suma la diputada Allende. Por su parte, los diputados Aedo y Robles repostulan a sus cargos.
DIPUTADO PARTIDO PERIODOS Circunscripción/Distrito
René Aedo RN 2006-2010 Diputado Distrito 5
Antonio Leal PPD 1998-2002 Diputado Distrito 5
2002-2006 Diputado Distrito 5
2006-2010 Diputado Distrito 5
Jaime Mulet PRI 1998-2002 Diputado Distrito 6
2002-2006 Diputado Distrito 6

2006-2010 Diputado Distrito 6
Alberto Robles PRSD 2002-2006 Diputado Distrito 6

2006-2010 Diputado Distrito 6
Isabel Allende PS 1994-1998 Diputada Distrito 9
1998-2002 Diputada Distrito 29

2002-2006 Diputada Distrito 29
2006-2010 Diputada Distrito 9

Será importante que la ciudadanía aproveche estas elecciones para premiar o sancionar al diputado en ejercicio a través de un voto informado. La ciudadanía debe escrutar cuidadosamente su gestión parlamentaria, la votación en los proyectos y su postura frente a determinados temas. Su voto pasado puede ser el mejor predictor de su voto futuro.

Artículo publicado en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/atacama_corrio_la_lista_parlamentaria