Despacito para que no duela

Hace un par de días, el flamante vocero de gobierno aseguró que “el trabajo de campaña de la Presidenta Bachelet comenzó en marzo de 2013, no antes”. Específicamente el día 28 de marzo, día en que la actual mandataria anunció su campaña presidencial. ¿Debemos suponer todos los chilenos que ese día ella se despertó inspirada y motivada por el futuro de Chile y se atrevió a decir las palabras mágicas: “He tomado la decisión de ser candidata”?

El 21 de diciembre del año anterior, ella había señalado que seguiría en ONU Mujer, agregando “Vamos a hablar en marzo”. ¿Querrá el gobierno que nosotros pensemos que durante ese período no hizo precampaña? La información entregada por Asesorías y Negocios SpA, entregada a través de su gerente general, Giorgio Martelli, dice todo lo contrario. Se trata de una larga lista de profesionales en que muchos son hoy funcionarios de Gobierno, y que en su mayoría fueron parte también de la administración anterior de Bachelet.

Días después, cuando la estrategia inicial recibía disparos desde distintos sectores, el ministro Marcelo Díaz sale a reconocer que las precampañas “son habituales en la política”. E insiste en su línea argumental de que la Presidenta Bachelet "no pidió ni autorizó ningún esquema recaudatorio" antes de su campaña, evitando cuidadosamente precisar si la mandataria estaba o no en conocimiento de esas prácticas.

Con la aprobación de la mandataria pisoteada ya por el caso Caval, la arista Soquimich le explota directamente en su campaña. La negativa a transparentar los hechos solo logra despilfarrar la  credibilidad que queda: ya en la CEP de abril la nota que obtuvo el Gobierno en su primer año en el Tema Transparencia y Corrupción fue de un 2,4 –la peor de todas las notas- y el 62 % de los entrevistados declaró que la Presidenta Bachelet no le daba confianza.

Pero todavía falta un tema a profundizar: además de la ilegalidad de las boletas y facturas ideológicamente falsas, lo que constituye un delito, también existe un ilícito para sus emisores: esos documentos falsos se utilizaron para rebajar los impuestos de empresas a través de figuras ficticias. Es decir, actuales funcionarios públicos se convirtieron en cómplices al ayudar a cometer el ilícito… Y en eso hasta ahora, tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos han guardado un discreto silencio sobre el caso Asesorías y Negocios Spa. Por eso, la remoción del Director Jurídico del SII, Cristián Vargas, no es una buena noticia para la transparencia de este gobierno. ¿O se pretenderá esconder bajo la alfombra?

Publicado en Redesvisión

Bachelet: Hechos y no palabras

La remoción de Michel Jorrat de su cargo como Director del Servicio de Impuestos Internos, ha sido uno de los pocos hechos concretos que ha hecho el Gobierno en materia de transparencia. A pesar de que han sido muchos los fuegos de artificio, las declaraciones, las puestas en escena, los programas de televisión, los mea culpa, son pocas las acciones específicas que la ciudadanía ha podido observar.

De hecho, la entrega del informe final del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción fue minimizada por el anuncio presidencial del “proceso constituyente”. De igual manera, el día escogido para entregar el informe de cumplimiento de medidas administrativas de la agenda de transparencia y probidad fue el mismo día del cambio de gabinete, quedando nuevamente postergada en la agenda nacional.

Y así la mantención en su cargo a Michel Jorrat representaba una verdadera provocación a la ciudadanía, que como nunca exige mayor transparencia. Es de esperar que el flamante ministro Valdés nombre luego al reemplazante - o bien el director subrogante juan Alberto Rojas- cumpla con la obligación legal que el Servicio tiene de las denuncias y querellas por delito tributario. Cabe destacar que la querella inicial presentada por Michel Jorrat en contra de Giorgio Martelli se centra solamente en las donaciones ilegales efectuadas a la campaña del Presidente Frei –específicamente a Clara Bezán-, desviando por completo la atención de los aportes a la campaña de Michelle Bachelet, igual de ilegítimos pero que involucran a muchos personeros de la actual administración.

En la última encuesta CEP, la Presidenta Bachelet aparece con un 56% de desaprobación en la forma en que está conduciendo su gobierno. Aún más, el 62% declara que la mandataria no le da confianza. Y el Tema Transparencia y Corrupción en su primer año obtuvo la peor nota del Gobierno: un paupérrimo 2,4. 

¿Será que tanto discurso pero tan pocos hechos concretos le está pasando la cuenta? ¿Mucho ruido y pocas nueces?  Y más aún después de haber visto como enfrentó el caso Caval, la decisión de  conducir “personalmente” el proceso por crisis de probidad no logra otorgar garantías de la independencia de las instituciones para investigar hechos irregulares mientras no estén resueltos los dos puntos anteriores. Cualquier declaración pro transparencia y probidad en su próxima Cuenta Pública Presidencial podría entenderse una vez más como palabras que se las lleva el viento. La ciudadanía exige hechos concreto, no palabras.  

Andrés Jirón

(publicado en Redesvisión)