El reciente retiro de la nominación de Samuel Donoso (PPD) al Consejo para la Transparencia coloca al organismo en una difícil posición, impidiéndole en la práctica su trabajo de fiscalizador de la transparencia en la gestión estatal. La inicial decisión comunicada por el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, de no renovar en sus cargos a dos de sus cuatro miembros -su presidente, Raúl Urrutia (RN) y el consejero Juan Pablo Olmedo (afín PPD)- molestó tanto a la Alianza como a la Concertación, desconcertó a toda la opinión pública, pero además inhabilitó al organismo.
De inmediato surgieron los rumores de vendetta política. Aunque siempre se producen tensiones entre Ejecutivo y Consejo para la Transparencia, durante esta administración han sido demasiadas las disputas legales que ha perdido el gobierno de Sebastián Piñera: Fundación Integra por donación de Arjona, negativa del subsecretario Ubilla a publicar correos electrónicos sobre reconstrucción post terremoto, rechazo presupuestario del Ejecutivo para financiar un portal único, cuestionamiento a la permanencia de María Luisa Brahm como consejera en el Sistema de Alta Dirección, exigencia al ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet revelar compra del puente mecano -todavía no cumplida-, además del ingrato episodio vivido por el Presidente cuando era candidato, con motivo de un informe internacional.
Pero aún más sorprendió la presentación al Congreso de los nuevos miembros propuestos por el Presidente Piñera: Samuel Donoso Boassi (PPD) y José María Eyzaguirre García de la Huerta (RN). Desde un principio era evidente que ninguno de los dos lograría la aprobación senatorial necesaria -25 votos, equivalente a los 2/3- para incorporarse como consejero en el organismo. ¿Se trató de un nuevo y torpe autogol del gobierno o de un certero puñalazo por la espalda? Independiente de la intención, su efecto logró desarticular el Consejo para la Transparencia.
Al haber terminado el 28 de octubre último el plazo de los dos consejeros salientes, el Consejo actualmente está imposibilitado de operar dado que cuenta sólo con dos integrantes (artículo 40 de la ley N° 20.285 que exige un quórum mínimo de tres consejeros). Actualmente, el organismo está compuesto sólo por su flamante nuevo presidente, Alejandro Ferreiro, y el consejero Jorge Jaraquemada, ex director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Con qué urgencia serán propuestos dos candidatos VIABLES para completar el cupo del Consejo? ¿O seguiremos con el desfile de candidatos no viables? ¿Y así ad eternum...?
Desde un primer momento, la postulación de Samuel Donoso se veía débil. Su renuncia al PPD -con el objeto de cumplir el requisito de no ejercer funciones partidarias- tampoco mejoró la situación. Cercano al controvertido presidente del Senado, Guido Girardi, no sólo concitó rechazo en la Alianza, sino también en toda la oposición. La negociación del ministro Larroulet con ese interlocutor obviamente no fué suficiente, ya que desde el primer momento Carolina Tohá, Ricardo Lagos Weber y José Antonio Gómez se opusieron a su nominación. Su relación estrecha con el senador Girardi y su participación en los casos Mop-Gate, Inverlink o Publicam siempre permitieron anticipar una evidente confrontación tanto con la izquierda como con la derecha. A su vez, respecto a Eyzaguirre, su rol de defensor del general Pinochet en los casos Riggs y Caravana de la Muerte, tampoco permitía predecir una rápida aprobación de todas las fuerzas democráticas. ¿Faltaron dos dedos de frente en la toma de decisión o fue una jugada magistral para desarticular el Consejo? ¿Simple torpeza de haberlos propuesto o decidida intención de impedir el funcionamiento del Consejo para la Transparencia? Solamente lo podremos saber con el nombramiento de los próximos consejeros propuestos por el Ejecutivo y su prontitud o tardanza en la tramitación ante el Senado.
Creado por la Ley N° 20.285 del 20 de agosto de 2008 durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet e iniciado por moción de los senadores Jaime Gazmuri y Hernán Larraín, la misión del Consejo para la Transparencia es promover y cooperar en la construcción de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el derecho de acceso a la información pública por parte de las personas. ¿Estará dispuesto este gobierno a permitirlo?
Columna publicada en La Tercera Online
