En el último tiempo, la opinión pública ha comenzado a cuestionarse legítimamente sobre la correcta representación de la ciudadanía en la esfera pública, al percibir una atención preferencial de la clase política a operaciones tendientes a una autoperpetuación en el poder, por sobre una dedicación a la planificación, ejecución y evaluación de proyectos que permitan la consecución de intereses ciudadanos.
Al mismo tiempo, los partidos políticos se han distanciado de la población, amparados por la combinación de obligatoriedad del voto y de designación autónoma de candidatos, que permite que no se reflejen en los resultados eleccionarios los cada vez más bajos índices de aprobación en las encuestas.
Sin embargo, surgen síntomas iniciales que vislumbran una pérdida de los mercados cautivos de votantes. La protesta efectuada por grupos ecologistas al ex presidente Lagos demuestra una exigencia de rendición de cuentas por el voto entregado.
Por otra parte, la ciudadanía ha comenzado a requerir el funcionamiento eficaz de cada institución, valorando resultados y no declaraciones. La impunidad en el ámbito público por un desempeño ineficiente comienza a ser cuestionada por el ciudadano común y corriente, al no ver conclusiones en ningún organismo fiscalizador.
En la década de los 90, el chileno se reencontró con su calidad de consumidor, reconociendo, asimilando y exigiendo sus derechos. Hoy en día empieza a tomar conciencia de su función de consumidor político, premiando o castigando con su voto al candidato o partido elegido para representarlo. De ahí la importancia de una fiscalización eficiente y efectiva entre los poderes del Estado, de la acción investigadora de la prensa, y por supuesto, de una mayor participación ciudadana.
Carta publicada el 6 de Julio de 2007 en el Diario Financiero, y el 9 de Julio de 2007 en La Nación.
