La desconfianza del chileno

La encuesta “Confianza en los Sectores Altos”, realizada por la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y Feedback, demuestra la escasa confianza que existe en la clase alta de Santiago, la clase que dirige el mundo económico, político, social y cultural de nuestro país. Existe un importante recelo hacia las autoridades, las instituciones, las empresas, las personas e incluso la familia.

La confianza interpersonal constituye un elemento de la esencia de la asociatividad, uno de los pilares que facilita el crecimiento y desarrollo de un país. Resulta necesaria, pero no suficiente, para la construcción de variables políticas, económicas, sociológicas y culturales. Pero la falta de confianza y colaboración impide y dificulta cualquier proyecto que se emprenda.

El 73% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo en que la mayoría de la gente se aprovecharía de ellos si tuviera la oportunidad de hacerlo. Y el 51% concuerda que, en general, se debe desconfiar de las personas desconocidas. Esto, en la práctica, provoca que la clase alta chilena tienda a confiar sólo en la gente que conoce, en sus “redes de confianza” que se construyen como verdaderos ghettos, privilegiando los círculos íntimos por sobre las relaciones circunstanciales, como vecinos y compañeros de trabajo.

Otra importante conclusión del estudio es que casi el 30% tiene la sensación de que permanentemente está siendo perjudicado, demostrando que ni siquiera las precauciones que toman los protegen de pagar costos en su interacción social. Esto hace que proyecten esa sensación en los demás, ya que el 68% de los encuestados -todos de clase alta- considera que los chilenos son desconfiados o muy desconfiados. Las causas de la desconfianza pueden variar, demostrando la poca diversidad que existe en nuestra sociedad: forma de hablar (36%), expresión de la cara (35%) y la ropa (16%).

Por otra parte, se cree poco en las instituciones. Esta desconfianza se expresa en los servicios que reciben, en los plazos prometidos, en el comercio y en las instituciones financieras. Además, tampoco existe confianza en las autoridades: parlamentarios (4%), alcaldes (12%), ministros de gobierno (13%), ministros de la Corte Suprema (13%), comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas (30%) y Presidenta de la República (41%).Tampoco confían en dirigentes políticos (2%), dirigentes sindicales (6%), empresarios (10%), jueces (16%), detectives (17%), sacerdotes católicos (26%), militares (43%), carabineros (52%), bomberos (82%) .

La existencia de relaciones interpersonales inadecuadas, la falta de comunicación y el estrés propio de la vorágine de la vida diaria, atentan contra las interacciones eficaces. La inserción de Chile en la comunidad internacional y su anhelo de aumentar su participación en ella, nos obliga a mejorar nuestros índices de confianza interpersonal. Sin ello, no podremos nunca constituir verdaderos equipos de trabajo capaces de enfrentar los nuevos desafíos que la globalización nos impone.

Columna publicada en http://www.gestcom.cl/blogs.html

La urgencia de un mejor Estado

El anuncio de una profunda intervención del Gobierno en la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi) tras anomalías detectadas por la Contraloría General de la República, reafirma la necesidad de un mejor Estado.

Un reciente informe de la Contraloría denunció graves irregularidades en el Programa Orígenes II, en un monto cercano a los $9000 millones por concepto de cuentas sin rendir. Esto fue calificado por el Coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo, como un gran desorden al interior de la entidad.

No es la primera vez que dicha institución es cuestionada. Ya en septiembre de este año, el ministro Viera Gallo, se vio obligado a pedir la renuncia a 10 funcionarios de Conadi y del programa Orígenes por irregularidades en la asignación de $2400 millones en subsidios para la compra de tierras como “casos especiales”.

A la semana siguiente, el ministro secretario realizó una amplia reestructuración en el organismo, que incluyó cambios de jefaturas y de funcionarios. En esa oportunidad, se instruyeron 32 sumarios por irregularidades cometidas en la institución. Como consecuencia de esto, el jefe del Fondo de Tierras y Aguas salió de la organización, el fiscal fue suspendido de su cargo por tres meses y un abogado fue amonestado con una rebaja en su remuneración. El director nacional, fue confirmado y recibió sólo una amonestación en esa oportunidad.

Estas deficiencias se suman a otras tres grandes deudas que el Estado chileno mantiene con la ciudadanía: seguridad, educación y salud. Son los problemas a los que el Gobierno debiera dedicar el mayor esfuerzo, de acuerdo a la última encuesta CEP. Al parecer, todavía existe una importante insatisfacción en estas áreas por las prestaciones recibidas del Estado.

Según el último índice de victimización Paz Ciudadana-Adimark -realizado entre los meses de julio y octubre de 2009-, el 37,5% de los hogares tuvo algún miembro que fue víctima de un robo o intento de robo, demostrando que las cifras continúan siendo altas a pesar de los programas dirigidos a reducir la delincuencia.

El reciente paro del Colegio de Profesores permitió reforzar el debate sobre la calidad de la educación pública en Chile. A pesar de las distintas posturas en relación a la legitimidad o ilegitimidad de sus pretensiones -incluso dentro del mismo Congreso-, se logró instalar en la opinión pública la necesidad de realizar una profunda e integral revisión a la educación estatal.

A su vez, la movilización organizada por la Anef evidenció que el único eje central de la negociación fue el aumento de remuneraciones, sin considerar otras variables como calidad de los servicios entregados, trabajadores a contrata y a honorarios, congelamiento de la planta administrativa y lagunas previsionales de funcionarios. Sin lugar a dudas que no existirá un servicio público que satisfaga a los usuarios mientras no se resuelvan estos temas pendientes.

La falta de renovación de materiales quirúrgicos en el hospital de Iquique, la revisión de la licitación del hospital de Puerto Montt, la insuficiencia de recursos en el presupuesto 2010 para el hospital de Talca y la falta de camas y médicos en urgencias revelan la precaria gestión que se realiza en la salud pública.

A pesar de las múltiples recomendaciones respecto a la necesidad de una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas -la última presentada por el Consorcio para la Reforma del Estado- ésta todavía no se implementa, dificultando la evaluación de cualquier política pública en estas dimensiones: control de legalidad, auditoría de gastos y eficiencia en uso de recursos, cumplimiento de objetivos específicos e impacto de cada política pública en materias como equidad, productividad y competitividad.

La urgencia de un mejor Estado se evidencia por el fracaso de muchas políticas públicas, ya sea porque se implementan en forma desprolija, porque sus organismos ejecutores se encuentran capturados por operadores políticos, o bien debido a que en algunos casos existen casos de corrupción.

Ante los escasos resultados en estas tres áreas -seguridad, educación y salud- , más las recientes irregularidades detectadas en Conadi, Ministerio de Cultura o las platas del Sida, junto a las formalizaciones en procesos por investigaciones en Chiledeportes, Registro Civil, EFE o Corporación de Estudios Estratégicos (CEES), por un lado se hace necesario implementar la diferenciación entre decisor y usuario de políticas públicas, aplicar controles de gestión efectivos y realizar análisis de su legalidad e impacto, todo esto a través de la creación de una institución que vele por la calidad de las políticas públicas.

Por otra parte, también será necesario mejorar la situación contractual de los trabajadores permanentes, regularizar la situación de los colaboradores transitorios, permitir la especialización funcionaria y ampliar el Sistema de Alta Dirección. Sólo de esta forma, la ciudadanía podrá contar con un Estado que cumpla lo que ofrece, en beneficio de todos los chilenos.

Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/la_urgencia_de_un_mejor

Porque Santiago no es Chile

Resumen
La tan esperada reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional se demoró más de la cuenta. A pesar de que la descentralización ha estado presente en todos los discursos y que parecía existir un consenso respecto a su urgencia, ésta recién se convirtió en realidad después de casi seis años. Las observaciones y recomendaciones hechas por la OCDE en su informe Territorial Reviews Chile parecen haber sido fundamentales para apurar la tramitación legislativa. Sin embargo, además de la publicitada aprobación de la elección directa de los consejeros regionales, todavía falta precisar los mecanismos de asignación de recursos y del traspaso de atribuciones a los gobiernos regionales, elementos indispensables para lograr una verdadera autonomía.


Andrés Jirón Santandreu. Abogado, Universidad de Chile. Magíster en Administración de Empresas, Universidad del Desarrollo. Postítulo en Comunicación Corporativa, Pontificia Universidad Católica. Postítulo en Estudios de Audiencias, Pontificia Universidad Católica. Actualmente Gerente General de Gestcom, empresa consultora en comunicaciones organizacionales (http://www.gestcom.cl/).

Contexto regional
La actual discusión parlamentaria derivada del proyecto de reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional reaviva el permanente debate acerca de la necesidad de una mayor descentralización. Desde 1991, año en que se establecieron los gobiernos regionales en la Carta Magna, se ha visto la necesidad de introducir ciertas adecuaciones al sistema imperante y de permitir un rol protagónico a las regiones en las decisiones que afectan su propio desarrollo.

Pero, a pesar de que pareciera existir un fuerte consenso acerca de la necesidad de entregar mayor autonomía a las regiones -según múltiples y reiteradas declaraciones provenientes de todos los sectores políticos- sólo recién la reforma constitucional se acaba de concretar, faltando todavía dictar las leyes orgánicas constitucionales que la hagan efectiva.

Con territorios, historias y culturas tan diversas en nuestras regiones, Santiago presuntuosamente se arroga el derecho de conocer e interpretar mejor que nadie las realidades de cada una de ellas. Geografías tan extremas como el árido desierto en el Norte, una fértil zona central, un boscoso paisaje sureño, una Patagonia disgregada en fiordos y canales, una Antártica todavía difícil de acceder, una ahora inquieta Isla de Pascua y una cordillera que nos acompaña a lo largo de todo nuestro territorio, hacen imposible sistematizar y nivelar trayectorias, requerimientos y proyecciones. Esta diversidad de territorios, recursos naturales e identidades locales conforman diferentes características propias en cada región. Por esta razón, resulta incomprensible que las regiones todavía no sean autónomas en materia de gobierno y administración, haciendo surgir durante muchos años una legítima duda acerca de la verdadera voluntad política de las autoridades, tanto del poder ejecutivo como legislativo.

Sólo el 37,18% de los electores chilenos vive en la Región Metropolitana, mientras que el 62,81% se concentra en regiones, de acuerdo a estadísticas1 del Servel a julio de 2009. Sin embargo, esta proporción no se extiende a los procesos de toma de decisiones de nuestro país. En la práctica, la participación regional es casi mínima -aún en materias propias- y resulta absurdo el nivel de centralismo existente al día de hoy, a pesar del reiterado y repetitivo discurso de la descentralización.

Por otra parte, el XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda2, último censo realizado en abril de 2002 por el Instituto Nacional de Estadísticas, reconoció algunos procesos migratorios que conforman regiones “de expulsión” o “de atracción” de habitantes, en especial aquellos que involucran a poblaciones pertenecientes a grupos étnicos. Indudablemente, estas tendencias deben ser evaluadas con mayor periodicidad que las que entrega la realización de censos nacionales cada diez años.

En la práctica, nuevamente con encontramos con la postergación de situaciones atingentes a la población de regiones. La solución no consensuada del traslado de los habitantes de Chaitén, el escaso resultado del Plan Arica, la todavía débil conectividad de Chiloé o la tardía reparación de los daños del terremoto en Tarapacá, desvirtúan cualquier discurso de regionalización. Por otra parte, los noticiarios siguen dedicando más de tres cuartas partes de su duración a temas metropolitanos (Transantiago, contaminación, cobro autopistas, etc.), reflejando cuán ausentes están las regiones en la construcción de la identidad país.

Un reciente estudio realizado por la OCDE señala que la escasa descentralización ha limitado el crecimiento de Chile. Según este organismo, el país carece de un marco institucional regional capaz de coordinar en forma sistemática las distintas políticas, instrumentos y actores implicados en el desarrollo económico. Recomienda territorios, regiones y comunas más fuertes, más autónomas, con mayor capacidad para tomar sus propias decisiones y planificar su desarrollo, con una mayor focalización de los recursos y las inversiones. El estudio fue explícito en vincular desarrollo económico con descentralización, señalando que permitiría una mejor distribución de oportunidades y un aumento de la equidad.

Las regiones todavía no han podido constituirse en una oferta atractiva para los capitalinos. La gran mayoría de los profesionales que viajan a trabajar a regiones copan los vuelos y buses los días jueves, al regresar a sus hogares en Santiago. Todavía falta camino para que las regiones se conviertan en reales centros de atracción. Sin su empoderamiento, será difícil consolidar el proceso de regionalización.

Para maximizar el crecimiento nacional, multiplicar y diversificar estos polos de desarrollo, se requiere enfrentar los cuellos de botella que limitan la productividad a través de políticas regionales de difusión de la innovación y de formación de capital de capital humano. Se hace necesario también avanzar en medidas que apunten a generar incentivos para que las empresas y los profesionales se queden en regiones, y para generar un crecimiento del país más armónico, equitativo y justo.

Situación actual
El gobierno y administración interior del Estado está reglamentado en el Capítulo XIV de la Constitución Política del Estado. Se divide en gobiernos regionales, provinciales y comunales.

El gobierno de cada región tiene por objetivo el desarrollo social, cultural y económico del territorio y está constituido por el intendente y el consejo regional. El primero es un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, que lo representa en el territorio de su jurisdicción. El consejo regional es un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, que hasta la mencionada reforma constitucional, era presidido por el intendente. Se encarga de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional, de aprobar los planes de desarrollo de la región y de ratificar el proyecto de presupuesto del gobierno regional. También resuelven la inversión de los recursos fijados en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sobre la base de las propuestas que formule el intendente.

Por otra parte, el sistema indirecto de nombramiento de los consejeros regionales era ampliamente criticado: al ser nombrados por los concejales de la provincia, los partidos políticos se distribuían los cargos, sustituyendo la voluntad ciudadana. De esta forma, consejeros regionales con bajo nivel de representación y de respaldo participaban en la decisión de proyectos de gran envergadura. Ahora serán elegidos por sufragio universal en votación directa de conformidad a la ley orgánica respectiva y el presidente será votado por mayoría absoluta entre los miembros del consejo regional.

El gobierno provincial está a cargo de un gobernador, nombrado también por el Presidente de la República. Debe ejercer la supervisión de los servicios públicos de su provincia de acuerdo a las instrucciones del intendente. En cada provincia existe además un consejo económico y social de carácter consultivo.

La administración comunal contempla una mayor representación ciudadana. Reside en las municipalidades y su máxima autoridad es el alcalde. También existe un Consejo Municipal, órgano dedicado a hacer efectiva la participación de la comunidad, cumpliendo funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Tanto el alcalde como los concejales son elegidos por sufragio universal.

Sin embargo, las municipalidades ni siquiera pueden conformar sus plantas o fijar las remuneraciones de sus funcionarios. Se les traspasa servicios y responsabilidades, como la educación y la salud, pero mantienen la misma infraestructura antigua en que todo se decide a nivel central.

Iniciativas como la creación de agencias de desarrollo regional y la implementación del fondo de innovación para la competitividad no han sido suficientes para cumplir los objetivos de descentralización. Para lograr una mayor efectividad, se requiere además un marco institucional regional capaz de coordinar distintas políticas, instrumentos y actores involucrados en el desarrollo económico. De esa forma se facilita una mayor participación de los actores regionales en la planificación y coordinación de la agenda de desarrollo.

A nivel regional y provincial, todos los funcionarios son nombrados por el Poder Ejecutivo: intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales o jefes de servicios a nivel regional. Están permanentemente expuestos a la disyuntiva de aplicar las normativas del gobierno central o interpretar la voluntad de los habitantes de la región. Los consejeros regionales, hasta ahora designados por los concejales, no logran ser un contrapeso al poder del Ejecutivo ni representar a cabalidad la voluntad ciudadana.

En consecuencia, las mayores críticas del sistema actual de descentralización apuntaban en primer lugar a que parte de las autoridades regionales carecen de representatividad ciudadana. En segundo lugar, a que las decisiones económicas regionales están absolutamente concentradas en la Ley de Presupuesto de la Nación y en las decisiones del Poder Ejecutivo. La combinación de ambos factores produce una total falta de sintonía con los requerimientos regionales. Por último, que la aplicación de la reforma a la Carta Magna quedará pendiente hasta la dictación de las leyes orgánicas constitucionales correspondientes.

Economías regionales
Los recursos fiscales para la materialización de los proyectos y obras de desarrollo e impacto regional, provincial y local, son transferidos a cada una de las regiones mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Su distribución considera variables de orden socio-económico y territorial. El 90% de los recursos se asigna a comienzos del año presupuestario, y el 10% restante se destina a cubrir situaciones de emergencia y estímulos a la eficiencia.

Al no existir una verdadera descentralización financiera, se produce una agotadora e innecesaria burocracia que deriva en una disminución de los resultados regionales, tanto de la empresa privada como de los organismos públicos. Los directores regionales de organismos gubernamentales como INDAP o CONAF se reportan a los directores nacionales y no a los Seremis correspondientes -en este caso, Agricultura-. A la distancia, estas autoridades del gobierno central no siempre pueden identificar las necesidades regionales, diseñar programas que se adecúen a éstas y controlar el cumplimiento de los objetivos planteados. Lo mismo pasa en Minería, Salud, Trabajo, Vivienda, Transporte, Medioambiente, etc. Se requiere una visión regional sobre el desarrollo productivo que evite los vacíos legales de programas diseñados desde la capital. Es vital conocer, comprender y compenetrarse de la manera como la Región mira su desarrollo productivo, sus áreas de innovación y sus objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Con el propósito de entregar indicadores estadísticos que reflejen la evolución económica de las regiones, el INE entrega cada tres meses un Índice de Actividad Regional (INACER), que analiza la evolución trimestral, mercado laboral y desocupación, además de las exportaciones de cada territorio. Como consecuencia de la caída de 4,5% del PIB nacional entre abril y junio de este año, el INACER del mismo trimestre registró dinámicas negativas en nueve de las catorce regiones. Las regiones de Arica y Parinacota (-21,3%), Los Lagos (-18,9%) y Valparaíso (-9,7%) fueron las que tuvieron la mayor disminución, y Magallanes (4,8%) y Maule (4,6%) el mayor crecimiento.

A su vez, el Índice de Competitividad de las Regiones 2008 (ICORE), elaborado por el Centro de Investigación en Empresas y Negocios (CIEN) de la Universidad del Desarrollo, mide factores determinantes: Personas, Gestión, Ciencia y Tecnología, Infraestructura, Sistema Financiero, Internacionalización y Gobierno e instituciones. Indica que el promedio total de competitividad de las regiones es de 0,38 (en una escala de 0 a 1). La Región Metropolitana mantiene su liderazgo e incluso aumenta su promedio de competitividad (0,86), seguida a distancia por la Región de Valparaíso (0,56) y en tercer lugar la Región de Magallanes (0,519). Revela también que la diferencia entre primer y segundo puesto se incrementa respecto del año 2007, lo que confirma que la capital es cada vez más competitiva y que las demás regiones no aumentan su nivel relativo.

Mientras algunas regiones tienen un importante crecimiento y aumentan su PIB per cápita, otras se mantienen estancadas o disminuyen, demostrando que no todas los territorios han alcanzado su potencial de crecimiento. El reforzar sus recursos y capacidades impactaría en forma significativa la productividad nacional.

Proyecto de reforma constitucional en materia gobierno y administración regional
A pesar de los innumerables discursos de autoridades de gobierno, legisladores y organizaciones ciudadanas que recogen y reconocen la importancia de la descentralización, ha costado concretar medidas que empoderen a las regiones entregándoles una mayor independencia de la autoridad central.

El proyecto inicial de reforma constitucional fue ingresado por el ex presidente Lagos en diciembre de 2003 (boletín 3436-07). En 2007, después de cuatro años y todavía en el primer trámite constitucional, la Presidenta Bachelet formuló una indicación sustitutiva que redujo el proyecto inicial, centrándolo básicamente en el sufragio universal de los consejeros regionales, transferencia de competencias a los gobiernos regionales y algunas enmiendas formales y de concordancia.

En enero de 2008, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados. Luego, el Senado le incluyó varias medidas dirigidas a profundizar el proceso de descentralización del país y a la vez perfeccionar la institucionalidad y gestión de los Gobiernos Regionales. Pasó a Comisión Mixta para resolver las diferencias producidas entre la cámara de origen y la revisora en septiembre de 2009.

Este año, la Jefa de Estado tocó el tema de la regionalización en su discurso ante el Congreso, específicamente en el punto 4° (Democracia y gobernabilidad para este nuevo Chile). Destacó que el gobierno ha traspasado más recursos que nunca a los municipios y gobiernos regionales, pero reconoció dos deudas: que las autoridades regionales sean elegidas por el pueblo y que los municipios cuenten con un marco normativo adecuado.

La tan esperada -y anunciada- reforma constitucional terminó su tercer trámite constitucional. La Comisión Mixta resolvió las diferencias producidas entre las cámaras y el proyecto se promulgó el 16 de octubre de 2009.

Sin embargo, no todas las propuestas del proyecto fueron aprobadas. La publicitada votación favorable a la elección de los consejeros regionales por sufragio universal ha sido ampliamente difundida por la prensa. Pero mucho menor ha sido la repercusión que ha tenido la escasa definición de mecanismos de asignación de recursos a los gobiernos regionales o la falta de procedimientos de traspaso de competencias desde la administración central a las regiones (Departamento de Prensa, Boletín 3436-08).

Una autonomía verdadera
No existe verdadera independencia sin autonomía económica. Aunque actualmente se discuten los posibles mecanismos de traspaso de recursos a regiones, éstos debieran ser de asignación directa, sin intermediación del Ministerio de Hacienda. Para esto, el presupuesto de funcionamiento y desarrollo de la región será asignado en la Ley de Presupuestos.

El Consejo Regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito del gobierno regional y sus atribuciones están definidas por una ley orgánica constitucional. Una nueva LOC determinará las funciones y atribuciones del presidente del consejo regional.

Otras leyes orgánicas constitucionales debieran abarcar diversas materias: ordenamiento territorial, medioambiente, obras de infraestructura, transporte, desarrollo rural y de localidades aisladas, promoción y ordenación del turismo, desarrollo social y cultural, educación y salud, ciencia y tecnología, deporte y conservación del patrimonio. De igual manera, se establece que los gobiernos regionales puedan asumir otras funciones públicas relacionadas con actividades que tengan una clara identificación con la región. Hasta ahora, la falta de autonomía financiera para potenciar a las regiones ha permitido consolidar un sistema de tutelaje desde el gobierno central, ya que secretarios ministeriales e intendentes dependen de las autoridades centrales.

Otro punto importante es el traspaso de atribuciones del gobierno central a las regiones. La reforma establece que una ley orgánica constitucional determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir competencias de ministerios y servicios públicos a los gobiernos regionales.

El Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile (CONAREDE) y la Red Sinergia Regional, ésta última perteneciente a la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), publicaron en junio de este año un trabajo titulado “Chile será descentralizado o no será desarrollado “, en que presentaron a los candidatos presidenciales un conjunto de medidas y reformas que permitan definir una política de Estado en temas de desarrollo territorial y descentralización. La conclusión inequívoca es que Chile es hoy un país excesivamente centralizado.

Existen diversas normas en la legislación chilena que apuntan hacia la regionalización, pero que tienen poco valor en la medida que no vayan acompañadas de una voluntad política para ponerlas en práctica. La descentralización implica abandonar el modelo piramidal -tan apreciado por muchos-, que impone desde arriba, sin escuchar a los habitantes de regiones ni considerar aspectos productivos ligados al desarrollo regional.

Necesariamente esta descentralización tendrá que contemplar un traspaso de poder y de decisión al ámbito regional, en todo sentido para que sea funcional y territorial. El mecanismo será a través de nuevas leyes orgánicas constitucionales contempladas en la reciente reforma. Hoy día, no existen gobiernos regionales sino meras administraciones territoriales de las decisiones que adopta el gobierno central. Si no se ha progresado suficientemente en la descentralización es porque, hasta ahora, el nivel central no había querido desprenderse de una cuota de poder.

El concepto de descentralización se basa en dos ejes principales: por una parte, en el involucramiento de la comunidad en la gestión del gobierno regional y, por la otra, en una eficiente asignación de recursos y competencias desde el gobierno hacia las regiones. En este sentido, el proyecto de reforma constitucional en materia de Gobierno y Administración Regional constituye un hito en la historia de nuestro país. Sin embargo, la reforma será absolutamente inoperante mientras no se dicten las leyes orgánicas constitucionales que se requieren para implementar los cambios: atribuciones del consejo regional; mecanismo de elección de los consejeros regionales; organización, número de consejeros y reemplazos; sus inhabilidades, incompatibilidades e incapacidades; funciones y atribuciones del presidente regional; forma y modo en que el Presidente de la República transferirá competencias a los gobiernos regionales; normas generales que regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los convenios anuales o plurianuales y la regulación de la administración de las áreas metropolitanas.

Avanzar en la descentralización requiere enfrentar la resistencia de los actuales actores políticos, ya que el empoderamiento de las regiones inevitablemente implicará la pérdida de poder de ellos. Se requiere convertir a Chile en un país unitario con regiones empoderadas, en que los ciudadanos sean co-protagonistas del destino de su comuna, provincia o región y que ejerzan el legítimo derecho de controlar a sus autoridades regionales. Es de esperar que, ahora en la recta final, se le dé prioridad legislativa a las leyes orgánicas constitucionales pendientes que permitan hacer efectiva esta reforma a la Carta Magna. La Presidenta anunció que las normas que regulen la elección directa de los consejeros y la transferencia de competencias quedarían ingresadas durante este gobierno. Es de esperar que así sea, y que el poder legislativo las apruebe durante el próximo año, evitando las acostumbradas postergaciones hasta el término del período legislativo. La ciudadanía espera con ansias la implementación de estas nuevas normas.

Artículo publicado en Ideas en Red de Independientes en Red: http://www.independientesenred.cl/

¿Quién asume los costos de los paros?

En este último año, hemos sido testigos de cómo los paros se han convertido en mecanismos permanentes de presión en la administración pública, hasta ahora con excelentes resultados. Sus bajos costos -los días no trabajados jamás se descuentan y nadie es despedido- y grandes beneficios pecuniarios y en visibilidad, han hecho que hoy las movilizaciones se inicien incluso antes de sentarse a la mesa de negociación.

Sin embargo, a diferencia de otras negociaciones en que sólo se comprometen intereses de las partes involucradas, estos paros abiertamente afectan derechos e intereses de terceros ajenos al conflicto. Los gremios y el gobierno, a pesar de tener conciencia de esto, no dudan en utilizar a los ciudadanos como rehenes, pretendiendo presionar a la contraparte. A pesar de la evidente captura del Estado por parte de los funcionarios públicos, los últimos gobiernos se han rehusado a efectuar las profundas intervenciones que se necesitan para liberarlo.

En este último tiempo, un fuerte rechazo ciudadano ha comenzado a manifestarse en contra de estos mecanismos ilegítimos de presión. Alumnos, padres y apoderados, usuarios de la salud, del Registro Civil, de Aduanas y de tantos otros servicios públicos han explicitado su irritación por la suspensión de prestaciones, en contra del gobierno y de los funcionarios.

Con una tasa de desempleo del 10,2% en el último trimestre y con una esquiva recuperación laboral, la opinión pública cuestiona el método utilizado por empleados públicos y profesores para mejorar remuneraciones, separándolo del fundamento de sus demandas. Reconoce sus bajos ingresos, compensados por su inamovilidad laboral y se rebela al ver intereses particulares primar por sobre el bien común, que vulneran la prohibición de paralizar actividades de servicio público y pisotean los derechos de los usuarios.

Además, las posiciones intransigentes de trabajadores y gobierno sólo despiertan críticas adicionales. Duros anuncios de las partes involucradas se convierten en verdaderas amenazas para la ciudadanía. Los sectores de menores recursos ven con impotencia cómo ellos tendrán que asumir el costo de estas negociaciones.

Intervenciones quirúrgicas postergadas, horas médicas suspendidas, matrimonios pospuestos, tardanzas en el retiro de fallecidos, cédulas de identidad y pasaportes retrasados, mercancías inmovilizadas, retiros de facturas demorados y la falta de tantos otros servicios públicos constituyen el precio que la ciudadanía paga por las negociaciones entre gremios y gobierno.

Este es el tercer paro en el año del Colegio de Profesores y ya resulta imposible recuperar las horas de clases suspendidas. El daño es irreparable para todos los alumnos de la educación pública, en especial los jóvenes de cuarto medio que deben rendir la PSU, agravando la desigualdad de oportunidades en nuestro país y provocando un éxodo desde la educación pública a la subvencionada.

Esta paralización agrava los resultados del plan AUGE, contenidos en el último informe técnico de fiscalización emitido por la Superintendencia de Salud. El cumplimiento de las patologías AUGE -garantizadas explícitamente por ley-tiene un retraso del 30%, desvirtuando la eterna promesa de aumentar a 80 el número de enfermedades cubiertas.

El término del paro de la ANEF proporcionó un gran alivio a toda la población. Pero como siempre, la negociación se centró en el aumento de remuneraciones sin considerar otras variables. Trabajadores estatales a contrata y a honorarios, congelamiento de la planta de administración pública -con excepción de los ministerios políticos, según informe Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 1999/2008- y lagunas previsionales de empleados públicos fueron temas omitidos en el acuerdo. Cabe recordar que pese a que el estatuto administrativo establece un máximo del 20% por ciento de trabajadores a contrata, el 50% de los funcionarios está en ese régimen o a honorarios. La negociación tampoco incluyó las propuestas que el Consorcio para la Reforma del Estado entregó al ministro Pérez Yoma y que buscan avanzar en la modernización del Estado.

Este año la ciudadanía ha vivido demasiadas movilizaciones en el sector público: profesores, empleados públicos, trabajadores de la salud, funcionarios de Conadi , Gendarmería, Mineduc, entre otros, confirmando el uso de las movilizaciones como herramienta habitual de negociación. El año pasado algunos paros fueron: Colegio de Profesores, Instituto de Normalización Previsional, Confusam, Servicio Médico Legal, Sename, Servicio de Impuestos Internos, Compin, Instituto de Salud Pública y Servicio de Registro Civil e Identificación.

Habiéndose terminado la paralización de los empleados públicos, la normalidad comienza a retornar al Servicio Público. El Colegio de Profesores continúa en paro y espera la llamada del gobierno para negociar. Es de esperar que este proceso implique una profunda revisión del actual sistema educacional, en que ya se hicieron todos los diagnósticos -Educación 2020, Expansiva, Libertad y Desarrollo, Brünner, etc.- y que de una vez se solucione la deuda histórica del magisterio, pero también la de sus alumnos. Sólo un gobierno con tanta popularidad como el actual puede lograrlo.

Columna publicada en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/quien_asume_los_costos_de

Reemplazos parlamentarios: capturados por los partidos

Las recientes declaraciones del senador Pablo Longueira, en el sentido de estar disponible para integrar un eventual gabinete de Sebastián Piñera, confirman la eventual instrumentalización de los cargos parlamentarios. En el caso que esta incorporación se hiciera efectiva, se convertiría en el segundo representante del Congreso que renuncia ante una oferta más atractiva, después de la ex diputada Carolina Tohá. Este sólo hecho instala la necesidad de revisar los mecanismos de reemplazo.

Después de 4 períodos legislativos (1990-1994, 1994-1998, 1998-2002 y 2002-2006) el parlamentario UDI reconoció en el programa CNN Chile Invita que era una persona más ejecutiva que legislativa, . Para el actual cargo de senador en el período 2006-2014, fue elegido por 318.434 votantes de la Circunscripción 8. Su posible renuncia -y la posterior designación de un nuevo senador por la zona- jamás fue planteada a sus votantes durante el período electoral.

Hoy día, existen legítimas dudas en la ciudadanía respecto al cumplimiento de los períodos legislativos. El actual sistema, en que el reemplazante es designado por la cúpula del partido al que pertenece el parlamentario renunciante (artículo 51 inciso 3° Constitución Política del Estado), es demasiado tentador para las tiendas políticas. La renuncia parlamentaria podría convertirse en un mecanismo de designación de diputados y senadores , en que un candidato de alta popularidad reserva el cupo a su tienda política y luego dimite. Una de las actividades con mayor número de barreras de entrada, no tiene ninguna de salida, contraviniendo la voluntad popul
Una "grúa" desde el Poder Ejecutivo permite generar puestos adicionales para los partidos en el Congreso a través del nombramiento de nuevos operadores políticos, en desmedro de los electores que depositaron su confianza en un candidato. Aún más, en una abierta discriminación, el inciso 4° del mismo artículo establece que los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados.

Sería lamentable que la ciudadanía comenzara a observar el Parlamento como una sala de espera de mejores opciones políticas. Significaría un electorado utilizado para legitimizar una posterior designación a dedo, que perdería su calidad de mandante y vería restringida su capacidad de exigir cuentas. Generalmente la ciudadanía escoge a un parlamentario en base a una promesa de gestión futura, y no como un premio o reconocimiento al desempeño pasado.

Tampoco existe certeza respecto a qué sucedería cuando el ex parlamentario terminara su gestión ministerial. En un escenario en que los cargos ministeriales pueden durar menos que los períodos legislativos -cuatro u ocho años-se plantea otra interrogante. ¿El parlamentario condiciona su salida a un posterior retorno o pierde definitivamente su cupo? En este último caso, la designación de su reemplazante ¿debiera quedar sometida al sufragio ciudadano o mantenerse en la cúpula del partido político?

Por otra parte, el Senado tiene atribuciones específicas que regulan las relaciones entre los poderes del Estado. Es así que la Constitución establece que deberá conocer las acusaciones que la Cámara de Diputados entable, admitir o rechazar las acciones judiciales en contra de un ministro, conocer las contiendas de competencia entre autoridades y los tribunales de justicia, prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran, entre otras facultades. Al vulnerarse la votación popular, se afecta la representatividad del Congreso.

Cámara de Diputados
En estas elecciones parlamentarias, sólo el 7,5% se retira voluntariamente de la Cámara de Diputados; el 11,6% postula a otro distrito o circunscripción -asumiendo un eventual riesgo-y el 83,33% restante se presenta a la reelección de su mismo cargo.

En este escenario en que la renovación parlamentaria es ínfima y comienzan a convertirse en cargos vitalicios, este intercambio de personeros políticos entre Ejecutivo y Legislativo complejiza la separación de poderes en una democracia.

Dentro de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados está la de fiscalizar los actos de Gobierno, ya sea a través de acuerdos transmitidos al Presidente de la República, de interpelaciones a ministros o la creación de comisiones investigadoras. ¿Con qué libertad podría actuar un parlamentario que intenta traspasarse al Ejecutivo?

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