La autoría de la exención y rebaja del 7% de los pensionados

El debate surgido en torno a la autoría de las propuestas incluidas en el mensaje presidencial impide que nuestra breve y precaria memoria colectiva recuerde los proyectos anteriores sobre los mismos temas. Quizás las declaraciones de mayor repercusión fueron las de los senadores Pablo Longueira y Fulvio Rossi, que representan las posturas de ambos conglomerados.

Es así que uno de los anuncios que el Presidente Piñera incorporó en su Mensaje a la Nación fue la eliminación o disminución gradual del 7% de salud a los pensionados en. De inmediato, uno de los reclamos más fuertes fue el del diputado Osvaldo Andrade, quien acusó al mandatario de adjudicarse el proyecto presentado por él tres semanas antes. La anhelada iniciativa, solicitada por diferentes organismos civiles, incorporada en las propuestas de los cuatro candidatos presidenciales y anunciada por diversos sectores políticos, sólo recién fue ingresada el 11 de Mayo por el ex ministro Andrade, junto a los diputados Alinco, Araya, Goic, Jiménez, Marinovic, Monsalve, Muñoz, Robles y Saffirio (boletín 6933-11). Dicho proyecto también propone la exención y rebaja -gradual y progresiva- de la cotización obligatoria de salud del 7% de la pensión mensual recibida por los pensionados del régimen administrado por el Fondo Nacional de Salud.

Por otra parte, el diputado Felipe Salaberry (UDI) señaló en ese momento que este proyecto era inadmisible, ya que sólo le competía al Ejecutivo. Recalcó además que el diputado Andrade lo sabía, y que “mientras fue ministro nunca hizo nada respecto al tema”. Agregó que era una propuesta realizada por la UDI mucho tiempo antes, y que por eso Sebastián Piñera la había incluido en su campaña.

Ya en diciembre de 2006, el diputado Alejandro García Huidobro (UDI) había presentado un proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputados, en que se proponía eliminar de forma gradual o por tramos este descuento de salud. Por otra parte, en mayo de 2008 el senador Francisco Chahuán -en esa época diputado- denunciaba que esta medida habría sido sacada del mensaje presidencial que Michelle Bachelet pronunció ese año en el Congreso. A pesar de las numerosas reuniones con los entonces funcionarios de Gobierno - el ministro de Hacienda Andrés Velasco, el ministro del Trabajo Osvaldo Andrade y el subsecretario de Previsión Social, Mario Ossandón Cañas (posteriormente funcionario de Desarrollo Regional)-, la medida no fue anunciada en la cuenta anual.

A su vez, en septiembre de 2008, la senadora Soledad Alvear también pidió la eliminación del 7% en salud a los jubilados. Luego, en marzo de 2009, dos proyectos de acuerdo adicionales fueron presentados por un grupo de parlamentarios ante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet.

En consecuencia, a estas alturas no tiene sentido desgastarse tratando de identificar al autor original de cada idea, sino más bien dirigir todo el esfuerzo a convertir esta iniciativa -y todas las que andan rondando desde hace años- en normas jurídicas. Un reciente estudio del Centro de Estudios y Análisis de Gestión Pública, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor, establece el Índice de Efectividad Legislativa Parlamentaria (IELP). Este análisis permite definir una baja efectividad legislativa que ha ido empeorando con los años. Es así que durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, de las 1701 mociones parlamentarias presentadas, sólo 50 se convirtieron en leyes. Pareciera que los parlamentarios tienden a privilegiar su labor ante la prensa, descuidando el de las sesiones de trabajo en comisiones y salas. Quizás por esta razón, la confianza que existe hacia nuestro Congreso (26,68%) es menos de la mitad de la que existe en los países de América Latina y el Caribe (53,36%).

Después de tantos años de anuncios estériles, de numerosas y reiteradas declaraciones ante la prensa, de omisiones groseras de parte del gobierno de turno, a los chilenos poco les importa saber la autoría de los proyectos. Lo que les interesa es la implementación de sus efectos. Mientras no sea aprobado, promulgado y publicado, todo proyecto de ley es sólo una buena intención. Y como es sabido, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones…

Columna publicada en Vota Inteligente:

http://votainteligente.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=1652:base-columna&catid=40:columna&Itemid=41

Necesario (re)cambio de paradigmas en La Moneda

La reconocida y comentada hiperactividad del Presidente Piñera se encuentra con sus primeras dificultades. Algunos no quieren -¿o no pueden?- seguir el acelerado ritmo del mandatario; otros, en cambio, no aceptan el orden de las prioridades establecidas por el Ejecutivo; y muchos, por último, simplemente se resisten a no figurar como protagonistas de la noticia.

Acostumbrados a dinámicas de poder basadas en la autoridad vertical del mundo privado - en que siempre existe la amenaza latente de una eventual desvinculación-, donde subalternos suelen allanarse con mayor o menor compromiso a las indicaciones de sus superiores jerárquicos, el traslado de estos paradigmas al mundo político abre numerosos flancos simultáneos. Y ese poderoso beneficio hace que las voluntades se unan y tiendan a buscar soluciones. Por esta razón, los equipos de trabajo que hasta ahora lideraba el Jefe de Estado, siempre se adecuaron a su ritmo, convirtiéndose en equipos eficientes y productivos.

Sin embargo, en política, las dinámicas de poder parecieran ser distintas. La dependencia jerárquica sólo se da sólo en determinados casos: cuando una opinión prevalece por sobre las de los demás. Fue el caso de la eliminación de la depreciación acelerada en el proyecto de financiamiento de la reconstrucción, en que la voluntad del Presidente Piñera primó sobre la opinión de sus ministros y técnicos.

Pero no siempre produce el mismo resultado cuando se trata de partidos opositores. El ambiente se ha tensionado, pasado el efímero efecto de la invitación a comer a Cerro Castillo, -hecha por el mandatario a timoneles de partidos, jefes de bancada y comité de la Concertación- para presentarles el plan fiscal de reconstrucción. Las corteses declaraciones iniciales de colaboración y buena voluntad se transformaron en duras arremetidas, buscando un claro distanciamiento con las propuestas del Gobierno.

Incluso, después de solicitar el retiro de la suma urgencia del proyecto de ley, varios parlamentarios de la Concertación -ninguno de las zonas afectadas- han manifestado sus dudas en la votación de la iniciativa legal, argumentando que los beneficios permanentes anularían los efectos provisorios. El Gobierno rechazó dicha solicitud y la ministra vocera del Ejecutivo, Ena Von Baer, reiteró el llamado a la oposición de aprobar el texto, advirtiendo que los ciudadanos evaluarán “el compromiso de cada uno de los parlamentarios con la reconstrucción de nuestro país”. Sea cual sea el resultado, no cabe duda que los jugadores ya están apostando fuerte…

A su vez, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se juntó a cenar con los diputados UDI y RN para aplacar las críticas al plan de financiamiento: en especial, la restricción a beneficios tributarios del DFL2 y el límite de 900 UF a los depósitos convenidos. Esta reunión es importante, ya que con precaria mayoría en la Cámara de Diputados y minoría en el Senado del oficialismo, la aprobación del proyecto podría peligrar.

Por otra parte, han habido importantes desprolijidades en la solución de las emergencias. Amenazas de movilizaciones, bonos de 100 mil pesos para reparaciones, impermeabilizaciones adicionales, han hecho ruido en la agenda nacional, afectando la imagen de la reacción gubernamental.

Como si esto fuera poco, inesperados cuestionamientos del Instituto Libertad y Desarrollo al plan de financiamiento, se suman a las críticas de Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de la dictadura militar y consejero de ese instituto. Además de advertir con un posible fenómeno de desafección de los partidarios, califican como un error el aumento provisorio de los tributos, ya que afectaría el crecimiento económico de Chile. Estas declaraciones provocaron una gran polémica al interior de la Alianza.

Todas estas dificultades se enfrentan al ímpetu presidencial por reconstruir nuestro país y de alguna manera reflejan que los modelos del mundo privado no se aplican a cabalidad en el ámbito político, en donde no siempre existe una dependencia jerárquica de los stakeholders. Ante la inexistencia de vínculos subordinantes reales -habituales en toda empresa u organización-, la coexistencia de legítimos intereses contrapuestos y el apresurado aprendizaje de sus nuevos roles de Gobierno, Coalición por el Cambio y Concertación, surge la necesidad de un (re) cambio de paradigmas en las comunicaciones del Poder Ejecutivo.

Actualmente, el manejo de intangibles -a los cuales la nueva administración no está acostumbrada-, contrasta con la excelente conducción que hicieron los aparatos comunicacionales de los dos últimos gobiernos. Tanto el ex presidente Lagos como la ex Presidenta Bachelet dejaron alta la vara en el ámbito comunicacional de un gobierno. Ya no bastan un par de ideas coherentes para convencer a la ciudadanía, la que se ha vuelto cada vez más exigente. Hoy no sólo importa la realidad, sino también la percepción que se tiene de ella.

Está claro que una buena labor comunicacional jamás podrá ocultar una débil gestión: tarde o temprano, siempre se descubrirá. Pero no es menos cierto que una excelente gestión jamás brillará si no la acompaña un buen desempeño comunicacional.

Columna publicada en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/necesario_re_cambio_de_paradigmas

Por un lobby más expedito y efectivo...

Entre todas las modificaciones al proyecto de financiamiento de la reconstrucción, el debate se ha centrado sobre la eliminación de la depreciación acelerada, diluyendo la visibilidad de las otras modificaciones a las medidas anunciadas. Importantes cambios se produjeron entre lo comunicado por el Presidente Piñera y el proyecto presentado al Congreso. ¿Qué pasó en sólo dos semanas? No cabe ninguna duda que el lobby de las empresas interesadas fue expedito y efectivo.

Durante los gobiernos de la Concertación, el lobby se realizó principalmente en el Congreso. Las empresas lobbystas se contactaban directamente con los parlamentarios, planteando sus puntos de vista para promover, defender o representar intereses de carácter individual, sectorial o institucional. Ahora, con el Presidente Piñera y su gabinete en La Moneda, ya no es necesario trasladarse a la Región de Valparaíso para exponer las argumentaciones. La nueva puerta giratoria entre el mundo privado y el sector público, sumada a la falta de legislación sobre la materia, ampara aún más la nebulosa existente en el tráfico de influencias.

De acuerdo a lo anunciado por el propio mandatario el 16 de abril en la caleta Lo Rojas (Coronel), se establecería un aumento permanente al impuesto al tabaco de un 7%. Sin embargo, tan sólo 15 días después, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informa que el proyecto enviado al Congreso propone un incremento del tributo en un 1,90% (de 60,4% a 62,3%), más un impuesto específico fijo de $50 por 20 cigarrillos, sin importar su valor. La modificación se justificaría con el fin de evitar la preferencia de los consumidores a productos de menor calidad. En el mismo sentido, el monto máximo anunciado para la exención de los depósitos convenidos de UF 600 anuales. Sorpresivamente, se modificó el tope de la franquicia establecido en el proyecto presentado al Congreso, ampliándose a UF 900 anuales, además de UF 600 anuales por APV.

Por eso, las presiones de la UDI para la venta del diario La Nación se confunden en esta danza de influencias. A la ciudadanía no le queda claro si el requerimiento de la tienda política es una fundada pretensión o una consecuencia del lobby de otras empresas periodísticas. Y mientras la actividad del lobby siga sin regulación, a la opinión pública le será difícil reconocer intenciones, manteniendo su legítima desconfianza hacia cualquier iniciativa.

Durante los gobiernos de la Concertación, la negativa de los parlamentarios a legislar sobre la regulación del lobby fue permanente. Cinco proyectos de ley fueron ingresados a la Cámara de Diputados, sin que ninguno se haya convertido en ley: el primero de ellos,que postulaba impedir y sancionar el acceso privilegiado de grupos de presión o lobby a la autoridad, fue presentado en el 2003 por moción de los diputados Cubillos, Moreira, Leay, Longueira, Salaberry, Recondo, Varela, Álvarez, Bertolino y Pablo Galilea (boletín 3337-07); el segundo, el mismo año, sobre regulación del lobby enviado por el ex Presidente Lagos (boletín 3407-07); el tercero, ingresado el 2004 por moción de los diputados Cubillos, Forni y Monckeberg Díaz en el contexto de modernización del Estado(boletín 3498-7); el cuarto, un proyecto de reforma constitucional para impedir la realización de lobby a favor de gobiernos extranjeros, presentado por los diputados Lorenzini, Soto, Tarud y Patricio Walker (boletín 4621-07); y el último proyecto de regulación del lobby, ingresado por la ex Presidenta Bachelet en noviembre de 2008 (boletín 6189-06), oscilando siempre entre la simple y la suma urgencia otorgadas por el Ejecutivo.

A pesar de las reiteradas agendas de modernización del Estado -la primera acordada por el ex Presidente Lagos y el entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira y la segunda presentada por el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma- o del consenso existente respecto a la necesidad del empadronamiento de lobbystas y de un registro público de audiencias de las altas autoridades, después de siete años la actividad del lobby aún no se encuentra regulada. Por eso, las simples declaraciones no bastan para desvirtuar la idea de un gobierno de los empresarios.La ciudadanía requiere de acciones concretas de transparencia, en especial las largamente postergadas en los últimos gobiernos.

Columna publicada en latercera.com:
http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/por_un_lobby_mas_expedito