Pugna de poderes desatada por nombramiento de Tohá

Los nombramientos de Carolina Tohá y Felipe Harboe han despertado polémicas en el poder legislativo y en los partidos políticos. Cuestionamientos de su legalidad y de los procedimientos usados han tensionado el ambiente político. ¿Celo legislativo u oportunismo político?

Controvertida fue la designación de Carolina Tohá como nueva secretaria general de Gobierno. Este lunes, Juan Carlos Latorre, presidente de la DC, fue el primero en plantear sus reparos al procedimiento utilizado en este nombramiento. Reclamó por la falta de consulta a las colectividades de la Concertación. Asimismo, el presidente del PRI, Jaime Mulet, anunció ayer el comienzo de la recolección de firmas parlamentarias para pedir al Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre la legalidad de esta designación. La Alianza, en cambio, prefiere mantener su ofensiva sólo en el ámbito político, desestimando el uso de acciones legales. “Aquí, la ironía es que quienes criticaron a los senadores designados, ahora respaldan a los diputados designados” recalcó Juan Antonio Coloma, presidente de la UDI.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Encina, destacó la incomodidad que produjo entre parlamentarios el nombramiento de Tohá. “No es el mejor mecanismo buscar ministros en la Cámara de Diputados o en el Congreso”, señaló. El temor que desata esta designación es que comience una emigración de parlamentarios desde el Congreso hacia el gobierno. Cabe recordar que en diciembre pasado, los senadores Eduardo Frei (DC) y Alberto Espina (RN) presentaron sendas propuestas de reforma constitucional, que permitía a los parlamentarios ser ministros de Estado. Postulaban además que el reemplazante fuera nombrado por su partido político y que el nuevo ministro pudiera retomar su cargo parlamentario una vez terminada su labor en el Gobierno. El proyecto -que también contó con el apoyo de Piñera- produjo una gran discusión, y finalmente no prosperó.

Ahora, la polémica se ha situado en tres frentes: 1)legalidad del nombramiento de una parlamentaria como Ministro de Estado, 2) procedimiento empleado sin consulta a los partidos políticos y 3) sistema de reemplazo de los parlamentarios que cesan en sus cargos.

Respecto a la primera controversia, el nombramiento de Tohá vulnera uno de los principios establecidos en la Constitución: la separación de los poderes del Estado. El nombramiento de miembros de la Cámara de Diputados como Ministros de Estado debilita el rol fiscalizador de dicha institución. Será el Tribunal Constitucional, aparentemente a petición del presidente del PRI, quién deberá pronunciarse sobre su legalidad.

Es el tercer anuncio de acusación constitucional que hace el PRI en el último año. El primero fue contra Soledad Barría por los casos de SIDA no notificados, acusación que no se concretó por su renuncia al cargo. En enero de este año, el PRI anunció evaluar una acusación constitucional al Ministro de Transportes, René Cortázar, “por no cumplir con lo prometido en el 2007”, postergada para marzo, sin novedades hasta el momento. Ahora esta nueva acusación constitucional en contra de la Ministra Tohá invita a mirar con atención los siguientes pasos del partido político.

En relación al segundo punto, a pesar de que todos reconocen la atribución exclusiva de la Mandataria para reestructurar su gabinete, los líderes de la Concertación se sintieron excluidos de una decisión que modifica las reglas del juego político. El cambio de gabinete –y sobre todo el nombramiento inconsulto de la primera diputada como Ministra de Estado – produjo sorpresa, en especial a los dirigentes de los partidos involucrados, enterados por la prensa. Fiel al estilo presidencial de evitar consultas a las tiendas políticas, el octavo cambio de gabinete fue inesperado para las cúpulas partidistas.

En cuanto a la legitimidad del sistema de reemplazo de parlamentarios que dejan sus cargos, el nombramiento de Felipe Harboe como diputado también generó controversia. La carta magna establece en su artículo 57 un plazo mínimo de un año para participar en una elección popular, contado desde el cese de la función gubernamental. En este caso, al ser designado por la directiva PPD y no por votación ciudadana, se discute la aplicabilidad de esta norma, tema que tendría que ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

Indiscutiblemente estas dos designaciones han causado ruido en el ambiente político. Surge la duda si éste se debe a un celo legislativo o bien al aprovechamiento de la apertura de un flanco político. Sólo el tiempo permitirá saber si todas las intenciones declaradas se concretan en acciones reales o quedan sólo en el discurso de sus autores.

Andrés Jirón Santandreu

Gerente General

Gestcom

Artículo publicado en sitio web www.gestcom.cl