Agregar valor a través de la especialización

Un profundo debate se ha producido respecto a la cantidad y calidad de los abogados en nuestro país. La voz de alerta lanzada por el Presidente de la Corte Suprema en la inauguración del Año Judicial instaló con fuerza el tema de la formación de los nuevos abogados. Como en otras profesiones, se hace cada vez más necesaria la especialización de los abogados.

El llamado de atención del presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, sobre la formación de los nuevos abogados, instaló con fuerza la discusión en la agenda del mundo legal. El tema fue planteado en la cuenta pública por la máxima autoridad del Poder Judicial y abrió un debate sobre la cantidad y calidad de los abogados que egresan de las diversas universidades chilenas, afectando inevitablemente el ejercicio de la profesión.

Según cifras entregadas por el Poder Judicial, entre los años 1997 y 2008, 15.894 egresados de Derecho recibieron sus títulos profesionales de abogados. Durante el año 2008 se titularon 1.473 nuevos abogados. Y tan sólo para los primeros cuatro meses del presente año se estiman 1.160 entregas de diplomas. Es por este aumento de titulaciones, que los ministros integrantes del comité de modernización del máximo tribunal elaboran un paquete de medidas para enfrentar el aumento de abogados. Pero el proceso de titulación, además de la Corte Suprema, debiera ser revisado cuidadosamente por otras instituciones como el Congreso, el Ministerio de Justicia, las Facultades de Derecho de las distintas universidades y el Colegio de Abogados. También sería la oportunidad para establecer un mecanismo de evaluación que asegurara estándares mínimos de idoneidad profesional de los abogados.
Una propuesta planteada es la necesidad de un examen nacional voluntario, que al igual que los médicos, certifique las competencias de los profesionales. Es la propuesta de los cinco decanos del Consorcio de Facultades de Derecho Tradicionales. Sin embargo, se contra argumenta que esta idea tendería a uniformar aún más la enseñanza del Derecho, dificultando la implementación de propuestas metodológicas más innovadoras.

Otra propuesta, en cambio, sería establecer un sistema de especialización como el CONACEM en el caso de los médicos. Es una corporación de derecho privado, que desde el año 1984 se dedica a efectuar a los médicos cirujanos que así lo soliciten el reconocimiento de especialistas en determinados campos o áreas del ejercicio profesional. CONACEM determina y actualiza las disciplinas que ameritan ser catalogadas como especialidades. El Ministerio de Salud, que ha patrocinado y apoyado las iniciativas de CONACEM, nombra un representante permanente en el Directorio, en calidad de observador. En la organización están representadas las principales instituciones involucradas en el quehacer médico nacional: Colegio Médico de Chile A.G., Facultades de Medicina de las Universidades Chilenas pertenecientes a ASOFAMECH, Sociedades Científicas correspondientes a cada una de las especialidades certificadas y la Academia de Medicina del Instituto de Chile.

Así como los médicos, ingenieros y otros profesionales se especializan en distintas disciplinas de su profesión, lo mismo debiera suceder en la profesión de abogados. No parece lógico que una misma persona esté facultada para asesorar negociaciones colectivas, fusiones corporativas y la instalación de centrales hidroeléctricas, y al mismo tiempo, pueda llevar un juicio de alimentos, otro de nulidad de una marca comercial, un juicio de caducidad de los derechos emanados de una manifestación de una pertenencia minera y una querella criminal por cuasidelito de homicidio.

Por otra parte, en nuestra legislación coexisten distintos sistemas jurídicos que requieren de competencias diferentes, en especial en atención a la escrituración u oralidad del procedimiento. En el primer caso, estos procesos son escriturados, con una entrega diferida en tiempo y espacio, normalmente a través de un soporte que es el expediente y que puede ser visto por distintas personas en forma sucesiva. Esto permite que el mensaje se haga verificable, entregando certezas. Por otra parte, permite que los detalles técnicos puedan sobresalir y analizarse en profundidad.

En cambio en el caso de los procesos orales, además de los conocimientos propios del tema legal, se requieren destrezas específicas de litigación, que faciliten la preparación y exposición de un caso en forma oral frente al tribunal o a la corte. Para esto será fundamental saber qué preguntar, cómo preguntar, qué discutir y cómo discutir, todas destrezas absolutamente distintas entre sí y no siempre presentes en la misma sola persona. Se desarrolla la copresencialidad, el mensaje transcurre en el tiempo y no requiere de soporte, sin perjuicio de que quede registrado para hacerlo verificable.

Los nuevos procedimientos han mutado en forma importante a procesos verbales y más concentrados. Por tanto, se requiere de una evaluación del desempeño del profesional en los sistemas basados en la oralidad. Un sistema de certificación de especialidades incluso podría contemplar un mecanismo de examinación que habilitara para cada especialidad: para litigar, en derecho corporativo, en medio ambiente, etc. Se crearía así formalmente la calidad de “abogado litigante”, muy similar al sistema norteamericano, certificados por la Barra de Abogados del Estado. El establecimiento de un sistema de certificación permitiría además mejorar el nivel de información del ciudadano al contratar un abogado.

En cuanto a la calidad de los profesionales titulados, existen grandes diferencias entre los egresados de las distintas universidades, al igual que los egresados de otras muchas carreras universitarias. Por eso, hay que tener en cuenta que no todos los titulados deben tener las mismas competencias, sino que deben diferenciarse de acuerdo a su especialización laboral.

Andrés Jirón Santandreu
Abogado
Gerente de Operaciones
DB Group

Artículo publicado en sitio web www.gestcom.cl