El anuncio de una profunda intervención del Gobierno en la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi) tras anomalías detectadas por la Contraloría General de la República, reafirma la necesidad de un mejor Estado.
Un reciente informe de la Contraloría denunció graves irregularidades en el Programa Orígenes II, en un monto cercano a los $9000 millones por concepto de cuentas sin rendir. Esto fue calificado por el Coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo, como un gran desorden al interior de la entidad.
No es la primera vez que dicha institución es cuestionada. Ya en septiembre de este año, el ministro Viera Gallo, se vio obligado a pedir la renuncia a 10 funcionarios de Conadi y del programa Orígenes por irregularidades en la asignación de $2400 millones en subsidios para la compra de tierras como “casos especiales”.
A la semana siguiente, el ministro secretario realizó una amplia reestructuración en el organismo, que incluyó cambios de jefaturas y de funcionarios. En esa oportunidad, se instruyeron 32 sumarios por irregularidades cometidas en la institución. Como consecuencia de esto, el jefe del Fondo de Tierras y Aguas salió de la organización, el fiscal fue suspendido de su cargo por tres meses y un abogado fue amonestado con una rebaja en su remuneración. El director nacional, fue confirmado y recibió sólo una amonestación en esa oportunidad.
Estas deficiencias se suman a otras tres grandes deudas que el Estado chileno mantiene con la ciudadanía: seguridad, educación y salud. Son los problemas a los que el Gobierno debiera dedicar el mayor esfuerzo, de acuerdo a la última encuesta CEP. Al parecer, todavía existe una importante insatisfacción en estas áreas por las prestaciones recibidas del Estado.
Según el último índice de victimización Paz Ciudadana-Adimark -realizado entre los meses de julio y octubre de 2009-, el 37,5% de los hogares tuvo algún miembro que fue víctima de un robo o intento de robo, demostrando que las cifras continúan siendo altas a pesar de los programas dirigidos a reducir la delincuencia.
El reciente paro del Colegio de Profesores permitió reforzar el debate sobre la calidad de la educación pública en Chile. A pesar de las distintas posturas en relación a la legitimidad o ilegitimidad de sus pretensiones -incluso dentro del mismo Congreso-, se logró instalar en la opinión pública la necesidad de realizar una profunda e integral revisión a la educación estatal.
A su vez, la movilización organizada por la Anef evidenció que el único eje central de la negociación fue el aumento de remuneraciones, sin considerar otras variables como calidad de los servicios entregados, trabajadores a contrata y a honorarios, congelamiento de la planta administrativa y lagunas previsionales de funcionarios. Sin lugar a dudas que no existirá un servicio público que satisfaga a los usuarios mientras no se resuelvan estos temas pendientes.
La falta de renovación de materiales quirúrgicos en el hospital de Iquique, la revisión de la licitación del hospital de Puerto Montt, la insuficiencia de recursos en el presupuesto 2010 para el hospital de Talca y la falta de camas y médicos en urgencias revelan la precaria gestión que se realiza en la salud pública.
A pesar de las múltiples recomendaciones respecto a la necesidad de una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas -la última presentada por el Consorcio para la Reforma del Estado- ésta todavía no se implementa, dificultando la evaluación de cualquier política pública en estas dimensiones: control de legalidad, auditoría de gastos y eficiencia en uso de recursos, cumplimiento de objetivos específicos e impacto de cada política pública en materias como equidad, productividad y competitividad.
Ante los escasos resultados en estas tres áreas -seguridad, educación y salud- , más las recientes irregularidades detectadas en Conadi, Ministerio de Cultura o las platas del Sida, junto a las formalizaciones en procesos por investigaciones en Chiledeportes, Registro Civil, EFE o Corporación de Estudios Estratégicos (CEES), por un lado se hace necesario implementar la diferenciación entre decisor y usuario de políticas públicas, aplicar controles de gestión efectivos y realizar análisis de su legalidad e impacto, todo esto a través de la creación de una institución que vele por la calidad de las políticas públicas.
Por otra parte, también será necesario mejorar la situación contractual de los trabajadores permanentes, regularizar la situación de los colaboradores transitorios, permitir la especialización funcionaria y ampliar el Sistema de Alta Dirección. Sólo de esta forma, la ciudadanía podrá contar con un Estado que cumpla lo que ofrece, en beneficio de todos los chilenos.
Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/la_urgencia_de_un_mejor
3 comentarios:
Existe una total impunidad de la falta de atención estatal. El Sernac ni pesca los reclamos, la gran mayoría de los funcionarios no se esfuerzan y es un desastre.
No hay ninguna posibilidad de reclamar contra un mal servicio estatal. Ni siquiera existe un procedimiento definido. El Estado ha retrasado injustificadamente el nombramiento de un defensor ciudadano.
Ahora con el ingreso de Chile a la OCDE, se establecerán nuevos parámetros de comparación que nos permitirán compararnos con referentes válidos. La modernización del Estado será obligación.
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