En este último año, hemos sido testigos de cómo los paros se han convertido en mecanismos permanentes de presión en la administración pública, hasta ahora con excelentes resultados. Sus bajos costos -los días no trabajados jamás se descuentan y nadie es despedido- y grandes beneficios pecuniarios y en visibilidad, han hecho que hoy las movilizaciones se inicien incluso antes de sentarse a la mesa de negociación.
Sin embargo, a diferencia de otras negociaciones en que sólo se comprometen intereses de las partes involucradas, estos paros abiertamente afectan derechos e intereses de terceros ajenos al conflicto. Los gremios y el gobierno, a pesar de tener conciencia de esto, no dudan en utilizar a los ciudadanos como rehenes, pretendiendo presionar a la contraparte. A pesar de la evidente captura del Estado por parte de los funcionarios públicos, los últimos gobiernos se han rehusado a efectuar las profundas intervenciones que se necesitan para liberarlo.
En este último tiempo, un fuerte rechazo ciudadano ha comenzado a manifestarse en contra de estos mecanismos ilegítimos de presión. Alumnos, padres y apoderados, usuarios de la salud, del Registro Civil, de Aduanas y de tantos otros servicios públicos han explicitado su irritación por la suspensión de prestaciones, en contra del gobierno y de los funcionarios.
Con una tasa de desempleo del 10,2% en el último trimestre y con una esquiva recuperación laboral, la opinión pública cuestiona el método utilizado por empleados públicos y profesores para mejorar remuneraciones, separándolo del fundamento de sus demandas. Reconoce sus bajos ingresos, compensados por su inamovilidad laboral y se rebela al ver intereses particulares primar por sobre el bien común, que vulneran la prohibición de paralizar actividades de servicio público y pisotean los derechos de los usuarios.
Intervenciones quirúrgicas postergadas, horas médicas suspendidas, matrimonios pospuestos, tardanzas en el retiro de fallecidos, cédulas de identidad y pasaportes retrasados, mercancías inmovilizadas, retiros de facturas demorados y la falta de tantos otros servicios públicos constituyen el precio que la ciudadanía paga por las negociaciones entre gremios y gobierno.
Este es el tercer paro en el año del Colegio de Profesores y ya resulta imposible recuperar las horas de clases suspendidas. El daño es irreparable para todos los alumnos de la educación pública, en especial los jóvenes de cuarto medio que deben rendir la PSU, agravando la desigualdad de oportunidades en nuestro país y provocando un éxodo desde la educación pública a la subvencionada.
Esta paralización agrava los resultados del plan AUGE, contenidos en el último informe técnico de fiscalización emitido por la Superintendencia de Salud. El cumplimiento de las patologías AUGE -garantizadas explícitamente por ley-tiene un retraso del 30%, desvirtuando la eterna promesa de aumentar a 80 el número de enfermedades cubiertas.
El término del paro de la ANEF proporcionó un gran alivio a toda la población. Pero como siempre, la negociación se centró en el aumento de remuneraciones sin considerar otras variables. Trabajadores estatales a contrata y a honorarios, congelamiento de la planta de administración pública -con excepción de los ministerios políticos, según informe Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 1999/2008- y lagunas previsionales de empleados públicos fueron temas omitidos en el acuerdo. Cabe recordar que pese a que el estatuto administrativo establece un máximo del 20% por ciento de trabajadores a contrata, el 50% de los funcionarios está en ese régimen o a honorarios. La negociación tampoco incluyó las propuestas que el Consorcio para la Reforma del Estado entregó al ministro Pérez Yoma y que buscan avanzar en la modernización del Estado.
Este año la ciudadanía ha vivido demasiadas movilizaciones en el sector público: profesores, empleados públicos, trabajadores de la salud, funcionarios de Conadi , Gendarmería, Mineduc, entre otros, confirmando el uso de las movilizaciones como herramienta habitual de negociación. El año pasado algunos paros fueron: Colegio de Profesores, Instituto de Normalización Previsional, Confusam, Servicio Médico Legal, Sename, Servicio de Impuestos Internos, Compin, Instituto de Salud Pública y Servicio de Registro Civil e Identificación.
Habiéndose terminado la paralización de los empleados públicos, la normalidad comienza a retornar al Servicio Público. El Colegio de Profesores continúa en paro y espera la llamada del gobierno para negociar. Es de esperar que este proceso implique una profunda revisión del actual sistema educacional, en que ya se hicieron todos los diagnósticos -Educación 2020, Expansiva, Libertad y Desarrollo, Brünner, etc.- y que de una vez se solucione la deuda histórica del magisterio, pero también la de sus alumnos. Sólo un gobierno con tanta popularidad como el actual puede lograrlo.
Columna publicada en latercera.com: http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/quien_asume_los_costos_de
3 comentarios:
Ellos están con condiciones que muchos chilenos estarían felices. Su renta promedio es cercana a los $ 750.000, con 2,3 fías mensuales de unasistencias. Es decir trabajan menos que la mayoría de los chilenos y les pagan más.
Menos mal que los parlamentarios aprobaron el presupuesto de educación. Se pusieron las pilas y votaron responsablemente.
El Congreso rechazó con razón el ppto de Educación. ¡Que mal manejo del gobierno!
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