El masivo rechazo de los diputados de la Concertación a la propuesta inicial del Gobierno sobre el reajuste para los funcionarios públicos, evidencia un término de las incondicionalidades políticas. La votación en el Congreso confirma el poder que logran los grupos de presión bien organizados.Independiente de las críticas a la forma en que el Ejecutivo condujo la negociación con los empleados públicos, resulta claro que en esta ocasión prevalecieron los intereses particulares –legítimos o no- por sobre los intereses de la nación. Los 98 votos en contra y sólo cuatro a favor de la iniciativa gubernamental confirmaron la efectividad de los grupos de presión bien organizados, evidenciando la captura del Estado por parte de sus trabajadores.
Predominaron los intereses de los funcionarios públicos por sobre los derechos de los usuarios, quienes se vieron privados durante una semana de los servicios que entrega el Estado. Fueron 450.000 trabajadores de la administración estatal que paralizaron sus funciones, afectando a miles de usuarios de servicios públicos, hospitales, consultorios y del sistema educacional municipalizado. Incluso una mujer de 64 años falleció por falta de atención en Quillón, VIII Región. En el Hospital San Borja Arriarán, un menor murió por una eventual negligencia durante el paro. Aún con altos costos para la ciudadanía, los trabajadores estatales lograron el anhelado reajuste de dos dígitos, establecido en forma pareja para todos e independiente de aumentos y disminuciones de productividad de los servicios.
Primaron los intereses de los senadores por sobre los intereses de la ciudadanía. En plena época preelectoral, se trata de casi 650.000 votantes involucrados, más sus familiares y amigos, que podrían sufragar en contra de la reelección de estos parlamentarios. Hay que tener en cuenta además que en su calidad de funcionarios públicos, los senadores también reciben un reajuste por sobre los $ 600.000 en sus remuneraciones. Acercándonos al período de (re)elecciones parlamentarias, ¿Qué posibilidades reales existen de implementar la Agenda de Modernización del Estado planteada por el ministro Pérez Yoma?¿ Será posible una intervención profunda en la administración estatal mientras esté vigente la ley de inamovilidad?
Por otra parte, la capacidad de organización de los empleados públicos, liderada por Raúl de la Puente, fue destacable. La paralización anticipada de funciones, la cohesión total a nivel nacional, la incorporación de nuevos gremios por cada día de paro, lograron darle al movimiento una visibilidad extraordinaria. Esto confirma que grupos de presión bien coordinados logran auto empoderarse dentro de los sistemas. Las agrupaciones han tendido a fortalecerse dentro de las organizaciones, gracias a una acertada gestión comunicacional.
En cambio, la ofensiva del Gobierno se limitó a la mesa de negociación, desaprovechando el potencial comunicacional de los efectos del paro en la ciudadanía. Fueron los medios de comunicación masiva los que dieron cuenta en forma independiente y aislada de las consecuencias sufridas por la ciudadanía. No hubo un pronunciamiento oficial de la autoridad respecto a las casi cinco mil operaciones suspendidas ni tampoco a las horas médicas no atendidas.
Una eficiente y eficaz gestión comunicacional permite una mayor visibilidad a las agrupaciones minoritarias dentro de las organizaciones, permitiéndoles privilegiar sus intereses particulares por sobre los intereses colectivos. El empoderamiento de los grupos de presión hace prever que el próximo año la dirección de los colaboradores será compleja, en especial si tenemos en cuenta que en ese período se verán los mayores efectos de la crisis económica mundial. Un reforzamiento de las relaciones laborales permitiría atenuar los probables conflictos organizacionales.
Andrés Jirón Santandreu
Gerente General
GestCom
Artículo publicado en sitio web http://www.politicastereo.cl/ y en http://www.gestcom.cl/.
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