La solicitud de postergación de la votación de la reforma constitucional que establece el voto voluntario y la inscripción automática en los registros electorales, refleja la necesidad de sincerar el discurso político.
La petición de quitar la discusión inmediata formulada por el diputado DC Jorge Burgos, el secretario general del PS, Marcelo Schilling, el presidente de la comisión, Edmundo Eluchans (UDI) y el diputado Alberto Cardemil (RN), más opiniones contrarias expresadas con anterioridad por los senadores Carlos Ominami (PS), Mariano Ruiz Esquide (DC) y Víctor Pérez (UDI), los diputados del PRI y la ex DC Alejandra Sepúlveda, representa un serio traspié para la promulgación del proyecto aprobado por el Senado, dificultando su implementación para las elecciones de este año.
De acuerdo a la encuesta CEP, un 78% de los chilenos considera que el voto debiera ser voluntario y un 91% de los encuestados manifiesta que tiene poca o nada de confianza en los partidos políticos. Según una encuesta de Libertad y Desarrollo, el 89% de los no incritos y el 82% de los inscritos está de acuerdo con el voto voluntario.
Estos hechos reflejan la inconsistencia del discurso político respecto a aumentar la participación ciudadana e incorporar a los jóvenes en los procesos electorales. Un mercado electoral envejecido y cautivo, todavía anclado en la añeja diferenciación del SI y el NO, representa una certeza demasiado tentadora y que impide una real competencia.
Si los parámetros que utilizan la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se aplicaran a la política, sería el momento de aplicar sanciones condenatorias.
Ambas instituciones nos protegen con celo como consumidores, pero no como ciudadanos. La institución del Defensor de Personas ha sido postergada inexplicablemente por la Cámara de Diputados. Los partidos políticos han capturado la política y nosotros somos sus rehenes.
Ante la indefensión en que nos encontramos, no nos queda más que defendernos nosotros mismos, y al parecer, la única alternativa que nos va quedando, es el voto nulo en las próximas elecciones parlamentarias.
Entendiendo que la elección presidencial será la "madre de las batallas", sería iluso pedir la abstención de votar por uno de los candidatos. Pero lamentablemente lo único que podremos hacer es debilitar la representatividad de nuestro Congreso.
En teoría son nuestros representantes, pero no nos interpretan, sino que se dedican a privilegiar sus propios interes por sobre los intereses nacionales, con una impunidad total. No existe seguimiento de las votaciones, no existen rendiciones de cuentas a sus electores, ni explicaciones sobre los motivos de sus votaciones. Una vez elegidos, se olvidan completamente de sus electores y nosotros no tenemos ninguna forma de control.
La combinación de voto obligatorio más sistema binominal les permite manter un mercado electoral cautivo. Ni la concertación ni la alianza tienen adhesiones superiores al 20% de la población. ¿Qué pasa con el 60% restante? Porqué se apropian de un inexistente derecho a representarnos? Por eso, y aunque es lamentable, sólo el debilitamiento de la representatividad del Congreso permitirá el surgimiento de organizaciones ciudadanas, que sí nos representen.
Hace mucho tiempo que la clase política dejó de representar a la ciudadanía. Llegó el momento de recuperar nuestra calidad de mandante. El precio que hay que pagar: nuestro voto parlamentario.
La petición de quitar la discusión inmediata formulada por el diputado DC Jorge Burgos, el secretario general del PS, Marcelo Schilling, el presidente de la comisión, Edmundo Eluchans (UDI) y el diputado Alberto Cardemil (RN), más opiniones contrarias expresadas con anterioridad por los senadores Carlos Ominami (PS), Mariano Ruiz Esquide (DC) y Víctor Pérez (UDI), los diputados del PRI y la ex DC Alejandra Sepúlveda, representa un serio traspié para la promulgación del proyecto aprobado por el Senado, dificultando su implementación para las elecciones de este año.
De acuerdo a la encuesta CEP, un 78% de los chilenos considera que el voto debiera ser voluntario y un 91% de los encuestados manifiesta que tiene poca o nada de confianza en los partidos políticos. Según una encuesta de Libertad y Desarrollo, el 89% de los no incritos y el 82% de los inscritos está de acuerdo con el voto voluntario.
Estos hechos reflejan la inconsistencia del discurso político respecto a aumentar la participación ciudadana e incorporar a los jóvenes en los procesos electorales. Un mercado electoral envejecido y cautivo, todavía anclado en la añeja diferenciación del SI y el NO, representa una certeza demasiado tentadora y que impide una real competencia.
Si los parámetros que utilizan la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se aplicaran a la política, sería el momento de aplicar sanciones condenatorias.
Ambas instituciones nos protegen con celo como consumidores, pero no como ciudadanos. La institución del Defensor de Personas ha sido postergada inexplicablemente por la Cámara de Diputados. Los partidos políticos han capturado la política y nosotros somos sus rehenes.
Ante la indefensión en que nos encontramos, no nos queda más que defendernos nosotros mismos, y al parecer, la única alternativa que nos va quedando, es el voto nulo en las próximas elecciones parlamentarias.
Entendiendo que la elección presidencial será la "madre de las batallas", sería iluso pedir la abstención de votar por uno de los candidatos. Pero lamentablemente lo único que podremos hacer es debilitar la representatividad de nuestro Congreso.
En teoría son nuestros representantes, pero no nos interpretan, sino que se dedican a privilegiar sus propios interes por sobre los intereses nacionales, con una impunidad total. No existe seguimiento de las votaciones, no existen rendiciones de cuentas a sus electores, ni explicaciones sobre los motivos de sus votaciones. Una vez elegidos, se olvidan completamente de sus electores y nosotros no tenemos ninguna forma de control.
La combinación de voto obligatorio más sistema binominal les permite manter un mercado electoral cautivo. Ni la concertación ni la alianza tienen adhesiones superiores al 20% de la población. ¿Qué pasa con el 60% restante? Porqué se apropian de un inexistente derecho a representarnos? Por eso, y aunque es lamentable, sólo el debilitamiento de la representatividad del Congreso permitirá el surgimiento de organizaciones ciudadanas, que sí nos representen.
Hace mucho tiempo que la clase política dejó de representar a la ciudadanía. Llegó el momento de recuperar nuestra calidad de mandante. El precio que hay que pagar: nuestro voto parlamentario.
Artículo publicado en sitios web www.politicastereo.tv y nomasapernados.blogspot.com
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