Tras los auspiciosos anuncios de la nueva Ministra del Trabajo, Claudia Serrano, acerca de su interés en crear espacios de cooperación con el empresariado y los trabajadores, se le presenta su primera prueba de fuego: la ley de la semana corrida.Para este martes está agendada una reunión con el presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, y para el miércoles con el timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Rafael Guilisasti en que se verán formas de conciliar posturas. Sin embargo, los grandes ausentes en estas conversaciones serán los cesantes, quienes por su falta de asociatividad no estarán representados.
La nueva ley de la semana corrida entra en vigencia el 21 de enero. Se plantea postergarla mientras se define su piso político. Desde ya, Cristián Cuevas, encargado de negociación colectiva, conflictos y solidaridad de la CUT, expresó que rechazaba cualquier intento de modificación de la ley, anunciando movilizaciones en caso que ocurriera. Por su parte, los empresarios han advertido que la aplicación de la ley significará un alza de costos en los contratos ya existentes, por lo que no se descartan posibles reducciones de personal.
Ante el llamado presidencial a los empresarios de cuidar el empleo, surge inmediatamente otro tema a incluir en el debate: la flexibilidad laboral. Es de esperar que esta discusión sea enfocada desde un punto de vista técnico y no ideológico. La reciente Comisión Nacional del Empleo deberá dar algunas recomendaciones al respecto, ojalá con resultados más efectivos que los del Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad. Cabe destacar que dicha Comisión, compuesta por 48 expertos de las más diversas ideologías, entregó un informe final en mayo de este año –tras ocho meses de trabajo-, recomendando la aplicación de un paquete de medidas, muchas de las cuales nunca se implementaron.
Los chilenos hemos sido testigos que los grupos de presión bien organizados son efectivos en hacer valer sus intereses por sobre los intereses nacionales. No cabe duda que tanto la CUT como la CPC constituyen organizaciones que representan sus intereses gremiales. Sin embargo, los grandes ausentes en este debate serán los más de 500.000 cesantes, precisamente la población más vulnerable en el ámbito laboral.
El gran problema es que los desocupados constituyen por definición un grupo fugaz, en que todos tratan de estar el menor tiempo posible en esa categoría, impidiendo una permanencia que posibilite la organización de sus intereses. Son un conjunto de individualidades transitorias, aisladas e indefensas en una transición que tiende a perpetuarse. Nuestra legislación laboral hace crecer su vulnerabilidad, ya que los despidos se concentran en los trabajadores recientes que no tienen derecho a indemnización, además de suspender por completo las nuevas contrataciones.
Debieran ser los principales beneficiarios de este debate, pero no estarán representados en él por su falta de asociatividad. Una vez más, deberán acatar decisiones que acuerden grupos de poder mejor organizados que privilegien los intereses de empresarios y trabajadores.
Pero los cesantes podrán consolarse que continuarán estando presentes en todos los discursos políticos.
Artículo publicado en sitio web http://www.politicastere.cl/
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