¿Hasta cuando se sostendrá un sistema político democrático, pero ilegítimo, que no representa para nada a la inmensa mayoría de chilenos? ¿Hasta dónde deberá llegar la ciudadanía para recuperar autoridades políticas que sí la representen?
En la última encuesta Adimark (mayo 2012), sólo el 33% de los chilenos aprueba la forma como el Presidente Piñera conduce su gobierno. Lo que hubiera provocado un duelo oficial hace dos años atrás, hoy es motivo de celebración en La Moneda dado el aumento de siete puntos en la aprobación presidencial. Y sólo un punto más (34%) obtuvo la aprobación del Gobierno, lo que también constituye una buena noticia para la administración Piñera, dados estos tiempos tan difíciles para el establishment político.
Sin embargo, el golpe de gracia viene con las evaluaciones de las dos grandes coaliciones, en que se evidencia el ya irreversible divorcio que existe entre electores y partidos políticos: Concertación (19% de aprobación vs 67% de desaprobación) y Alianza (25% de aprobación vs 62% de desaprobación).
A pesar de esta evidente ruptura, las reformas políticas propuestas por el Gobierno han sido bastante tímidas, encontrándose con un evidente rechazo en el Congreso a cambiar las reglas del juego. Por supuesto que las actuales reglas del juego benefician la perpetuación de los parlamentarios -a no ser que sean llamados al Ejecutivo-, y ya queda claro que no existe voluntad política para cambiarlas, salvo honrosas pero escasas excepciones.
Con un criterio que no pasaría un simple análisis del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Gobierno optó por no hacer correcciones a su proyecto de ley ingresado en el Congreso y que busca instaurar un sistema de elecciones primarias a alcaldes, parlamentarios y a Presidente de la República (boletín 7911-06). En consecuencia, se mantiene la exigencia establecida en la reforma original, que estipula que no podrán participar en primarias los independientes “que no sean presentados ni cuenten con el patrocinio de partidos políticos o de pactos electorales”.
Los precandidatos presidenciales Andrés Velasco y Claudio Orrego hicieron una solicitud expresa al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, en el sentido que se permitiera la participación de candidatos independientes en primarias, aunque fuera sujeta a la presentación de un número determinado de firmas. Sin embargo, el titular de la Sesgpres prefirió mantener el texto original en este punto, confirmando la sujeción de los candidaturas independientes a la autorización de algún partido político.
Con esto, el ministro Larroulet pavimenta una eventual postulación del ministro Laurence Golborne -potencial candidato de la UDI-, pero excluye de inmediato la participación en primarias de cualquier otro candidato independiente. Si esto es así para las presidenciales, con mayor razón será para las parlamentarias y municipales, consolidando el nuevo flanco de la falta de legitimidad de nuestro sistema democrático. Que dos conglomerados con escasas aprobaciones ciudadanas cercanas al 20% sean las encargadas de definir los candidatos presidenciales, parlamentarios y municipales, deslegitima cualquier mecanismo que pretendiera asimilarse a una primaria. ¿Que pasa con ese 60% no representado por nadie?
La reforma tributaria ya fue tildada como una “de macetero”. Con este nuevo proyecto de ley se logra que la ciudadanía juegue por fin a las primarias, desviando atención, tiempo y recursos y creando una aparente sensación democrática que no se condice con la realidad. Pero por supuesto será sólo con candidatos de partidos políticos o patrocinados por éstos últimos, impidiendo la participación de candidatos independientes que pudieran representar mejor a la ciudadanía.
La ciudadanía ha constatado cómo la clase política se esfuerza por mantener o recuperar el poder, postergando por completo los intereses del chileno común y corriente. Ahora, con los actuales proyectos de reformas políticas -en las que se incluye el actual proyecto de primarias- éstos sólo intentan dar un perfume de democratización de nuestro precario sistema político, pero no mejora en nada la competitividad de un sistema anquilosado y que ya no da abasto. Hoy más que nunca, es preciso revisar con extremo cuidado la ya permanente letra chica de las iniciativas legales del gobierno, en especial en materia de reformas políticas.
Con esto, el ministro Cristián Larroulet al garantizarle a los partidos políticos la administración de los puntos de distribución de precandidatos, le ofrece en bandeja a nuestra autopoiética clase política la posibilidad de perpetuarse indefinidamente. Si hace dos años era impensable que un gobierno tuviera una evaluación inferior al 33% -y hoy es una realidad que no sorprende a nadie-, seguiremos viendo cómo las débiles instituciones políticas de nuestro país continúan en su abismante e irreversible caída en adhesión ciudadana, trasladando el debate desde el Congreso hasta la calle y permitiendo incrementar este clima de violencia y de descontrol al que los chilenos nos estamos acostumbrando.
Columna publicada en La Tercera Online
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