Tal como señaló el propio mandatario en su discurso: “La sociedad de oportunidades, seguridades y valores necesita una democracia e instituciones sanas, transparentes, participativas y respetadas. Para ello es imperioso avanzar con urgencia en dos caminos paralelos y complementarios: acercar la política a la gente y acercar la gente a la política”.
Con una normativa que no sobreviviría a ningún estudio del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o del Sernac, este statu quo beneficia solo a algunos pocos en vez de a la mayoría. En tan sólo 20 años, se puede confirmar la destrucción de la representatividad ciudadana, transformándose en un sistema democrático pero ilegítimo.
La inscripción automática; el voto voluntario; el proyecto de ley sobre primarias (aprobado por la Cámara de Diputados y ahora para aprobación del Senado), actualmente con suma urgencia; la iniciativa popular de ley (moción de los senadores Chahuán, Bianchi, Girardi, Navarro y Rossi) que duerme plácidamente en el Senado; o el voto de chilenos en el extranjero constituyen avances -aunque no suficientes- en materia de modernización de la política chilena.
Así y todo, el discurso presidencial se limitó a dos grandes anuncios en materia de reformas políticas: una reforma a la Ley de Partidos Políticos y una iniciativa para fortalecer la probidad pública, la transparencia y la regulación del lobby. Transcurrida casi una semana desde el discurso presidencial, ninguno de los proyectos de ley anunciados ha sido presentado al Congreso.
Sin embargo, hay que tener presente que la voluntad del Ejecutivo no basta para implementar una reforma política. Por ejemplo, desde el 2003, se han presentado cuatro proyectos de ley que intentan regular el lobby, iniciativas que también duermen envidiablemente en el Congreso. ¿Falla de los gobiernos de turno en las administraciones de las urgencias legislativas? ¿Rechazo de los parlamentarios a regular la fuente de financiamiento de sus actividades políticas? ¿O simples cachetadas de payasos para desorientar a la opinión pública?
Para mejorar la calidad de nuestra política y democracia, se necesita mucho más que un sempiterno discurso, compuesto sólo por declaraciones y presentaciones de proyectos de ley. Se requiere además de una muñeca política acertada, que logre la aprobación de todas las necesarias reformas políticas. Encontrándonos frente a dos años eleccionarios, ésta es la oportunidad para que el Gobierno se empodere, le otorgue suma urgencia a todos sus proyectos de reformas políticas y saque al pizarrón a todos los legisladores que demoren su tramitación, no asistiendo a las sesiones legislativas, o bien votando en contra de las iniciativas legales.
Diagnósticos hay muchos, lo que falta es la voluntad política de legislar. Recientemente el CEP y CIEPLAN presentaron un paquete de políticas públicas. Lucas Sierra y Francisco Javier Díaz, propusieron, entre un cúmulo de medidas, el reemplazo del sistema binominal, nuevas formas de financiamiento estatal para las colectividades, límites a la reelección en cargos públicos, y diversas modificaciones tendientes a transparentar y democratizar los partidos políticos.
Muchos han sido los anuncios del ejecutivo, sin que haya tenido un resultado concreto en nuestra legislación: en agosto 2011 con su reforma al sistema binominal; en septiembre 2010 con su anuncio que los ciudadanos podrían presentar proyectos de ley para su tramitación en el Congreso; en mayo 2008, el reincidente Francisco Vidal informaba el envío de un proyecto de ley que contemplaba el financiamiento de los partidos políticos; en abril del 2007, un flamante Antonio Viera Gallo, entonces ministro secretario general de la Presidencia, confirmaba el ingreso con suma urgencia de un proyecto que modificaba el sistema binominal; todas iniciativas legales sin ningún resultado.
Por otra parte, los representantes de los partidos políticos en el Congreso también han presentado distintas mociones dirigidas a reformar el sistema político. Ya en septiembre de 2005, el diputado Gabriel Ascencio presentó una moción que corregía el sistema binominal. En octubre de 2008, los mediáticos diputados Gabriel Ascencio, Álvaro Escobar, Ramón Farías y Esteban Valenzuela presentaron un proyecto de ley que establecía primarias para seleccionar candidatos a cargos de elección popular. Ninguno de los proyectos se convirtió en realidad, ni siquiera en la época inicial en la ex Presidenta Bachelet mantuvo la mayoría en el Congreso.
Hoy, que el 63,2% de la ciudadanía quiere cambiar el sistema binominal (El Mostrador-U. Mayor), el Presidente todavía no se convence de apoyar un proyecto que lo modifique, asumiendo todos los riesgos de un sistema democrático no representativo. Con la excepción de la UDI -que abiertamente postula la mantención de un sistema que los beneficia-, pareciera que hay fuerzas ocultas en el Congreso que también apoyan la mantención del statu quo.
Ahora, en que todos parecieran estar de acuerdo en la necesidad de modernizar el sistema político, en que existe un consenso transversal respecto al diagnóstico acerca de la escasa representatividad ciudadana, sospechosamente son pocos los resultados concretos. Resulta, en consecuencia, perfectamente legítimo pensar que tanto anuncio, tanto proyecto de ley presentado, tanta moción legislativa archivada con tan pocos resultados, no dejen de ser sólo meras cachetadas de payaso.
Columna publicada en La Tercera Online
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