Sin embargo, sería nefasto que producto de estas declaraciones se “educacionalizara” la próxima elección municipal en Providencia. Como candidato a concejal por esa comuna, reconozco las múltiples y complejas dimensiones que comprenden su gestión municipal: seguridad, mejoramiento urbano, salud, medioambiente, apoyo al emprendimiento, servicios a usuarios, educación, adultos mayores, entre otros, además de una evidente falta de fiscalización. Y la polarización del debate solo beneficia a posiciones extremas, impidiendo un diagnóstico profundo y nuevas fórmulas de solución al conflicto. Más aún, mantener esta crisis facilita su instrumentalización en favor de intereses de grupos radicales por sobre el bien común, en especial ante próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.
Está claro que tenemos un gran problema a nivel nacional en educación y así lo perciben los chilenos. En la última encuesta CEP (Julio-Agosto 2012), el 46% de encuestados la señaló como uno de los tres problemas en los que debiera enfocarse el Gobierno. Asimismo, al consultárseles sobre la gestión municipal, temas prioritarios para un alcalde son el funcionamiento de consultorios (59%), combate contra la delincuencia (50%) y educación de la comuna (48%).
Por tanto, existe consenso acerca de la necesidad de solucionar a nivel país la crisis educacional. Sin embargo, eso no significa unanimidad respecto a sus soluciones. Y habrá temas que tendrán que resolverse a través de grandes acuerdos nacionales –involucrando autoridades, estudiantes, académicos, apoderados, legisladores y partidos políticos- y otros a nivel comunal, con menos interlocutores, pero más enfocados. Gran problema cuando los dos ámbitos se confunden, voluntariamente o por error…
En Providencia, la situación es compleja. Administra 13 escuelas y liceos a través de una Corporación de Desarrollo Social (CDS), persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro. La preside el alcalde (UDI) Cristián Labbé y la integran Emma Salas, Ambrosio García-Huidobro (representantes vecinales) Alicia Romo (rectora Universidad Gabriela Mistral), y Pedro Navarrete (gerente general Clínica Santa María). ¿Cuál será la disponibilidad de tiempo que ellos podrán dedicarle a la educación municipal de la comuna?
Su matrícula total es de 11.924 alumnos, pero sólo el 21% reside en Providencia. Con una distribución socioeconómica en que el 35,9% corresponde al segmento ABC1 y el 38,3% al C2, probablemente la mayoría de hijos de vecinos estudian en colegios privados, restándole urgencia al tema de la educación pública. Incluso más, para muchos de sus habitantes la educación –pública o privada- sólo aporta externalidades negativas (ruidos, estacionamientos, etc.) sin beneficios a cambio.
Pero la educación es un tema país y Providencia no se puede restar. En ella existen sólo dos jardines infantiles municipales (Bernarda Morín y Belén), cuatro escuelas básicas (El Vergel, Mercedes Marín del Solar, Juan Pablo Duarte y Providencia), una escuela especial de lenguaje (Abelardo Iturriaga), 13 establecimientos particulares subvencionados, 36 colegios particulares pagados y 30 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Además, el municipio olvida que administra bienes de relevancia nacional -benefician a toda la Región Metropolitana-, a través de cinco liceos emblemáticos: Lastarria, Liceo 7, Tajamar, Carmela Carvajal y Alessandri. Por esta razón, la instrumentalización del tema de la educación pública resulta fácil ante la ausencia de titulares en la comuna.
Siendo Josefa Errázuriz una candidata ciudadana, es probable que sus seguidores tengamos distintas posturas frente a la problemática educacional y al actual conflicto estudiantil, que lamentablemente tienden a confundirse. Habrá gente que apoya estas tomas “democráticas”, y otros, en cambio, las denostarán profundamente. En mi opinión –y como candidato a concejal de Red Liberal-, las reglas democráticas implican un irrestricto respeto al estado de derecho, y por lo tanto, la toma de un colegio es un acto de violencia, contrario al orden legal, independiente de la simpatía que uno sienta hacia los movimientos estudiantiles. El hecho que ésta sea aprobada por una mayoría de alumnos del plantel, tampoco la convierte en un acto legítimo.
No obstante, ante el total descrédito de la clase política –rechazo ciudadano al manejo del Gobierno en el tema de la educación (77%), a la Concertación (74%) y a la Coalición por el Cambio (64%) -Adimark, agosto 2012-, desde el pingüinazo del 2006 que estudiantes tratan directamente con autoridades, sin recurrir a intermediarios externos o canales tradicionales de la democracia representativa. Quizás ellos fueron los primeros, pero hoy ya es un proceso irreversible con nuevos movimientos: regionales como Aysén, Calama o Freirina; sindicales como ANEF o CUT; minorías sexuales como MOVILH; o ciudadanos como Ciclistas empelotados. ¿Hasta dónde avanzarán? ¿A quienes se les permitirán tomas “democráticas” y a quiénes no?
Sin perjuicio de esto, se hace absolutamente necesario el crear instancias de diálogo a nivel nacional para solucionar la crisis educacional que vive nuestro país. En especial teniendo en cuenta la importante diferencia entre apoyo a demandas universitarias y secundarias versus forma en que estudiantes realizan movilizaciones y manifestaciones (Adimark Nov 2011). Y en cuanto a Providencia, mi comuna, también resulta imprescindible poner paños fríos, ya que una eventual polarización sólo beneficia a los grupos más extremos. Es demasiado lo que está en juego…
Columna publicada en La Tercera Online, El Quinto Poder y andresjiron.cl
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