La reciente formalización de la diputada Claudia Nogueira por cuatro delitos de fraude al Fisco -por la suma de $ 30.283.103- abre una nueva arista para el gobierno del Presidente Piñera. Acostumbrados durante años a que las acusaciones fueran hechas por la Alianza en contra de la Concertación, este caso podría implicar una importante pérdida de superioridad moral del conglomerado oficialista, y de paso, del actual gobierno.
Sin perjuicio de que sólo los Tribunales de Justicia pueden determinar las responsabilidades civiles y penales -muy en la línea de lo señalado por el ministro de Justicia Felipe Bulnes respecto al nuevo director de Gendarmería-, las primeras señales comunicacionales del gobierno serán decisivas en relación a la permisividad que tendrán los actos de corrupción. Más aún si se toma en cuenta que uno de los pilares de la campaña presidencial consistió precisamente en atacar el laissez faire de los últimos gobiernos de la hoy oposición.
Cabe recordar que la derecha no siempre ha tenido la misma severidad con sus partidarios que con los de la Concertación. Emblemático resultó un categórico dictamen de la Contraloría General de la República, el que estableció que el viaje a Europa de la entonces y actual alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza, la concejal Valentina Egert y el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo - y marido de la diputada Nogueira-, no correspondió a las actividades declaradas de la organización Comuna Net.
Después del dictamen, la alcaldesa se limitó a restituir el valor del viaje, poniendo término con eso el juicio de cuentas correspondiente. El entonces presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, en forma enfática anunció la aplicación de estrictas sanciones en el caso que la Contraloría o los tribunales comprobaran las denuncias. Sin embargo, poco después del dictamen del organismo contralor, el dirigente UDI entregó su respaldo a Plaza. Al parecer ese apoyo no fue suficiente, ya que al mes la edil de Huechuraba y la concejal involucrada renunciaron a la UDI. Con posterioridad, Plaza repostuló como independiente al mismo cargo, siendo elegida con el 53,74% de los votos y, de paso, aumentando su valor para la que fuera su tienda política.
La Contraloría también detectó irregularidades en la municipalidad de Recoleta, en contratos que la involucraban en un eventual fraude al fisco y en negociaciones incompatibles con dos empresas privadas: Rush S.A. y GMA. Más tarde, el alcalde Cornejo no quiso ir a la reelección, y poco después de la publicación del dictamen de Contraloría, el edil renunció a la UDI en forma definitiva. En ese momento, recibió un gran apoyo de sus compañeros de partido.
Por otra parte, el ingreso en la Cámara de Diputados de 20 oficios para aclarar el fuerte incremento de traspasos de dineros a ONGs entre el 1° de enero y 11 de marzo de este año, también demuestra la imperiosa necesidad de recuperar la transparencia de los actos del Poder Ejecutivo. Sean delitos, fallas administrativas o simples faltas éticas, será la Cámara de Diputados en quién recaerá la investigación inicial. Sin perjuicio de ello, el gobierno también deberá estar atento a la investigación, ya que será una potente señal de su compromiso con la transparencia estatal en los próximos cuatro años.
Por último, la reciente investigación efectuada sobre la Uniacc, el Ministerio de Educación y la entrega de becas Valech a personas sin competencias educacionales, también hace surgir legítimas dudas a la opinión pública acerca de la impunidad de las organizaciones involucradas, tanto del sector público como de la empresa privada. El programa “Esto no tiene nombre” de TVN demostró cómo la Uniacc inscribió en programas universitarios a personas que no habían terminado su enseñanza básica o media, lucrando a través de dineros aportados por el Estado, sin ninguna supervisión por parte del Mineduc.
Ya son demasiado los casos en que en que las responsabilidades administrativas se han diluido a lo largo del tiempo: Mop -Gate, Conadi, Chiledeportes, Cees, Efe, Enap, Registro Civil , aviones Mirage, Ministerio de Cultura, Sename, Subdere, Hospital de Talca, Hospital de Iquique, Hospital Félix Bulnes, entre otros, consagran la impunidad de la administración estatal en nuestro país.
De ahí la importante necesidad de identificar a los involucrados y de hacer efectivas las responsabilidades civiles, penales, administrativas y políticas que correspondan. Sin embargo, el gobierno no podrá ser más exigente en unos casos más que en otros. En todas las investigaciones deberá respetar los procesos de los órganos jurisdiccionales, pero al mismo tiempo deberá demostrar su total compromiso con la transparencia, impulsando una gestión efectiva en la determinación de responsabilidades. Aunque sea doloroso, deberá mostrarse firme ante la opinión pública, en especial en aquellos casos en que se encuentren involucrados alcaldes o parlamentarios de la Alianza.
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