Más allá de las frecuentes movilizaciones y marchas masivas de cada 1° de mayo, los actos de este año generan nuevas expectativas por tratarse de una conmemoración en un gobierno de centroderecha. En especial, porque la ciudadanía anhela que los políticos aprovechen esta oportunidad para discutir en profundidad la próxima agenda laboral, comprendiendo, aceptando y asumiendo la coexistencia de legítimos intereses contrapuestos.
Después de un año extremadamente difícil en términos de empleo, la medición efectuada por el INE correspondiente al trimestre diciembre 2009-febrero 2010 reflejó una tasa de desocupación nacional ascendente a 8,5%. A esto hay que agregarle la alta cesantía provocada por el terremoto y la acostumbrada disminución de la actividad laboral durante los meses de invierno.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer esta semana aspectos conceptuales y metodológicos de la nueva Encuesta Nacional de Empleo, que permite medir bajo otros parámetros los niveles y tasas de ocupación, cesantía e inactividad de la fuerza laboral del país. Las próximas cifras del trimestre Enero-Marzo 2010 graficarán la gravedad de la situación ocupacional, entregando mayores antecedentes para un diagnóstico profundo.
Ante la urgencia de la situación, la opinión pública espera un debate serio y profundo, con altura de miras y que deje fuera ideologías estériles. Hasta ahora, gobierno, trabajadores y empresarios han sostenido corteses conversaciones durante el período de instalación de la nueva administración. Sin embargo, en los últimos días las relaciones se han tensionado, en especial ante la amenaza de posibles movilizaciones.
De hecho, el ex ministro del Trabajo y actual diputado por La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo establece esta posibilidad en una columna de opinión publicada en La Tercera. “Por cierto, en el lenguaje de los trabajadores, esta disposición (al diálogo) se hace conjuntamente con la actitud de movilizarse en caso de no encontrar una positiva respuesta”, escribe el candidato a la presidencia del PS.
Por su parte, Arturo Martínez, presidente nacional de la CUT, señaló en entrevista en CNN “Creo que se está generando un clima favorable a la movilización y queremos decir derechamente que nosotros no la estamos buscando, pero es posible que con todos estos hechos que se están repitiendo en otros lugares del sector público, nos vamos derechamente a la convocatoria del paro nacional en algún momento”.
A su vez, la Concertación ha coordinado con la CUT una ofensiva para ese día, instruyendo a sus dirigentes y parlamentarios para que se integren de manera activa a las actividades convocadas para ese día tanto en Santiago como en regiones.
La ministra del Trabajo, en cambio, ha optado por una posición mucho más conciliadora, declinando referirse al tema y esmerándose en mantener abiertos los canales de comunicación con el dirigente sindical. Incluso ha anunciado su intención de asistir al acto central que realizará la CUT. ¿Diferencia de género? ¿Diferencia generacional? ¿Necesidad de renovar el estilo de la política?
Pareciera que la CUT quiere medir fuerzas con el gobierno, y para eso, cualquier pretexto vale. En un momento en que la oposición todavía se reorganiza, los aspirantes a liderar la coalición se disputan los roles relevantes. No obstante, la ciudadanía otorga un escaso apoyo cuando percibe que intereses particulares priman por sobre el bien común. Basta con analizar la reciente Evaluación Gestión del Gobierno Abril 2010 de Adimark, en que sólo el 34% de los chilenos aprueba cómo la Concertación está desarrollando su labor, mientras el 54% la desaprueba. En la misma línea, las posiciones extremas y confrontacionales son desestimadas por los votantes, como bien lo pudo comprobar el mismo presidente de la CUT en su frustrado intento de postular como diputado por Colina, Lampa, Pudahuel y Quilicura.
Existe pleno consenso respecto a necesidad de fortalecer la negociación colectiva y el rol de los sindicatos. El mismo informe de la OCDE recomienda fortalecer el rol de los actores sociales en el establecimiento de salarios y condiciones de trabajo, promoviendo relaciones laborales menos confrontacionales y más cooperativas.
Sin embargo, antes es necesario sincerar la representatividad de estas organizaciones sindicales, las que no incluyen trabajadores no sindicalizados, de las pymes y desocupados. De acuerdo a un estudio efectuado por el Consejo Asesor sobre Trabajo y Equidad -elaborado durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet-, el 80% de la fuerza laboral trabaja en pymes y vive una realidad absolutamente distinta a los sindicalizados de las grandes empresas. Por otra parte, los cesantes tampoco han logrado una asociatividad que les permita convertirse en actores relevantes en el diálogo laboral. Es por estas razones que la ciudadanía no aceptará que el debate laboral se vea entorpecido por ideologías estériles, que impidan la resolución de tantas materias pendientes.
Columna publicada en latercera.com:
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