Damnificada resultó la credibilidad presidencial después del episodio de la venta de acciones de Lan. La promesa de venderlas antes de asumir la Presidencia de la República definitivamente no se cumplió. La tardía venta demostró la voluntad de respetar lo ofrecido, pero dañando de alguna manera la imagen del mandatario. Si bien se hizo lo prometido, el retardo en esta enajenación sólo empañó el cumplimiento, abriendo un flanco político que se hubiera podido evitar.
Los conflictos de intereses parecieran ser el probable talón de Aquiles que tendrá este gobierno. El Presidente, sus ministros y gran parte del Poder Ejecutivo se verán enfrentados a complejas situaciones. Por ejemplo, tanto la subsecretaria de Transportes, Loreto Silva, como el Coordinador de Concesiones del mismo Ministerio, Mauricio Gatica, ya se encuentran inhabilitados en decisiones de su ramo sobre iniciativas privadas. Pero quién no se inhabilitó fue el director de Chiledeportes, Gabriel Ruiz-Tagle en la polémica por el reparto de excedentes del Canal del Fútbol, la que todavía no se sabe cómo será resuelta.
Cabe recordar que este período presidencial partió en forma especial. El terremoto y posterior tsunami cambiaron de un golpe los objetivos iniciales, haciendo surgir nuevas prioridades y retardando el proceso de instalación. La cuantificación de los daños -por un total de US$ 30 mil millones- inicialmente fue desestimada por un estudio publicado por IM Trust, que calculaba un máximo de US$ 8 mil millones. Sólo recién el exhaustivo detalle que entregó el ministro Felipe Larraín al Senado y a la Cámara de Diputados explicó los parámetros utilizados para calcular el monto total de las pérdidas, informando de los daños a la ciudadanía y permitiendo aclararle los cálculos. A su vez, los diputados también pidieron al Gobierno información clara sobre los daños del terremoto, solicitando claridad y transparencia en la estimación de los montos de los daños y en la selección de las fórmulas para financiar el plan de reconstrucción.
En el mismo sentido, la tardanza en el nombramiento de ciertos cargos del Poder Ejecutivo tampoco contribuye a ratificar la inicial imagen de excelencia en la gestión con que partió el nuevo gobierno. En cambio, la rápida capacidad de reacción gubernamental logró superar la descoordinación producida entre La Moneda, el Congreso y la Corte Suprema respecto al proyecto del bono marzo, permitiendo su pago y cumpliendo así una de las promesas de campaña.
Por otra parte, la polémica surgida con motivo de los dineros de la Comisión Bicentenario sólo ha confundido a la opinión pública. Llevada personalmente por los involucrados, tanto Julio Dittborn, su actual Secretario Ejecutivo, como Javier Luis Egaña, ex Secretario Ejecutivo del anterior gobierno, han defendido sus posiciones sin llegar a un resultado concreto. Una acusación, su defensa y una réplica, además de reclamos en otros campos, demuestran fehacientemente que el traspaso del mando no fue tan impecable como se quiso. A estas alturas, la citación a la Cámara de Diputados de los personeros que dirigían dicho organismo se hace necesaria para aclarar este episodio, dejando de lado las bravatas en que ha caído cada conglomerado.
A pesar de que seis de cada diez chilenos creen que a este gobierno le irá bien, el capital político del Presidente Piñera no se puede dilapidar. Terminado el caso de Lan en medio de críticas por la tardanza y por el no pago de impuestos, permanecen abiertos otros flancos. Por de pronto, los casos de Chilevisión y Colo Colo podrían agrandar el daño a la credibilidad del mandatario. Ante conflictos tan previsibles, se hace necesario cuidar su capital reputacional correspondiente a una institución republicana de tan alta significación.
A pesar de que la ciudadanía entiende las dificultades iniciales causadas por los sismos en la instalación del nuevo gobierno, el país quiere a volver a la normalidad. La opinión pública percibe también la polarización política que se ha producido y que no habrá tregua entre Gobierno y oposición. Ambos conglomerados están cumpliendo sus roles, pero se han olvidado en gran medida de las promesas de colaboración post terremoto, entrabando la reconstrucción nacional por privilegiar sus intereses particulares.
Los conflictos de intereses parecieran ser el probable talón de Aquiles que tendrá este gobierno. El Presidente, sus ministros y gran parte del Poder Ejecutivo se verán enfrentados a complejas situaciones. Por ejemplo, tanto la subsecretaria de Transportes, Loreto Silva, como el Coordinador de Concesiones del mismo Ministerio, Mauricio Gatica, ya se encuentran inhabilitados en decisiones de su ramo sobre iniciativas privadas. Pero quién no se inhabilitó fue el director de Chiledeportes, Gabriel Ruiz-Tagle en la polémica por el reparto de excedentes del Canal del Fútbol, la que todavía no se sabe cómo será resuelta.
Cabe recordar que este período presidencial partió en forma especial. El terremoto y posterior tsunami cambiaron de un golpe los objetivos iniciales, haciendo surgir nuevas prioridades y retardando el proceso de instalación. La cuantificación de los daños -por un total de US$ 30 mil millones- inicialmente fue desestimada por un estudio publicado por IM Trust, que calculaba un máximo de US$ 8 mil millones. Sólo recién el exhaustivo detalle que entregó el ministro Felipe Larraín al Senado y a la Cámara de Diputados explicó los parámetros utilizados para calcular el monto total de las pérdidas, informando de los daños a la ciudadanía y permitiendo aclararle los cálculos. A su vez, los diputados también pidieron al Gobierno información clara sobre los daños del terremoto, solicitando claridad y transparencia en la estimación de los montos de los daños y en la selección de las fórmulas para financiar el plan de reconstrucción.
En el mismo sentido, la tardanza en el nombramiento de ciertos cargos del Poder Ejecutivo tampoco contribuye a ratificar la inicial imagen de excelencia en la gestión con que partió el nuevo gobierno. En cambio, la rápida capacidad de reacción gubernamental logró superar la descoordinación producida entre La Moneda, el Congreso y la Corte Suprema respecto al proyecto del bono marzo, permitiendo su pago y cumpliendo así una de las promesas de campaña.
Por otra parte, la polémica surgida con motivo de los dineros de la Comisión Bicentenario sólo ha confundido a la opinión pública. Llevada personalmente por los involucrados, tanto Julio Dittborn, su actual Secretario Ejecutivo, como Javier Luis Egaña, ex Secretario Ejecutivo del anterior gobierno, han defendido sus posiciones sin llegar a un resultado concreto. Una acusación, su defensa y una réplica, además de reclamos en otros campos, demuestran fehacientemente que el traspaso del mando no fue tan impecable como se quiso. A estas alturas, la citación a la Cámara de Diputados de los personeros que dirigían dicho organismo se hace necesaria para aclarar este episodio, dejando de lado las bravatas en que ha caído cada conglomerado.
A pesar de que seis de cada diez chilenos creen que a este gobierno le irá bien, el capital político del Presidente Piñera no se puede dilapidar. Terminado el caso de Lan en medio de críticas por la tardanza y por el no pago de impuestos, permanecen abiertos otros flancos. Por de pronto, los casos de Chilevisión y Colo Colo podrían agrandar el daño a la credibilidad del mandatario. Ante conflictos tan previsibles, se hace necesario cuidar su capital reputacional correspondiente a una institución republicana de tan alta significación.
A pesar de que la ciudadanía entiende las dificultades iniciales causadas por los sismos en la instalación del nuevo gobierno, el país quiere a volver a la normalidad. La opinión pública percibe también la polarización política que se ha producido y que no habrá tregua entre Gobierno y oposición. Ambos conglomerados están cumpliendo sus roles, pero se han olvidado en gran medida de las promesas de colaboración post terremoto, entrabando la reconstrucción nacional por privilegiar sus intereses particulares.
Columna publicada en http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/restaurando_la_credibilidad_presidencial
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