Hace
un par de días, el flamante vocero de gobierno aseguró que “el trabajo
de campaña de la Presidenta Bachelet comenzó en marzo de 2013, no
antes”. Específicamente el día 28 de marzo, día en que la actual mandataria anunció
su campaña presidencial. ¿Debemos suponer todos los chilenos que ese
día ella se despertó inspirada y motivada por el futuro de Chile y se
atrevió a decir las palabras mágicas: “He tomado la decisión de ser candidata”?
El 21 de diciembre del año anterior, ella había señalado que seguiría en ONU Mujer, agregando “Vamos a hablar en marzo”. ¿Querrá el gobierno que nosotros pensemos que durante ese período no hizo precampaña?
La información entregada por Asesorías y Negocios SpA, entregada a
través de su gerente general, Giorgio Martelli, dice todo lo contrario.
Se trata de una larga lista
de profesionales en que muchos son hoy funcionarios de Gobierno, y que
en su mayoría fueron parte también de la administración anterior de
Bachelet.
Días después, cuando la estrategia inicial recibía disparos desde distintos sectores, el ministro Marcelo Díaz sale a reconocer que las precampañas “son habituales en la política”.
E insiste en su línea argumental de que la Presidenta Bachelet "no
pidió ni autorizó ningún esquema recaudatorio" antes de su campaña,
evitando cuidadosamente precisar si la mandataria estaba o no en
conocimiento de esas prácticas.
Con la aprobación de la mandataria pisoteada ya por el caso Caval, la arista Soquimich le explota directamente en su campaña. La negativa a transparentar los hechos solo logra despilfarrar la credibilidad que queda: ya en la CEP de abril
la nota que obtuvo el Gobierno en su primer año en el Tema
Transparencia y Corrupción fue de un 2,4 –la peor de todas las notas- y
el 62 % de los entrevistados declaró que la Presidenta Bachelet no le
daba confianza.
Pero
todavía falta un tema a profundizar: además de la ilegalidad de las
boletas y facturas ideológicamente falsas, lo que constituye un delito, también existe un ilícito para sus emisores: esos documentos falsos se utilizaron para rebajar los impuestos de empresas a través de figuras ficticias.
Es decir, actuales funcionarios públicos se convirtieron en cómplices
al ayudar a cometer el ilícito… Y en eso hasta ahora, tanto el
Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos han guardado
un discreto silencio sobre el caso Asesorías y Negocios Spa. Por eso, la
remoción
del Director Jurídico del SII, Cristián Vargas, no es una buena noticia
para la transparencia de este gobierno. ¿O se pretenderá esconder bajo
la alfombra?
Publicado en Redesvisión
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