Ahora que el término “posverdad” se incorporó al diccionario RAE, nuestro país lo vive en carne propia. Producto del rechazo de la Cámara al informe de la Comisión Investigadora Sename II, como nunca, hechos objetivos se han minimizado ante la apelación a emociones, creencias y/o deseos del público.
Pero desde un principio, el mandato conferido a esta comisión fue investigar, por una parte, sólo las gestiones realizadas por autoridades de gobierno desde el 2014 en adelante y por la otra, la actual situación de los menores que no estuvieren al cuidado parental.
La potente discusión surgida al respecto identificó de inmediato dos bandos: quienes acusan a La Moneda de hacer caer el informe para proteger a la ex ministra Blanco, y quienes defienden su lobby o votación, aduciendo desde eventuales acusaciones a la Presidenta, pasando por calificar el informe de parcial, injusto y politizado, hasta el anuncio de una diputada de no repostular al Congreso.
Sin embargo, resulta preocupante que esta discusión se agote en un juicio público sobre la verdadera voluntad del gobierno: ¿Optó por salvaguardar a una colaboradora o por proteger niños en situación de abandono, vulnerabilidad e incluso en riesgo de muerte? Adicionalmente a esta trascendental pregunta, sería de suma importancia que esta polémica permitiera además develar tres grandes interrogantes:
- ¿Qué pasará con los niños del Sename? Pronto se cumplirán cuatro años desde el inicio de la primera comisión investigadora sobre este organismo. Y hasta el momento hay escasas acciones dirigidas a mejorar la situación de menores carentes de cuidado de sus padres.
Durante el periodo 2005-2016, 1.313 menores fallecieron en centros dependientes del Sename o de organismos colaboradores. Además hubo numerosas denuncias de torturas, de violaciones, de explotación sexual y de precarias condiciones de vida.
De ahí la importancia del informe rechazado. Éste denunciaba claramente “las principales problemáticas que explican el fracaso del Estado en materias de infancia”: a) Situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes; b) Contagio criminógeno; c) Débil sistema de adopciones; d) Insuficiencia del sistema de protección social; e) Falta de definición de roles subsidiario y del Estado. A su vez, el reparo a los proyectos de ley del Ejecutivo en materia de infancia entre 2014 a 2017 eran: a) Ineficiencia legislativa y b) Deficiencias en la Técnica Legislativa.
Asimismo, señalaba un marco de 64 propuestas para mejorar el sistema y garantizar a los menores el respeto de sus derechos, el resguardo de su integridad física y mental y el acceso a la educación y a la salud. ¿Cuántas muertes de menores tendremos que llorar antes de que se descongelen estas medidas?
- ¿Cómo están trabajando nuestros parlamentarios? Tras un año de investigación, de 28 sesiones ordinarias; de más de 80 expositores invitados; de visitas inspectivas a hogares, Centros de internación provisoria y CREAD; del análisis de innumerables documentos, la Comisión en cuestión emitió un informe de 535 páginas.
Los diputados Camila Vallejo (PC), Luis Rocafull (PS), Ricardo Rincón (DC) y Claudio Arriagada (DC), todos miembros de la Comisión Investigadora, hicieron numerosos aportes al informe vía indicaciones y sustituciones, votando en ella a su favor el 27 de junio.
Incluso fue la diputada Vallejo (sesión N° 28 de 19/6/17, página 404) quien propuso incorporar el siguiente texto, aprobado luego por votación mayoritaria: “De tal modo, la reconstitución de los hechos contribuye a esta Comisión para reprochar seriamente la gestión ministerial, negligente e inexcusable de la señora Javiera Blanco ex Ministra. En efecto, las fallas institucionales acaecidas bajo su administración, que fueron de conocimiento y escrutinio público, contribuyeron lamentablemente a agravar la crisis histórica del Sename.”
Por eso sorprende notablemente que recién el 4 de julio, y sólo después de las visitas de los ministros Eyzaguirre, Narvaez, Valdés y Campos, estos cuatro diputados hayan cambiado su voto por considerar el informe insuficiente, parcial y politizado.
¿Es válido que 13 diputados más sus numerosos asesores estén todo un año trabajando en una investigación que será rechazada? Más aún, siendo todos financiados por ciudadanos ¿quién fiscaliza sus índices de productividad?
- ¿Hasta cuándo se valorará el amiguismo por sobre el desempeño? Por último, si la calificación de “negligencia inexcusable” fuere a alguna funcionaria del SENAME, ¿hubiera tenido el mismo impacto la bajada del informe? Probablemente no.
Sin dudas el elemento que aceleró la combustión del espacio público fue que se exculpara a la ex ministra Blanco. Cercana colaboradora de la Presidenta Bachelet, en su trayectoria política ha tenido más de alguna controversia en sus cargos. Y quizás su último nombramiento, esta vez en el Consejo de Defensa del Estado, corrobora que nuestra mandataria privilegia lealtades por sobre desempeños. Absolutamente comprensible, pero inaceptable cuando se trata de dineros públicos.
En consecuencia, ojalá que el debate provocado pueda profundizar estas y otras interrogantes sobre nuestros mecanismos democráticos. Por otra parte, existen 64 propuestas pendientes que beneficiarán a niños, niñas y adolescentes ingresados al sistema de protección del Estado y acogidos en distintas modalidades de cuidados alternativos. ¿De qué manera el Ejecutivo y el Legislativo lograrán reactivarlas? Porque está claro que los menores del Sename no pueden esperar el informe de una tercera Comisión Investigadora.
Publicada en La Tercera Online
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