La remoción
de Michel Jorrat de su cargo como Director del Servicio de Impuestos
Internos, ha sido uno de los pocos hechos concretos que ha hecho el
Gobierno en materia de transparencia. A pesar de que han sido
muchos los fuegos de artificio, las declaraciones, las puestas en
escena, los programas de televisión, los mea culpa, son pocas las acciones específicas que la ciudadanía ha podido observar.
De hecho, la entrega del informe final del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción fue minimizada por el anuncio presidencial del “proceso constituyente”. De igual manera, el día escogido para entregar el informe
de cumplimiento de medidas administrativas de la agenda de
transparencia y probidad fue el mismo día del cambio de gabinete,
quedando nuevamente postergada en la agenda nacional.
Y
así la mantención en su cargo a Michel Jorrat representaba una
verdadera provocación a la ciudadanía, que como nunca exige mayor
transparencia. Es de esperar que el flamante ministro Valdés
nombre luego al reemplazante - o bien el director subrogante juan
Alberto Rojas- cumpla con la obligación legal que el Servicio tiene de
las denuncias y querellas por delito tributario. Cabe destacar que la querella
inicial presentada por Michel Jorrat en contra de Giorgio Martelli se
centra solamente en las donaciones ilegales efectuadas a la campaña del
Presidente Frei –específicamente a Clara Bezán-, desviando por
completo la atención de los aportes a la campaña de Michelle Bachelet,
igual de ilegítimos pero que involucran a muchos personeros de la actual
administración.
En la última encuesta CEP,
la Presidenta Bachelet aparece con un 56% de desaprobación en la forma
en que está conduciendo su gobierno. Aún más, el 62% declara que la
mandataria no le da confianza. Y el Tema Transparencia y Corrupción en su primer año obtuvo la peor nota del Gobierno: un paupérrimo 2,4.
¿Será que tanto discurso pero tan pocos hechos concretos le está pasando la cuenta? ¿Mucho ruido y pocas nueces? Y más aún después de haber visto como enfrentó el caso Caval, la decisión de conducir “personalmente”
el proceso por crisis de probidad no logra otorgar garantías de la
independencia de las instituciones para investigar hechos irregulares
mientras no estén resueltos los dos puntos anteriores.
Cualquier declaración pro transparencia y probidad en su próxima Cuenta
Pública Presidencial podría entenderse una vez más como palabras que se
las lleva el viento. La ciudadanía exige hechos concreto, no palabras.
Andrés Jirón
(publicado en Redesvisión)
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