La tradicional
negociación de todos los años sobre la fijación del salario mínimo entre
Ministerio de Hacienda y Central Unitaria de Trabajadores (CUT), adolece del
mismo y permanente vicio de ilegitimidad. En efecto, sin perjuicio de la
importancia que representa este ritual anual para tantos trabajadores de
menores ingresos, son demasiados los
legítimos interlocutores que cada año quedan excluidos de participar en esta
transacción.
En esta
oportunidad, la discusión del reajuste del salario fue monopolizada por el
ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y la presidenta de la CUT, Bárbara
Figueroa, excluyendo arbitrariamente a todos los demás actores en el debate. Una vez más, el gobierno de turno y la
multisindical se arrogan la representación de todos los chilenos,
descalificando la participación de otras organizaciones de trabajadores, de las
pymes, de las grandes empresas y del sector público en un debate que les afecta
directamente.
Después de tan sólo
dos reuniones,
en que participaron también los actuales ministros de Hacienda y del Trabajo,
Alberto Arenas y Javiera Blanco, la presidenta de la CUT declara
“estamos en un camino de acercamiento de un 60%-70% en materia de cifra. Por
razones lógicas, hasta no discutirlo con nuestra estructura que es el Consejo
Nacional de la CUT, no vamos dar a conocer públicamente estas cifras”. Las
negociaciones se reanudarán este lunes a las 18:00 horas, introduciéndose la
novedad de negociar un salario mínimo plurianual, una vez retorne el ministro
Arenas de EE.UU.
Y si bien es cierto
que la Central Única de Trabajadores representa a una gran cantidad de
trabajadores (501.916 trabajadores y 1.889 sindicatos, según Colegio Electoral de
la CUT en elecciones internas de 2012), son más de 300 mil los trabajadores que
están afiliados a otras organizaciones como la Central Autónoma de Trabajadores
(CAT)
y la Unión de Trabajadores de Chile (UNT) y que quedan excluidos olímpicamente de
esta negociación.
Sin perjuicio de
esto, son muchos los trabajadores chilenos que no son miembros de un sindicato, y que por lo tanto no tienen ninguna
posibilidad de ser representados ante las autoridades de nuestra nación. Con una de las tasas
de sindicalización más baja entre los
países de la OCDE (16, 6% en 2012 según Compendio
de Series Estadísticas de la
Dirección del Trabajo), y con varias organizaciones multisindicales
coexistentes, resulta inexplicable el privilegio que otorga el gobierno de
turno a la CUT, al excluirlas de la negociación.
Tampoco están invitadas las Pymes a la transacción, a
pesar de que las afecta directamente. Según señala la
Presidenta Bachelet en su Mensaje Presidencial del 21 de Mayo de 2014 (Capítulo
“Una agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento”, página 13), las Pymes “generan en torno al 66 por
ciento del empleo en nuestro país, y debemos fortalecer su contribución al
crecimiento”. Sin embargo, esta buena intención parece que no logra
materializarse ni siquiera a través de una invitación a éstas a participar en
un tema tan trascendental como es la fijación del salario mínimo. A pesar de
que existen 859.359 Mipymes, que representan el 98,7% de las empresas (según cifras SOFOFA)
que entregan dos tercios de los puestos laborales, además de todas las
ocupaciones informales, los gobiernos de
turno han preferido excluirlas de la negociación sobre el ingreso mínimo. Organizaciones
como Conapyme, Conupia, Pymes de Chile o
Asech,
han sido sistemáticamente excluidas de estas reuniones, a pesar de la
alta representatividad que tienen.
¿Para qué hablar de los trabajadores cesantes?: En un segmento en que todos tratan de salir lo antes posible, este
propósito de transitoriedad logra desvirtuar cualquier intento de
representatividad. Por supuesto que han sido excluidos por todos los gobiernos
de turno en un tema de tanta importancia nacional. Con la reciente tasa
de desempleo de 6,4%, la fijación del
salario mínimo cobra mayor importancia que nunca.
Es por esto, ante la deliberada omisión de tanto actor
involucrado en la fijación del ingreso mínimo, cualquier resultado al que
lleguen el ministro Arenas y Bárbara Figueroa, adolecerá de un vicio de origen:
falta de legitimidad por exclusión. Sin embargo, ésta no impedirá la
construcción de bonitos discursos que representarán sólo a una parte de los
trabajadores sindicalizados, con un debate en que sistemática y arbitrariamente
son marginados la gran mayoría de actores involucrados.
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