“Tengo mi conciencia tranquila”, dijo
ayer el actual ministro de Educación ante la Comisión de Minería de la Cámara
de Diputados. Citado a declarar
sobre una pérdida
de Codelco por US$ 4.700 millones
por contratos
a futuro autorizados (el 2005) en su período como ministro de Hacienda, tuvo también
que dar explicaciones por la sociedad
Cupic, constituida en esa misma
época por Codelco y la empresa China Minmetals, nada menos que en el paraíso fiscal de Islas Bermudas, y cuyos contratos podrían
representar una pérdida
adicional para la minera estatal de US$ 2.300
millones, además de la elusión de los impuestos correspondientes.
Lamentablemente para él, no se
trata sólo de un tema de ética o de conciencia, sino de responsabilidad política
y legal por las pérdidas de Codelco cuando integraba su directorio en calidad
de ministro de Hacienda en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet. Imposible guardar silencio cuando se trata
de pérdidas que casi hubieran podido financiar la tan anhelada y buscada
reforma educacional…
Y es que en ese entonces, los ministros de Minería y de Hacienda
integraban por ley el directorio de Codelco. Recién en 2009, su actual Estatuto
Orgánico -modificado por la ley N° 20.932-, sujetó a la empresa estatal a las normas que
rigen las sociedades anónimas abiertas, entre las cuales se encuentra la
responsabilidad solidaria de los directores por los perjuicios que causen a los
accionistas -en el caso de Codelco, ¿a todos los chilenos?-y a la sociedad que
representan. En consecuencia, por esta
negligencia difícil de justificar, por estas pérdidas originadas el 2005 de US$
7.000 millones –casi el monto que pretende la actual reforma tributaria-, por
esta sociedad constituida en las Islas Bermuda para eludir impuestos, responderá
una vez más el conocido y ubicuo señor Moya…
Por eso, siendo Codelco la
empresa estatal que explota el cobre, el sueldo de Chile, llaman la atención los recientes nombramientos
de Óscar Landerretche –ingeniero
comercial, Ph.D en Economía y militante del Partido Socialista- como presidente
del directorio, de Laura Albornoz
–abogado, doctora en derecho civil y militante de la Democracia Cristiana- y de
Dante Contreras -economista, Ph.D en Economía e independiente- como
directores de la cuprífera, todos con excelentes títulos en lo académico pero sin experiencia alguna en el ámbito de la
minería ni tampoco en la gestión de empresas. Esto obviamente produce una
legítima inquietud de todos los chilenos con respecto al objetivo trazado por
la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo: “mejorar la competitividad
de la cuprífera, para mantener el
liderazgo mundial de la principal empresa estatal chilena”.
De hecho, la diputada Paulina
Núñez (RN), integrante de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, solicitó
a la Contraloría General de la República,
determine si los nombramientos de Landerretche y Contreras cumplen con la normativa
vigente, requerimiento todavía pendiente. Ésta exige que para ser director de Codelco se debe
"acreditar una experiencia profesional, de a lo menos cinco años continuos
o no, como director, gerente, administrador o ejecutivo principal en empresas
públicas o privadas, o en cargos de primer o segundo nivel jerárquico en
servicios públicos".
Por otra parte, la remoción
de Thomas Keller de la presidencia ejecutiva de la empresa –supuestamente por mala relación con los
sindicatos de la empresa- abre un flanco en la administración de la empresa. Si
recordamos que los sindicatos de El
Teniente rechazaron
un bono de término de conflicto de $ 21 millones en la última negociación
colectiva en febrero de este año, resultan evidentes las presiones que deberá
enfrentar su sucesor respecto a la reducción de costos en la producción
cuprífera.
Por eso –y habiendo descartado el
timonel del directorio, Oscar Landerretche, que la decisión de su salida hubiera tenido un
carácter político- el nombramiento del próximo presidente ejecutivo es de
extrema relevancia. Dada la
inexperiencia de los nuevos directores en materia minera, es factible que se
cometan errores de las dimensiones de los perpetrados por el directorio del
cual formaba parte el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.
Ayer, en la Comisión de Minería
de la Cámara de Diputados, y ante la constitución de una sociedad creada
para eludir impuestos durante 15 años, el actual ministro de Educación dijo
-en su peculiar estilo-no estar enterado de ese contrato porque: “o estaba cazando moscas o no se informó”, pidiendo ver las actas de
las sesiones del directorio para asegurarse. Como si un director debiera responder solo de
la burocracia dejada en actas, pero no de la gestión de la empresa.
La marcha
estudiantil de hoy –convocada por la
Confech, Aces y Cones-, el paro nacional
anunciado
por el Colegio de Profesores, las protestas
de la Confederación de Padres y
Apoderados de colegios particulares subvencionados o el paro de alumnos de
establecimientos escolares como el Instituto
Nacional o del Instituto
Barros Arana parecieran demostrar
que el actual ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, sigue empeñado en su
cacería de moscas.
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