Cada pueblo tiene el gobierno que se merece

No cabe duda de que la actual clase política abusa de la consuetudinaria mala memoria del pueblo chileno. Son muchos los escándalos de situaciones irregulares -o bien abiertamente delictivas- en que se han visto involucrados políticos o autoridades en estos últimos años. Incluso más, parte del potente rechazo ciudadano se forma en base a esta impunidad existente para una casta privilegiada.

El juramento de Julio Dittborn como subsecretario de Hacienda confirma los acomodaticios límites que se impone la clase política. ¿Auto regulación? ¡Ninguna! Más bien un “trata de desaparecer por un tiempo” y aquí no ha pasado nada. Total, a la gente se le olvida luego… ¿Cuántas irregularidades -de políticos, autoridades de Gobierno, parlamentarios, empresarios, dirigentes sindicales o cualquier persona que abuse de su poder- han sido constatadas por la opinión pública, a pesar de no haber sido sancionadas por el Poder Judicial? Es que a pesar de la falta de control ciudadano sobre los Tribunales de Justicia, la obligación de ceñirse a la normativa vigente permite la impunidad de muchas irregularidades. Ante una ineficacia judicial generaliza, la ciudadanía debiera exigir criterios éticos más altos.

El ex parlamentario UDI era diputado por el distrito 23 (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea) desde 1997, habiendo sido reelegido varias veces, -único distrito en que la Alianza designa a sus dos diputados-. En 2009, el actual segundo de la cartera de Hacienda fue denunciado por el programa “Informe Especial” de TVN por arrendar casas particulares de empleados de su comando como oficinas distritales, con las asignaciones parlamentarias que entrega el Congreso. Por supuesto que ninguna de esas residencias tenía identificación como comando, ni realizaban actividades legislativas o de atención ciudadana, sino que eran habitadas por las mismas familias de dos trabajadores del ex diputado.

Ante esto, la Fiscalía Regional de Valparaíso comenzó una investigación por fraude al fisco, consistente en el desvío de fondos fiscales a fines particulares. A pesar de que el parlamentario prefirió guardar silencio, recibió el apoyo explícito del entonces jefe de bancada UDI, hoy actual subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, quién sostuvo que ese tipo de situaciones no le hacían daño a nadie…Al final, el ex diputado fue absuelto por falta de pruebas, recibiendo sólo una amonestación de la Comisión de Ética de la Cámara.

Los estándares éticos que la ciudadanía exige hoy a la clase política son mucho más elevados que hace unos años atrás. En tiempos no muy lejanos, bastaba una sentencia absolutoria -siempre posible con un buen equipo de abogados-, un sobreseimiento temporal o un acuerdo con la fiscalía para echarle tierra a cualquier irregularidad. Pero el que no se compruebe el delito no obsta para que esa persona pierda autoridad ante la opinión pública, o peor todavía, contamine al resto de la clase política.

Por eso sorprende la decisión del Gobierno de nombrar a un ex diputado, el cual fue visto por miles de chilenos a través de los medios cometiendo irregularidades. ¿Y es a esa persona que nombran como segundo en el ministerio de Hacienda? ¿Habrá nuevas irregularidades que no alcancen a constituir delito?

Además de confirmar la innegable falta de personas que eleven el prestigio de la actividad política, se consolida el cuestionable precedente -ya existente en este Gobierno- de la impunidad ética. “Si no es delito, no importa. Lo importante es no dejar que te establezcan una inhabilidad legal…”, institucionalizando el “hay que saber hacerla”.

En consecuencia, debiera proponerse un monumento a la mala memoria del chileno. Una obra -ojalá con algún valor artístico, histórico y social- que nos recuerde permanentemente nuestra pésima recordación de las irregularidades del mundo político. Y cómo permitimos que personas no idóneas continúen en cargos de poder.

Está claro que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y nuestra pasividad -¿provocada o espontánea?-, nuestra opción por no participar -4 millones de no inscritos en los registros electorales-, nuestra preferencia por postergar los problemas del mundo político, nos asegura que los grupos de poder mantengan sus privilegios. Hoy, al igual que la Concertación en 1987, tenemos que escoger el mejor camino para seguir: ¿nos vamos por fuera o utilizamos la institucionalidad a nuestro favor?

Por eso sorprende ver que un gran porcentaje de participantes en las últimas manifestaciones no esté inscrito en los registros electorales. Tampoco es normal que los ciudadanos aceptemos la imposición de los candidatos designados por las cúpulas partidistas. Por tanto, las ya tan anunciadas reformas políticas pueden ser el único medio para evitar una profunda crisis nacional.

Mientras tanto, un museo de la (mala) Memoria nos permitiría recordar todas las irregularidades de nuestra clase política observadas durante en estos últimos años, la gran mayoría aún impunes. Además veríamos las procesiones diarias a hacer ofrendas florales de políticos como el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn (UDI); el presidente del Senado, Guido Girardi (PPD); la diputada Claudia Nogueira (UDI); el alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI); Luis Ajenjo (DC), ex presidente de EFE; el alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera (PPD)o el diputado Rodrigo Gonzalez (PPD), entre tantos otros…

Columna publicada en La Tercera Online