Mientras la ciudadanía contemplaba expectante la operación del rescate minero, una noticia pasaba prácticamente desapercibida: la simple suspensión de un procedimiento penal. Pero este inadvertido hecho evidencia la difícil relación existente entre el Poder Legislativo y el Judicial, confirmando la existencia de una oscura zona a la que la opinión pública no puede acceder.
El reciente anuncio de la suspensión del procedimiento en contra de la diputada Claudia Nogueira (UDI), sólo comprueba las dificultades para terminar los procesos contra parlamentarios con una sentencia definitiva –ya sea absolutoria o condenatoria-. Cabe recordar que en abril de este año, la diputada fue formalizada ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso por cuatro delitos de fraude al fisco en una suma total de $ 30.283.103. En el proceso se estableció que la diputada contrataba servicios que no se realizaban, pero que igual se cobraban al Departamento de Administración y Finanzas de la Cámara. Una vez pagados, los “prestadores” le depositaban los montos en su cuenta corriente -previa retención del impuesto correspondiente-, defraudando de esta forma al Estado y a todos nosotros los contribuyentes.
Para lograr este acuerdo de suspensión condicional, la diputada del distrito 19 (Independencia y Recoleta) debió devolver al fisco el total del monto involucrado (un poco más de 30 millones de pesos), además de pagar cinco millones adicionales a Un Techo para Chile y quedar sujeta a firma mensual en la fiscalía por los próximos 18 meses.
El caso inicialmente produjo gran revuelo por varias razones: 1)planteó un conflicto de competencia acerca de la fiscalización de asignaciones parlamentarias (¿justicia ordinaria o Comisión de Ética Parlamentaria?); 2)por primera vez la Corte Suprema autorizó el alzamiento del secreto bancario respecto de la cuenta bipersonal que la diputada mantenía a su esposo, Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta; y 3)porque se rumoreaba que Nogueira basaría su defensa en la gran cantidad de diputados que también incurrirían en prácticas similares y que, por lo tanto, su acción no constituiría un ilícito.
En otro proceso similar, hace pocos días el diputado Jorge Sabag (DC) anunció que presentaría un escrito ante el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, con el objetivo de sacar al fiscal Jorge Abbott de la investigación llevada en su contra (en que se investigan supuestas irregularidades en el arriendo de una de sus sedes distritales). ¿Los parlamentarios pueden escoger a los fiscales de sus causas?
En abril, el ex diputado René Aedo (RN) también llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para la suspensión condicional del proceso judicial por negociación incompatible que se llevaba en su contra. El parlamentario cobraba dinero al fisco por el arriendo de una sede parlamentaria en Copiapó, propiedad de una sociedad médica formada por él y su esposa. Para detener el juicio, el ex representante de Atacama devolvió $ 10 millones de pesos al Fisco, entregó $ 1 millón de pesos a Un Techo Para Chile y debe firmar cada tres meses durante un año en la Fiscalía de Caldera.
En noviembre pasado, el mismo fiscal Jorge Abbott formalizó al ex diputado Maximiano Errázuriz (RN) por los delitos de fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado falso, para aparentar pagos para el supuesto arriendo de sedes parlamentarias. Recién en julio, el fiscal presentó una acusación ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, pidiendo siete años de prisión. Después de casi un año, el proceso continúa en tramitación.
El artículo 237 del Código Procesal Penal establece que “el fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá pedir al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento”. ¿Fue el Ministerio Público quién la solicitó? ¿Y en base a qué? Estas interrogantes surgen con mayor fuerza en la ciudadanía ante la ausencia de declaraciones del fiscal involucrado, de la presidenta de la Cámara, de miembros del Poder Judicial o del Ejecutivo o del Consejo de Defensa del Estado (CDE), con querellas interpuestas en contra de estos legisladores. ¿Qué pugna de poderes impide al Poder Judicial terminar con un fallo los procesos contra parlamentarios? ¿O es que nuestra justicia en general se dedica a negociar con los inculpados?
Después de los programas televisivos “Informe Especial “y “Contacto” (éste último todavía no emitido) las investigaciones del fiscal Abbott causaron una gran preocupación y molestia en el Congreso, acusándolo incluso de promover una “caza de brujas”. Pero a pesar de la gran visibilidad de estos procesos judiciales, ningún tribunal ha dictado una sentencia que aclare los casos a la opinión pública. Teniendo en cuenta que el Fiscal Regional de Valparaíso, Jorge Abbott, termina su período de ocho años el 28 de diciembre, habrá que confiar que su sucesor sea quién se atreva a ponerle el cascabel al gato.
El reciente anuncio de la suspensión del procedimiento en contra de la diputada Claudia Nogueira (UDI), sólo comprueba las dificultades para terminar los procesos contra parlamentarios con una sentencia definitiva –ya sea absolutoria o condenatoria-. Cabe recordar que en abril de este año, la diputada fue formalizada ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso por cuatro delitos de fraude al fisco en una suma total de $ 30.283.103. En el proceso se estableció que la diputada contrataba servicios que no se realizaban, pero que igual se cobraban al Departamento de Administración y Finanzas de la Cámara. Una vez pagados, los “prestadores” le depositaban los montos en su cuenta corriente -previa retención del impuesto correspondiente-, defraudando de esta forma al Estado y a todos nosotros los contribuyentes.
Para lograr este acuerdo de suspensión condicional, la diputada del distrito 19 (Independencia y Recoleta) debió devolver al fisco el total del monto involucrado (un poco más de 30 millones de pesos), además de pagar cinco millones adicionales a Un Techo para Chile y quedar sujeta a firma mensual en la fiscalía por los próximos 18 meses.
El caso inicialmente produjo gran revuelo por varias razones: 1)planteó un conflicto de competencia acerca de la fiscalización de asignaciones parlamentarias (¿justicia ordinaria o Comisión de Ética Parlamentaria?); 2)por primera vez la Corte Suprema autorizó el alzamiento del secreto bancario respecto de la cuenta bipersonal que la diputada mantenía a su esposo, Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta; y 3)porque se rumoreaba que Nogueira basaría su defensa en la gran cantidad de diputados que también incurrirían en prácticas similares y que, por lo tanto, su acción no constituiría un ilícito.
En otro proceso similar, hace pocos días el diputado Jorge Sabag (DC) anunció que presentaría un escrito ante el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, con el objetivo de sacar al fiscal Jorge Abbott de la investigación llevada en su contra (en que se investigan supuestas irregularidades en el arriendo de una de sus sedes distritales). ¿Los parlamentarios pueden escoger a los fiscales de sus causas?
En abril, el ex diputado René Aedo (RN) también llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para la suspensión condicional del proceso judicial por negociación incompatible que se llevaba en su contra. El parlamentario cobraba dinero al fisco por el arriendo de una sede parlamentaria en Copiapó, propiedad de una sociedad médica formada por él y su esposa. Para detener el juicio, el ex representante de Atacama devolvió $ 10 millones de pesos al Fisco, entregó $ 1 millón de pesos a Un Techo Para Chile y debe firmar cada tres meses durante un año en la Fiscalía de Caldera.
En noviembre pasado, el mismo fiscal Jorge Abbott formalizó al ex diputado Maximiano Errázuriz (RN) por los delitos de fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado falso, para aparentar pagos para el supuesto arriendo de sedes parlamentarias. Recién en julio, el fiscal presentó una acusación ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, pidiendo siete años de prisión. Después de casi un año, el proceso continúa en tramitación.
El artículo 237 del Código Procesal Penal establece que “el fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá pedir al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento”. ¿Fue el Ministerio Público quién la solicitó? ¿Y en base a qué? Estas interrogantes surgen con mayor fuerza en la ciudadanía ante la ausencia de declaraciones del fiscal involucrado, de la presidenta de la Cámara, de miembros del Poder Judicial o del Ejecutivo o del Consejo de Defensa del Estado (CDE), con querellas interpuestas en contra de estos legisladores. ¿Qué pugna de poderes impide al Poder Judicial terminar con un fallo los procesos contra parlamentarios? ¿O es que nuestra justicia en general se dedica a negociar con los inculpados?
Después de los programas televisivos “Informe Especial “y “Contacto” (éste último todavía no emitido) las investigaciones del fiscal Abbott causaron una gran preocupación y molestia en el Congreso, acusándolo incluso de promover una “caza de brujas”. Pero a pesar de la gran visibilidad de estos procesos judiciales, ningún tribunal ha dictado una sentencia que aclare los casos a la opinión pública. Teniendo en cuenta que el Fiscal Regional de Valparaíso, Jorge Abbott, termina su período de ocho años el 28 de diciembre, habrá que confiar que su sucesor sea quién se atreva a ponerle el cascabel al gato.
Columna publicada en La Tercera Online
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