El rechazo de la última oferta del gobierno complejiza aún más la difícil situación en que se encuentra el conflicto mapuche. Contrasta el manejo gubernamental de esta crisis, provocada por 34 comuneros en huelga de hambre en las regiones del Bío Bío y de la Araucanía, con la conducción del rescate vivido por 33 mineros accidentados en la Región de Atacama. Esto confirma que el principal activo del Gobierno está en la gestión y no en las comunicaciones.

¿Dónde está “el Golborne” de la huelga de hambre mapuche? ¿Quién asume la responsabilidad –política, operativa y comunicacional, tal como lo hizo el ministro de Minería – del resultado de esta operación? ¿El Presidente Piñera; el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter; el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet; el ministro de Planificación, Felipe Kast o la jefa de asesores de La Moneda, María Luisa Brahm? ¿O ninguno, como en estos últimos 20 años?

Jorge Navarrete señala en una columna sobre el conflicto indígena, Mala memoria y poca vergüenza, “el rotundo fracaso de una política pública, que lejos de contribuir a la solución del problema, lo perpetuó -cuando no agudizó- durante las dos décadas que estuvimos en el gobierno”. Sin embargo, al menos las potentes maquinarias comunicacionales de La Moneda siempre fueron capaces de apagar los conflictos provocados por grupos de mapuches: intervención de La Moneda en conflicto de Mininco(2000); reacciones a la muerte de Matías Catrileo (2008) o actos de violencia que motivaron el nombramiento de José Antonio Viera Gallo como ministro coordinador de temáticas indígenas (2009). De alguna manera, los gobiernos de la Concertación siempre pudieron contener comunicacionalmente lo que no podían solucionar por gestión, postergando y aplazando la resolución del conflicto.

En este caso, la situación ha sido a la inversa. La extraordinaria capacidad de gestión -demostrada por el ministro Golborne en el rescate minero -no ha se ha visto en esta crisis. Esta huelga de hambre logró hacerse cada día más urgente, compleja y con una mayor adhesión ciudadana.

Inicialmente, la estrategia gubernamental fue ignorar el conflicto, rechazando el diálogo: “el el gobierno no negocia bajo presión”. Pero, cerca del Bicentenario, la huelga de hambre se convirtió en una amenaza que podía aguar la fiesta. Incluso dañar la imagen externa, ya que en un planificado viaje a EE.UU, el mandatario participaría en la Asamblea General de la ONU: abogaría por que Chile se mantuviera en el Consejo de Derechos Humanos. Por eso, el anuncio del Presidente Piñera de conformar una mesa de diálogo para tratar el tema mapuche, hizo pensar a nivel internacional que también se incluiría la situación de los huelguistas. Fue Felipe Kast, ministro de Planificación, quién aclaró que se trabajaría en dos frentes paralelos (la instalación de la mesa de diálogo en Cerro Ñielol ya concluyó sin ningún acuerdo concreto).

La extensa duración de la protesta, la instalación en la agenda pública de la problemática de pueblos originarios, la alta visibilidad internacional y la necesidad de incorporar otros interlocutores –Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial e Iglesias católica, evangélica y anglicana- demostraron la incapacidad gubernamental de controlar y desescalar la crisis.

Por el contrario, la gestión comunicacional mapuche ha sido excepcional. Hacer coincidir – ¿fortuito?- el período más álgido con la fiesta del Bicentenario, fue un gran acierto comunicacional. En 1981, Bobby Sands murió en Irlanda del Norte a los 27 años, después de 66 días de huelga de hambre. En 2007, en Chile, Patricia Troncoso Robles, conocida como La Chepa, puso fin a su huelga de hambre después de 112 días de ayuno. En consecuencia, la fase crítica de una huelga comenzada el 12 de julio probablemente coincidiría con nuestro aniversario patrio, empañando la celebración tan esperada.

Aún más, una semana antes de Fiestas Patrias, el desalojo de cuatro diputados de oposición dio la visibilidad necesaria. Luego la designación de voceros, en especial de Natividad Llanquileo, y el envío de una carta a Ban Ki Moon, Secretario General de Naciones Unidas, confirmaron la profesionalización comunicacional del grupo de presión.

Actualmente, la estrategia del Ejecutivo intenta establecer la responsabilidad de los comuneros. En San Francisco, EE.UU, el Jefe de Estado calificó de “intransigente” la actitud de los huelguistas. “El Gobierno ha hecho todo lo posible. Ha buscado todos los caminos del diálogo, del entendimiento y de la acción. Y desgraciadamente todos estos pasos y gestos de parte del gobierno no han tenido una respuesta fecunda de parte de los comuneros en huelga. Más bien ha sido una actitud muy intransigente”.

Mientras el conflicto no se estabilice, será imposible acordar una solución para esta apremiante crisis. Según el Arzobispo Ezzati, las peticiones de los huelguistas son claras: fin al doble enjuiciamiento, al uso de testigos protegidos y que los comuneros no sean procesados por la Ley Antiterrorista. Sin embargo, falta quién logre articular los intereses involucrados y preparar al gobierno en los costos que necesariamente tendrá que pagar, independiente de la forma en que termine la huelga. Peor aún, mientras ésta no se termine, será imposible comenzar el verdadero debate sobre la situación del pueblo mapuche.

Columna publicada en La Tercera Online