La reciente denuncia sobre el viaje de parlamentarios y ediles chilenos a la Expo Shanghai -invitados y financiados por la empresa Aguas Andinas- confirma la impunidad de las presiones que efectúan las empresas privadas a nuestras autoridades. La permanente reticencia a legislar sobre la regulación del lobby agrava aún más esta falta absoluta de control.
Además, revela la inoperancia de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados ante el accionar de una empresa privada, al no impedir que se concrete el viaje. Por otra parte, ratifica que los parlamentarios continúan exponiéndose innecesariamente al cuestionamiento de la opinión pública, confirmando la pobre reputación corporativa del Congreso, a pesar de todos los intentos por mejorarla. De hecho, el último Informe mensual que realiza Adimark (septiembre de 2010) refleja los bajos índices de aprobación ciudadana del desempeño de la Cámara de Diputados (34%) y del Senado (41%).
Por tratarse de una actividad regulada por el Estado, la invitación de Aguas Andinas a un grupo de parlamentarios y alcaldes sólo despierta suspicacia respecto a la proclamada independencia de nuestras autoridades políticas. En un futuro cercano, necesariamente deberán debatir leyes sobre el uso de recursos hídricos o su aplicación. Su independencia podría verse seriamente afectada en sus decisiones: cualquier votación -sea cual sea ésta- sobre estos temas despertará sospechas en la opinión pública. Más aún, en el caso de los legisladores, la prohibición de ingreso de público a las comisiones de trabajo y el secreto de las grabaciones y apuntes de las sesiones, impedirán conocer además el tratamiento que le den a estos temas los legisladores cuestionados en toda la etapa de discusión, aún cuando después se inhabiliten para votar.
Por otra parte, las indicaciones dadas por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados sólo constituyen un saludo a la bandera, las que no evitarán futuros conflictos de intereses en la dictación de normas y resolución de controversias entre usuarios y la empresa sanitaria: 1) propone publicar el viaje en el sitio web de los legisladores, de manera que sea conocido por los ciudadanos (presumiendo un inusitado tráfico de visitas) y 2) recomienda abstenerse de participar en futuros procesos de decisión que afecten intereses particulares de Aguas Andinas (¿y cuando se afecten derechos ciudadanos?). El reactivo -y tardío- cambio al código de ética para regular viajes de legisladores sólo demuestra el potente efecto de la fiscalización ciudadana, más que la lírica auto regulación.
El 9 de octubre, estos invitados partieron a la Expo Shanghai, generosamente -y grandiosamente- invitados por Aguas Andinas. Entre ellos, estaban los senadores Andrés Allamand (RN,) Jovino Novoa (UDI) y Fulvio Rossi (PS),los diputados Patricio Hales (PPD), Felipe Harboe (PPD), Roberto León (DC), Cristián Monckeberg (RN) y Gonzalo Uriarte (UDI), además de los alcaldes Johnny Carrasco (PS), Nora Cuevas (San Bernardo), Sol Letelier (Recoleta), Manuel José Ossandón (Puente Alto), Claudio Orrego (Peñalolén) y Pablo Zalaquett (Santiago).
Todos los gastos de transporte -primera clase-, alojamiento, alimentación y viáticos fueron íntegramente pagados por Aguas Andinas, además de todas las expediciones turísticas efectuadas durante la estadía. Indudablemente este viaje compromete la independencia de estas autoridades en la dictación de futuras normas y en la resolución de cualquier conflicto que pudiera ocasionarse entre sus representados y la empresa sanitaria.
La persistente negativa a legislar sobre la regulación del lobby ya se ha convertido en una constante en los últimos diez años de nuestro país. A pesar de las múltiples declaraciones -tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo- acerca de la necesidad de legislarlo, el tema periódicamente se instala en el discurso político, pero sin llegar a concretarse en alguna norma específica.
La ciudadanía ha escuchado de muchas agendas presentadas por distintos gobiernos, de probidad, transparencia o modernización del Estado, sin ningún resultado concreto. Son cinco los proyectos de ley sobre regulación del lobby presentados en el Congreso: dos se encuentran archivados (Boletines 3498-07 y 3337-07) y tres en tramitación, los que ya no avanzan en el Congreso: Boletín 6189-06, el que se encuentra en segundo trámite constitucional, y teniendo como último trámite el retiro de la urgencia simple el 8 de marzo de 2010; Boletín 4621-07, en primer trámite constitucional y como último trámite el retiro al proyecto del patrocinio del diputado Roberto León el 2 de noviembre de 2006; y el Boletín 3407-07,en discusión de veto en la Cámara Revisora del Senado, con un último trámite de retiro de discusión inmediata el 11 de septiembre de 2008.
Es de esperar que ahora, con las profundas reformas políticas que pretende realizar el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se incluya finalmente un proyecto de ley sobre regulación del lobby. En caso contrario, se podría sostener legítimamente que este nuevo gobierno se suma a todas las autoridades que se han negado a legislar hasta ahora sobre este tema.
Además, revela la inoperancia de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados ante el accionar de una empresa privada, al no impedir que se concrete el viaje. Por otra parte, ratifica que los parlamentarios continúan exponiéndose innecesariamente al cuestionamiento de la opinión pública, confirmando la pobre reputación corporativa del Congreso, a pesar de todos los intentos por mejorarla. De hecho, el último Informe mensual que realiza Adimark (septiembre de 2010) refleja los bajos índices de aprobación ciudadana del desempeño de la Cámara de Diputados (34%) y del Senado (41%).
Por tratarse de una actividad regulada por el Estado, la invitación de Aguas Andinas a un grupo de parlamentarios y alcaldes sólo despierta suspicacia respecto a la proclamada independencia de nuestras autoridades políticas. En un futuro cercano, necesariamente deberán debatir leyes sobre el uso de recursos hídricos o su aplicación. Su independencia podría verse seriamente afectada en sus decisiones: cualquier votación -sea cual sea ésta- sobre estos temas despertará sospechas en la opinión pública. Más aún, en el caso de los legisladores, la prohibición de ingreso de público a las comisiones de trabajo y el secreto de las grabaciones y apuntes de las sesiones, impedirán conocer además el tratamiento que le den a estos temas los legisladores cuestionados en toda la etapa de discusión, aún cuando después se inhabiliten para votar.
Por otra parte, las indicaciones dadas por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados sólo constituyen un saludo a la bandera, las que no evitarán futuros conflictos de intereses en la dictación de normas y resolución de controversias entre usuarios y la empresa sanitaria: 1) propone publicar el viaje en el sitio web de los legisladores, de manera que sea conocido por los ciudadanos (presumiendo un inusitado tráfico de visitas) y 2) recomienda abstenerse de participar en futuros procesos de decisión que afecten intereses particulares de Aguas Andinas (¿y cuando se afecten derechos ciudadanos?). El reactivo -y tardío- cambio al código de ética para regular viajes de legisladores sólo demuestra el potente efecto de la fiscalización ciudadana, más que la lírica auto regulación.
El 9 de octubre, estos invitados partieron a la Expo Shanghai, generosamente -y grandiosamente- invitados por Aguas Andinas. Entre ellos, estaban los senadores Andrés Allamand (RN,) Jovino Novoa (UDI) y Fulvio Rossi (PS),los diputados Patricio Hales (PPD), Felipe Harboe (PPD), Roberto León (DC), Cristián Monckeberg (RN) y Gonzalo Uriarte (UDI), además de los alcaldes Johnny Carrasco (PS), Nora Cuevas (San Bernardo), Sol Letelier (Recoleta), Manuel José Ossandón (Puente Alto), Claudio Orrego (Peñalolén) y Pablo Zalaquett (Santiago).
Todos los gastos de transporte -primera clase-, alojamiento, alimentación y viáticos fueron íntegramente pagados por Aguas Andinas, además de todas las expediciones turísticas efectuadas durante la estadía. Indudablemente este viaje compromete la independencia de estas autoridades en la dictación de futuras normas y en la resolución de cualquier conflicto que pudiera ocasionarse entre sus representados y la empresa sanitaria.
La persistente negativa a legislar sobre la regulación del lobby ya se ha convertido en una constante en los últimos diez años de nuestro país. A pesar de las múltiples declaraciones -tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo- acerca de la necesidad de legislarlo, el tema periódicamente se instala en el discurso político, pero sin llegar a concretarse en alguna norma específica.
La ciudadanía ha escuchado de muchas agendas presentadas por distintos gobiernos, de probidad, transparencia o modernización del Estado, sin ningún resultado concreto. Son cinco los proyectos de ley sobre regulación del lobby presentados en el Congreso: dos se encuentran archivados (Boletines 3498-07 y 3337-07) y tres en tramitación, los que ya no avanzan en el Congreso: Boletín 6189-06, el que se encuentra en segundo trámite constitucional, y teniendo como último trámite el retiro de la urgencia simple el 8 de marzo de 2010; Boletín 4621-07, en primer trámite constitucional y como último trámite el retiro al proyecto del patrocinio del diputado Roberto León el 2 de noviembre de 2006; y el Boletín 3407-07,en discusión de veto en la Cámara Revisora del Senado, con un último trámite de retiro de discusión inmediata el 11 de septiembre de 2008.
Es de esperar que ahora, con las profundas reformas políticas que pretende realizar el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se incluya finalmente un proyecto de ley sobre regulación del lobby. En caso contrario, se podría sostener legítimamente que este nuevo gobierno se suma a todas las autoridades que se han negado a legislar hasta ahora sobre este tema.
Columna publicada en La Tercera Online
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