A pesar de todas las manifestaciones políticas que han hecho los pueblos originarios en nuestro país, las respuestas siempre han sido evasivas, difusas y poco específicas, quedando la mayoría sólo en el discurso sin concretarse en hechos verdaderos. La incorporación de cuatro diputados de oposición a la huelga de hambre mapuche sólo símboliza el intermitente, incompetente e ineficaz apoyo de las autoridades, que aparte de figurar ante la opinión pública, no aporta ninguna solución concreta.
Ya en noviembre de 2003, el informe del Relator Especial de la ONU, Sr. Rodolfo Stavenhagen, sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas concluía con importantes recomendaciones al gobierno de Ricardo Lagos. En abril de 2009, un nuevo informe de otro Relator Especial de la ONU, Sr. James Anaya, daba nuevas recomendaciones sobre el tema al gobierno de Michelle Bachelet.
Es así que en septiembre del mismo año, la mandataria anunció el envío de un proyecto de ley que creaba el Ministerio de Asuntos Indígenas, la Agencia de Desarrollo Indígena y el Consejo de Pueblos Indígenas. El proyecto fue firmado además por los ministros de Planificación, Paula Quintana, de Hacienda, Andrés Velasco, y el Secretario General de la Presidencia y ministro coordinador de la política indígena del Gobierno, José Antonio Viera Gallo. Sin embargo, una vez finalizada la ceremonia -con toda la cobertura de prensa correspondiente-, la iniciativa nunca prosperó.
A los pocos días –y a poco de las elecciones parlamentarias- , el Poder Legislativo también anunció la creación de una Comisión Permanente De Asuntos Indígenas. Sus autores, los diputados De Urresti (PS), Farías (PPD), Jaramillo (PPD), Ojeda (DC), Quintana (PPD), Saa (PPD), Sabag (DC), Eugenio Tuma (PPD)y Venegas (DC), señalaban que esta comisión permanente podría dedicarse a legislar en materia de asuntos indígenas, dada la importancia del tema y del porcentaje de la población involucrada. Lamentablemente, la iniciativa quedó congelada desde su presentación (boletín 6720-16).
Debido a esto, la controvertida decisión de parlamentarios de sumarse a la huelga de hambre mapuche ha sido vista como un acto comunicacional que sólo desvía el foco de la discusión principal. Su posterior desalojo -ordenado por el ministro Hinzpeter- no ha atenuado la acusación de show mediático ante la opinión pública.
Por esta razón, resulta oportuno conocer la labor realizada por los cuatro diputados involucrados –Aguiló (PS), Gutiérrez (PC), Jiménez (PPD) y Monsalve (PS)- en la última semana , en especial atendiendo que son financiados por todos los chilenos:
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Causa extrañeza que diputados elegidos por la ciudadanía para una labor parlamentaria, se auto arroguen el derecho a ausentarse de las labores habituales para los que fueron elegidos por la ciudadanía, optando en cambio por defender una causa específica -legítima o no legítima-, pero que no necesariamente representan a sus electores. Más aún, cuando varios de ellos no tienen ninguna relación con las zonas en conflicto, pero sí representan a distritos afectados por el último terremoto y con problemas aún por resolver.
En consecuencia, la autónoma decisión de los miembros de la Cámara Baja de continuar la huelga de hambre en la sede de la CUT de Temuco, implica un manifiesto abandono de sus funciones. Sin embargo, continúan recibiendo sus sueldos pagados por todos los chilenos. Sería interesante conocer al respecto la opinión de sus votantes y del resto del país.
Columna publicada en La Tercera Online
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