Una vez más se conocen nuevos casos de asesorías irregulares en empresas estatales. Las últimas denuncias efectuadas en Gendarmería y EFE acusan una asignación discrecional de recursos, que involucra a altas autoridades de gobierno o a sus familiares. Evidencian también una ausencia total de procedimientos legítimos y transparentes, en contraposición a la tan anunciada y esperada Agenda de Probidad.
La querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en los Tribunales de Justicia y el informe de la Contraloría General de la República confirman serias presunciones de la existencia de irregularidades en ambas empresas. A esto se suman las serias dificultades reveladas por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en la indagatoria de EFE.
Con tantos personeros políticos, empresas públicas y organismos estatales involucrados en estos casos, ya sea como fiscalizadores o fiscalizados, sorprende la ausencia de declaraciones de varios partidos políticos sobre el tema. Las pocas declaraciones emitidas, tardías y difusas, no sancionan suficientemente estos hechos. Nuestras autoridades de gobierno, tan locuaces en este último tiempo, tampoco se han referido a las anomalías detectadas, perdiendo la oportunidad de reforzar la condena social a este tipo de actuaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario