Regulación del lobby

Ante los últimos hechos de corrupción, la opinión pública comenzó a exigir una mayor transparencia en las decisiones de quienes ejercen el poder. La investigación de los múltiples hechos ilícitos cometidos por distintas autoridades, ha permitido cuestionarse en forma legítima el correcto funcionamiento de las instituciones públicas.

Han sido muchas las manifestaciones surgidas de la clase política, dirigidas a enfatizar y destacar su rechazo a la corrupción. Numerosos personeros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como también dirigentes de los partidos políticos han reiterado su compromiso por combatirla. A pesar de que los acontecimientos se originaron en relación a gastos electorales, el debate se ha ampliado a instalar una agenda pro transparencia respecto a todo el sistema político.

Desde el conocimiento público del caso MOP Gate, numerosas declaraciones de distintos personeros han tendido a promover una agenda pro transparencia. En el caso de Chiledeportes, esta es la cuarta comisión investigadora de la Cámara de Diputados, sin resultados previos.

Pero a pesar de todos los discursos, el proyecto de ley que regula el lobby, proyecto de vital importancia al momento de prevenir y combatir el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, en forma inexplicable todavía continúa pendiente.

Este proyecto fue ingresado al Congreso Nacional en noviembre del año 2003, aprobándose el primer trámite legislativo recién en agosto del 2005 en la Cámara de Diputados. Desde esa fecha es que se encuentra en el Senado para el segundo trámite constitucional, actualmente sin urgencia.

Tal como lo expresa el proyecto de ley inicial, en una sociedad democrática las decisiones de los organismos estatales siempre deben ser tomadas con miras al bien público, sin influencias ilegítimas determinadas por intereses particulares individuales, grupales o sectoriales en detrimento de los intereses de la ciudadanía. Precisamente, la falta de control de estas prácticas de lobby, facilitan tráficos de influencia indebidos o actos de corrupción de funcionarios públicos o políticos.

La imperiosa necesidad de un Estado transparente no solamente radica en los funcionarios del Poder Ejecutivo, sino que comprende también a los funcionarios del Poder Legislativo y Judicial, y a toda la clase política.

Estos últimos años, ante cada crisis de corrupción, la agenda pública se ha llenado de declaraciones de principios que han propuesto una y otra vez la modernización y transparencia del Estado. El desafío actual consiste en que todas esas intenciones pasen de una vez por todas del discurso a la acción. La ciudadanía necesita transparencia de parte de sus autoridades estatales y de sus partidos políticos, haciéndose imprescindible la información respecto a las actividades de lobbystas y autoridades, para ejercer un eficaz seguimiento.

El nuevo comité asesor convocado para proponer políticas en prevención de la corrupción, mencionó como objetivo el detectar vacíos legislativos. Precisamente esta falta de regulación del lobby constituye un gran vacío legislativo en materia de transparencia. En el caso Publicam, se cometieron múltiples irregularidades a pesar de que los gastos electorales fueron revisados por el Servicio Electoral. Si estos hechos fueron cometidos aún con una fiscalización estatal, la opinión pública puede suponer cualquier práctica de lobby no informada como tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito.

Por tanto, es fundamental regular el lobby, práctica que hoy se realiza sin controles y en forma subterránea como consecuencia de la inexistencia de una normativa legal y reglamentaria, cuyo proyecto de ley espera desde hace un año la aprobación del Congreso Nacional.

ANDRES JIRON SANTANDREU, abogado MBA, Gerente General de Gestcom.